-M.H.: ¿Qué ha pasado con José Pedraza, quien finalmente ha recibido el beneficio de la prisión domiciliaria, responsable probado, con condena firme de 15 años, del asesinato de Mariano Ferreyra? -C.F.: Pedraza viene presentando el recurso del beneficio desde que se le negó la excarcelación antes de ser juzgado. Los análisis de los médicos forenses […]
-M.H.: ¿Qué ha pasado con José Pedraza, quien finalmente ha recibido el beneficio de la prisión domiciliaria, responsable probado, con condena firme de 15 años, del asesinato de Mariano Ferreyra?
-C.F.: Pedraza viene presentando el recurso del beneficio desde que se le negó la excarcelación antes de ser juzgado. Los análisis de los médicos forenses daban cuenta que Pedraza tenía algunas enfermedades propias de la edad y algunas particulares, pero que la privación de su libertad con un tratamiento adecuado, no provocaría un menoscabo en su salud ni afectaba ni impedía llevar a cabo ese tratamiento. Los médicos forenses en esta oportunidad dicen lo mismo, lo que sucede es que cambiaron varias cosas, por un lado un médico pagado por Pedraza dice que está peor porque el servicio penitenciario no ha cumplido con las recomendaciones médicas y que prueba de ello es que no le han dado una dieta equilibrada nutricionalmente porque ha aumentado diez kilogramos. Como si alguien pudiera creer que Pedraza consume el alimento del penal, es obvio, como cualquiera de los presos VIP, que hace su propia dieta. Por lo tanto, sería el responsable de su exceso de peso por no seguir los lineamientos médicos.
Por otro lado, atribuye que no se le han brindado las posibilidades de realizar una acorde actividad física. En realidad, argumenta que como el servicio penitenciario no le otorga estas circunstancias, se le tiene que beneficiar. Todo esto es falso, porque el servicio penitenciario cumple con el tratamiento que había recomendado el médico y lo hace en los mismos términos que lo cumple con cualquier otro imputado o detenido que haya en el penal, con lo cual si fuera cierto que no se cumple, se le debería dar libertad o prisión domiciliaria a todos los presos del penal que tienen un tratamiento médico.
Lo más concreto es que toman como verdad absoluta lo que dice el médico de parte porque hay un cambio que creemos que tiene un fondo político. En primer lugar, el tribunal cambia su composición, el único juez que se mantiene del tribunal original es Diego Barroetaveña que votó en contra de brindar la prisión domiciliaria; y los jueces Horacio Barberis y Liliana Barrionuevo votan a favor basándose solamente en lo que dice este médico de parte. Lo llamativo de esto es que la fiscalía avala este pedido. Me detengo acá porque la fiscal es María Luz Jalbert. Durante el primer día del juicio, a los periodistas les llamó la atención que la fiscal en su primera intervención se ponga del lado de la defensa y ataque furibundamente al CELS, una de las partes de la querella junto con los abogados de APEL.
Los abogados de APEL representábamos a Elsa Rodríguez que todavía tiene las secuelas de la herida que recibió en la cabeza por la patota de Pedraza. Después María Luz Jalbert se adaptó porque tuvo una muy mala repercusión en la prensa, recuerdo un titular de Clarín que decía «No se entiende el rol de la querella» y fruto de toda la actividad desenvuelta, termina acusando a Pedraza por la categoría de homicidio agravado, pero se niega rotundamente a acusar por el delito de homicidio a la Policía Federal, a la Dirección de Operaciones que dirigía el operativo y luego son penados con penas menores. O sea, yo creo que esta fiscal cuando pensó que ya nadie estaba mirando lo que estaba haciendo dejó salir su simpatía y no se negó a una domiciliaria a favor de Pedraza que es sobre todas las cosas arbitraria, porque realmente se ha permitido que una persona pase de la prisión de Ezeiza a una de lujo, en un departamento de Palermo Chico, en la parte más paqueta de las últimas construcciones que se han hecho y que realmente, como dice el médico forense, no tiene ningún impedimento para seguir su tratamiento privado de su libertad.
Es más, los jueces dicen que pueden otorgar ese beneficio porque tiene una contención económica, lo que muestra el carácter de clase que tiene la justicia. Tiene contención económica porque va a parar a un departamento que vale casi un millón de dólares, tanto como el otro departamento que tiene en Puerto Madero y que habría que preguntarse cómo hizo Pedraza para tener semejante patrimonio. En forma legal seguro no es, porque el sueldo que tenía de la Unión Ferroviaria no los justifica.
Para nosotros esta decisión de mandar a Pedraza a una domiciliaria de lujo, está encuadrada en una decisión política que es darle un punto final a todo lo que tiene que ver con el asesinato de Mariano Ferreyra. Se pretende dar punto final a todas las otras causas que surgen a partir de la investigación.
-M.H.: Hubo otro fallo favorable, el sobreseimiento de los jueces que fueron coimeados por Pedraza.
-C.F.: Exactamente. Por eso es llamativo que posteriormente a la prisión preventiva de Pedraza, haya salido este fallo sobreseyendo en particular al Doctor Eduardo Riggi que aún sigue siendo miembro de la Cámara de Casación y de la Sala 3, que sobrevivió a este escándalo por un arreglo al que llegaron, previo a las elecciones, entre el macrismo y el kirchnerismo. Este juez Riggi aparece en las escuchas, en tratativas con el ex agente de la SIDE, Riquelme, que está imputado directamente, refiriéndose «al amigo Eduardo» y habiendo sido detectada la señal de su teléfono en la zona del domicilio de Riggi, en los 65 cruces de llamadas entre Aráoz de Lamadrid, Riquelme y Riggi, que son los que arman todo esto.
-M.H.: Aclaremos que Aráoz de Lamadrid es un ex juez federal.
-C.F.: Que primero estuvo en la defensa de una de las patotas que asesinaron a Mariano y luego se retiró para dedicarse a estas transacciones. Además utilizan a un empleado encargado de los sorteos de Casación para alterar y que caiga en la Sala 3 el recurso pidiendo la liberación que habían interpuesto, que beneficiaba a Pedraza y a los primeros que habían detenido.
En la Sala 3 en la que estaban Riggi, Michel que ha fallecido sino también debería estar imputado, y otra jueza que no está vinculada, pero se aseguraban la mayoría para resolver favorablemente. Todo condice, hasta el encuentro que hacen para entregar el fallo, es exactamente un día después de que este juez asuma la causa, es decir, ya estaba el juez, el sorteo acorde y el recurso que caía en eso. Las pruebas son muy abundantes. Es complejo porque se trata de escuchas, de una cantidad de pruebas que como un rompecabezas muestran la verdad de esa historia.
La fiscalía había pedido la indagatoria, y el juez Oyarbide, que se ha salvado del juicio político porque ha transado una jubilación con el macrismo, es el que sobresee en esta causa a los jueces de la Cámara.
Digo que es el punto final, porque la otra causa sobre las defraudaciones y sobre el manejo irregular de los subsidios en UGOFE, con la Subsecretaría de transporte, con Schiavi, Antonio Luna que ya falleció pero que era el Subsecretario de transporte, y todas esas transacciones que eran de una causa aparte que trataba el juez Lijo, también ha sido archivadas hace varios meses. Por eso creemos que hay una decisión política de plantear un punto final al respecto.
Con el protocolo antipiquete han encontrado la forma de cortar la responsabilidad política por la represión
-M.H.: Quiero aprovechar tu presencia para hablar sobre la causa Fuentealba II. ¿Cuáles son los motivos por los que ha sido cerrada?
-C.F.: Sinceramente no conozco los motivos jurídicos, pero sí los políticos. La excepción es el caso de Mariano Ferrerya y hasta cierto punto, donde los responsables políticos hayan tenido un castigo. Digo hasta cierto punto porque en el caso de Mariano Ferreyra, los responsables políticos de todo el trasfondo del negocio de la cooperativa liderada por Pedraza, pero también de las tercerizadas que intentaron defender con este crimen, tampoco tuvieron una condena.
En el caso de Fuentealba, el hecho de que hayan cerrado la causa que acusaba como responsable político al ex gobernador Jorge Sobisch, entre otros funcionarios públicos, quien había dado la orden a las fuerzas represivas, es muy similar a la causa política que se sigue en el foro federal del caso Kosteki y Santillán que después de 12 años no está archivada por la actividad de las querellas, pero que siempre que pasa el 26 de junio se vuelve a archivar y tenemos que pedir el desarchivo, pero no hay ningún avance. Recordemos que en la causa de Kosteki y Santillán están imputados Duhalde, Solá, Ruckauf, «Juanjo» Álvarez, Soria que después fue asesinado por su mujer, entre otros.
Esta impunidad política ahora ha encontrado un respaldo legal en el protocolo antipiquete aprobado por Bullrich, porque pone en la cabeza de la policía la decisión de la represión a un piquete, del desalojo, de la utilización de armas; no hay un juez que interviene, no hay un fiscal que dicta la orden, no hay poder político, simplemente es la fuerza policial que actúa.
Han encontrado la forma de cortar la responsabilidad política por la represión. Además de ser totalmente anticonstitucional, no solamente porque restringe el derecho a la protesta, sino porque restringe la libertad de prensa, permite facultades a la policía que son propias del poder judicial; viola hasta la división republicana de la que el gobierno de Macri pretende presentarse como gran defensor. Está violando continuamente la Constitución que ellos dicen respetar.
En Tucumán continúa la estructura del proceso militar
-M.H.: Se cumplieron diez años del crimen de Paulina Lebbos, la joven tucumana, encubierto por las fuerzas de seguridad, la justicia y el poder político. Hubo una importante movilización el viernes 26 de febrero. ¿Qué nos podes comentar de esta causa?
-C.F.: El caso de Paulina Lebbos también tiene un punto en común con otros. Nosotros estamos participando de un movimiento en contra de la impunidad, del cual también es parte el padre de Paulina, junto a otros casos, muchos de la Provincia de Buenos Aires.
En todos estos casos que hemos tenido oportunidad de compartir espacio, por ejemplo, en el Encuentro de Mujeres, donde se formó una comisión de cerca de 100 personas de casos de impunidad, hay una constante, ya sean casos de femicidios, gatillo fácil, asesinatos por patotas, siempre las familias se chocan primero con una total inoperancia de las fiscalías, pero cuando empiezan a transitar un camino descubren que esa inoperancia no es inocente, sino que encubre una ligación entre los hijos del poder, la policía, la fiscalía, vinculado al delito que se pretendía investigar.
El caso de Paulina Lebbos es la expresión de eso. Recordemos que el padre de Paulina viene denunciando que el ex gobernador Alperovich conoce a los asesinos, que su hijo y amigos están implicados.
-M.H.: El padre de Paulina que además era funcionario del gobierno de Alperovich.
-C.F.: Estaba ligado a la militancia del peronismo, con lo cual en un primer momento él esperaba que el partido al que pertenecía saliera a buscar justicia.
-M.H.: Un caso parecido al de Eduardo Mignone, salvando las distancias. El fundador del CELS que fue funcionario de la dictadura y después tiene que enfrentar a los militares del proceso producto de la desaparición de su hija.
-C.F.: Lebbos ha aglutinado casi 200 casos de impunidad en Tucumán, es el registro más grande en un lugar de casos de impunidad. Justamente esta jornada del 26 va precedida por una gran bandera en la que se va pegando una foto por cada nuevo caso. Es espeluznante. Cuando uno ve esa bandera que tiene más caras que cualquier otra tragedia, incluso la Masacre de Once y AMIA juntas, se da cuenta que estamos ante una masacre individual y repetitiva en Tucumán. Y no es casual que sea allí, porque toda la estructura del proceso militar sigue en esa provincia.
Recordemos que fueron parte de la democracia como gobernadores, actores directos de la represión durante el proceso tucumano.
No es casual que la madre del último hijo recuperado lo haya tenido en Tucumán, que fue raptada y nunca se atrevió a buscar al hijo que había tenido en el campo de concentración hasta el 2006. Como para dar una idea del clima que existe en Tucumán. Hay pueblos enteros que han sido callados y que todavía no hablan de lo que pasó en determinado Centro de detención ubicado en el pueblo, que tenían una relación de esclavitud con el resto del pueblo. Eso se refleja en la justicia, está totalmente enquistada, es cómplice, hay fiscales que actúan y piensan en consecuencia. El caso de Paulina Lebbos está ligado con el poder y el encubrimiento por parte de los fiscales a lo largo de los años, claramente al servicio del gobierno.
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