El año pasado, en promedio, los salarios reales perdieron 2,3% como consecuencia, según los datos del Indec, de que los sueldos privados aumentaron 34,4%, los públicos 26,8% y los de los trabajadores no registrados que lograron mantener el empleo un 39%.
Estos aumentos perdieron poder de compra frente a una inflación que fue de 36,1%.
Otro tanto ocurre con las jubilaciones y pensiones donde la diferencia entre la evolución de los ingresos y la inflación es aún mayor. La “masa jubilatoria”, o sea el monto de dinero a distribuir entre los jubilados, crece al 30%, unos 15 puntos por debajo de la inflación prevista del 45/46%.
Según Ismael Bermúdez (Clarín 20/6): “El deterioro de las jubilaciones no se detuvo en ningún momento en los últimos tres años y medio. La pérdida acumulada frente a la inflación es entre 21% y el 29% porque la suba de los haberes y los bonos extraordinarios fueron diferenciados: no se dieron para todos y todos los jubilados y pensionados, achatando la pirámide de ingresos previsionales.
En estos seis primeros meses del año las jubilaciones y pensiones recibieron dos aumentos trimestrales (8,07% y 12,12%) lo que punta a punta representa un alza del 21,2%. Con una suba promedio de los precios del 3% en junio, la inflación de la primera mitad de 2021 sumará 25,1%. Representa una pérdida inter-semestral del 3,1%.
El próximo aumento de los jubilados recién es en setiembre y suponiendo una inflación mensual moderada, del 3% en julio y agosto, la pérdida real jubilatoria en ocho meses ascendería al 8,7%.
Los datos a abril pasado marcan que los 8,5 millones de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas que paga el ANSES perdieron frente al 46,3% de inflación interanual. Tuvieron un aumento promedio del 29,5%. Es una pérdida del 11,5%.
Para el sistema, en abril de 2020 los pagos totales insumieron $ 187.889 millones. Un año después, con el 46,3% de inflación interanual y una disminución de unos 31.500 del total de beneficios, deberían haber sumado casi $ 273.000 millones y los pagos efectivos fueron de $ 242.436 millones. Esto significa un “ahorro” para el Gobierno y un “ajuste” a los jubilados de poco más de $ 30.000 millones en un solo mes. (negritas mías)
En mayo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en gastos en jubilaciones y pensiones ($ 241.853 millones) aumentó un 29,4% en doce meses y la inflación fue del 48,8%. Representa una caída del 13%, equivalente a un “ahorro” o “ajuste” de unos $ 36.000 millones en un solo mes. (negritas mías)
En junio, con un aumento del 12,12% incluyendo el pago del medio aguinaldo (no hay pago de bonos) el “ahorro” va a ser menor pero no menos significativo. Es que a junio, las jubilaciones y pensiones acumularán un incremento del 36,7% y, con una suba de los precios del 3% en junio, la inflación interanual alcanzaría el 49,9%. Un “ahorro” o “ajuste” del 8,8% que debería aumentar en los próximos 2 meses porque en julio y agosto no hay aumentos previsionales. (negritas mías)
A estos “ahorros” o reducción de los haberes reales habría que sumar la de los últimos años.
En 2018 y 2019 las jubilaciones y pensiones sufrieron una pérdida versus la inflación del 19,5%. En 2020, por los aumentos diferenciados por decreto, el incremento interanual de los haberes fue de entre el 24,3% (haber máximo) y 35,3% (haber mínimo) versus una inflación del 36,1%, lo que representa una disminución o pérdida de los haberes de hasta el 8,7%.
La pirámide de haberes previsionales se acható, y con mayor intensidad porque los bonos extraordinarios que se otorgaron no abarcaron a todo el sistema sino a los beneficiarios con haberes mínimos. En 2021, nuevamente hubo bonos (de hasta $ 1.500) que no alcanzaron a todas las jubilaciones y pensiones.
En 3 años y medio, la pérdida acumulada va del 21% al 29%, según los rangos de haberes, y se perpetuará porque los futuros aumentos por movilidad -incluso suponiendo que evolucione a la par de la inflación- se aplicará sobre niveles de jubilaciones y pensiones más bajas.”
“El anuncio realizado este martes por el presidente de la nación, según el cual se otorgará un bono de $5.000 en el mes de agosto para compensar lo perdido ante la inflación a los jubilados que cobren hasta $46.130, es un capítulo más en una larga historia de vejaciones a los derechos de los jubilados”, aseguró Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.
En el caso de una jubilación mínima, el haber más el bono, percibirán en agosto $ 28.065. Un monto muy por debajo de la Canasta del Jubilado que calcula la Defensoría de la Tercera Edad, de $ 64.039. Es decir, que sólo les alcanzaría para costear los gastos de 13 días.
La medida alcanza a seis millones de personas. El resto de los jubilados y pensionados, que perciben más de dos haberes mínimo, no cobrarán ningún bono.
Por otra parte, el poder adquisitivo del salario de los trabajadores en el último trienio tuvo una pérdida equivalente entre 3 y 7 salarios, asegura el IARAF, que dirige Nadin Argañaraz.
“Resulta evidente que un trabajador percibe hoy un salario que ha perdido entre un cuarto y un quinto de su valor real comparado con tres años atrás”, se indica.
El sector más perjudicado es el privado no registrado (informales) con una pérdida de 6,8 salarios. Esto equivale al 18,9% de su capacidad de consumo en el trienio (6,8/36 meses). Un trabajador informal que tiene un ingreso de $ 30.000 debería recibir una compensación por única vez de $ 204.000 para recuperar el consumo perdido en los últimos tres años.
Los salarios de los casi 6 millones de trabajadores registrados del sector privado, con aportes a la Seguridad Social, aumentaron el 38,9% en 12 meses, a marzo. Muy por debajo de la inflación interanual promedio del 42,6%, y del alza de los precios de los alimentos básicos del 48%.
Pero entre la mitad de esos asalariados formales privados con salarios más bajos -que son unos 2,9 millones- el alza salarial fue tan solo de 35,9%, de acuerdo a los registros del ministerio de Trabajo. Es una pérdida del 4,7% frente a la inflación y más del 8% con relación a la suba de los precios de los alimentos.
De estas cifras oficiales se desprende que el deterioro real de los salarios formales -que acumula ya 4 años de continuos retrocesos- no solo no se detuvo sino continúa erosionando el poder de compra de las familias.
El Plan económico de Guzmán: el Presupuesto
Según el análisis de la ejecución presupuestaria que la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) divulgó en junio, el ajuste fiscal continuó hasta mayo. Ese mes el gasto primario cayó 17,2%, respecto a un año atrás. La comparación quita el efecto de la inflación, con lo cual se trata de una contracción que los economistas llaman una caída real.
Los números de mayo son elocuentes: caída de salarios de 7,9%, las jubilaciones 10% y los subsidios 21%.
El gasto en prestaciones sociales alcanzó a $ 378.059 millones y presentó una caída real de 18% anual (la fórmula de movilidad aún no había sido actualizada) y porque disminuyeron las ayudas por la pandemia en relación al año pasado.
Si se toma en cuenta los primeros cinco meses del año el gasto primario se redujo 9,6%. Hay un aumento en los subsidios (4,1%) y una baja de 15% en las prestaciones sociales.
Las medidas del gobierno fueron: duplicar los beneficiarios de Tarjeta Alimentar, duplicar el Repro y Potenciar Trabajo, un bono extraordinario en mayo de $ 1.500 a Jubilados y beneficiarios de la AUH, aumenta el gasto por vacunas y energía.
El Presupuesto espera un déficit primario de 4,2% del PBI. Las estimaciones de los privados rondan entre 3,5% y esa cifra. Aun así se reduce respecto a 2020 (6,5%).
La otra cara del ajuste es la inflación que, como siempre, afecta a los sectores de más bajos recursos y menos poder para defenderse.
Pagadores seriales
Los datos dicen que desde que el peronismo volvió a la Casa Rosada, la Argentina le pagó al FMI U$S 2.198 millones, U$S 1.597 millones durante el año pasado y 601 millones entre enero y fines de mayo del 2021.
Para el 9 de julio, Día de la Independencia, está pautado el primer pago de intereses de los bonos bajo legislación extranjera emitidos el año pasado, después del proceso de reestructuración con los consorcios de bonistas internacionales. Insumirá U$S 164 millones, que se irá repitiendo cada seis meses con sumas cada vez mayores, ya que los intereses son crecientes.
Este no es el único pago que tiene el Gobierno. Guzmán logró patear para adelante una parte del vencimiento de U$S 2.400 millones con el Club de París para renegociar esa deuda con el organismo, mientras sigue las conversaciones con el FMI. En lo que resta del año hay vencimientos con el FMI por U$S 4.589 millones, con los mayores pagos concentrados en septiembre y diciembre, según detalló un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Fernández denunció el endeudamiento del macrismo y las irregularidades del préstamo otorgado por el FMI al ex presidente para financiar su campaña electoral. El Banco Central publicó un informe que señala que el endeudamiento macrista financió una fuga de capitales de U$S 86.000 millones en cuatro años, una gran parte con el préstamo del Fondo. El periodista Horacio Verbitsky publicó que en esa fuga estuvieron involucradas las empresas Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y muchas más entre los 100 mayores fugadoras. A pesar de esto, el Gobierno está dispuesto a honrar la deuda y no realizó ninguna investigación.
Aumentos en tarifas y servicios
Con el inicio del mes de julio, comenzaron a llegar facturas con nuevos aumentos que se sentirán durante el séptimo mes del año con fuerza en los bolsillos de los trabajadores. Mientras la inflación acumula un 21,5% hasta mayo, los incrementos mes a mes siguen siendo muy altos -superiores al 3%- y estos aumentos impactan de lleno en el poder adquisitivo de los salarios.
Sumado al mayor consumo de gas con la llegada de un frío intenso, los consumos de junio sentirán una suba de 6% en las tarifas. Esto impactará a partir de las facturas que lleguen este mes. También esta semana entra en vigencia la actualización de los valores de los nuevos contratos de alquiler, que rondarán un 40%, según el índice combinado, confeccionado por el Banco Central y plasmado en la nueva ley que rige desde julio de 2020. Para calcular el aumento, se promedia la evolución de los salarios y la inflación anual de julio a julio.
Los peajes son otro de los gastos que impactarán en los salarios. La vuelta a la actividad, y el mayor uso de vehículos propios para evitar el transporte público en tiempos de pandemia se harán sentir. La Dirección Nacional de Vialidad aprobó y publicó en el Boletín Oficial, el nuevo cuadro tarifario para los peajes correspondientes a la red de rutas nacionales que operan bajo concesión. La medida supone un incremento promedio del 9,7%.
Los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires también llegaron con aumento. Será un 9,4% de acuerdo a los topes arancelarios. Y las prepagas están en plena pelea por nuevos y posibles incrementos, denunciando que la pandemia las está fundiendo y que no cuentan con los fondos para afrontar los incrementos salariales que se negocian con el personal de salud. No obstante, sostienen que “una salida puede ser que haya una compensación a partir de algún beneficio fiscal o subsidios transitorios”. En los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, la inflación general acumulada fue del 300%, mientras que los aumentos aprobados para las prepagas fueron del 330%.
La Superintendencia de Salud es la encargada de aprobar los aumentos. Lo hace a partir de Declaraciones Juradas que hacen las empresas, a libro cerrado, por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta cuál es el verdadero costo de la salud privada.
Además, el Gobierno Nacional autorizó un aumento del 5%, que será retroactivo al mes de julio, para los servicios de internet, televisión por cable y telefonía fija. La decisión estuvo a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a través de la Resolución 862/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Paritarias
El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) anunció que se encuentra en estado de alerta en todo el territorio nacional. El motivo: “la falta de avances en la negociación con la Cámara Argentina de la Televisión por Cable”.
En un comunicado, el Consejo Directivo Nacional del Satsaid anunció que acudirán a la próxima audiencia con el respaldo del plenario de secretarios generales. Allí pedirán un aumento salarial del 42%.
El próximo jueves 15 de julio se realizará un plenario de secretarios generales para analizar los pasos a seguir.
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), APOC, SUTE, SITEA, Judiciales y FADIUNC, anunciaron la conformación de un nuevo frente Intersindical en rueda de prensa y se concentraron con carteles en contra del Gobierno mendocino de Rodolfo Suárez. ATE es el único que aceptó la propuesta y anunció que volverá a sentarse a discutir en noviembre una nueva evolución de la inflación.
La oferta consistió en lo siguiente: al acuerdo inicial del 20% en tres tramos y un bono de $54.000 a pagar en 12 meses, se le adicionaron 9 puntos. Es decir, que el aumento anual (aún falta otra revisión en noviembre) es del 29% más el bono, lo cual impacta más en los bolsillos de quienes ganan menos, y a la inversa, en los sueldos más abultados.
La propuesta fue calificada como “insultante” por parte la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), la Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc), el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados(Sitea), la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, Fadiunc(docentes universitarios) y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) que fue el único gremio que no firmó el acuerdo y recibió aumento por decreto.
Los sindicatos se concentraron en el kilómetro 0 en contra de la propuesta salarial del gobierno.
La Federación de Trabajadores de Comercio (FAECYS) y las tres cámaras empresarias del sector, se reunieron el martes 13 en una primera audiencia tras el guiño del gobierno de reabrir la paritaria a pedido del gremio.
El encuentro tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo. No hubo oferta por parte de la patronal y las partes se comprometieron a volver a reunirse a fin de mes.
El sindicato que conduce Armando Cavalieri quiere adelantar el 8 % de aumento pautado para septiembre y ajustarlo a los números de inflación actuales.
El secretario general de la FAECYS destacó que “fuimos uno de los primeros gremios en cerrar la paritaria anual, y ante la inflación que no cede, tenemos la necesidad de reabrir el diálogo y lograr una revisión del acuerdo anual que esté en sintonía con el incremento del costo de vida”.
En abril pasado, la FAECYS acordó un aumento de 32 % en cuatro tramos: 8 % en mayo 2021, 8 % en septiembre 2021, 8 % en enero 2022 (más la revisión inflacionaria) y 8 % en febrero 2022. Por entonces, la burocracia que conduce los sindicatos se puso al servicio de sostener la falacia del Gobierno, que acorde a los números que dibujó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Presupuesto 2021, preveía que la inflación anual rondaría el 29 %. La paritaria que cerró Comercio respondía al relato del momento: tratar de que los salarios le ganen a la inflación por unos “3 puntitos”. Sin embargo, esa estimación ya quedó en el olvido hace tiempo y la inflación ya acumula una suba interanual que supera el 40 %.
Es así que el Gobierno, atento al descontento creciente por la pérdida del poder adquisitivo del salario y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo pobre y trabajador que se profundiza en un año electoral, habilitó la revisión de paritarias.
Ante el pedido de reapertura del gremio, como no podía ser de otra manera, el sector empresario puso el grito en el cielo. Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), aseguró que “los comercios no están en condiciones de afrontar más aumentos”.
Por otra parte, el gremio metalúrgico envió una nota al ministerio de Trabajo para adelantar la revisión que correspondía a diciembre. Había acordado un 35%.
La intención de Caló es superar el 40%, como han hecho otros gremios como Camioneros o Bancarios.
El martes 13, el gobierno de Kicillof les propuso a los gremios estatales «reforzar» la segunda cuota paritaria que se cobrará con el sueldo de julio. Esta cuota era del 9% y se acordó adelantar un 8% de la tercera cuota que se cobraría en septiembre; quedando un aumento del 17% con el compromiso de una nueva reunión paritaria en agosto. Los gremios estatales aceptaron la propuesta.
Con ese adelanto de cuotas, el salario que las y los estatales de la provincia cobrarán en agosto rondará $36.325 en el caso de la categoría inicial, promediando los $40.000 para aquellos que están en la mitad de la carrera administrativa. Cuando el Indec publicó que en el mes de mayo una familia, para no ser pobre, necesitó $64.500 y según la Junta Interna de ATE Indec, el salario debería ser como mínimo $ 103.128 (equivalente a la canasta de consumos mínimos para una pareja con dos hijos).
Garbarino
Carlos Rosales, empresario dueño de la empresa Garbarino, es quien tiene la responsabilidad principal de que más de 4.000 familias no queden en la calle. Trabajadores y trabajadoras autoconvocades estuvieron el lunes 5 en Plaza de Mayo para reclamar por sus sueldos y aguinaldos adeudados hace tres meses. No hay respuestas de ninguna parte, ni patronal ni sindical. Los sindicatos de Camioneros y de Comercio, de Moyano y Cavallieri respectivamente, no respaldan este reclamo, piden paciencia y aducen no poder hacer nada.
En diálogo con un trabajador de Garbarino con 20 años en la empresa, y con la bronca de no poder saber cómo será su futuro, señaló: “El nuevo dueño vino de la mano de Cavallieri porque no quería que compre Covelia (propiedad vinculada a Hugo Moyano) para que Camioneros no les quite representatividad de los trabajadores”.
Sobre la situación que vive en la empresa explicó: “Hay 4.000 familias que están en el medio y no les dan bola, la olla hay que llenarla todos los días, es un desgaste psicológico terrible, no hay un conflicto tan grande hoy en la Argentina como para que no se haga visible, hace 15 días que Garbarino no vende ni por la Web” y sentenció: “La semana pasada Rosales rechazó una oferta donde le querían comprar la empresa”. La oferta fue del empresario Facundo Prado, dueño de telecomunicaciones Supercanal Arlink.
Carlos Rosales no sólo es el dueño de Garbarino, entre sus bienes figura un hotel en Misiones y el restaurante Schiaffino Bistró, en la Recoleta; además de presidir el Grupo Prof; también compró Radio Continental y forma parte de la Comisión directiva de San Lorenzo de Almagro la cual es presidida por Matías Lammens, ministro de Turismo de la Nación.
La deuda con les trabajadores acumula el bono firmado de Navidad, y tres meses de sueldo más los aguinaldos.
Les trabajadores de la sucursal de Lanús decidieron tomar el lugar en reclamo de la ausencia de respuestas ante la falta de pagos. Las sucursales de zona oeste hoy están sin operar al público. La empresa al día de hoy no realiza los aportes jubilatorios ni los de la obra social. Las sucursales que figuran cerradas a causa de este conflicto son las cuatro de Rosario, Mar del Plata, Merlo, Río Cuarto, Río Gallegos y las provincias de Chubut y Salta.
Al igual que Garbarino, hay otra cadena de electrodomésticos que entró en crisis y cesación de pagos. Hace tres semanas, Ribiero cerró todos sus locales, su portal eCommerce dejó de funcionar y sus dueños también están a la búsqueda de un comprador o un socio.
Nacida en San Luis hace 110 años y con fuerte presencia en el interior del país, a fines de 2018 Ribeiro contabilizaba 1.900 empleados, 85 sucursales y figuraba en el top five del retail especializado.
Las dificultades de Ribeiro son muy similares a las de Garbarino, pero de diferente envergadura. En los últimos años, el negocio se achicó el 50% en unidades, por lo cual la agonía de Ribeiro viene desde hace mucho tiempo.
Entrevista a Ceferina, trabajadora de Garbarino
Nuestra situación hoy es sin salario, en pandemia y nadie hace nada
M.H.: ¿Qué situación están atravesando? En Clarín una nota titula: “Contrarreloj Garbarino busca evitar la quiebra 3.800 empleos en riesgo”; tengo entendido que es un conflicto que viene desde hace algunos meses.
C.: Llevamos casi un año y medio. Pero a medida que pasa el tiempo se pone cada vez más y más grave porque nosotros ya no damos más; están logrando lo que busca la nueva dirección. La crisis económica tiene tres años en la empresa, pero hasta ahora no habíamos sufrido atrasos en los sueldos ni falta de pago. Pero cuando la empresa es vendida en junio del año pasado, la nueva dirección a base de promesas de conservar la fuente de trabajo y ponerse al día con todos los sueldos, es adquirida por este señor Carlos Rosales. Pero su primera medida fue ponernos a todos en estado de suspensión, cubriéndose con el Artículo 223 bis. Así fue todo el 2020. Pero a fin de año, cuando la gran mayoría volvimos a los puestos de trabajo y, por supuesto, es real que con la pandemia las cosas han cambiado para todo el mundo, no solo para la empresa, pero aun así la empresa ha dado notas afirmando que ha crecido un 900% cosa que nosotros no vimos reflejado, porque eso no se hizo presente en el pago de los recibos de sueldo.
Nos ha pagado en cuotas y al día de hoy, estamos sin cobrar abril, mayo y no hemos cobrado, tampoco el aguinaldo. En esa misma nota de Clarín a la que te referís, dice “sueldos atrasados”. Atrasados es cuando uno no cumple el cuarto día hábil que dice la ley y uno termina cobrando el día 15. Eso es un atraso, pero a tres meses de no pagar, estos son sueldos adeudados y la empresa no tiene cómo justificar la falta de pago.
Este mismo señor en el mes de diciembre adquiere Radio Continental. Nadie adquiere una empresa en medio de una pandemia si no es rentable en junio de 2020 ni tampoco adquiere otra empresa un año después si tampoco va a ser rentable. Hoy Garbarino aparece en la gran mayoría de las camisetas de fútbol como sponsor oficial, de Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Colón, hay dinero. Hay dinero para el fútbol, hay dinero para adquirir nuevas empresas pero no hay dinero para pagar salarios.
M.H.: ¿Ustedes tienen alguna hipótesis a lo que apunta Carlos Rosales con esta política de adeudar salarios, aportes previsionales, cerrar locales inclusive?
C.: Cuando asume el cargo de la empresa, a nosotros nos dijeron que era para pagar salarios adeudados y mantener puestos de trabajo, sin embargo, su primera medidafue suspender. Y en muchas entrevistas este señor dijo que su idea era hacer de Garbarino el Mercado Libre de Argentina, entonces la lectura que podemos hacer es achique y desgaste de empleados. Es nefasto. Es duro porque en medio de una pandemia, con un DNU vigente es terrible porque de 200 sucursales ya quedan solamente 120, de 4.300 empleados hoy somos 3.800. Y nadie hace nada.
M.H.: Estamos hablando de Garbarino, Compumundo, Garbarino Viajes, Digital Fueguina y Fidem ¿verdad?
C.: Sí.
M.H.: ¿Cuál es la situación en esas otras empresas?
C.: Exactamente la misma. Esto es a nivel país. Todos estamos pasando lo mismo. La empresa está incumpliendo con salarios, con aportes jubilatorios, de obra social. Tengo compañeros que son pacientes oncológicos a los que la prepaga no les cubre ni siquiera los medicamentos. Estamos haciéndonos atender en diferentes puestos de salud pública, con todo lo que esto lleva y gracias que en nuestro país tenemos una salud pública. Pero eso está descontado de nuestro recibo de sueldo.
M.H.: Ustedes son afiliados al sindicato de Comercio, pero no he visto ninguna expresión por parte de este sindicato de lo que están atravesando ¿me equivoco?
C.: No. Es lamentable y es así. Quien nos representa, el señor Cavallieri colabora con ese artículo 223 bis que se desprende de la Ley de contrato de trabajo y se firma en concordancia con el Estado. Eso hace que nuestro salario vaya a la baja y que muchos empresarios hagan uso de esto. El sindicato de empleados de Comercio se divide por jurisdicción, tenemos una parte, la de zona oeste, es la que nos está acompañando ahora y, en particular, yo pertenezco a la central de Casa Oeste, ahí hay una delegada que desde el minuto uno está con nosotros. Pero Cavallieri, que es quien nos representa, nos entregó en ese acuerdo. Y esto viene sucediendo hace año y medio y el sindicato de Comercio recién hace la presentación ante el ministerio de Trabajo en abril de este año, cuando se denuncian los “atrasos”.
M.H.: O sea que a pesar del decreto que prohíbe despidos y suspensiones, Garbarino avanza en ese sentido.
C.: Es correcto, ahí está la otra parte que es la ausencia del Estado, porque esto está asentado en el ministerio de Trabajo desde el minuto uno. Hubo audiencias, pero hay tal hermetismo de la empresa y es tanta la falta de empatía que hay que no les importa, el plan es achique y desgaste. Si este es un plan para derivar todo a la venta web, el empresario debería desvincularnos y abonarnos. Pero va a hacer este cambio estructural de la empresa a costa de los empleados y nuestras familias. Nuestra situación hoy es sin salario, en pandemia y nadie hace nada.
Trabajadores de Bimbo
Concentraron el miércoles a las 6:30 en el acceso Tigre y Uruguay en reclamo por los puestos de trabajo para quienes no aceptaron las indemnizaciones. También convocaron para el jueves 15 en el Obelisco.
Reproducimos la convocatoria de los trabajadores de Bimbo:
LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE BIMBO SAN FERNANDO SEGUIMOS LUCHANDO POR LA REINCORPORACIÓN
Este miércoles 14 de julio manifestaremos en San Fernando. Junto a las organizaciones obreras solidarias con nuestra pelea concentramos a las 6:30 en la Av. Uruguay y Acceso Tigre.
El jueves 15 concentramos a las 9:00 en el Obelisco junto a los trabajadores despedidos de EMA-Edesur, para seguir fortaleciendo la unidad entre trabajadores esenciales despedidos en medio de la pandemia y en momentos en que el gobierno de Alberto Fernández de palabra dice prohibir los despidos pero en la práctica los avala.
Trabajadores despedidos de BIMBO San Fernando
Trabajadores de la salud
Finalizó un paro de 48 horas realizado por trabajadores del Hospital Garrahan. La medida fue parte de un cronograma de paros escalonados ante la desatención de sus reclamos por parte de las autoridades, cuya única respuesta fue la amenaza con sanciones disciplinarias. En una asamblea con cientos de trabajadores se decidió una nueva jornada para el jueves 15, donde, además de un nuevo paro de 24 horas, movilizaron hacia el ministerio de Trabajo.
“El jueves pasado, también en el marco de un paro que incluyó los tres turnos, vino una reacción de la patronal y la burocracia sacando un comunicado institucional que nos llegó a los trabajadores por wasap y mail personales donde dice que está todo bien con el derecho de huelga pero si se vuelve a desarrollar una medida de fuerza, como un paro, el hospital estaría en condiciones de descontarnos los días. Además, avanza un poquito más y se va a una amenaza bien concreta, que es que si ellos analizan la situación de diferentes sectores y especialidades y consideran que ha bajado el nivel de atención también estarían dispuestos a sancionarnos. Todo esto sucede solamente los días del paro, el resto de los días no les importa la calidad de atención a nuestros pacientes. Tampoco le importan nuestras condiciones de trabajo”, comentó Diego Saavedra, técnico de esterilización y miembro de la Junta interna de ATE.
“Nuestro reclamo tiene que ver con una combinación de salario y mejores condiciones de trabajo. Le exigimos a la patronal y al gobierno un 50% de aumento en una cuota, que no nos parece una locura, es más o menos para empatarle a la inflación. Es en base a rechazar un acuerdo vergonzoso de la burocracia de UPCN, SUTECBA y también de nuestro sindicato, que es ATE a nivel nacional, que firmó una cifra sin ponerla a consideración de nadie: no hubo plenarios, no hubo asambleas, no hubo absolutamente nada. Esa cifra es un 45% mentiroso porque, por ejemplo, nosotros cobramos un 10% en febrero, que ya se lo comió la inflación, y estos personajes lo tienen en cuenta para la paritaria de este año y así solamente le dan los números. Nos parece que en cuotas, más que un incremento es una rebaja salarial”, explicó Saavedra, agregando que el año pasado tuvieron una paritaria muy por debajo de la inflación y que este año esperaban una recomposición salarial pero lejos están de tenerla.
El otro punto de reclamo, más allá de lo salarial, está vinculado a las condiciones de trabajo, que ya estaban complicadas desde antes de la pandemia, pero que en el último año y medio se han profundizado. “Nosotros pedimos un régimen de insalubridad o agotamiento prematuro, que en la provincia de Buenos Aires todas las instituciones de salud lo tienen. Tiene que ver con la reducción horaria sin tocar nuestros salarios, con menores requisitos jubilatorios para poder jubilarnos antes, y también con licencias relacionadas con el estrés. Esto es un reclamo que en otros hospitales de CABA, como el Hospital del Quemado, el Muñiz y otros de alta complejidad lo tienen, y nosotros no lo tenemos. Es una decisión política que pueden tomar desde el Consejo pero no lo quieren hacer”, concluyó.
Otra cuestión muy recurrente en todos los ámbitos laborales es la precarización laboral, donde mediante contratos de locación se incorpora trabajadores como monotributistas negándoles derechos laborales históricos. Esta práctica laboral viene siendo ejercida por el Estado en muchos sectores más allá de los distintos gobiernos. “El reclamo también es contra los contratos basura, que después de 15 años volvieron al hospital monotributistas con contratos de locación. Lamentablemente entraron en esta condición, técnicos, técnicas, nutricionistas, técnicas de anestesia en el centro quirúrgico: un desastre”, sentenció Saavedra.
La medida consistió en un cese de actividades que no son urgentes. “Se ha garantizado una guardia mínima donde solamente se hacen urgencias y algunas operaciones programadas que no se pueden reprogramar”, explicó Saavedra. De 18 quirófanos solo funcionaron cuatro vinculados a las urgencias, lo que muestra, por un lado la responsabilidad de la medida y a su vez el fuerte acatamiento en el sector quirúrgico. En otros sectores desde las autoridades se reemplazó a quienes adhirieron con personal contratado o residentes que en muchos casos son forzados a cumplir sin garantías contractuales. “En el hospital las horas extras se llaman horas módulo, que representan una pérdida de derechos laborales y así cubren la adhesión a los paros con personas que no son planta permanente del hospital”, lamentó.
Durante la primera jornada de paro se acercaron las Juntas internas de ATE-Trabajo, Economía, Incaa, ATE Desarrollo Agrario, ATE ministerio de Desarrollo de la Comunidad de PBA y además trabajadores y agrupaciones del ministerio de Educación, la Marrón Clasista, Naranja, Blanca y Negra, entre otros.
También llegó solidaridad desde otras partes del país como las y los trabajadores autoconvocados de Neuquén que vienen de haber ganado una importante lucha por salario, además de trabajadores del Hospital Posadas, Germani, Lista 17 de la Comisión Directiva de CICOP de Lomas de Zamora, Seccional CICOP del hospital Paroissien, entre otros. Además recibieron cartas de apoyo de distintos trabajadores como del sindicato docente Ademys, la Corriente nacional docente 9 de Abril, Tribuna Docente CABA, Telefónicos Lista Granate Blanca (Agrupación Violeta – Agrupación Clasista Naranja Telefónica – Lista Roja – Agrupación Verde Negra – Telefónicos de Pie – Alternativa Telefónica – Naranja Telecomunicaciones Mayoría), la Marrón FIT Unidad y de la Secretaría de Deportes del CECSEA.
Para el sábado llamaron a las 13:00 a una reunión con organizaciones para conformar un Comité de apoyo externo, y una campaña para crear un fondo de huelga que les permita cubrir los posibles descuentos. Ese día también habrá un paro en el turno franquero.
Entrevista a Dr. Jorge Yabkowski de Fesprosa
Exigimos la paritaria nacional de salud
M.H.: El conflicto del hospital Garrahan se enmarca en un conflicto más general que ha llevado que ustedes en el día de hoy y mañana (7-8/7) convoquen a una jornada nacional. ¿Cuáles son los motivos?
Y: Efectivamente el sector de la salud público está en conflicto desde hace varias semanas con paros en diversas provincias. La semana pasada en Chaco, Chubut, La Rioja, una jornada provincial de protesta de la Cicop en la provincia de Buenos Aires, diversos movimientos de trabajadores autoconvocados.
El comienzo de la movilización en el Garrahan y en función de eso cuarenta organizaciones de todo el país nos reunimos y convocamos a esta jornada nacional de lucha que tiene como objetivo exigir la paritaria nacional de salud que hoy no tenemos, un piso de derechos y salarios para todos los trabajadores, la reapertura de todas las paritarias jurisdiccionales, el cese de la precarización laboral, ya que uno de cada cuatro trabajadores de la salud pública está en condiciones precarias y, por último, el cese de las persecuciones a las que son sometidos los trabajadores que reclaman, especialmente en provincias como Tucumán, Catamarca y Río Negro.
Comienza hoy la jornada con dos grandes movilizaciones en la Maternidad provincial de Córdoba y en la Casa de gobierno de Tucumán. Hay paro en La Rioja y en Chaco y mañana culminará con movilizaciones en Rosario, Santa Fe, Reconquista, en prácticamente todas las ciudades de Río Negro, en Catamarca, en el resto de las provincias y acá en el AMBA nos juntaremos en el Hospital Posadas.
Después de la exitosa jornada nacional de lucha que concretó la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) los pasados 7 y 8 de julio, en más de 20 provincias, ahora confirmó su apoyo a nuevas medidas de fuerza provinciales, que comenzaron en Mendoza y que continuaron con paros y movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos distritos del Conurbano bonaerense.
La presidenta de la Federación, María Fernanda Boriotti, consideró que dicha jornada “fue la demostración de que el medio millón de trabajadores de la salud pública están no solo agotados por el trabajo en la pandemia, sino también por la falta de reconocimiento del Estado, por el atraso salarial, y la falta de protección a los trabajadores”. Y agregó: “Es necesario un viraje radical en las políticas públicas del Estado nacional, las provincias y los municipios para revalorizar y proteger a los trabajadores de la salud”.
Después de las jornadas del miércoles y jueves, el 9 de julio se llevó adelante en la provincia de Mendoza una masiva movilización de profesionales acompañados por la comunidad local, para visibilizar un pliego de reclamos centrado en la magra oferta salarial que el gobernador Rodolfo Suárez realizó a los profesionales de la salud.
Por otro lado, este próximo martes 13 se concretó un paro general en el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigiendo la reapertura de paritarias para reparar el atraso salarial, levantando además un pliego de reivindicaciones laborales y de condiciones de trabajo que incluya el conjunto de los estamentos del sistema de salud.
El miércoles 14, la APS Fesprosa Matanza encabezó una movilización multisectorial por un sueldo digno, el fin de la precarización laboral, y el cumplimiento de la ley 14.656 de Carrera Municipal Administrativa y Profesional Hospitalaria.
Desde Fesprosa confirmaron que se han comunicado “solidariamente” con las organizaciones convocantes, “manifestando su apoyo y convocándolas nuevamente a construir una potente jornada nacional unificada de lucha de todos los trabajadores de salud del país”. En ese sentido, el viernes 16, el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación se reunirá para evaluar la situación y decidir los próximos pasos a seguir.
Trabajadores de la salud de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) nucleados en ATE iniciaron un paro por 48 horas en reclamo de mejoras salariales, entre otras demandas sectoriales.
En ese marco, a las 11:00 dieron una conferencia de prensa en el Hospital Durand, ubicado en la avenida Díaz Vélez 5044.
«Estamos rechazando esa paritaria del 30% a pagar en tres cuotas y reclamando un 45% de aumento de nuestros salarios porque el sueldo no alcanza. En nuestro sector tenemos sueldos que oscilan entre los 40 y 60.000 pesos de acuerdo a la antigüedad. Es una real vergüenza lo que estamos cobrando», dijo Héctor Ortiz, trabajador del Hospital Durand y coordinador de la Agrupación de Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires de ATE,
Denunció además que hay «enfermeros y enfermeras contratados y amenazados con no renovarles el contrato laboral».
«Nosotros insistimos en nuestro reclamo del pase a planta permanente y de reconocimiento laboral a todos aquellos y aquellas empleadas que no tienen reconocimiento laboral por parte del Gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta», dijo Ortiz.
Finalmente, advirtió que «si no hay respuestas» del Gobierno porteño a sus reclamos, debatirán «en asambleas, en todos los hospitales porteños un endurecimiento de las medidas de fuerza».
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El pasado 13 de julio pararon los Médicos Municipales -Por el destrato que sufrimos todos los médicos y las médicas del sistema. -Por el vergonzante manejo de las licencias luego de 500 días de pandemia. -Por la falta de coordinación en la organización del trabajo. -Por una pauta salarial que reconozca nuestro trabajo y esfuerzo. |
| La AMM informó que continúa con un fuerte reclamo para que sean otorgadas a la brevedad las licencias ordinarias o por stress. Consideran de vital importancia paliar la situación de stress laboral de los médicos, luego de transcurridos 15 meses desde el inicio de la pandemia. |
| EL DR. GILARDI SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN DE LAS CONCURRENCIAS |
| https://www.youtube.com/embed/aSAsXuhMWEw |
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ADELANTAMIENTO DE
PARITARIAS
Frente al avance inflacionario, la AMM consiguió
adelantar la paritaria salarial con el GCBA. La falta de reconocimiento
acorde a la responsabilidad y esfuerzo de nuestros
colegas, la situación de estrés y el agotamiento sin licencias, hacen
absolutamente necesario actualizar la negociación. Confirmamos que vamos a seguir poniendo nuestro profesionalismo y experiencia ante la pandemia, pero con igual certeza, decimos que pondremos lo necesario gremialmente para conseguir lo que reclamamos. Queda claro que de no encontrar una respuesta satisfactoria, tomaremos las medidas gremiales necesarias. Somos esenciales, exigimos que se nos pague como esenciales. |
Tercerizados
Tercerizados ferroviarios de MCM en la línea Roca llevaron adelante un cese de tareas como respuesta a la primera negociación fallida con el Gobierno y las empresas por el pase a planta permanente. También levantaron molinetes y anunciaron nuevas medidas de acción para el jueves 15.
Los trabajadores ferroviarios de MCM, Comahue y Líderes están llevando una lucha por el reclamo de pase a planta permanente.
En la reunión del día 12 de julio con empresas y autoridades, encuentro ofrecido por el ministerio de Transporte y la operadora estatal Trenes Argentinos luego de un corte de vías de 7 horas del jueves 8 de julio pasado, no resultó en nada, ya que el Gobierno nacional no solucionó ninguna de sus demandas.
Durante esa reunión, el gobierno ni siquiera ofreció ninguna solución concreta en relación al resto de los numerosos problemas planteados por las y los trabajadores, como los despidos y traslados persecutorios y las pésimas condiciones de trabajo y salariales que denunciaron hace meses ante el ministerio de Trabajo, de Transporte y las empresas.
Finalmente, el jueves, tras varias horas de reunión, las autoridades se comprometieron a traer respuestas al pedido de los trabajadores tercerizados de MCM, Líderes y Comahue durante una reunión que se realizará este viernes a las 14:00.
Así, los trabajadores tercerizados de Trenes Argentinos levantaron las medidas tras concluir la reunión con autoridades del ministerio de Transporte y distintos organismos del Estado relacionados con el servicio ferroviario.
Lamentablemente el gobierno estiró todo lo que pudo la negociación hasta que llegue el horario pico en los trenes, para buscar un enfrentamiento entre trabajadores. Pero no lo logró, a pesar de la tensión que se vivió en Plaza Constitución.
Fue en el marco de una jornada de lucha que se sintió en distintos puntos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Tercerizados ferroviarios, eléctricos, despedidos de Bimbo, trabajadores y trabajadoras del Garrahan, organizaciones piqueteras y otros sectores llevaron sus reclamos a las vías y las calles. Por el pase a planta, salario, contra los despidos y por vivienda.
Al finalizar el encuentro de este jueves las autoridades firmaron un acta donde, dando por conocido el reclamo que llevan adelante los tercerizados, se comprometieron a no tomar represalias contra los trabajadores en conflicto, así como las empresas se comprometen a analizar y dar respuesta, en esa reunión pactada, a los despidos, traslados y modificaciones en la situación laboral.
En el día de hoy la primera respuesta del Gobierno fue militarizar la zona, que incluyó efectivos infiltrados que fueron retirados por los trabajadores, además de realizar una campaña de amedrentamiento en los medios, que en muchos casos se sumaron a la campaña contra los tercerizados.
Para explicar a los usuarios su situación, los últimos días los trabajadores habían realizado apertura de molinetes y repartido volantes, explicando los motivos de las medidas que se podrían ver obligados a tomar ante la falta de respuesta oficial.
Docentes
Luego de que la explosión de la escuela 144 de Aguada San Roque sumara su tercera víctima fatal, el gremio docente ATEN de Neuquén convocó a movilizaciones en la provincia para pedir justicia. La docente Mónica Jara, quien se encontraba en estado crítico desde el 29 de junio falleció, luego de quedar en grave estado por el mal funcionamiento de un calefactor que explotó.
Jara se encontraba internada en el Hospital Luis Lagomaggiore, en la ciudad de Mendoza, que posee el centro más importante del oeste del país en atención a víctimas de quemaduras. Luego de casi dos semanas en grave estado, finalmente falleció.
La semana pasada la jefa de fiscales Sandra González Taboada aseguró que están “en plena investigación, haciendo toda la colección probatoria de las evidencias que nos permitan esclarecer qué sucedió”. Sin embargo, la causa se mantiene en secreto de sumario, y recientemente la justicia rechazó el pedido del gremio ATEN de constituirse como querellante, arguyendo que no reunía los requisitos que exige el Código Procesal Penal.
Hubo movilizaciones en distintos puntos de la provincia, pero el epicentro fue en la capital neuquina. Alrededor de las 18:00, ATEN y distintas organizaciones políticas y sociales se convocaron en el Monumento a San Martín. Unas 1.000 personas marcharon por la Avenida Argentina hasta la ruta 22, volvieron por la misma Avenida y se dirigieron hacia la Casa de Gobierno provincial, donde la conducción del gremio docente realizó un acto.
Si bien la consigna central de la convocatoria fue “no fue un accidente, fue negligencia”, el sector opositor de ATEN instaló mediante cartelería y cánticos el pedido de renuncia a la ministra de Educación provincial, Cristina Storioni, que en días anteriores había deslizado que era responsabilidad de la misma Jara haber estado en el lugar de la explosión.
Entrevista a Amanda Martin de Ademys
“Frazadazo”
M.H.: Hoy (7/7) hay una jornada convocada por Ademys. ¿Por qué y en qué va a consistir?
A.M.: Hay que explicar que es un “frazadazo” nacional, eso quiere decir que diferentes sindicatos docentes del país nos reunimos y discutimos que ante la falta de condiciones epidemiológicas, estructura escolar, edilicia, en medio del invierno complican el desarrollo de las actividades escolares. Hoy a manera de protesta Ademys, los Cteras multicolores, sindicatos y seccionales del resto del país están denunciando la política de los gobiernos, de los diferentes ministerios de Educación, porque acá no hay grieta, pasa en Neuquén, en Mendoza, en CABA y en provincia de Buenos Aires.
Y, por lo tanto, estamos convocando a esta modalidad de frazadazo que es una forma de visibilizar las terribles condiciones que tenemos en la comunidad educativa a las que nos están sometiendo los gobiernos, porque además del riesgo de contraer Covid, insisto, nos someten a bajas temperaturas, no han hecho ni una sola obra, han recortado el presupuesto de infraestructura escolar y por eso hoy estamos protestando con estas modalidades de caravana, al ministerio de Educación de la CABA, a la Casa de la provincia de Buenos Aires y al ministerio nacional de Educación, en el Palacio Pizzurno, porque también Nicolás Trotta ha avalado las actividades presenciales en la Ciudad de Buenos Aires cuando no hay ningún tipo de condiciones.
M.H.: ¿Qué continuidad van a tener estas medidas?
A.M.: Hoy estamos haciéndolo en el marco de un cese de actividades. Los docentes salen de sus actividades, aquellos que tienen actividad virtual, aquellos que tienen presencial, para poder participar de esta protesta que es una modalidad de frazadazo, caravana de autos para reclamar esta falta de condiciones.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
A.M.: Se agrega algo que preocupa hoy a todos los trabajadores, el problema del salario, estamos reclamando también la reapertura de paritarias, han planteado cifras irrisorias, con el nivel de inflación de este año, de alrededor del 29% y eso ya se está superando largamente, con pronósticos de 45/50%.
Entonces debemos decir que la docencia también está deliberando, el lunes que viene tenemos una asamblea general del sindicato para poner en agenda condiciones salariales de trabajo, reclamando la reapertura salarial. Por lo tanto, también agregamos estas demandas de la docencia.
Por el norte
Luego de intensas jornadas de cortes, acampes y bloqueos en las puertas del Ingenio San Isidro, en la localidad de Campo Santo del departamento de General Güemes, en Salta, los trabajadores despedidos y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro en la CTA Autónoma decidieron suspender las protestas que quede constituida la mesa de diálogo que comenzó a establecerse entre el gremio, la empresa y el ministerio de Trabajo de Salta.
Reclaman que se completen las 700 indemnizaciones de los obreros que fueron desvinculados en enero de 2018. La actual sociedad administradora de la planta, el Grupo Ruiz, se niega a pagar la parte que dejó pendiente el Grupo Gloria, dueño anterior del ingenio. Los actuales patrones pretenden pagar la deuda entregando terrenos que están dentro del predio de la compañía. Días atrás, la empresa y el gobierno militarizaron las instalaciones de la fábrica con custodia armada de agentes policiales.
Mariano Cuenca, secretario General del SOEASI, anunció que “el plan de lucha decidido por los trabajadores que comenzó el lunes 5 de julio entró en un cuarto intermedio para dar lugar al diálogo y la negociación que siempre hemos propuesto como forma ideal de resolver el conflicto”.
Los dirigentes del sindicato ya tuvieron encuentros con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y también participará la cartera de Trabajo y otros funcionarios de la provincia. Se espera que para los primeros días de esta semana las discusiones estén avanzadas. La medida de fuerza realizada por los trabajadores desocupados incluyó acampes de los trabajadores y sus familias frente a varios puntos de ingreso al ingenio en reclamo por el pago completo de las indemnizaciones que se les adeudan y el reconocimiento de las potestades legales que tiene el SOEASI en defensa de los derechos laborales.
Horacio Meguira, titular del departamento Jurídico de la CTA Autónoma Nacional, a cargo de las negociaciones por las indemnizaciones, sostuvo que tanto los actuales dueños como los anteriores son “solidariamente responsables” por las deudas, rechazó el ofrecimiento de lotes como parte de pago y explicó que se trata de “un engaño que ningún juez podría homologar.
Sin respuestas de las empresas de colectivos, tras el anuncio del intendente de la UCR, «Chuli» Jorge, de habilitar autos particulares como taxis para debilitar el reclamo de los trabajadores, cientos de choferes de todas las empresas se movilizaron en la capital provincial. La marcha fue acompañada por vendedores ambulantes, la juventud y legisladores de la izquierda.
Se cumplieron siete días de paro total del transporte público de pasajeros en Jujuy. Lejos de llegar a una solución, los choferes continúan con la medida de fuerza ya que a la dramática situación que viven producto del sistemático retraso en el pago de salarios por parte de las empresas, se suma el corte en su obra social y la decisión del municipio capitalino de habilitar particulares a prestar servicio de transporte.
Ante esta situación, los trabajadores que vienen paralizando el servicio con acampes y ollas populares en los talleres de las empresas, se unieron para movilizar en la capital jujeña y hacer escuchar su reclamo.
En claro contraste con la campaña de los medios hegemónicos que intentan desprestigiar la medida de fuerza de los choferes para enfrentarlos a la comunidad, un amplio apoyo de la población se hizo sentir en las redes sociales y al paso de la movilización.
Las empresas de colectivos de la provincia han recibido hasta junio, a través del fondo compensador Covid 2021, $ 365.400.000. A lo que se suman al convenio firmado entre el ministerio de Transporte de la Nación y el ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda el 28 de enero de 2021 por el cual se otorgarían este año 812.000.000 de pesos. En total la Nación enviaría 1.258 millones de pesos. A lo cual hay que sumar los 600 millones de pesos anuales que aporta el Estado provincial.
Sin embargo, y sin rendir cuentas de la contabilidad, con el aval de los gobiernos, las empresas aducen crisis e imposibilidad de pago de salarios a sus trabajadores, al tiempo que brindan un pésimo servicio que pone en riesgo la vida de los choferes y usuarios.
Los gobiernos municipal, provincial y nacional, avalan esta situación. Garantizando que las empresas reciban beneficios, tarifazos por decreto, sin siquiera rendir cuentas de los costos y ganancias para ver a dónde van a parar los fondos públicos millonarios que reciben. Ahora, ante el elemental reclamo de los choferes de percibir sus salarios por el trabajo que prestan día a día, la respuesta del gobierno es ubicarse como gestores de las empresas contra los trabajadores.
Triunfo de los Controladores Aéreos
Después de casi tres semanas de medidas de fuerza se conquistó un acuerdo salarial con un aumento del 45%, reincorporación de despedidos, cláusula de revisión, estabilidad laboral y sumas fijas que de conjunto suma más del 51% de aumento.
El pasado lunes fue noticia de todos los diarios nacionales y regionales la suspensión de vuelos comerciales producto de medidas de fuerza protagonizadas por controladores de tránsito aéreo nucleados en ATEPSA. Sin embargo, las medidas de fuerza habían empezado dos semanas atrás con acciones progresivas que afectaban a vuelos privados y de carga. Un total de 20 vuelos de carga y más de 1.600 de la aviación general.
Las y los trabajadores del sector consideran que fue una lucha histórica no sólo por el acuerdo conseguido y las medidas llevadas adelante, sino por cómo se fue construyendo la fuerza de las y los trabajadores desde las bases. Desde fines del año pasado se empezaron a desarrollar asambleas y reuniones de trabajadores autoconvocados de los principales aeropuertos del país expresando el descontento por la pérdida del poder adquisitivo y el empeoramiento de las condiciones laborales. Cómo trabajadores esenciales, los controladores garantizaron los vuelos durante toda la pandemia pero esa tarea no fue reconocida por la empresa estatal EANA ni por el gobierno nacional.
El proceso de organización desde las bases se desarrolló junto a delegados independientes de la conducción sindical que eligieron a sus propios delegados paritarios ganando la votación a la conducción. Sin embargo, a principios de este año la conducción de ATEPSA firmó un acuerdo a espaldas de las bases que generó mucha bronca y un gran repudio, pero la traición del sindicato no pudo impedir que se mantuviera la organización desde abajo con reuniones y asambleas. La patronal quiso generar miedo con sanciones en Aeroparque y Ezeiza junto al impulso de una «agrupación» que respondía a sus intereses. Nada de esto pudo amedrentar a los trabajadores que fueron acumulando bronca por el deterioro de sus condiciones de vida con una inflación por las nubes y un gobierno nacional que quiso imponer un techo salarial del 35% para la paritaria del 2021.
Las medidas fueron acompañadas por una gran campaña de difusión en medios, redes y aeropuertos con el protagonismo de los trabajadores que mantuvieron los reclamos a pesar de las distintas maniobras del ministerio de Trabajo que dictó conciliaciones obligatorias ilegales. Mientras el resto de los sindicatos nucleados en FAPA sólo sacaban tímidos comunicados de apoyo a los controladores, estos empezaban una lucha que se convirtió en un ejemplo.
El gobierno y EANA se jugaron al desgaste pero durante las dos primeras semanas los trabajadores se mantuvieron firmes y organizados en asambleas, rechazando con su voto las propuestas que empezaba a realizar la empresa. Finalmente este jueves, luego de cuatro días de medidas que afectaron los vuelos comerciales, un plenario de delegados en consulta con los trabajadores terminó aprobando la firma de un acuerdo que contempla las distintas demandas que tenían los trabajadores.
El acuerdo se compone de un 45% (el 40% es hasta noviembre) de aumento remunerativo con cláusula de revisión, dos pagos fijos de 20.000 pesos cada uno en julio y septiembre, un 20% de aumento en viáticos y la trayectoria se comenzará a medir por porcentaje y no por suma fija. De conjunto representa un aumento de más del 51%. Junto con esto, se logró la reincorporación la trabajadora Norma Rotta de Comodoro Rivadavia y lo más importante es la estabilidad laboral para 600 trabajadores (el 30% de la planta) que aún no la tenían y para los nuevos trabajadores que ingresen.
Acampe por la libertad de Milagro Sala
Después de 4 días de acampe en Plaza de Mayo, recordando que la dirigente social Milagro Sala lleva 2.000 días detenida (primero por Macri y ahora por Alberto Fernández), culminó el viernes 9 de julio la protesta de organizaciones sociales.
El acto final iba a contar con la presencia en el escenario, de un grupo de diputados y diputadas del Frente de Todos, quienes harían una declaración de apoyo a la solicitud de liberar a Milagro, pero no pudo ser, ya que las y los legisladores se borraron con la excusa de que «no se respetaba el distanciamiento social», algo que generó malestar entre la mayoría de los convocantes a la manifestación.
Fuentes: noticiasancap.org, Tiempo Argentino, Clarín, La Izquierda diario, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Canal Abierto, “Fe de erratas”, FM La Boca (90.1)