La denuncia expresada por el canciller argentino, Héctor Timerman, este miércoles, sobre «cursos de tortura» y «técnicas golpistas» pagados a policías de Buenos Aires en una «academia» de El Salvador por la Embajada de Estados Unidos en Argentina ha revelado la existencia en el país centroamericano de la llamada Academia Internacional para el Cumplimiento de […]
La denuncia expresada por el canciller argentino, Héctor Timerman, este miércoles, sobre «cursos de tortura» y «técnicas golpistas» pagados a policías de Buenos Aires en una «academia» de El Salvador por la Embajada de Estados Unidos en Argentina ha revelado la existencia en el país centroamericano de la llamada Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), ubicada en la capital salvadoreña bajo el patrocinio y la orientación del Gobierno de Estados Unidos.
Pero también se ha denunciado la intromisión de la Embajada y el departamento de estado en la formación de Jueces argentinos: a través de la International Judicial Academy (IJA) y la Cámara Americana en Argentina (AmCham),decenas de jueces argentinoshan sido capacitados por la asociación patrocinada por el departamento de estado.
La mencionada academia tiene como representante argentino al juez civil Ricardo Li Rosi, miembro del consejo académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y panelista habitual de los seminarios organizados por AmCham y la embajada de Estados Unidos en Argentina.
Una delegación de quince jueces argentinos viajó en agosto de 2008 a un seminario organizado por la International Judicial Academy sobre propiedad intelectual. También lo hicieron 10 jueces en 2009 y no hay un cálculo de cuantos asistieron en 2010.
«Las embajadas en América Latina recibieron hace un tiempo la orden desde Washington de organizar seminarios sobre propiedad intelectual para los jueces y funcionarios judiciales para instruirlos sobre un tema en el que, supuestamente, estaban poco preparados», explicaron abogados especializados propiedad industrial.
Para los Estados Unidos y sus embajadas, los jueces «entrenados» deben defender la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses en los juzgados latinoamericanos, donde presumen «un retraso en la absorción de la legislación internacional» sobre el tema.
El Departamento de Estado presionó en los últimos años para que las embajadas se dedicaran a «patrullar» los juzgados donde las empresas estadounidenses habían entablado demandas por presunta piratería de programas de software, films, música y medicamentos.
La Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) expresó en su momento su «preocupación ante algunas actividades patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos, destinadas a entrenar a jueces de la región en materia de propiedad intelectual con el objeto de influir sobre los magistrados con una visión unilateral e interesada».
La organización alertó que, desde Washington y mediante esos seminarios para los jueces latinoamericanos, se alienta una «confusión conceptual entre la falsificación de medicamentos y los delitos de piratería y falsificación de derechos de propiedad intelectual (marcas comerciales y derechos de autor) tal como pretenden imponer las compañías farmacéuticas para conservar el monopolio de sus productos en el mercado, desprestigiando a los productos de industria nacional».
El «entrenamiento» de jueces en el Norte intenta que califiquen de «piratería» a los fabricantes nacionales de medicamentos que en Argentina,o Brasil, ofrecen versiones genéricas más baratas del original patentado por las multinacionales.
Son nuemerosas las ONGs financiadas por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, que auspician formación en el extranjero para jueces, fiscales, policias aduaneros y funcionarios de propiedad intelectual que han participado de seminarios a la medidad de los Estados Unidos y fuera del control de los propio gobierno argentino.
http://www.matrizur.org/index.