Un juez concedió a Monsanto una suspensión provisional contra el decreto presidencial que busca eliminar el uso del glifosato en México.
Organizaciones y activistas unieron su rechazo en una carta y piden al juez rectificar y la máxima autoridad ambiental del país interpuso una queja contra el dictamen.
Francisco Javier Rebolledo Peña, juez sexto de distrito en materia administrativa, concedió el amparo al gigante transnacional de la biotecnología que la exime temporalmente de la aplicación del decreto presidencial que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hacia enero de 2024.
«Le hacemos un llamado para que en su labor como juez considere las acciones favorables al interés común, como las alternativas agroecológicas en el campo, sin químicos o plaguicidas lesivos como el glifosato», dice una carta dirigida al juez, firmada por activistas, organizaciones y personas en general.
Le piden también considerar «la defensa de nuestros maíces nativos con sus 64 razas, miles de variedades que no sólo son base de la gastronomía mexicana, sino parte intrínseca de las poblaciones campesinas y citadinas en la cosmogonía, diversos actos religiosos, culturales, en las artesanías y en la medicina tradicional».
Además de ya no usar glifosato, el decreto que emitió la Presidencia de la República el 31 de diciembre de 2020 busca eliminar progresivamente el maíz genéticamente modificado en la alimentación de los mexicanos y no permitir su siembra en el territorio nacional.
En ese sentido, instruye a las secretarías (ministerios) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Salud y de Agricultura que promuevan en 2023 reformas constitucionales que eviten usar maíz transgénico y del glifosato.
“Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”, dice el documento que Monsanto no está ahora obligado temporalmente a cumplir.
Las organizaciones y personas que demandan la rectificación del juez Rebolledo forman parte de la campaña Sin Maíz No hay País, que reúne a más de 300 asociaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, científicas, académicas y en la defensa del ambiente.
En la carta destacan que la decisión del juez pone en riesgo la soberanía alimentaria de México, y la salud del planeta y de las personas. El amparo, advierten, atenta contra los consumidores de maíz y café, pero también contra la biodiversidad, así como contra el derecho constitucional a un ambiente sano y a una alimentación adecuada.
El daño del glifosato
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), evaluó la carcinogenicidad de pesticidas llamados “organofosforados”, como el glifosato, y los clasificó como «probablemente cancerígenos para los seres humanos».
Las organizaciones destacan que, además, la relatora de la ONU sobre el derecho a la alimentación advirtió en 2017 que ningún alimento contaminado por plaguicidas puede considerarse adecuado.
El glifosato es hoy en día el herbicida más usado en el mundo. En México, está asociado con transgénicos como la soya que se cultiva en Campeche, o el algodón. Su principal productor es Monsanto, filial de Bayer desde hace dos años, que controla 90 por ciento del mercado internacional de semillas.
Las organizaciones acusan que el juez Rebolledo acogió en su fallo, precisamente, todos los argumentos de Monsanto.
En la carta dirigida también al Consejo de la Judicatura, los firmantes que se describen como Asociación de Consumidores Orgánicos recuerdan que las obligaciones de cualquier órgano jurisdiccional son que las suspensiones de los juicios de amparo que conceda no impliquen un perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público.
“Que no se otorgue esta medida en detrimento de la salud de las personas ni respecto a otros elementos de interés colectivo, como la producción nacional. De lo contrario, se estarían violentando las propias reglas de la suspensión, contenidas en la Ley de Amparo, específicamente en el artículo 128, fracción II en relación con el artículo 129, por otorgarse una suspensión contra el interés público”, dice la misiva pública.
Por lo tanto, suspender la aplicación del decreto a Bayer-Monsanto representa una vulneración a la salud de la población mexicana, ya que el daño que causa su uso tiene una evidencia científica.
En ese sentido, la protección de la salud, como una cuestión de interés público, obliga a todos los actores del Estado a emprender las acciones necesarias para atender los problemas de salud que afectan a la sociedad, por lo que la Ley de Amparo obliga a negar la suspensión.
Una de las razones del decreto presidencial es la protección del interés general de la sociedad mexicana en conseguir la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mediante la adopción de prácticas de agricultura sostenible y el otorgamiento de la suspensión atenta contra la preocupación de la población de que se proteja la salud y se prohíba el uso de sustancias nocivas para la salud.
Primer amparo de 10
Este es el único amparo concedido contra el decreto presidencial de prohibición del glifosato. Antes, los jueces negaron seis suspensiones provisionales y dos definitivas.
Otro caso que destacan las organizaciones es el de Versimex, donde el argumento para negar la suspensión fue que se afectaría el interés general dado que la sociedad está interesada en que se proteja la salud pública y se prohíba el uso de sustancias nocivas.
“Consideramos que la suspensión provisional que concedió a Bayer-Monsanto prioriza los intereses económicos de una empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo, recordando que tan solo en Estados Unidos esta empresa ha recibido 18 400 demandas por las afectaciones del glifosato”.
La resolución del juez viola las precauciones para proteger el maíz en México, que es centro de origen y diversificación constante y de cultivos nativos, entre otros el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, el algodón, el aguacate, el amaranto, el chayote, el cacao y el maguey.
“Podría tener efectos adversos en la suspensión otorgada por un juez contra la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en México en septiembre de 2013, a partir de una demanda colectiva de acción difusa presentada por 20 organizaciones civiles y 53 personalidades”, advierten en la carta.
En el sector agrícola, en tanto, el uso de glifosato está relacionado con la pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria. Esto, debido a que la venta de semillas y agroquímicos está controlada por unas cuantas empresas que son las que toman las decisiones de qué se come y cómo se produce.
Conceder la suspensión en el caso implica un revés a una medida orientada a la protección de la salud, la alimentación y los derechos culturales, por lo que violenta el interés social. Los firmantes piden que el juez decida con base en los criterios más protectores del interés social y los derechos de las personas. Además, apelan a el acuerdo 4×1000 de París, en 2015, en la cumbre climática COP 21.
Semarnat impone queja
En contra de la suspensión provisional procede la queja, que en este caso ya realizó la Semarnat, el 21 de abril. La dependencia señaló la improcedencia de la suspensión, con base en que no está el decreto dirigido a los privados.
En una entrevista para canal 11, María Luisa Albores, titular de Semarnat, destacó que el decreto presidencial no es aplicable a particulares, ya que está dirigido hacia la administración pública federal.
Este artículo se publicó originalmente en Pie de Página, de la plataforma mexicana de Periodistas de A Pie.