El sentir popular exige el fin de la impunidad, llevar a juicio a los expresidentes sería un aliciente para la mal vista justicia mexicana, aunque no necesariamente significaría que ya ningún gobernante cometa los crímenes que pesan sobre la espalda y memoria de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, todos ellos neoliberales.
La lista de agravios contra el pueblo incluye corrupción, nepotismo, autoritarismo, robo-despojo, ecocidio, violación de los derechos humanos, violencia de Estado, terrorismo, masacres, represión, sumisión al imperialismo, privatización de los recursos naturales y derechos laborales y de salud, criminalización de la protesta, desaparición forzada, y muchos más. Sería desde luego notorio que cada uno de los exgobernantes mencionados fueran puestos a la luz de la justicia y pagaran por cada uno de los crímenes de lesa humanidad que cometieron directa o indirectamente.
Ahora se está realizando una consulta popular que recopila las firmas de quienes deseamos impere la justicia, la meta es alcanzar por lo menos los 2 millones de adhesiones, requisito para que la propuesta pueda ser considerada según los requerimientos legales y pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la fecha límite es el 15 de septiembre del corriente, lo que obliga a una pronta movilización para alcanzar el mínimo requerido, partidos como Morena y el PT participan en el impulso de esta iniciativa, mientras el PAN y PRI se oponen naturalmente pues lo gobernantes a juzgar forman o formaron parte de sus cúpulas.
Ante todo, es necesario plantear que los juicios no deben desvirtuarse por el uso político que los diferentes partidos quieren imponerle, hablamos de actos reales en favor de la justicia y del pueblo de México, no del oportunismo marcado por los tiempos electorales o por los intereses propagandísticos de un lado y del otro, la justicia ya no puede ser rehén de intereses partidistas o privados, tiene que ser popular y realmente democrática. Es importante la participación de la clase obrera y los sectores populares quienes mediante sus diferentes formas expresen la exigencia del fin de la impunidad y vigilen el cabal cumplimento, pues los agravios mencionados fueron directamente padecidos por el proletariado, los campesinos, los indígenas, las mujeres, los estudiantes y maestros, las comunidades y pueblos originarios; la justicia debe emanar del deseo reivindicativo por todo aquello que hemos padecido durante décadas.
El juicio a los expresidentes debe consideran también actos de desagravio histórico, la impunidad institucional sigue cubriendo a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, ambos participes de la Guerra Sucia, genocidas cuya memoria continúa sin reconocer de forma cabal su participación en crímenes inhumanos como los de Tlatelolco y el “Halconazo”, algo reproducido por los exmandatarios mencionados arriba, ya que ahí siguen pendientes los procesos sobre la violencia de Estado en Atenco, Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, Nochixtlán, así como la guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas y la represión contra el movimiento obrero-popular, el fomento de paramilitares y otros tantos más.
Es necesario el actual proceso de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, pero también es urgente transformar de raíz la sociedad que ha fomentado y permitido la existencia de tanta impunidad y crimen.