Bajo el título de «Juicios interminables se convierten en la nueva forma de inhibir la libertad de expresión en México», quienes signan esta carta señalaron que bajo la pasividad judicial que raya en negligencia, se tramita el juicio que lleva cuatro años en primera instancia.
48 organizaciones de la sociedad civil y 107 personas destacadas del periodismo, académicos y de la ciudadanía dirigieron una misiva a Miguel Ángel Robles Villegas, Juez Vigésimo Noveno de lo Civil Del Distrito Federal, donde denuncian pasividad con la que actúa el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, alentando al diputado federal hidalguense, Gerardo Sosa Castelán, en su demanda a Alfredo Rivera Flores y a Miguel Ángel Granados Chapa por daño moral por la publicación del Libro: La Sosa Nostra: Gobierno y Porrismo coludidos en Hidalgo, que documenta la historia porril de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Bajo el título de «Juicios interminables se convierten en la nueva forma de inhibir la libertad de expresión en México», quienes signan esta carta señalaron que bajo la pasividad judicial que raya en negligencia, se tramita el juicio que lleva cuatro años en primera instancia.
Ya que el juicio se inició en agosto de 2004, en los jugados de lo civil del D. F., a la fecha no ha concluido la primera instancia por las siguientes razones:
«Se llevó más de dos años emplazar a los demandados; Se han desechado sin razón, pruebas fundamentales para la defensa; Se han aceptado pruebas absurdas de la parte actora, como periciales en psicología a cargo de los demandados, que no tienen relevancia alguna en juicios de esta naturaleza; Se ha recurrido a otros absurdos procesales como haber acusado a la abogada defensora de falsificar su propia firma; Se han planteado más de 29 apelaciones, lo que ha paralizado el juicio».
Denunciaron que «el político y diputado federal Gerardo Sosa Castelán abusa de su derecho con sustento en legislación deficiente y en la pasividad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal», por lo que los firmantes de la misiva «manifestamos nuestra solidaridad con los demandados y nos mantendremos vigilantes de la actuación de las autoridades judiciales».
Entra las organizaciones firmantes destacan la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Alianza Cívica, A. C, AMARC-México, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Católicas por el Derecho a Decidir, CENCOS, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, la Fundación Manuel Buendía A.C, así como FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, etcétera.
Resaltan algunas de las personas que se suman a esta denuncia como lo es Hilda Aburto Muñoz, Sergio Aguayo, Luisa Alba Lois, Sergio Arau, Carmen Aristegui Flores, Javier Bernal Vences, Lydia Cacho Ribeiro, Federico Campbell, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo Enrique Galván Ochoa, Ernestina Godoy Ramos Clara Jusidman, Lucía Lagunes Huerta, Gilberto López y Rivas, Sanjuana Martínez y Carlos Monsiváis y más, que por economía de la presente nota no fueron incluidos, pero destacan la misma importancia.