Hace un mes la detención de la señora Jeanine Añez, quien de facto se autoproclamó en una Asamblea Legislativa semivacía como presidenta de Bolivia luego del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, movió el piso de la política boliviana.
Se trató de una acción tardía de la justicia boliviana, debido en parte a que el nuevo gobierno de Luis Arce, principal interesado en que se esclarezcan las responsabilidades del golpe de Estado, inexplicablemente dejó pasar 3 meses en los que no se movieron ninguna de las demandas penales presentadas por los familiares de las personas que murieron por acciones militares-policiales en las masacres de Sacaba (15 de noviembre de 2019) y Senkata (19 de noviembre de 2019). En esta omisión, el principal responsable fue el ministro de justicia del actual gobierno, Iván Lima, que no apoyó las denuncias presentadas contra Añez, por ejemplo por la ex diputada Lidia Paty, o por los familiares de las víctimas de esas masacres. Tampoco entre noviembre de 2020, mes en que se posesionó el nuevo gobierno del MAS, hasta marzo de 2021, cuando comenzaron las primeras acciones efectivas de la Fiscalía, el ministro aludido colaboró con el Procurador General Wilfredo Chávez en el seguimiento de las acciones judiciales.
Para peor, Iván Lima no ha permitido desde la detención de Añez que el proceso ordinario contra ella continúe, y está trabajando para abrirle varios procesos de responsabilidades, lo cual coincide con lo que la señora declaró luego de ser detenida: “yo tengo privilegios”. ¿A qué privilegios se refiere la señora Añez? A que ella quiere que se le procese a través de un juicio de privilegio constitucional, vale decir de responsabilidades. Esto tiene serias implicaciones: su administración de facto, golpista y autoproclamada al margen de la Constitución, será plenamente reconocida como “Presidencia del Estado Plurinacional”, como “gobierno de sucesión y transición democráticas”, por lo tanto cualquier intento de investigar el golpe de Estado y a los golpistas chocará contra esta muralla jurídica.
Por eso es que tras la detención de Añez, Carlos Mesa rápidamente aceptó que se la investigue por esa vía de un proceso de privilegio constitucional que requiere dos tercios de aprobación en la Asamblea Legislativa. Por eso también los obispos de la Iglesia Católica plantearon casi en los mismos términos el discurso de “pacificación” secundando a Mesa. Estas cosas no son casualidades.
Carlos Mesa sabe que así se lavará las manos de su participación en la conspiración golpista de octubre/noviembre 2019, junto a Luis Fernando Camacho (el principal responsable), Marco Pumari, Jorge Quiroga (el ideólogo y operador), Samuel Doria Medina, Waldo Albarracín y otros. Todos ellos fueron instigadores y corresponsables de la violencia racista y fascista del 2019, de la convocatoria a paros cívicos ilegales y forzados que destruyeron la estabilidad económica; de la organización de grupos de civiles que atacaron e incendiaron las cortes electorales, las sedes sindicales y domicilios de exautoridades; de la actuación de los grupos paramilitares (Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Kochala); de la compra de lealtades de los mandos policiales y militares, Camacho reconoció que su padre “cerró el trato” para que se amotinen e insubordinen pidiendo la renuncia de Evo Morales; de la conspiración en la que, aparte de todos los nombrados, aquí sí tuvieron rol activo el ya fallecido Nuncio Mauricio Scarpellini y el obispo Ricardo Centellas a nombre de la iglesia católica, para conformar un gobierno de facto, ilegal e inconstitucional, a la cabeza de Jeannine Añez que se autonombró (no hubo ninguna sucesión constitucional) el 12 de noviembre de 2019.
Aparte de todas estas consideraciones de principio, está también el hecho práctico de que el juicio constitucional de privilegio, es un proceso excesivamente largo y tedioso, como lo demuestra el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Basta ver las fechas: en octubre de 2004 el Congreso Nacional (ahora Asamblea Legislativa) autorizó el juicio de responsabilidades; recién en mayo de 2009, la Corte Suprema dio inicio a ese juicio; desde entonces han pasado doce años y el juicio está empantanado, sin que se logre extraditar y mucho menos sentenciar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, ambos viviendo plácidamente en Estados Unidos. Será lo mismo que pasará con los “ministros y generales de la muerte”: Arturo Murillo y Luis Fernando López, los generales del ejército Kalimán y Orellana, y el ex comandante de la policía, general Calderón, en los días de las masacres de Sacaba y Senkata. Las familias de los 37 muertos en esas masacres y en todo el golpe, que saben que la señora Añez no actuó sola, no tendrán ningún tipo de resarcimiento legal.
¿A esto le llama el ministro Iván Lima hacer justicia? ¿Por qué señor Lima no avanza en los juicios ordinarios ya abiertos y que muestran resultados, gracias a la valentía de la señora Lidia Paty? ¿Por qué señor Lima traicionar la lucha del pueblo boliviano, que hizo retroceder a los golpistas, concertando con sus representantes en el Parlamento como usted propone? ¿Por qué señor Lima conceder en ese Parlamento a los cálculos de los mesistas y camachistas que pretenden hacer creer al país que sólo la señora Añez es responsable y salvarse ellos mismos? ¿Por qué señor Lima seguir permitiendo que crezca el peligro ultraderechista con Camacho, que ya amenazó al presidente Arce con derrocarlo?
Mauro Alcócer Hurtado es componente del “Colectivo de Estudios Comunitarios Larama” y apoya a los familiares de los muertos en la masacre de Senkata