Tramas de poder en el sur del país.
Ruta PPP
La justicia federal de Bariloche no acreditó hasta el momento ninguna responsabilidad del grupo de mujeres mapuche detenidas en el ataque con fuego y balas cometido contra un destacamento móvil de la Gendarmería Nacional el domingo 26 de septiembre a la noche, en Villa Mascardi. El ataque anónimo justificó la creación de un comando unificado por parte del gobierno nacional y el desalojo por la fuerza de parcelas en conflicto dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a pesar de que se discutían en otros expedientes y hasta en otra jurisdicción, en algunos casos. Silvina Domínguez, jueza subrogante, dictó la falta de mérito para las seis mujeres mapuche detenidas el 4 de octubre por la destrucción del destacamento de Gendarmería y atentado a la autoridad. Cuatro de ellas permanecen en detención domiciliaria por delitos que son excarcelables, por lo que realizan huelga de hambre.
La última semana, Domínguez emitió un fallo confirmando la detención preventiva de un grupo de mujeres, así como el pedido de captura y detención de otrxs cuatro integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, todos por distintos hechos acumulados desde 2017, excluido el ataque intencional al puesto de Gendarmería que desató una escalada represiva en la zona andina. La Asociación Gremial de Abogadxs de la República Argentina, que representa a las mujeres detenidas, apelará ese fallo, pedirá la nulidad de todas las actuaciones encabezadas por la jueza y la fiscal Cándida Etchepare, así como también el apartamiento de la magistrada.
Este escenario político es, además, la antesala contaminante del juicio oral y público que empezará el 17 de noviembre por la autoría material del homicidio de Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera, ambos mapuche de la Lof Quemquemtreu asentada en el paraje Cuesta del Ternero, a uno 70 kilómetros al sur de Villa Mascardi, en línea recta. La defensa de uno de los co-imputados, en otro expediente, volvió a reclamar el desalojo de las tierras fiscales en conflicto con un forestador que las explota. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro toma medidas en el expediente por presunta usurpación en Cuesta del Ternero en evidente relación con el conflicto del área Mascardi, al que abonó la última semana con sus propias medidas persecutorias a integrantes de la Winkul.
Frontera del capital
La gobernadora Arabela Carreras se mantiene en silencio tras conseguir el envío de fuerzas federales y el acordonamiento de un tramo importante de la ruta nacional 40 entre Bariloche (al norte) y El Bolsón (al sur). En silencio avanzan obras de infraestructura en el paraje El Manso, área rural de interés para los capitales trasnacionales, tanto los que ya acaparan tierras como para los que pretenden nuevos usos del territorio.
El gobierno local informó sobre el desarrollo de dos obras hidráulicas sobre la ruta provincial 83 que une la ruta nacional 40 con el Paso Internacional Río Manso, en el límite con Chile. El tránsito por esta ruta de tierra sufre cortes cuando crece y desborda el río Foyel. La obra pública fue adjudicada a Constructora Patagónica SRL, firma de El Bolsón.
Por allí se accede a las propiedades del magnate árabe Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, el banquero Eduardo Enrique Maschwitz, el empresario Alejandro Luis Iván Etchart y el agente inmobiliario Nicolás Bernardo Van Ditmar, entre otros capitales que intervienen en la reconfiguración del territorio en esta etapa.
Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri fue funcionario del ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos. En 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires la conformación de Dunia inmobiliaria SA, cuyo directorio compartió con Van Ditmar, entre otros. A través de operadores argentinos, en 2017 formalizó la compra del establecimiento La María ubicado en la costa sur del río Foyel, en el paraje El Manso. Aguas arriba de ese mismo río, con una red de firmas, adquirió un bloque de más de 14.000 hectáreas en la zona del río Alto Chubut. En La María, la fauna disfruta de los estanques artificiales que hizo hacer Mindlin con el consentimiento de las autoridades provinciales. Ese establecimiento es para huéspedes. La explotación ganadera no se realiza allí, sino en otro campo próximo de muy buena pastura natural, según una fuente que se desempeñó en el lugar.
Maschwitz y Etchar integran el grupo original del PPP, programa de defensa de la propiedad privada patagónica que lanzaron corporaciones empresarias y estudios jurídicos con el financiamiento de fundaciones internacionales, según la documentación interna a la que accedimos. Ambos integran la filial argentina de Atlas Economic Research Foundation, que la última semana realizó el foro “De la libertad. La batalla cultural”. “Si nosotros hubiéramos vivido en 1880, en la época de la campaña de Roca, hubiéramos estado felices de que se haga la campaña. Es muy fácil decir que fue un genocidio parados desde hoy”, argumentó Etchar en este foro.
Por su parte, Maschwitz, presidente de Fundación Atlas para una sociedad libre, reconoció el valor que tiene para este espacio de derechas Diego Frutos, cuya familia es titular de dominio de una parcela en Villa Mascardi desalojada por el comando unificado de fuerzas federales el 4 de octubre pasado.
En el paraje El Manso, Maschwitz tiene dos fracciones: una de 700 hectáreas que compró a Fernando Gonzalo Tornero, de El Bolsón, vecina a Estancia La María. Hacia el oeste, otra de 360 hectáreas. La documentación de Rentas y de Catastro de acceso pública difiere, e indica algunos planos en los que son copropietarios con Etchart. Este directivo de bancos y financieras tiene registrada a su nombre una tercera fracción en el valle del Manso de 360 hectáreas. Hacia el oeste, Van Ditmar comparte la titularidad de un campo de 238 hectáreas con Juan Carlos y Ariel Luis Ordóñez.
Hidden Lake SA (de Joseph Lewis) llamó la atención sobre El Manso al plantear ante la justicia de Río Negro su opción de habilitar un acceso público al lago Escondido por el norte, por la ruta 83 de tierra. La administración rionegrina se plegó al planteo empresario en la causa por el libre acceso a las costas públicas y al lago Escondido, lo que rechazó la justicia local y fue apelado por las partes.
Expediente Pandora
Domínguez es titular del juzgado federal de Zapala (Neuquén). Tras la jubilación de Leónidas Moldes, subroga el de Bariloche.
“Desde el año 2017 a esta parte se verificó en la jurisdicción de este Tribunal una problemática que nunca antes había sido vista”, aseguró en el fallo que emitió el 25 de octubre. Levantó el secreto de sumario sobre el legajo para el que el Ministerio de Defensa de la Nación creó por decreto un comando conjunto y envió un número indeterminado de efectivos federales. La jueza no resolvió nada respecto al origen del expediente, el ataque al puesto móvil y el amedrentamiento a cinco gendarmes del Escuadrón 34 y del Destacamento Móvil IV de Gendarmería Nacional que custodiaban el predio denominado “Los Radales”. En cambio, con la fiscal armaron un entramado que reforzó la persecución judicial contra ocho integrantes de la comunidad Winkul y concretó desalojos territoriales revertidos en otros legajos. La Gremial de Abogadxs cuestiona la legalidad de toda la actuación.
Bajo la responsabilidad de la fiscal Etchepare, el procedimiento estuvo a cargo del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), cuerpo especial de la Policía Federal Argentina (PFA), que detuvo a siete mujeres y cinco niños. Antes del mediodía, el Comisario Inspector Marcelo Mateo Colantoni, jefe del Departamento Guardia de Infantería de la PFA, dio por finalizado el rastrillaje y persecución a campo traviesa de jóvenes, adolescentes y niñxs que escaparon de la redada con gases lacrimógenos. Continúan detenidas por la presunta usurpación de parcelas en Villa Mascardi Betiana Colhuan Nahuel (21 años, autoridad espiritual), Luciana Jaramillo (35 años), Romina Rosas (37 años) y María Celeste Ardaiz Guenumil (31 años). Recuperaron la libertad después de sufrir vejaciones y humillaciones, Débora Daniela Vera, Florencia Melo y Andrea Despó, todas reconocidas como mapuche presentes en el territorio en conflicto por la labor espiritual y de medicina tradicional de Betiana, machi de la Winkul.
El esfuerzo argumentativo de Domínguez se centró en la demonización de cuatro parejas jóvenes, integradas por las cuatro mujeres que permanecen detenidas en Bariloche, sus compañeros sobre los que libró pedido de captura y una quinta mujer. En fallo, la familia mapuche Colhuan Nahuel es desmenuzada en detalle, avanzando en precisiones sobre lxs niñxs. Domínguez aseguró que la comunidad ejerce “excesiva y extrema violencia”. Añadió que culminada una instancia de diálogo ofrecida por ella en un expediente del 2017, se produjo el incendio de la cabaña conocida como “Los Radales”, hecho que no fue esclarecido hasta el presente.
Reconoció que “los hechos investigados en esta causa y sus vinculadas resultan ser presuntos actos ilícitos cometidos en un conflicto que supera totalmente la actuación del Poder Judicial de la Nación, ya que se encuentran inmersos en una sucesión de acontecimientos que no son resorte de ser tratados ni solucionados en una causa penal determinada. Esta visión y posición ya la hice saber el pasado 30 de noviembre de 2021 en la causa por presunta usurpación de Estancia La Escondida (Villa Mascardi)”. Atribuyó a la Winkul la responsabilidad de la xenofobia y el racismo contra el pueblo mapuche al decir: “No reconozco en este accionar a integrantes del pueblo mapuche, no resulta ser este el comportamiento de toda esa importante cantidad de comunidades que se encuentran asentadas en la zona patagónica de nuestro país. Este caso es el único que presenta estos ribetes de violencia y vandalismo que ha creado a la vez desgraciadamente el desprecio, la falta de respeto y de reconocimiento hacia todo el pueblo mapuche que suponen la negación y humillación del otro poniendo en duda su capacidad e integridad moral, todo ello por parte de una porción de la sociedad que sin conocer realmente los pormenores de las causas judiciales emite opiniones y juicios más que lamentables y discriminatorios para los integrantes del pueblo mapuche, alentados —muchas veces— por sectores e individuos que se encuentran en el mundo político, lo que los transforma más aún en responsables de esta situación”.
Al día siguiente, Domínguez libró un escrito que llamó exhorto pero que, técnicamente no lo sería, ya que un exhorto es un escrito entre pares. En este caso, envió un exhorto al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a organizaciones del pueblo mapuche-tehuelche de Río Negro y Neuquén, a los organismos defensores de los DD. HH. citando parte de sus opiniones, en un gesto político de alcances jurídicos enigmáticos. Eso sí, en tanto, trabó un embargo millonario contra la gente mapuche.
Conflicto(s)
Justo cuando la jueza aseguraba que la Winkul instaló el conflicto, unos pocos kilómetros al sur, sobre la misma ruta nacional 40, un grupo de madres y padres tomó las instalaciones de una escuela rural en el paraje rural Villegas, vecino a un destacamento de Gendarmería Nacional. Los carteles se hicieron visibles desde la ruta y, en el contexto de militarización del territorio, se hizo notar el reclamo por falta de seguridad y de condiciones para el normal dictado de clases. “Las paredes calcinadas y los calefactores en mal estado, al igual que la cocina y el sistema de agua potable. Todas las instalaciones de la escuela muy precarias y en estado de abandono, sin mantenimiento anual. Tomamos la escuela porque que no nos sentimos seguros de mandar a nuestrxs hijxs al establecimiento”, explicó una vocera del reclamo.
Unos pocos kilómetros más adelante, marcha muy bien la obra de infraestructura para incorporar al mercado el paraje El Manso.
- Javier Grosso, geógrafo, docente de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para esta nota.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/justicia-politica-y-negocios/