Con la puesta en marcha de la «Ley Corta», las olas del proceso de cambio que se lleva adelante en Bolivia han terminado de llegar a la justicia. La medida, largamente esperada y deseada por la mayor parte de la población, tuvo que esperar cuatro años para vencer la resistencia de los actores del viejo […]
Con la puesta en marcha de la «Ley Corta», las olas del proceso de cambio que se lleva adelante en Bolivia han terminado de llegar a la justicia. La medida, largamente esperada y deseada por la mayor parte de la población, tuvo que esperar cuatro años para vencer la resistencia de los actores del viejo sistema de partidos.
Para nadie es desconocido que a pesar de la creación del Consejo de la Judicatura, con las reformas constitucionales de 1994, los partidos de la «democracia de pactos», en función de la correlación de fuerzas nacional y departamentalmente, ocuparon en distintos niveles el Poder Judicial y que no pocos bufetes de abogados -conformados por correligionarios de partido- se encargaban de «amarrar» con jueces y magistrados los resultados de los procesos.
Negar que muchos de los actuales críticos a la «Ley corta» y a la elección de los magistrados por voto popular, con el argumento de la pérdida de la independencia de poderes, guardaban un sistemático silencio frente a prácticas de sumisión del Poder Judicial a la voluntad de los gobiernos del pasado, es una falta a la verdad histórica y una inmoralidad difícil de tolerar.
Es más, no es posible olvidar que el gobierno de Sánchez de Lozada en su primer mandato (1993-1997), no solo dio pruebas de su sistemática agresión y subalternización del órgano encargado de la administración de justicia, sino que en alianza con la embajada de los Estados Unidos ejecutó un plan para desbaratar al presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, poco o nada puede argumentarse a favor de un Poder Judicial que en términos estructurales representa uno de los más grandes lastres del viejo Estado y que la valentía de los hombres y mujeres de derecho apegados a los valores y principios chocaba con impotencia contra una muralla de impunidad bien edificada.
Pero bueno, todo eso es parte de un pasado que empieza a dejarse atrás y del que muy pocos pueden sentirse orgullosos.
Lo importantes ahora es que los conductores del proceso de cambio están obligados a ser los más celosos guardianes de que las medidas para transformar la justicia no se detengan solo en la progresiva sustitución de los malos jueces y magistrados, pero también en la ratificación de los buenos, sino que no se interrumpan en su marcha hacia la construcción de una institucionalidad sostenible, vigorosa y confiable.
Pero, lo más importante, es que se de pruebas irrefutables de aplicación y respeto de los preceptos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, lo que ya en sí representará una garantía para toda la ciudadanía.
El gobierno de Evo Morales, por tanto, es el más llamado a dar señales contundentes de la no instrumentalización de la justicia: Los jueces y magistrados, asimismo, están convocados a dar pruebas claras de la transparencia con la cual actuarán y tomarán sus resoluciones.
Caminar en dirección contraria solo facilitará campañas internacionales de los que no ocultan su molestia por el avance de este proceso. No hay necesidad de darles ni un solo argumento o pretexto.
La ciudadanía espera que la justicia ciega de la ley no esté determinada por el color de la piel, la naturaleza del apellido y el alcance de la chequera, pero tampoco por la inclinación política o ideológica.
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