Poco más de un año cumplió la debatida nueva ley de medios argentina, que se ha convertido en un modelo a seguir en el mundo, por su profunda visión social y democrática Inspirados en lo ocurrido en el país vecino, Brasil y Uruguay se preparan para iniciar consultas de actualización de su marco jurídico de […]
Poco más de un año cumplió la debatida nueva ley de medios argentina, que se ha convertido en un modelo a seguir en el mundo, por su profunda visión social y democrática
Inspirados en lo ocurrido en el país vecino, Brasil y Uruguay se preparan para iniciar consultas de actualización de su marco jurídico de la radiodifusión, mientras en México el tema permanece estancado.
En las calles de esta ciudad aún se respira el sentimiento por la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, quien fuera actor fundamental en el impulso de la Ley de Servicios Audiovisuales, aprobada por el Senado la madrugada del 10 de octubre de 2009. Dos meses después, la Corte la suspendió por diversos amparos, pero en junio pasado, luego de analizar su constitucionalidad, levantó la medida cautelar, por lo que ya es vigente.
Aunque el debate de la nueva ley se centró en las diferencias políticas entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el poderoso Grupo Clarín (conglomerado de medios equiparable a Grupo Televisa en México), nadie puede negar sus aportaciones, entre ellas la reserva de 33% de las frecuencias de radiodifusión para las organizaciones sin fines de lucro.
También con la nueva ley se llevó a cabo una especie de «estatización» de los partidos de la selección nacional de futbol, que ya se transmiten en canales abiertos. Antes, y durante muchos años sólo podían verse a través de la tv por cable. La nueva regulación fija al mismo tiempo parámetros para promover la producción local de contenidos, con el fin de contrarrestar la abrumadora presencia de los canales generados en la zona metropolitana de Buenos Aires.
Lo que aún queda pendiente es el plazo que deban cumplir las empresas para adecuarse a las nuevas reglas antimonopólicas. Es el único asunto que permanece en los tribunales, a partir de un recurso que presentó Grupo Clarín en contra del artículo 161, el cual establece que las empresas no podrán detentar más de 10 licencias entre radio y tv, con el fin de evitar la conformación de monopolios mediáticos. Para ello establece el plazo de un año para ajustarse a la norma.
Al respecto, el presidente de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, dijo el pasado mes que «la validez de la desinversión forzada no es materia sometida a la decisión de esta Corte, sino el plazo de un año para cumplirse».
Una de las críticas que se han hecho a la nueva normativa es que poco se ha avanzado en su aplicación. El periodista Daniel Satur (La Verdad Obrera) comenta que en todo este año «el gobierno no entregó una sola licencia de radio o tv a organizaciones populares (algo que incluso podía hacer con la ley frenada)». «El gobierno -dice enfático- hasta ahora jodió más a Clarín… que con su ‘democratización'».
Y concluye: «el kirchnerismo está más preocupado por seguir consolidando, de cara a 2011, su aparato de propaganda estatal/privado que por permitir que se escuchen ‘todas las voces'».
En contraparte, hay quienes aseguran que las cosas marchan muy bien. Por ejemplo, se lanzó el servicio de tv digital abierta en abril y hace poco se extendió a otras provincias. Para los nuevos canales se han agregado nuevas señales: Paka Paka, un canal infantil, e INCAA TV, de películas argentinas y latinoamericanas, que se suman a los canales estatales de Siete y Encuentro. El INCAA es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Otros órganos del Estado están por lanzar más señales al aire.
En paralelo, con fondos del Ministerio de Planificación Federal, el INCAA lanzó concursos para generar más de 200 horas de contenidos para la tv digital.
Entre las diferencias por la nueva ley, suceden hechos «curiosos». Uno de los artículos obliga a los operadores de tv de paga a incluir las señales de noticias y los canales estatales o con participación del Estado (como Telesur y los ya mencionados Canal Siete, Encuentro, Paka Paka e INCAA TV).
Diversos diarios, en especial Clarín, destacan que el mes pasado, DirecTV reemplazó a Canal (á) -una señal cultural- por la «ultra oficialista» CN23, del «empresario kirchnerista» Sergio Szpolski. La sustitución del canal molestó mucho a los suscriptores. La empresa satelital respondió que «no había capacidad para agregar otra señal del satélite». Pocos le creyeron y el debate sigue porque se considera que es parte de las acciones para boicotear la nueva ley.
La imagen de Cristina Fernández también trata de desprestigiarse a nivel internacional. Esta semana se organizó en Mérida, Yucatán, la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la que se afirmó que el gobierno argentino «parece haber elegido al periodismo como su enemigo». «El choque -advierte el informe- fue ganando episodios cada vez más resonantes, como la aplicación de la ley de medios…»
La visión es muy distinta para otros sectores. También esta semana, en La Plata, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) llevó a cabo su conferencia mundial, en la que se destacó la relevancia de la nueva ley de medios de Argentina y su aportación a la democracia. La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones la consideran como modelo para otros países.
La ley de medios tiene, dicen aquí, mucho de Kirchner. Es alabada, pero también odiada. En algún periódico leí lo siguiente: «Kirchner no es un Dios ahora que no está entre nosotros, ni era un demonio cuando ejercía el poder. Si así no lo entendemos, que el destino nos trague». Sea lo que fuere, Argentina se ha convertido en referente fundamental para las nuevas leyes sobre medios que se promueven en la región. Desde aquí, México es visto como uno de los países más atrasados en su marco legal por razones de sobra conocidas.
Fuente original: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/87111.html