A partir de la crisis de 2001, y más aún durante la gestión del Presidente Néstor Kirchner, hemos asistido a un fenómeno con escasos antecedentes históricos en nuestro país. Se trata de la aparente disolución de los partidos políticos nacionales, UCR y PJ, y el surgimiento de una relación oficialismo-oposición, nación-provincias, que trasciende los límites […]
A partir de la crisis de 2001, y más aún durante la gestión del Presidente Néstor Kirchner, hemos asistido a un fenómeno con escasos antecedentes históricos en nuestro país. Se trata de la aparente disolución de los partidos políticos nacionales, UCR y PJ, y el surgimiento de una relación oficialismo-oposición, nación-provincias, que trasciende los límites conocidos hasta el momento y potencia los efectos disgregadores del sistema federal.
Resulta evidente que los partidos políticos argentinos no han sabido asimilar los golpes propiciados por 30 años de políticas neoliberales, enmarcados en el paradigma de la mentada posmodernidad. Las consecuencias de ello se reflejan en el profundo deterioro de los lazos sociales de confianza y solidaridad entre los ciudadanos, y en la ostensible crisis de las identidades colectivas y de los proyectos políticos con capacidad de encarnarlas.
En este escenario, ante una sociedad regida por el individualismo, la racionalidad instrumental y la reivindicación de demandas locales, puntuales y coyunturales, el Presidente de la Nación ha desarrollado una estrategia de acumulación de poder que puede constituir una posible respuesta al dilema de cómo hacer política en tiempos de crisis de los partidos y la representación.
Desde su asunción, Kirchner, consciente del importante estado de desprestigio y descomposición de las lógicas y prácticas partidarias, intentó insistentemente presentarse como el emergente político de la «nueva política» post crisis del año 2001. En este sentido desplegó gran cantidad de guiños hacia la sociedad, despegándose formalmente de las repudiadas fuerzas tradicionales, incluso de la propia, el Justicialismo, en el cual desarrolló toda su carrera política. Sin dudas, el importante desconocimiento público acerca del ex Gobernador de Santa Cruz, contribuyó al éxito de semejante empresa.
Es así que, con la Unión Cívica Radical jaqueada por su propia ineficiencia gubernamental a nivel nacional; el Partido Justicialista asociado a altos niveles de corrupción administrativa; y una sociedad heterogénea que identifica a los partidos y sus dirigentes como los responsables máximos de la crisis; el Gobierno Nacional consideró poco conveniente e infructuosa la construcción de poder en términos estrictamente partidistas.
La presente coyuntura histórica le permite al Primer Mandatario actuar en el contexto que más cómodo le sienta. El mismo se caracteriza por la ausencia de reglas del juego claras hacia adentro del sistema de partidos, lo cual implica la inexistencia de organizaciones políticas debidamente estructuradas, y de liderazgos y militantes fuertemente identificados con la línea programática del partido. Este alto grado de fragmentación política determina una forma de construcción de poder y gobernabilidad, donde las lealtades políticas se encuentran regidas por la distribución discrecional de los recursos materiales del Estado, por encima del otorgamiento partidario de incentivos de carácter más bien colectivo, que tienen que ver con el contenido ideológico de las propuestas.
Por lo tanto, con partidos sin causas nacionales ni conflictos constitutivos, dada la dificultad de encontrar alguno capaz de aglutinar a una sociedad fracturada, con múltiples intereses y necesidades, la política se ve reducida a la gestión de problemas puntuales en territorios cada vez más específicos. Allí predominan las relaciones personales entre quienes ocupan algún espacio institucional, debido a que son los únicos que tienen «algo» para negociar, prescindiendo de las estructuras partidarias a las cuales pertenecen, y defendiendo su propia supervivencia política como objetivo final.
En este contexto, cobra especial importancia el «poder de persuasión» del Presidente, en términos del autor Richard Neustadt, concebido como su capacidad de negociar en base a las necesidades y temores de las personas a persuadir. Esta relación de mutua dependencia, además, consiste en inducirlos a creer que las concesiones otorgadas se corresponden con las responsabilidades que sus cargos les imponen, como también con sus intereses propios.
Estando las fuerzas políticas mayoritarias en crisis, sin posibilidades ciertas de contener a sus dirigentes y militantes, nos encontramos con una serie de Gobernadores con altas dosis de independencia política en sus distritos frente a sus respectivos partidos. Entre algunas de sus causas, podemos identificar el proceso de descentralización político-administrativa impulsado por las reformas estructurales realizadas durante la pasada década neoliberal, como también la democratización y desconcentración de la competencia interna partidaria con relación a la nominación de candidatos. Ambos factores promueven, desde diferentes ángulos, la considerable autonomía de decisión con la que cuentan los mandatarios provinciales.
A su vez, la falta de conflictos o causas nacionales, cristalizadas en partidos, que unifiquen aquello que las instituciones del federalismo dividen, acentuando así las diferencias regionales existentes y fragmentando el espectro político, otorga una mayor discrecionalidad a los gobernantes de turno, incrementa su dependencia respecto a su electorado inmediato, y aumenta la relevancia del éxito electoral en tanto posibilidad de acceder a los recursos públicos, por sobre la disputa ideológica propiamente dicha.
A fin de clarificar lo recién expuesto, analizaremos los casos de Gerardo Zamora, Gobernador de Santiago del Estero, Ricardo Colombi, Gobernador de Corrientes, Julio Cobos, Gobernador de Mendoza, y Jorge Colazo, ex Gobernador de Tierra del Fuego. Todos ellos de origen radical.
El apoyo del Presidente a la lista de candidatos del Frente Cívico por Santiago, le significó al oficialismo nacional la obtención de una de las tres bancas en disputa en aquella provincia. Por otra parte, el acuerdo con el Gobernador Zamora le permitió también a Kirchner terminar de desestructurar el aparato del ex mandatario provincial Carlos Juárez, adverso a su liderazgo, proceso que comenzó con la intervención federal dictada por el Gobierno Nacional a comienzos de su mandato.
Respecto a lo ocurrido en Corrientes, la lista del oficialismo provincial, el Frente de Todos, posibilitó al Kirchnerismo nada menos que la consecución de dos diputados nacionales de los tres que estaban en juego.
En Mendoza, si bien por presiones del ex Gobernador radical Roberto Iglesias, Julio Cobos no pudo reflejar en la lista provincial su apoyo al proyecto presidencial, el Frente para la Victoria ganó dos escaños al igual que la UCR. De todas formas, el apoyo presidencial le otorga al actual Gobernador mendocino, mayor independencia y poder de negociación al interior de la propia UCR.
Tierra del Fuego constituye un caso bastante particular, dado que el actualmente destituido Gobernador, Jorge Colazo, ha sido expulsado de la UCR por explicitar su adhesión al Presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, lo más importante es que su traspaso formal al Frente para la Victoria, implicó que el Radicalismo provincial no presentara candidatos para las elecciones legislativas nacionales, motivo por el cual el partido presidencial se quedó con una de las dos bancas que se renovaban.
Ahora bien, los casos precedentes ponen de manifiesto que el Presidente de la Nación ha logrado, gracias a las adhesiones de los mandatarios radicales provinciales, sumar un importante número de bancas propias en los distritos en cuestión, cosa que de otra manera le hubiera sido de mayor dificultad. Además, con dichos apoyos, Kirchner se asegura el favor de los diputados y senadores nacionales de la UCR que representan a las provincias aliadas, ya que, a causa de la nominación partidaria de candidatos a escala local, en nuestro país el Gobernador tiene un liderazgo cuasi absoluto sobre sus legisladores. Por otra parte, el Primer Mandatario nacional, con esta cooptación de dirigentes de diferente color político, también consigue profundizar aún más la fragmentación de las fuerzas que, como la UCR, constituirían su oposición. Finalmente, este hecho favorece la estrategia presidencial, dirigida a los sectores medios, de despegarse de la burocracia partidaria, y, a la vez, le permite extender su base de sustentación dándole mayor autonomía a la hora de negociar con el aparato del PJ.
Los Gobernadores de la Unión Cívica Radical, por su parte, también han resultado beneficiados con la amistosa relación entablada con el Gobierno Nacional. En este sentido, todos ellos se encuentran actualmente incluidos y contenidos en un proyecto de poder con posibilidades concretas de éxito, lo cual la UCR no estaba en condiciones de brindarles en el corto y mediano plazo. A su vez, esta alianza aumenta sus posibilidades de contar con mayorías en las respectivas legislaturas provinciales con motivo del apoyo del bloque del Frente para la Victoria, evitando la existencia de gobiernos divididos y asegurando la gobernabilidad. En relación a este último punto, los mandatarios provinciales gozan también de la distribución discrecional de mayores recursos provenientes del Gobierno Nacional, como por ejemplo en concepto de Aportes del Tesoro Nacional y obra pública. Por último, obtienen beneficios incluso en la disputa que tiene lugar dentro de la propia UCR, debido a que los aleja del aparato tradicional, y les reporta una mayor independencia a la hora de discutir espacios públicos y/o partidarios.
Recientemente hemos presenciado otro hecho que suscribe la presente tésis: la reforma del Consejo de la Magistratura. Como recordaremos, cinco diputados nacionales de la UCR (dos de Santiago del Estero, uno de Corrientes, uno de Río Negro y otro de Catamarca) votaron positivamente pese a la oposición explícita de su partido. Si bien el titular del Comité Nacional del radicalismo, Roberto Iglesias, expresó su disconformidad con lo sucedido y pidió la expulsión de los legisladores involucrados, difícilmente pueda llegar a concretarse la misma ya que las sanciones disciplinarias son potestad de los jefes provinciales del partido.
Los ejemplos citados, muestran la relación personalizada establecida entre los Gobernadores radicales y el Presidente peronista, la cual se encuentra fundada en la satisfacción de intereses mutuos, por encima de cualquier pertenencia partidaria e ideológica. En este sentido, la política argentina va adquiriendo características de un pragmatismo cada vez más pronunciado, y también se va provincializando ante la decadencia mencionada de los partidos nacionales mayoritarios, así como por la crisis de las identidades colectivas en tiempos de posmodernismo.
A la luz de estos acontecimientos, la preocupación central de quien escribe esta nota, radica en la dificultad de diseñar un proyecto nacional de país, capaz de trascender las diferencias regionales e intereses personales, cuando la fragmentación actual del sistema político argentino no ofrece incentivos para que ello ocurra, sino que estimula precisamente lo contrario. En este marco, el presente artículo pretende aportar algunas líneas de análisis a la impostergable discusión de un tema tan sensible al desarrollo futuro de nuestra Nación.
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Fernando Riesco es estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires