Flor Alejandra Corral Requejo, directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, destacó las acciones realizadas por esta institución para cumplir con la Alerta de Violencia de Género.
«Sin duda alguna, un factor de relevancia ha sido la voluntad política y el compromiso por parte de la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a quien agradezco infinitamente el hacer personal esta causa, así como la lucha para la erradicación de las violencias, a través de la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral, mediante la procuración y administración de una justicia de carácter restaurativa», resalta la funcionaria y detalla algunas de las acciones que ha instrumentado el Poder Judicial para cumplir con la Alerta de Violencia de Género.
Tribunal especializado en atención
Una de las acciones más importantes ha sido el fortalecimiento del Tribunal Judicial Especializado en Atención a la Violencia de Género, que opera en Ciudad Juárez bajo un enfoque de género e inclusión social.
El propósito del Poder Judicial es ampliar esta figura en los diversos distritos judiciales, priorizando en un primer momento a los cinco municipios donde se emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género.
En Ciudad Juárez, el Tribunal Judicial Especializado opera con siete jueces y juezas, personal de apoyo, equipo de cómputo y salas de audiencias necesarias para ejercer la sensible función que realiza.
Al ser un Tribunal Especializado, conlleva que las juezas y jueces únicamente conozcan de asuntos o casos en esta materia, lo que ha permitido la profesionalización y especialización con la finalidad de que su función se concentre en este tema tan delicado e importante.
El Poder Judicial reconoce el impulso y apoyo que ha tenido de la sociedad civil para la creación de este órgano de justicia, particularmente de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
En aras de mejorar y ampliar la operatividad de este Tribunal, el Poder Judicial contempla que en 2023 y 2024 cuente con un órgano jurisdiccional en el Centro de Justicia de la Mujeres de Ciudad Juárez, a fin de evitar actos de revictimización.
Con ello, las personas denunciantes no tendrán un proceso complejo de tránsito por diversas instancias para su atención y solución a los procedimientos que enfrentan, ya que a dicho centro acuden en un primer momento a denunciar los actos de violencia de los que son víctimas. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, comprometido con la ciudadanía, implementa los mecanismos necesarios para administrar e impartir justicia dentro del marco legal.
Tribunal especializado en protección
El fortalecimiento del Tribunal Especializado en Medidas de Protección, ubicado en el Distrito Judicial Morelos, en el municipio de Chihuahua, es otra de las acciones que lleva a cabo el Poder Judicial para atender las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género.
Este tribunal facilita la justicia para mujeres, adolescentes y niñas, las que, ante una situación de violencia, requieren de la protección del Estado, por lo que al acudir a dicho Tribunal, el cual opera los 365 días del año, las 24 horas del día, obtienen medidas de protección a fin de salvaguardar su integridad física y emocional.
Las medidas y órdenes de protección o restricción se dictan atendiendo a los principios rectores de buena fe y lealtad procesal, ante la urgencia y necesidad de protección y salvaguarda de su integridad, por lo que se otorgan estas medidas con una simple comparecencia y, de ser necesario, pueden llevarse a cabo de forma telemática.
En dichas diligencias se procura resolver la situación jurídica de las hijas e hijos de la compareciente, proveyendo la guarda y custodia, así como pensión alimenticia a favor de este grupo etario y, de ser necesario, a favor de la compareciente, ambas con carácter provisional, a fin de resolver, aún y cuando sea provisional, de manera integral, aspectos mediante la ponderación de derechos, basados en el principio del interés superior de la infancia y adolescencia, así como el derecho humano alimentario y a una vida libre de violencia.
En febrero de 2021, el Poder Judicial firmó una serie de compromisos interinstitucionales en materia de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES), la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género (FEM) y el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), a fin de establecer mecanismos de articulación para optimizar el trámite relativo a las solicitudes de medidas de protección en el estado de Chihuahua.
De igual forma, el Poder Judicial cuenta con la colaboración del Registro Civil del Estado, instancia que en caso de ser necesario informa los datos necesarios relativos al acta de nacimiento o del estado civil de las personas, proporcionando, incluso a través de un oficio, actas de nacimiento para cumplimentar el objetivo de dicho Tribunal, generando con ello relaciones interinstitucionales con la finalidad de colaborar de la mano para la eliminación de violencias.
Bases y lineamientos para investigar y sancionar la violencia laboral, el hostigamiento y el acoso sexual
Otra acción que está realizando el Poder Judicial para cumplir con la Alerta de Violencia de Género es mejorar la aplicación de las Bases y Lineamientos para Investigar y Sancionar la Violencia Laboral, el Hostigamiento y el Acoso Sexual.
Estas Bases y Lineamientos fueron creadas para llevar a cabo procedimientos de responsabilidad administrativa de carácter interno, en los que se investiga, sustancia y resuelve sobre las probables faltas o responsabilidades administrativas de servidores y servidoras públicas.
El órgano investigador denominado Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas se encarga de llevar a cabo actos para recabar datos de prueba de una presunta o probable responsabilidad en la materia.
La Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género, en aquellos casos que tratan temas relativos a violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, coadyuva en las investigaciones, ofrece acompañamiento jurídico y psicológico a las personas denunciantes y víctimas, así como asesoría en el proceso, lleva a cabo periciales en psicología por parte de personas expertas en la materia para contar con elementos suficientes que permitan determinar según cada caso en particular el programa de atención que debe brindar.
Estas Bases y Lineamientos abonan a la erradicación de las violencias en los centros de trabajo, avanzando con ello en el cumplimiento de la NOM 025 y NOM 035, así como en las recomendaciones internacionales y nacionales realizadas al Estado mexicano.
Centro de personas traductoras e intérpretes
La creación del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes es una acción más que lleva a cabo el Poder Judicial para atender la Alerta de Violencia de Género.
Chihuahua, al ser un estado fronterizo, cuenta con una diversidad cultural muy amplia, lo que ha permitido que su población tenga diferentes orígenes.
Por ello, el Poder Judicial creó el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, ante la necesidad de juzgar con perspectiva intercultural, para contar con intérpretes que no solo conozcan las variantes lingüísticas, sino también tengan conocimiento en los procesos jurídicos.
Igualmente, dispone de personas traductoras en los diversos idiomas, para cualquier tipo de procedimientos jurisdiccional, incluso actos preparatorios a juicio. Con ello cumple con la transversalización de la perspectiva de género y con la inclusión social.
Capacitación
Para el Poder Judicial es fundamental la capacitación, eje indispensable para cumplir con la Alerta de Violencia de Género.
El Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ) tiene a su cargo la capacitación, formación, actualización y profesionalización del funcionariado del Poder Judicial, incluyendo en ocasiones al personal de otros Poderes del Estado.
La Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género lleva a cabo capacitación interna y externa a los diversos Poderes del Estado en materia de derechos humanos, violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, así como en aquellos temas en los que, dada la naturaleza de dicha Dirección, se pueda llevar a cabo la capacitación constante, impulsado programas formativos y de profesionalización en materia de juzgar con perspectiva de género e inclusión social, a través de un enfoque interseccional y diferenciado.
El Poder Judicial cuenta con diversas maestrías y un programa de doctorado que se imparte en el INFORAJ, con el fin de mejorar y ampliar la profesionalización del funcionariado jurisdiccional. En dichos programas educativos se ha incorporado la perspectiva de género y la inclusión social, ampliando con ello la visión derecho humanista de las y los servidores públicos.
Estos programas de maestría y doctorado han sido debidamente autorizados por la Secretaría de Educación, cuya matrícula implica temas de protección de derechos humanos y aplicación de una amplia perspectiva de género.
También, de manera constante, lleva a cabo capacitación a través de talleres, conferencias, cursos, diplomados, entre otros, a todo el funcionariado judicial.
Emplea como herramienta los diversos protocolos en materia de acceso a la justicia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como toda aquella legislación aplicable en la materia.
«Recientemente se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del presente año en el Comité Académico del Poder Judicial, del cual soy parte como titular de la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género, habiendo sugerido la implementación de diversas materias que abonen no solo al cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Género, sino, sobre todas las cosas, a la erradicación de violencias procurando un cambio cultural y estructural tanto del personal como de la institución, así como la amplitud en los conocimientos que nos ocupan», enfatiza Corral Requejo.
Anuncia que, en próximos días, en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, el 25 de noviembre, se llevarán a cabo diversas acciones que abonarán a dicho fin.
Mesas técnicas
Flor Alejandra Corral Requejo reconoce que el Poder Judicial está cumpliendo con la Alerta de Violencia de Género, gracias al acompañamiento que recibe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en la Mesa Técnica que instalaron de manera conjunta, donde se reúnen de periódicamente, por lo menos una vez al mes.
«Contar con el apoyo, acompañamiento y conocimientos del GIM ha sido de gran valía, ya que es a través de esta Mesa que se da el seguimiento a la implementación de las acciones realizadas», indica la directora Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial.
Sus observaciones y recomendaciones, afirma la funcionaria, abonan para cumplimentar la Declaratoria y no solo eso, sino para ampliar la visión en la mejora de la función jurisdiccional.
Corral Requejo dice que los programas instaurados y otros que el Poder Judicial está proyectando, a corto y mediano plazo, tienen la finalidad de avanzar en políticas públicas para garantizar una justicia con perspectiva de género, aplicando los diversos ordenamientos internacionales, nacionales y locales, a partir de los protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia y mediante el análisis de derecho comparado, que sume a la actividad jurisdiccional.
Como ejemplo, menciona la creación del Tribunal Especializado en Violencia de Género, que surge como una alternativa para atender las obligaciones del Poder Judicial y cuyo fin primordial es que el sistema de justicia en materia penal y familiar aborde adecuada e integralmente las necesidades de las víctimas en los casos de violencia de género en contra de mujeres y niñas, procurando en todo momento la reparación del daño integral y la impartición de una justicia de carácter restaurativa.
La declaratoria
Erika Mendoza García, integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida para los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua, recuerda que la AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Gobierno Federal declaró la Alerta de Violencia de Género para Chihuahua en agosto del 2021, después de que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) realizó el Estudio y Análisis de la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua en 59 sesiones de trabajo.
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género es un conjunto de acciones de emergencia que deben cumplir los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Chihuahua, así como los cinco municipios mencionados, para erradicar la violencia feminicida y la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
El objetivo fundamental de la Alerta de Violencia de Género es garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado.
La Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género tiene como finalidad detener la violencia y erradicarla a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios, en este caso con los tres Poderes del Estado de Chihuahua y los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo.
Erika Mendoza aclara que la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia no nace únicamente de la solicitud de AVGM, sino de las responsabilidades constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos a las que todas las autoridades, en sus distintos ámbitos de competencia, están sujetas.
El informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) identificó las violaciones concretas a los derechos humanos de las mujeres que se presentan en los cinco municipios de Chihuahua y tales violaciones identificadas fueron la base para la consolidación de sus conclusiones.
El GIM analizó las causas y consecuencias de las violaciones a los derechos humanos que identificó.
A partir de la definición de tales causas y consecuencias, estableció sus conclusiones sobre las acciones concretas que deben realizar los cinco municipios para cumplir con sus obligaciones y las reparaciones que deben recibir las víctimas de tales violaciones, de conformidad con la Ley General de Víctimas.
El GIM, a partir de las conclusiones que formuló en su informe, establece las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado.
Integración del grupo de trabajo
Además de las instituciones públicas, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Instituto Nacional para las Mujeres (INMUJERES), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Chihuahuense para las Mujeres (ICHMUJERES), también integran el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) cuatro académicas, dos de Chihuahua y dos de índole nacional.
A nivel nacional participan Gloria Ramírez Hernández, representante de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Andrea Medina Rosas, quien cuenta con el respaldo del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De Chihuahua colabora Sandra Bustillos Durán, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y Rosa Verónica Terrazas Aragonez, del Instituto de Psicología Forense.
Participan también representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua.
Como invitadas especiales, están dos integrantes del Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua: Imelda Marrufo y Erika Mendoza García.
La sociedad civil de Chihuahua
Si bien de manera formal la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género parte de las solicitudes que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaron ante el INMUJERES para que se investigaran los probables hechos que constituyan violencia feminicida en cinco municipios del estado de Chihuahua, para el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) fue necesario reconocer la amplia, persistente y propositiva participación social y ciudadana que ha tenido el estado de Chihuahua.
En el curso de las dos últimas décadas, diversos organismos internacionales de protección y defensa de derechos de las mujeres han formulado 518 recomendaciones para atender y prevenir la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua.
Dichas recomendaciones contemplan el abanico de violencia familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional y feminicida. Estas recomendaciones están dirigidas hacia los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los niveles municipal, federal y estatal.
Flor Alejandra Corral Requejo, directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género, afirma que el Poder Judicial del Estado ha mantenido las puertas abiertas a las organizaciones de la sociedad civil y de diversas colectivas feministas, así como de personas de la comunidad LGBTQ+, en aras de trabajar en conjunto mediante la instalación de mesas de trabajo, observatorios y capacitaciones en todos los temas relacionados con los derechos humanos y sobre todo en tema de acceso a la justicia con perspectiva de género e inclusión social.
Considera que este vínculo es prioritario, abona a la labor jurisdiccional su operatividad, así como al trabajo directo con aquellas personas que han sufrido alguna violencia o acompañan durante los procesos correspondientes.
Asegura que, mediante la cosmovisión de este sector, el análisis y comprensión es distinto, dado que tiene una radiografía más amplia y completa del cómo se viven las violencias, logrando una mayor sensibilización en las personas operadoras de justicia.
Los pendientes del poder judicial
La directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado reconoce que una de las recomendaciones que queda por consolidar es la capacitación en mecanismos de evaluación en los términos que establece el sistema de indicadores del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belem Do Pará (MESECVI).
El Poder Judicial está buscando la manera de gestionar una capacitación por expertas en este tema, para ello el GIM se encuentra realizando un proyecto, a fin de apoyar al respecto a este Tribunal, indica Flor Alejandra Corral Requejo.
Otra de las recomendaciones pendientes es la de armonizar la normatividad interna y la operación de las obligaciones en materia de la producción de datos e información, la cual debe cumplir con perspectiva de género, multiculturalidad e interseccionalidad.
Para ello se creó la Mesa de Trabajo Interdisciplinaria de Diseño, Implementación y Mejora de Bases de Datos, que permitirá dar un debido cumplimiento respetando en todo momento lo relativo a la protección de datos de carácter confidencial de las personas.
Esta Mesa generará estadística, debidamente desagregada, para provocar un impacto positivo en la creación e implementación de programas y políticas públicas, así como en la norma jurídica, asegura la funcionaria.
Principales retos
Para Flor Alejandra Corral Requejo, el principal reto es la erradicación de todo tipo de violencias, el cambio de paradigmas y la reeducación cultural de las personas y de quienes integramos el Poder Judicial del Estado, labor de toda la ciudadanía y de los Poderes del Estado.
«El trabajo en conjunto, sin duda, abonará para que pronto la Declaratoria quede sin efecto, porque estaremos en una situación que implique que no resulte necesaria», señala la directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial.
Confía en que, con la voluntad política de las personas actoras principales, con el perfil idóneo para la atención de dicha Alerta de Violencia de Género y con el presupuesto indispensable, sin duda, se avanzará en la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño causado por cualquier tipo de violencia.
La deuda histórica
«La deuda histórica sigue, no cabe duda de que hemos avanzado, se considera que sí, pero aún falta mucho por hacer», admite Corral Requejo.
No obstante, dice que, pese a su preocupación y ocupación por abonar para la erradicación de las violencias y desigualdades por razón de género en perjuicio de las mujeres y niñas, se siente tranquila porque observa un Poder Judicial interesado y ocupado en saldar ese adeudo.
«Tengo la firme convicción de que, con la voluntad política que no solo he visto, sino también que he sentido por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, se ha dado un cambio con impacto positivo, por lo que considero que con el liderazgo de la Presidenta continuaremos avanzando en la materia y en esta nuestra causa», enfatiza.
Recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la nueva edición del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, documento elaborado en su primera edición para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos González y otras (Campo Algodonero), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en el país.
Este Protocolo constituyó un primer ejercicio de reflexión sobre cómo investigar y en su momento juzgar, aquellos casos en los que el género y por razón de éste, tiene un papel trascendente en la controversia para originar un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente mujeres y niñas.
El objetivo final de este instrumento es acelerar la modificación y la eliminación de prácticas culturales, actitudes y comportamientos individuales, sociales e institucionales que discriminan a las personas por su género.
La funcionaria sostiene que el INFORAJ y la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género han difundido este Protocolo y han capacitado a quienes imparten justicia para el uso de todos los protocolos que emite la SCJN.
Además, han llevado a cabo talleres en materia de atención a víctimas de violencia al personal de primer contacto y talleres para brindar primeros auxilios psicológicos, cursos y talleres en materia de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, entre otros.
Importancia de la alerta
La directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial no duda en señalar que la Alerta de Violencia de Género es un importante mecanismo para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra, así como para eliminar las desigualdades derivadas de los agravios comparados en materia de derechos humanos.
«Permite visibilizar la situación real que enfrentamos las mujeres y niñas en los ámbitos político, social, económico, cultural y geográfico, y en el caso particular, en lo que es y corresponde al acceso, procuración e impartición de justicia», indica Flor Alejandra Corral Requejo.
Sin duda, agrega, representa un área de oportunidad para que se realice una coordinación con los tres Poderes y niveles de Gobierno, con el fin de que las acciones de emergencia y urgencia realmente logren un impacto positivo que lleve a la eliminación de las violencias y mejora del sistema de justicia en el estado.
Considera que, como autoridad, la Alerta de Violencia de Género viene a activar y a profesionalizar al personal del Poder Judicial para mejorar los perfiles de personas operadoras de justicia y conocer las realidades, más allá de un escritorio, que atraviesan las mujeres y niñas, analizando el contexto que viven de manera integral, para llevar a cabo acciones que tengan un efecto positivo en aras de abonar a la igualdad sustantiva, en la identificación de las relaciones de poder y asimetría, en la aplicación del trato diferenciado, en la interseccionalidad, en la diversidad cultural y sexual, en la erradicación de las violencias, en la aplicación de una amplia perspectiva de género y derechos humanos, con un enfoque de inclusión social.
Dora Villalobos Mendoza. Titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos – CEDH Chihuahua