Este próximo 4 de marzo, el Congreso Nacional deberá entregar al Ejecutivo para su promulgación, la Ley de Convocatoria a al Asamblea Constituyente. Con el carnaval de por medio, los congresistas deberán ponerse de acuerdo para entregar al país una ley que pueda, en el plazo expresado por el Presidente de la República, es decir, […]
Este próximo 4 de marzo, el Congreso Nacional deberá entregar al Ejecutivo para su promulgación, la Ley de Convocatoria a al Asamblea Constituyente. Con el carnaval de por medio, los congresistas deberán ponerse de acuerdo para entregar al país una ley que pueda, en el plazo expresado por el Presidente de la República, es decir, hasta el 6 de agosto próximo, instalar la Asamblea Constituyente en la capital de la República y esperar que, un año más tarde, tengamos ya diseñada la Nueva Constitución Política del Estado y con ésta, un nuevo país sea posible.
Sin embargo, me parece oportuno hacer algunas consideraciones acerca de la naturaleza de la Asamblea que será instalada. La agenda de octubre 2003 que echó del país al neoliberal Sánchez de Lozada y a toda su camarilla de pillos, tenía como punto central, la Asamblea Constituyente, plataforma de lucha que se inicia en realidad, en el año 2001 con la marcha de los indígenas de tierras bajas y altas y que culmina con un pliego petitorio que el entonces gobierno de Jorge «Tuto» Quiroga no cumple. Sin embargo, octubre 2003 tiene una presencia simbólica muchísimo más fuerte en el imaginario colectivo boliviano, junto con la petición de nacionalización de los hidrocarburos, demandas que se convirtieron en la razón de ser de la lucha principalmente de los alteños y alteñas, quienes defendieron el recurso natural como sus antepasados lo defendieron en la contienda del Chaco. En resumen, las luchas de los últimos cinco años reclamaron un nuevo país, una nueva concepción el Estado y una economía que tome en cuenta al ser humano y que no deprede al país.
Por lo tanto, la Asamblea Constituyente que ahora se instale tiene que tener bien en claro ciertos aspectos centrales: Deberá ser irrestricta y de poderes ilimitados; su trabajo deberá reflejar en el texto constitucional, la concepción de país más allá del concepto blancoide, colonialista y oligarca que nos ha caracterizado desde la fundación de la República; deberá otorgar legalidad a las legítimas formas tradicionales de organización de las treinta y tres nacionales que conforman Bolivia y, sobre todo, deberá asegurar los derechos políticos de las personas, de manera que el Estado pueda ser fiscalizado directamente; será necesario crear mecanismos que permitan al pueblo deliberar directamente y no solo mediante sus representantes, que en la gran mayoría de las veces, no representan a nadie; deberá tomar en cuenta una nueva normativa laboral asumiendo la característica informal de casi la mayoría de la Población económicamente activa del país y deberá resguardar nuestros recursos naturales de manera que sean verdaderamente nuestros, por lo que la discusión sobre los hidrocarburos se torna central en este espacio deliberativo. Otro tema pendiente es la salud y la educación; mientras el pueblo no sea culto y sano, no habrá progreso verdadero para Bolivia y eso lo hemos sabido desde siempre, aunque en los últimos 25 años, el presupuesto para salud y educación en Bolivia no ha llegado, en el mejor de los casos, a más del 10% del Presupuesto General de la Nación.
Ahora bien, la discusión se torna a momentos bizantina, de que si la Constituyente será derivada u originaria. A mi parecer, esta no es la cuestión fundamental; a mi entender, la cuestión fundamental es que los asambleístas tenga una noción clara de que serán elegidos para realizar cambios de fondo y no de forma; que la nueva CPE deberá ser FUNDACIONAL y no una mera reforma. Deberán tener claro que la sangre del pueblo fue derramada en la esperanza de que se luchaba por días mejores, donde todo lo malo, todo lo viciado, de lugar a reglas claras que permitan la construcción de un país verdaderamente soberano, donde el pueblo decida responsablemente sobre su futuro, donde delibere sobre las cuestiones que hacen a su progreso y desarrollo y donde la libertad y el respeto por los derechos humanos no sea simplemente una fórmula, sino una realidad. La deliberación de estos ciudadanos y ciudadanas deberá ser entonces, clara y valiente, despojada de todo interés que no sea el bien supremo de la tierra que nos vio nacer. Se exige, por lo tanto, una enorme dosis de patriotismo y de entrega hacia la noble causa nacional que es, en definitiva, la lucha de generaciones por días mejores.
Se trata de una oportunidad única para refundar a Bolivia y aunque ya existen voces agoreras de fracaso, que desde la derecha, llevadas por el miedo a la libertad de los otros, se están haciendo escuchar de manera artera y traicionera, a pesar de toda la lucha que esto nos pueda significar, no perderemos jamás la esperanza de que éste será el espacio donde por fin se diseñara la Bolivia libre, soberana, grande y productiva que tanto hemos soñado.
Estamos por lo tanto, vigilantes y en apronte, decididos a defender, hasta con la vida misma, cualquier intento de truncar este nuevo camino sin retorno en el que el noble y valiente pueblo boliviano ha comenzado a transitar.