La ley del Referéndum, abogados constitucionalistas, legisladores oficialistas y de oposición y vocales de la Corte Nacional Electoral advirtieron que los prefectos no pueden convocar a referéndums autonómicos regionales, pero el movimiento cívico empresarial de Santa Cruz sigue adelante en la organización de su consulta del 4 de mayo. Para la dirigencia cruceña, ninguna norma […]
La ley del Referéndum, abogados constitucionalistas, legisladores oficialistas y de oposición y vocales de la Corte Nacional Electoral advirtieron que los prefectos no pueden convocar a referéndums autonómicos regionales, pero el movimiento cívico empresarial de Santa Cruz sigue adelante en la organización de su consulta del 4 de mayo. Para la dirigencia cruceña, ninguna norma terrenal o divina, y ni siquiera el Tribunal Constitucional pueden detener su proceso autonómico.
La CNE suspendió la organización del referéndum dirimidor sobre la tierra y de validación de la nueva Constitución Política del Estado por razones técnicas, y pidió al Congreso que emita otra ley de convocatoria estableciendo un plazo mínimo de 90 días para la organización de la consulta.
El Presidente Evo Morales no quiso pronunciarse sobre esta determinación hasta evaluar sus alcances legales. «Vamos a estudiar las resoluciones y oportunamente daremos nuestra posición como gobierno», dijo.
Por otro lado, la CNE determinó que los prefectos de departamento no pueden convocar a referéndums sobre los estatutos autonómicos, porque esa es competencia del Congreso. Además, determinó que las cortes departamentales electorales no pueden administrar referéndums por ésta es una competencia exclusiva de la Corte Nacional Electoral. Por eso «revocamos las resoluciones de la Corte Departamental de Santa Cruz que decidieron administrar este proceso (referéndum)», explicó el presidente de la CNE José Luis Exeni.
A diferencia del Presidente Morales, que tomó con calma la decisión de la CNE, el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas rechazó la determinación y aseguró que «el único que puede declarar nula esta posición (el referéndum) sería el Tribunal Constitucional; todos saben que una Corte Nacional está para llevar adelante los procesos electorales y de ninguna manera puede ser juez o atribuirse cosas que no le competen».
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Branko Marinkovic invalidó las definiciones «políticas» del organismo electoral y comentó que «Exeni no es quién para parar el derecho de los cruceños de ir a las urnas».
Costas reiteró que el referéndum departamental sobre los estatutos autonómicos es legal. «El referéndum no admite pruebas en contrario, es decir que hemos seguido toda la ingeniería democrática, hemos mandado la pregunta al Tribunal Constitucional y estamos dentro del marco legal».
En franco desacato a la CNE, de la que forma parte, el presidente de la CDE de Santa Cruz Mario Orlando Parada dijo que solo el Tribunal Constitucional puede revocar su trabajo, aunque si el organismo fallara en contra del referéndum cruceño «nosotros tendremos otros recursos de apelación». Mientras tanto, existe presunción de constitucionalidad hasta que los magistrados se pronuncien, afirmó Parada.
La Corte Departamental de Santa Cruz sigue adelante en la organización de la consulta, que ya avanzó en un 35% en su calendario electoral, a pesar de las múltiples observaciones que se han hecho en torno a la ilegalidad del proceso.
Si bien las dirigencias cívicas de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni ya tienen listos sus estatutos autonómicos, eso no significa que la conformación de gobiernos autónomos de facto tenga el camino libre.
La provincia Gran Chaco de Tarija también tiene un documento autonómico provincial que conflictua los planes del prefecto opositor Mario Cossío, mientras que los pueblos indígenas chiquitano y guaraní de Santa Cruz presentaron estatutos de gobiernos indígenas independientes del poder cívico que sólo tiene influencia en la ciudad capital.
Reacciones políticas
El alcalde de La Paz Juan Del Granado respaldó la determinación de la Corte, «correcta desde el punto de vista técnico, jurídico, y grandemente oportuna desde el punto de vista político institucional».
En el fondo, dijo Del Granado, se trata de una convocatoria al sentido común: en primer lugar, al gobierno y, por supuesto, a los prefectos para que ambos restablezcan la mesa del diálogo y dejen de lado posiciones intransigentes.
El alcalde invocó a Morales para que de inmediato convoque a los prefectos de los nueve departamentos, flexibilice las posiciones respecto al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y les ofrezca, otra vez, la posibilidad de concertación.
El jefe nacional de Poder Democrático y Social (Podemos) Jorge Tuto Quiroga señaló que «para salvar la democracia, el presidente de la CNE José Luis Exeni debe renunciar». Es imprescindible «recuperar la confianza de la población en el árbitro electoral», pero el gobierno sigue «empecinado en imponer su constitución ilegal con un activista del MAS, que elogió pública y abiertamente la aprobación ilegal del proyecto masista».
Quiroga advirtió que la elección de un «acólito del MAS ocasionó una crisis electoral que eliminó la confianza de la de la población sobre la transparencia del padrón electoral y sobre esa institución que trabajó con transparencia e idoneidad en los últimos 17 años».
El líder de la oposición exigió del gobierno la voluntad política para «elegir vocales de la Corte Nacional Electoral» en un marco de «concertación política legal y legítima», y advirtió que las denuncias de depuraciones irregulares de miles de ciudadanos «trae la sospecha de que el MAS quiere montar un gran fraude electoral».
Unas 140 mil personas fueron depuradas del Padrón Electoral por no haber votado en las anteriores elecciones de la Asamblea Constituyente. Entre los depurados se encuentra el cardenal Julio Terrazas.
El senador de Podemos Tito Hoz de Vila afirmó que en vista de que ya que se ha perdido la credibilidad en el diálogo, la salida a la crisis política actual tendría que pasar por el llamamiento a un «hermano mayor» de la región, Brasil, a un delegado de la Unión Europea y al cardenal Julio Terrazas para garantizar un escenario de diálogo y salida pacífica a la crisis política.