Las principales organizaciones sindicales, campesinas e indígenas del departamento de Santa Cruz y un sector importante de la clase media capitalina invisibilizado por los medios de comunicación no están de acuerdo con varios artículos del estatuto autonómico que se aprobará o rechazará en el referéndum del 4 de mayo. Este estatuto ilegítimo y convocado de […]
Las principales organizaciones sindicales, campesinas e indígenas del departamento de Santa Cruz y un sector importante de la clase media capitalina invisibilizado por los medios de comunicación no están de acuerdo con varios artículos del estatuto autonómico que se aprobará o rechazará en el referéndum del 4 de mayo. Este estatuto ilegítimo y convocado de manera ilegal no vale, sentencian.
La institucionalidad cruceña, incluida la Corte Departamental Electoral, bombardean por todos los medios un mensaje aglutinador: «Vamos por el sí a la autonomía; que nada ni nadie nos detenga». El poder mediático escenifica esta revuelta patronal como un movimiento popular monolítico.
La autonomía empresarial no entusiasma a todos los habitantes del departamento. Por iniciativa de 104 mil ciudadanos de Santa Cruz se convocó a un referéndum para aprobar los estatutos autonómicos; el prefecto esperaba al menos 500 mil firmas.
No quieren una autonomía diseñada por y para los patrones de Santa Cruz los indígenas del área rural, cansados de los abusos de ganaderos y hacendados; los ciudadanos de las provincias, desencantados por la reproducción del centralismo a nivel departamental, y sectores sociales capitalinos reprimidos por grupos de choque del civismo empresarial que mantienen un virtual «estado de sitio» en todo el departamento.
Golpe con golpe se paga
Las elites departamentales pagan factura de sus acciones y discursos. La gente de las escalas sociales más bajas y los migrantes -la «indiada de mierda» despreciada y discriminada por negra y bajita- se resienten más cuando los guetos cruceños radicales les niegan fuentes de trabajo en instituciones públicas reservadas para «cruceños». En las provincias aumentan los casos de abuso y agresiones físicas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y el Comité Cívico, KKK nativo sin discurso político, que mantiene a raya a la disidencia con el terror.
Los dirigentes Tulio López y Casimiro Tamba, de la localidad de Ascensión y de San José de Chiquitos, declararon hace poco que la paciencia se les está acabando. Temen que si los cruceñistas siguen negando su derecho a la tierra no podrán frenar a los jóvenes guarayos, chiquitanos y guaraníes. «Solo tenemos dos mejillas, y a las dos nos las han reventado. No tenemos nada más que ofrecer que nuestras propias vidas; si tenemos que morir lo haremos para que sepan que tenemos dignidad y valor. Preferimos morir antes que ser esclavos de la ciudad de Santa Cruz», afirma Tamba.
Los habitantes de San Julián, Yapacaní, El Torno, Cuatro Cañadas y de otras poblaciones de las provincias Ñuflo de Chávez y Guarayos se organizan para boicotear el referéndum patronal del 4 de mayo. Las organizaciones afines al MAS convocaron a un «estado de sitio social», es decir un cerco a la capital oriental. El ejecutivo de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez declaró que la gente de ocho provincias impedirá la consulta con un bloqueo de caminos y responderá a las eventuales agresiones de la UJC.
Algunas provincias como la Chiquitanía, Guarayos y Cordillera elaboran estatutos autonómicos propios; no apoyan los «delirios separatistas» y la ambición de ganaderos y otros grupos de poder. Chávez anunció que en los próximos días se presentarán estatutos indígenas en el marco de la actual Carta Magna y respaldados por el artículo 6 de la Ley 1257 que ratifica un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otros proponen la creación de un nuevo departamento «Chiquitano-Guarayo», con capital en San José de Chiquitos, igual que en el departamento del Chaco en Tarija.
Rebelión en las provincias
El viernes 28 de marzo los movimientos sociales de Camiri desconocieron al subprefecto de la Provincia Cordillera Marcelino Apurani, al alcalde de Camiri Gonzalo Moreno y a los consejeros y cívicos de la región, fichas del empresariado y civismo cruceño.
Mirko Orgaz, asesor del movimiento cívico de Camiri que lleva adelante una movilización reclamando el fortalecimiento de YPFB, informó que fueron excluidos del diálogo con el gobierno el alcalde Moreno y el subprefecto Apurani «porque sólo velan por los intereses de las logias de Santa Cruz».
Apurani intervino en el secuestro del viceministro de Tierras Alejandro Almaraz el 29 de febrero, cuando éste y otras autoridades del INRA intentaban iniciar el saneamiento de tierras en la provincia Cordillera. El subprefecto, el alcalde y otras autoridades regionales conformaron un «comité de defensa de la tierra» junto a ganaderos y hacendados para evitar la creación de la TCO Alto Parapetí a favor del pueblo indígena guaraní.
Los movimientos sociales de Camiri firmaron un pacto con los indígenas guaraníes para iniciar una lucha conjunta por los hidrocarburos y contra la patronal. Las elites de la capital cruceña perdieron el control de la provincia Codillera, igual que las elites de Tarija en Bermejo y Villamontes, donde comenzaron a ayunar exigiendo cambios en el estatuto.
La hegemonía del movimiento autonomista empresarial en Santa Cruz y Tarija es un mito; no seduce a las regiones productoras de hidrocarburos una autonomía departamental «centralista y discriminadora». Emerge con fuerza la demanda de autonomía provincial. Movimientos sociales de las regiones se preguntan ¿por qué someterse a gobiernos capitalinos controlados por logias empresariales si los recursos y las riquezas naturales están en sus territorios?
Los disidentes de la capital
El movimiento ciudadano «Santa Cruz somos Todos», integrado por intelectuales y personalidades, no se sube al carro de unas decenas familias que «buscan consolidar el poder hegemónico absoluto sobre el recurso tierra» con una autonomía «controlada, falsa y centralista». Este colectivo no acepta el estatuto autonómico que esconde intereses «fundamentalmente económicos» de los grupos de poder. Discrepa en absoluto con la posibilidad de que Bolivia «sea propiedad de un puñado de capitalistas, de empresarios, de productores sin responsabilidad social».
«Santa Cruz somos Todos» no es el único grupo ciudadano crítico en la capital oriental. Este fin de semana celebrarán la cuarta versión del Encuentro Social Alternativo (ESA) una articulación amplia de instituciones sociales: ALAS, Movimiento Afroboliviano, Fundación Igualdad, Movimiento de Solidaridad con Cuba, Organización Indígena Chiquitana (OICH), Comité Impulsor de Universitarios, Formación Solidaria (Formasol), CEJIS, CIPCA, Asociación de Regantes de Santa Cruz (Arecruz), Observatorio de Hidrocarburos, Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos Sociales y Culturales (CEADESC), Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), Movimiento de Jóvenes Líderes, Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL), Colegio de Médicos Tradicionales de la Gran Chiquitanía y Pantanal, Propuesta, Centro Cultural San Isidro y Desafío.
«Respetando las diferencias, otra Bolivia sí es posible» es la consigna del ESA, reunión «plural, diversa, amplia, propositiva, no confesional, tercamente antirracista, no fundamentalista y no partidaria». Los organizadores del ESA opinan que el estatuto autonómico departamental elaborado por la Prefectura, el Comité Cívico y grupos empresariales es ilegal. El movimiento autonómico es una «puesta en escena» de medios masivos de comunicación, opinan.
Los sindicatos de Santa Cruz también están quebrados. Un congreso de trabajadores de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz terminó el jueves a los golpes y con 50 heridos. Lucio Vedia le dijo a su contrincante Edwin Fernández que no permitirá que «dirigentes corruptos, traidores y serviles de la derecha» entreguen el gremio a la oligarquía.
La patronal sigue adelante…
Según el presidente de los comités cívicos provinciales Luis Alberto Áñez, «no hay fuerza humana» que detenga el proceso autonómico cruceño. «Son 11 mil personas de San Julián que apoyan al gobierno contra 800 mil que quieren autonomía». Cívicos y unionistas articulan grupos de defensa para romper el bloqueo rural de caminos, sin descartar choques con los masistas. La Prefectura de Santa Cruz, el Comité Cívico, la Federación Universitaria Local (FUL) y la UJC movilizarían brigadas civiles de hasta 10 mil personas para custodiar el referéndum del 4 de mayo.
El diputado Antonio Franco (Podemos) asegura que el referéndum del 4 de mayo marcará «un antes y un después» en el país: se transitará de un país «centralista, retrógrada y con mayor corrupción hacia un país que avanzará hacia un futuro con mayor libertad y democracia». Será el fin del «sistema estatista, incapaz, corrupto, populista, autoritario, despilfarrador de la riqueza nacional que lo único que está haciendo es empobrecer a los más pobres», interpreta el presidente del Senado Oscar Ortiz, también de Podemos.
Los grupos de poder vinculados a la agroindustria están decididos a conquistar su independencia a cualquier costo y se arriesgan a crear un gobierno autónomo sin respaldo constitucional. Branco Marinkovic y sus aliados de la Prefectura podrían quedar en figurillas frente al pueblo cruceño cuando les sea imposible sostener un «feudo socioeconómico» ingobernable y que no será reconocido por el gobierno, las provincias, la Corte Electoral ni por la comunidad internacional.