La autonomía, garantizada en la nueva Constitución

Las autonomías de facto, «golpistas, racistas y fascistas», que plantean los prefectos (gobernadores) y los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, la denominada «media luna», son «ilegales» y «antidemocráticas», aseveró el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.

En entrevista con La Jornada, García Linera, también sociólogo y matemático, subrayó que la autonomía departamental va estar garantizada democráticamente en la nueva Constitución que irá a referendo el próximo año.

Incluso la nueva Carta Magna va más allá de lo que plantearon los diputados y senadores «redactores de un reglamento autoritario y fascistoide», y le otorga facultad legislativa a las autonomías departamentales.

Ese es el camino, el real, práctico y auténtico de la autonomía departamental, que debe ser por la vía democrática institucional no por la de contrabando, no por la ventana, como la que la quiere meter un grupo de personas irresponsables», indicó el vicepresidente boliviano, en el pasado integrante del Ejército Guerrillero Tupac Katari, militancia que le costó cinco años de cárcel.

El funcionario, quien por mandato constitucional es «presidente nato del Congreso», explicó qué clase de reconstitución de fuerzas busca el gobierno con la propuesta del referendo revocatorio planteado por el presidente Evo Morales, que incluiría también los cargos prefecturales (gubernaturas) de los nueve departamentos del país altiplánico.

Habló además de la estrategia gubernamental frente a la escalada «violentista» de la derecha, que al haber perdido democráticamente el gobierno nacional se ha «atrincherado» en las regiones del país; del rechazo de prefectos y cívicos a la propuesta de nueva Constitución, de la declaratoria de autonomías de facto anunciada para el 15 de diciembre por la derecha boliviana, de la elaboración de los estatutos autonómicos en los departamentos de la «media luna», integrada por Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando.

Quien no acuda a la convocatoria para que en un referendo revocatorio de mandato «sea la ciudadanía la que decida si apoya o no el proceso de cambio que encabeza el presidente Evo Morales o la vuelta al modelo neoliberal, no es demócrata, sino que es un dictadorzuelo camuflado, así de claro, y eso es lo que son algunos de esos líderes cívicos», afirmó, García Linera.

El gobierno ha actuado y seguirá actuando «con las armas que nos brinda la Constitución, incluso las coercitivas», sin embargo las puertas del diálogo «continúan abiertas».

Apuntó que sin desconocer que el sector de derecha tiene respaldo social, éste ha comenzado a «desplegar una estrategia violentista», «de tensión extrema y provocación», de rechazo a la vía del diálogo, y ha decidido no asistir a las reuniones convocadas por el presidente Evo Morales, lo que ha bloqueado los acercamientos y pactos políticos en la Asamblea Constituyente, «en que en muchos casos raya en lo antidemocrático».

Los prefectos y comités cívicos de la «media luna» más Cochabamba, dijo, «a medida que a escala regional su mando ha empezado a tener fisuras internas, han comenzado a recurrir a la utilización del temor y el miedo. Usted puede ver en Pando, en Santa Cruz, que buena parte del acatamiento a las convocatorias cívicas de una parte de la ciudadanía se producen porque creen que es correcto, pero la otra parte asiste a las protestas por temor; es decir, existe un acatamiento basado en el atemorizamiento, en la utilización del temor y el miedo para obtener adhesión pasiva.

«El repertorio de acciones de este sector conservador va de la huelga de hambre, que es una medida pacífica y democrática, a la protesta violenta. Pero curiosamente, mientras algunos opositores están en huelga de hambre, otros se dedican a quemar las casas de funcionarios favorables al gobierno o a perseguir indígenas a palos, como sucedió en Santa Cruz, lo que es vergonzoso, o a ocupar instalaciones del Estado con la idea de un desacato, como aconteció en Tarija».

Hay «pequeños grupos que pintan las paredes a los constituyentes, que lanzan bombas molotov en la noche a las instituciones donde se fomenta un pensamiento plural, como el CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social) en Santa Cruz; también, queman la casa a un senador que tiene una manera de pensar distinta al prefecto, amenazan a la senadora del MAS (Movimiento al Socialismo, partido en el gobierno) con quemar su hotel si ella actúa en contra del prefecto».

Entonces, «¿qué va a hacer el gobierno nacional? Va a seguir trabajando para garantizar la autonomía departamental con facultad legislativa constitucional… pero lo va a hacer constitucionalmente, democráticamente».

Frente a esta supuesta «autonomía de facto, golpista, actuará con las herramientas de la legalidad que tiene todo gobierno democráticamente constituido: fiscalía, juzgado. Esa es la manera como nosotros vamos a enfrentar a estos golpistas que le han apostado al todo por el todo, aun a riesgo de pisotear la democracia y la propia voluntad de la región e imponer un criterio del grupo de elite tremendamente autoritario y racista».

Agregó: «Utilizaremos herramientas legales, coercitivas también, lo que nos brinda la Constitución, pero una cosa que no están calculando, o a lo mejor están calculando los sectores conservadores de esos departamentos, es la movilización de la sociedad: ellos están despertando, con su actitud ilegal y antidemocrática a toda prueba, un sentimiento de malestar muy fuerte en los sectores populares, que no se van a atemorizar por la presencia de grupos de matones cívicos que contrata la derecha para garrotear a indígenas, pintar las paredes de las casas de los diputados, molestar a sus esposas en su casa, amenazar por teléfono a los hijos.

«Yo le pongo el ejemplo de Pando, zona tradicional del señor Fernández (Leopoldo, prefecto del departamento), que de hecho parece dueño de todo. El día del enfrentamiento en Cobija hubo una marcha de 3 mil a 4 mil personas en un lugar donde una manifestación de 500 es una multitud; en cambio, la resistencia de los cívicos sólo convocó a 800 personas. En ese lugar nosotros jamás habíamos logrado movilizar a tanta gente… y esto sucede porque los lugareños se están cansado de tanto abuso; no vaya a ser que estos señores, con la prepotencia con que actúan en esta convocatoria sistemática a la violencia, a la confrontación, internamente sean socavados en su autoritarismo por una sociedad que se está cansando de ellos.

«En Santa Cruz convocan al desacato. Los colonizadores y los indígenas de Santa Cruz, pese a las amenazas de esos grupos fascistas y golpeadores de indios, igual se reunieron y en plena capital les dijeron ‘cuidado, no vaya ser que de aquí a algunos días más nos tengamos que tomar las propiedades de ustedes’.

«Si ellos no respetan a la autoridad del Estado democráticamente elegido, ¿con que autoridad van a pedirle en el futuro a sus pongos (peones) que respeten su propiedad? Por ese tipo de malestar que están generando no vaya a ser que de aquí a corto tiempo esa actitud violentista se convierta en un boomerang. Ahora están golpeando al gobierno del presidente Morales, pero el Ejecutivo se va a mantener inexcusablemente en el ámbito de la legalidad; a la vez, están despertando fantasmas en su propia casa, fantasmas y fuerzas que pueden salir del sótano y ocupar la casa», advirtió García Linera.

Respecto del proyecto de estatuto autonómico cruceño, señaló que «ha sido elaborado por un puñado de personas (de oposición) cuya competencia democrática es dudosa, sin ninguna convocatoria o participación de amplios sectores populares, y encima está marcado por un conjunto de actitudes que rayan en el separatismo y el racismo. Querer regular la migración interna no existe ni en los estados federados; ni siquiera México, que es Estado federado, tiene esa barbaridad basada sólo en criterios raciales».

El estatuto autonómico de Santa Cruz es, además, «ilegal, y en esa ilegalidad está el núcleo de su descalificación», enfatizó, García Linera, tras reiterar que sólo la nueva Constitución proveerá sustento legal a una ley y un estatuto autonómicos.