Bolivia en las últimas 48 horas fue noticia mundial: la renuncia -léase chantaje- del presidente Carlos Mesa fue aprovechada al máximo por la denominada «clase política», los empresarios, las transnacionales y también por el poder mediático que transmitieron la visión parcial de que «la mayoría» de los bolivianos y bolivianas, con pañuelitos blancos, queremos paz, […]
Bolivia en las últimas 48 horas fue noticia mundial: la renuncia -léase chantaje- del presidente Carlos Mesa fue aprovechada al máximo por la denominada «clase política», los empresarios, las transnacionales y también por el poder mediático que transmitieron la visión parcial de que «la mayoría» de los bolivianos y bolivianas, con pañuelitos blancos, queremos paz, respaldamos la unidad y condenamos los bloqueos.
«¡Mano dura, mano dura!», exigían los que clamaban paz; «!Evo y Mamani al paredón!» coreaban los que pedían unidad, mientras el Jefe de Estado les aplaudía desde los balcones de Palacio de Gobierno.
Pero, la Bolivia profunda, rebelde y ahora criminalizada no participó en lo más absoluto del «show» mediático: algunos se encuentran bloqueando y cortando caminos y carreteras, otros se movilizaron por demandas concretas de una agenda nacional y los más trabajan para buscar su sobrevivencia diaria. Todos, como siempre, viven ignorados.
Este país, ubicado en el corazón del continente americano, se reconoce como mayoritariamente indígena. Esa mayoría, históricamente fue silenciosa, pero cuando se rebela es capaz de derrocar dictadores y el mejor ejemplo es la destitución del símbolo de la política neoliberal, el tirano de Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora refugiado en Estados Unidos.
Según datos del último Censo Nacional (INE 2001), el 62 por ciento de los bolivianos y bolivianas de 15 o más años, se identifica con algún pueblo originario: el 31 por ciento se considera quechua, el 25 por ciento aymara y el seis por ciento se identifica con otras etnias.
Esa Bolivia fue, es y siempre será ignorada, pero ahora con un ingrediente más, referido a las políticas impuestas desde el imperio de Estados Unidos y sus aliados: la criminalización de los movimientos sociales, pilar de los pueblos indígenas, campesinos, colonizadores, sin tierra y otros sectores sociales.
En este período de horas y días de incertidumbre, Carlos Mesa renunció, chantajeó y ahora continúa en la Presidencia de Bolivia. ¿Quiénes le apoyan? Los parlamentarios del MNR, MIR, NFR, UCS y ADN, los mismos partidos que conformaban la «megacoalición» de Goni y que ahora firmaron un «Pacto de Unidad Nacional» con el compromiso de aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos, impulsar el referéndum sobre las autonomías, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la suspensión de las medidas de presión y los bloqueos de caminos.
El Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) de Felipe Quispe, los dos líderes indígenas con representación parlamentaria, rechazaron la firma del acuerdo político y, mas bien, hoy sellaron la unidad en el «Pacto por la Defensa de la Dignidad y Soberanía Nacional».
Por una parte se unificó la clase política tradicional con el presidente Carlos Mesa y por el otro los movimientos sociales con la Central Obrera Boliviana (COB), las organizaciones campesinas, indígenas, sin tierra, colonizadores, originarias, vecinales y populares.
El domingo 6, el presidente Mesa a tiempo de presentar su renuncia fustigó sin piedad a dos representantes del movimiento popular: el diputado cocalero Evo Morales y el dirigente vecinal alteño Abel Mamani, tratando de satanizarlos y criminalizarlos con la población como los causantes de todos los males de esta nación; el martes 8, cuando fue ratificado en su cargo, el Jefe de Estado, le solicitó a Morales que con su espíritu patriótico inicie diálogo para que se sume al pacto condicionado.
Ninguna de esas premisas tramadas desde el gobierno y el imperio norteamericano fueron logradas: aunque desde diferentes esferas gubernamentales obligaron, fichas de por medio, a todos los funcionarios públicos y sus familiares a salir a la calles para apoyar a Mesa y fustigar a los dirigentes del movimiento popular, no los pudieron derrotar, tal vez coyunturalmente satanizar en algunos medios de comunicación comerciales, pero no con esa mayoría silenciosa.
Ejes del mal
El 15 de enero de 2005, un informe del Consejo de Inteligencia de Estados Unidos, denominado «Mapa del Futuro Global» identifica a Venezuela y Bolivia como dos países que forman parte del «eje del mal».
La administración de George W. Bush, bajo el pretexto de «terrorismo internacional» puso en la mira al gobierno bolivariano de Hugo Chávez y al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
El 17 de febrero, la Secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, afirmó: «estamos muy preocupados por ese partido (MAS)», días antes, el 20 de enero, el funcionario del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los EEUU, Jimmy Hill, acusó a Morales de recibir ayuda financiera de Venezuela.
Esa es la estrategia impuesta desde EEUU y ahora ejecutada a pie de la letra por la gestión Mesa.
«Los movimientos sociales estamos más fortalecidos que nunca. Nuestra lucha es por la defensa de los recursos naturales, por la dignidad y soberanía nacional, nuestra lucha -a diferencia de la clase política corrupta, de las transnacionales y del imperialismo norteamericano- es por la vida y para eso incluso estamos dispuestos a morir», aseguró Evo Morales.
A pesar del acuerdo político de los partidos tradicionales con Carlos Mesa, los conflictos sociales siguen y suman; los gobernantes aún no entienden que los pactos no se los debe hacer sólo con ese grupículo de parlamentarios y políticos que ya no representan a nadie sino con las mayorías nacionales que están en las calles. El primer artículo de la Constitución Política del Estado dice: «Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en república unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos» debe ser recordado por los gobernantes; caso contrario, surgirán nuevos conflictos sociales.
Demandas populares
En esta coyuntura es bueno recordar que el bloqueo de caminos, las masivas movilizaciones, la toma de pozos petroleros y otras medidas de presión que se iniciaron el lunes 21 de febrero en todo el territorio nacional se realizaron en defensa de la unidad del país, la recuperación de los hidrocarburos, la realización de la Asamblea Constituyente, la defensa de la soberanía y dignidad nacional y la expulsión de la transnacional Aguas del Illimani.
Los movimientos sociales se unieron en torno a una agenda popular.
* La defensa de la unidad del país, entendida como el rechazo a cualquier tipo de convocatoria de un referéndum sobre autonomías o la aprobación de una ley de autonomías, por constituir sólo pretextos para dividir el país y evitar la Asamblea Constituyente.
* La recuperación de los recursos naturales con la aprobación inmediata de la nueva Ley de Hidrocarburos que garantice la recuperación de todos los hidrocarburos para el Estado Boliviano, el incremento de las regalías al 50 por ciento, la refundación de YPFB para que opere en toda la cadena productiva y con un título de derechos indígenas y originarios y de protección del medio ambiente.
* La aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que garantice una Asamblea Constituyente Soberana, Participativa, Incluyente y Originaria.
* La expulsión de la ciudad de El Alto de la empresa Aguas del Illimani y la transnacional Suez y la constitución de la nueva empresa de agua potable en La Paz y El Alto de carácter social y sin participación privada.
* El rechazo a la aprobación de la inmunidad para soldados y súbditos norteamericanos, lo mismo que a las negociaciones del país sobre el TLC y el ALCA hasta que la Asamblea Constituyente defina el nuevo Estado.
* El inmediato procesamiento mediante juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y a todos los actores materiales e intelectuales de la masacre de octubre de 2003.
Esas son las demandas populares basadas en la «agenda de octubre de 2003» sobre las cuales el presidente Mesa juró cristalizarlas.
A 17 meses de su gestión, el Jefe de Estado que tenía orfandad política y se sentía acorralado por diferentes sectores, se alió a los partidos tradicionales y se alejó de los movimientos sociales.
Con esa actitud maquiavélica, la brecha social que existía y existe en este país lamentablemente creció peligrosamente…el futuro es incierto: si no se solucionan los problemas estructurales para esa mayoría nacional seguirán creciendo los conflictos con imprevisibles consecuencias…