Tras días de alta tensión el Gobierno y los prefectos de la «Media Luna» se reunieron. Sin embargo, los conflictos siguen latentes y la tranquilidad que hasta ahora se ha asomado no se sabe cuanto perdurará.
La semana pasada las aguas bolivianas estaban por demás agitadas, y el gobierno de Evo Morales parecía pender de un hilo, tras los violentos incidentes que se estaban desarrollando en las principales regiones separatistas del país. Tras una semana de aquella brutal rebelión de extrema derecha, el Presidente y los Prefectos intentaron negociar para darles a todos los bolivianos, la paz que merecen.
Cabe recordar que el pasado 11 de septiembre, Bolivia vivió una de las jornadas más violentas de este año. Un día de muerte y violencia orquestada por prefectos departamentales asociados con Comités Cívicos de la llamada «Media Luna» (formada por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Los conflictos se tornaron incontrolables, por lo que el gobierno encabezado por Evo tuvo que declarar estado de sitio en la región de Pando, donde se registraron más de 30 muertes. (Ver: «Bolivia al borde del precipicio». APM 14/09/08).
Una serie de acciones desestabilizadoras se llevaron adelante, dejando entrever un posible Golpe de Estado. A pesar de las fuertes amenazas que golpeaban las puertas del Palacio Quemado, el gobierno no se mostró débil, ni temeroso, y mucho tuvo que ver el respaldo que recibió por parte de los gobiernos que conforman la Unión Suramericana de Naciones (Unasur). Lógicamente los gobiernos latinoamericanos mostraron su apoyo, porque la desestabilización boliviana pone en jaque el equilibrio sudamericano. (Ver: «Defender a Evo y asegurar la integridad de Bolivia». APM 14/09/08).
Para dejar en claro la postura frente a la complicada situación que está padeciendo Bolivia, los miembros de Unasur, el pasado 15 de septiembre se reunieron en el Palacio de la Moneda en Chile. En dicho encuentro los 9 presidentes sudamericanos que se hicieron presentes, expresaron su repudio a los movimientos separatistas y desestabilizadores de la «Media Luna» boliviana.
La primera mandataria chilena, Michelle Bachelet, que preside temporalmente la Unasur, dio a conocer las conclusiones a las que arribaron en el encuentro, y pidió a todos los actores políticos y sociales involucrados en la situación de violencia en Bolivia, que tomen las medidas necesarias para que cesen los conflictos.
Además, rechazaron enérgicamente cualquier intento de golpe civil y dejaron en claro que no reconocerán ningún accionar que comprometa el orden constitucional y la integridad territorial de la República de Bolivia.
Al mismo tiempo, se manifestaron a favor del pedido hecho por el gobierno de Evo, para que sean los encargados de llevar a cabo una investigación que «permita esclarecer a la brevedad este lamentable suceso y formular recomendaciones de tal manera de garantizar que el mismo no quede en la impunidad».
Por otra parte, entrando en un tema diplomático, es sabido que las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, se vieron fuertemente afectadas por la decisión de expulsar al embajador en La Paz, Philip Goldberg, acusado de promover el separatismo en el país.
La posición estadounidense no tardó en darse a conocer. No sólo expulsaron al embajador boliviano Gustavo Guzman, sino que en una especie de «devolución de gentilezas» -6 días después- Washington incluyó a Bolivia en una «lista negra» de países que supuestamente no combaten el narcotráfico.
«Si no se expulsaba a Goldberg no había desertificación. Por eso digo que este tema es político», aseguró el mandatario boliviano, y agregó que «el Gobierno de Estados Unidos no tiene moral, ni ética para hablar de certificación y descertificación de la droga».
Es importante tener en cuenta que estar en lista negra implica un castigo financiero. Esto no significa que el Gobierno de Evo deba pagar, sino que Estados Unidos puede reducir su ayuda económica. En Bolivia tal cooperación asciende a 30 millones, que permiten financiar la lucha anti-narcóticos.
Para justificar la decisión tomada, el presidente estadounidense, George W. Bush, afirmó que tanto Bolivia, como Venezuela y Birmania fallaron en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico.
Según el director de Asuntos de Narcotráfico del Departamento de Estado, David Johnson, la decisión tomada por Estados Unidos, no fue consecuencia del roce diplomático que se desencadenó semanas atrás. Para el funcionario, la inclusión de Bolivia a la «lista negra», se debe a que «sus políticas y sus acciones causaron un significativo deterioro en la cooperación con Estados Unidos».
También el secretario de Asuntos Adjuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon, hizo declaraciones al respecto. Aseguró que Bolivia y Estados Unidos siempre mantuvieron buenas relaciones en temas como la cooperación anti-drogas, pero que desde la llegada de Morales al gobierno, dichas relaciones se vieron deterioradas.
A pesar de las acusaciones que recaen sobre Bolivia, la Casa Blanca no ha dado a conocer las posibles sanciones que puede recibir el país. Pero el Gobierno boliviano, ante un posible recorte financiero por parte de Estados Unidos, dio inicio a negociaciones con Rusia para concretar un acuerdo de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
La expulsión del embajador, rápidamente trajo repercusión internacional. Como se sabe, el presidente venezolano, Hugo Chávez expresó sin temor, el rechazo al gobierno estadounidense, y apoyo la decisión de Morales. Pero también el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tuvo palabras al respecto, al decir, que si el embajador se inmiscuyó en asuntos internos, su homólogo boliviano, hizo bien en expulsarlo, impidiendo que continúe con su tarea en la embajada de Bolivia.
En una entrevista que le realizaron al presidente carioca, éste aseguró que no es novedad que Estados Unidos tenga una importante influencia en la región, ya que históricamente fue así. «No es de hoy la interferencia de las embajadas de Estados Unidos en el continente», aseguró Lula.
Además de manifestar su apoyo a la medida tomada por Morales, el presidente de Brasil, se comprometió a brindar ayuda a Bolivia, para desmantelar a todos los grupos armados que operan en el departamento separatista de Pando. Es importante dejar en claro que dicha ayuda, no incluirá el envío de tropas, sino que consiste en la venta de camiones, y en garantizar la seguridad fronteriza.
Pero no solo eso, entre otras acciones llevadas a cabo a favor del gobierno boliviano, Lula le ordenó a su ministro de Justicia, Tarso Genro, y al de Defensa, Nelson Jobim, que desplieguen acciones conjuntas con sus pares bolivianos, para evitar el tráfico de personas y de armas. De esta manera lo que se busca, es frenar el contrabando que podría alimentar la violenta en el país vecino.
Esta decisión fue tomada, luego de que Evo acusara al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, de contratar a sicarios peruanos y brasileños, para amedrentar a campesinos de la zona, que apoyan al gobierno.
Como se sabe, en el distrito amazónico de Pando se desarrollaron los conflictos más brutales, y por esa razón el Presidente pidió, días después de declarar estado de sitio, la captura del prefecto Leopoldo Fernández.
La causa de dicha captura tiene como base el haber desacatado el Estado de Sitio al enviar a grupos de choque armados, para que resistan la orden impartida desde el gobierno. Pero no sólo eso, además el prefecto de Pando, está acusado de genocidio, por la feroz matanza ocurrida en la capital departamental.
Lógicamente la detención no fue bien recibida por los grupos opositores, que expresaron su descontento, asegurando que la medida tomada por el Gobierno, implica «la ruptura fáctica de la negociación». Por lo que esta detención, en un principio, había puesto en riesgo el diálogo entre los prefectos y el presidente.
El mismo día que Evo Morales y la oposición se sentaron a discutir para alcanzar la «tranquilidad» en Bolivia, el prefecto presentó un hábeas corpus, argumentando la ilegalidad de su detención.
Dicho recurso fue presentado contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien ordenó a las fuerzas militares la detención de Fernández en la ciudad de Cobija. A pesar de los intentos realizados por la defensa del prefecto de Pando, la corte boliviana le negó su libertad, al declarar «improcedente» el hábeas corpus presentado, por lo que continuará detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz.
Retomando el tema de la «negociación pacifista». La tensión que por estas semanas está atravesando el país, es por demás crítica, por lo que fue necesario tomar cartas en el asunto. El portavoz presidencial, Iván Canelas aseguró que Bolivia estuvo «al borde del precipicio» y eso sin dudas derivó en una negociación que estaba pendiente.
Por esa razón el jueves 18, en el Centro de Convenciones de Cochabamba, el mandatario boliviano -acompañado por varios ministros- y los prefectos de la «Media Luna» autonomista -nucleados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde)-, luego de varias idas y venidas, lograron sentase en una mesa de diálogo. El objetivo del encuentro: abrir conversaciones para ponerle fin a la inestabilidad y a la polarización que se vive en Bolivia.
En dicha reunión ambas partes intentaron alcanzar un acuerdo para salir de la profunda crisis política que azota al país, con las menores secuelas posibles. Aunque es importante destacar, que los conflictos que se pusieron en escena hace un mes, se cobraron la vida de varios ciudadanos.
La discusión girará entorno a tres mesas de trabajo sobre temas políticos, económicos e institucionales. Con respecto a las actividades llevadas a cabo durante el primer día de diálogo, el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, informó que «lo que se ha hecho hoy sin duda ha sido importante y forma parte de la base del gran acuerdo nacional; hemos tomado definiciones muy importantes como es la conformación de mesas técnicas de trabajo».
Lógicamente en estas negociaciones, vuelve a aparecer como tema central la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el reconocimiento de las autonomías de la llamada «Media Luna». Pero también es tema de debate la nueva Constitución que propone el Gobierno de Evo Morales, y las designaciones institucionales en el Poder Judicial y la Corte Nacional Electoral.
Como en otras dos oportunidades anteriores, la Iglesia Católica, la Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la comisión de la Unasur, cumplen un rol fundamental al actuar como testigos y garantes del encuentro.
El vocero presidencial aseguró que «Evo Morales, ha pedido que el diálogo no se interrumpa, que trabajen cuatro o cinco días seguidos hasta lograr acuerdos, para que el país tenga resultados de este encuentro».
Sin dudas las conversaciones son esperanzadoras para todo el pueblo boliviano, ya que abren la puerta a una posible solución. Al respecto el prefecto de Tarija, Mario Cossío, una vez concluido el primer encuentro, aseguró que «el diálogo va encontrando camino».
Pero no hay que perder de vista que el conflicto va más allá de la devolución del IDH o de la nueva Constitución. El problema principal es que los prefectos de la «Media Luna», buscan tomar el poder por completo en la actual Bolivia, o en todo caso crear un nuevo Esatdo. Además, no podemos olvidar que sus grupos de choque, llevaron a cabo una cacería étnica persiguiendo, maltratando y golpeando a indígenas. No olvidemos que el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, es indígena.
Lo cierto es que la tensión que se estuvo viviendo en Bolivia durante varias semanas, por estos días parece haber cesado. Pero está claro que el diálogo y los acuerdos fijados entre la oposición y el gobierno, no son suficientes para poner fin a la polarización social. Todavía mucha agua corre debajo del puente y la calma que hoy ve lentamente la luz en Bolivia, mañana puede transformarse y dar paso a una furia aun mas brutal.