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La Capitalía de los pueblos indígenas y originarios

Fuentes: Rebelión

 Una vez más el debate liberal pretende imponerse por sobre los intereses de los actores sociales que irrumpieron e hicieron posible la Asamblea Constituyente. El enfrentamiento institucional que confronta ambas ciudades por la tenencia de los poderes de Estado en su seno, alberga muchos elementos que vale la pena desmembrarlos para entender el camino liberal […]

 

Una vez más el debate liberal pretende imponerse por sobre los intereses de los actores sociales que irrumpieron e hicieron posible la Asamblea Constituyente. El enfrentamiento institucional que confronta ambas ciudades por la tenencia de los poderes de Estado en su seno, alberga muchos elementos que vale la pena desmembrarlos para entender el camino liberal que pretende recorrer.

 

Por una parte, el planteamiento inicial posesionado a partir de las autoridades y constituyentes chuquisaqueños, tiene como telón de fondo no la reivindicación histórica de la fundación de la república, sino argumentos mucho más concretos y vitales para la población popular como la posibilidad de que en Sucre puedan crearse mayores posibilidades económicas y de empleo para quienes viven en esta ciudad.

 

Reivindicación válida pero que se debe resolver en el contexto de las mayores posibilidades que se realicen a partir de la descentralización estatal y del empoderamiento de las organizaciones en el nuevo Estado Plurinacional. Más aún el argumento falaz del mejoramiento de las condiciones económicas no se puede basar en el traslado de los centros de poder sino en una más eficaz labor estatal que permita el equilibrio entre las regiones.

 

Todavía más sospechosa se hace la reivindicación regional calculada políticamente por sus ideólogos, cuando el conjunto de los poderes aglutinados en la llamada media luna coinciden en el planteamiento, por cuanto de lo que se trata es el de quitar poder al principal centro político que ha generado en el país las transformaciones que hoy estamos viviendo, cuyo punto de partida estuvo en evidenciar el fracaso del modelo neoliberal no sólo en su imposibilidad de generar mejores condiciones de vida para los bolivianos sino en una crisis política de representación que interpeló y expulsó a los actores políticos que permitieron el fracaso republicano.

 

Por otra parte la soberbia de los actores políticos paceños que se quedan en la reivindicación republicana de la fuerza urbana y de movilización adquirida por la concentración estatal y que han permitido en los más de 100 años pasados cierta estabilidad aparente en el Estado boliviano.

 

Ambas apelaciones históricas sólo tocan las razones liberal-republicanas de la instalación de los poderes, sin tocar el tema de fondo que es la condición de vida de los bolivianos. Aún más en su proyección política pisotean las razones históricas de la exclusión que movilizó a los sectores populares y a los pueblos originarios e indígenas para hacer posible la Asamblea Constituyente.

 

Para contextualizar este aparente olvido histórico, habrá que recordar que la guerra federal que enfrentó a liberales de La Paz y conservadores de Chuquisaca, que terminó con una victoria liberal, tuvo como actores centrales «olvidados» a los pueblos indígenas comandados por Zarate Willka que luego fue asesinado por sus propios aliados liberales cuando pretendió que las reivindicaciones indígenas fueran parte del cambio que se proponía para el país.

Es decir que finalmente la división espacial de poderes que determinó un empate entre los centros de poder estuvo mediada precisamente por el miedo a los indios y su propuesta de incorporación a la visión estatal.

 

Así como a fines del siglo XVIII, las razones republicanas del poder fueron las que se impusieron en torno al centralismo con separación espacial del poder, en lugar del federalismo propugnado por Pando, poniendo de manifiesto que las discrepancias que enfrentaron liberales y conservadores, eran sólo de forma en tanto el problema indígena les permitió coincidir en que el nuevo país, una vez más se recomponía sobre la opresión y la exclusión secular de ellos.

 

Entonces, hoy, de que capitalía hablamos? De la recompuesta por el Estado republicano liberal que se asentó sobre la opresión indígena y que encontró como salida la negociación de sus propios presupuestos liberales para mantener las razones político ideológicas de un Estado colonial? De la centralidad sostenida por los poderes para protegerse del miedo a los indios que acosaban al Estado?

 

Ninguna de esas razones son válidas para los pueblos indígenas y originarios, que buscan reconstruir el Estado desde sus raíces y que no pueden detenerse en los argumentos liberal republicanos de la tenencia de la capitalía, cuando lo que es más importante es como creamos de forma descentralizada el Estado plurinacional para dar cabida al conjunto de pueblos y naciones que alberga este país.

 

Habrá que sobrepasar esta cortina de humo que sólo busca reposicionar los argumentos de la Constitución liberal e imponer una agenda del debate en torno a intereses regionales coloniales que hoy enarbolan el patrioterismo local y manipulan la historia verdadera, aquella que no fue escrita por los pueblos originarios sometidos pero que se mantuvo latente en la memoria histórica que impulsan los cambios del país que queremos ser.

 

La capitalidad seguramente será un tema del proceso posterior, cuando aprendamos a convivir con las diferencias y a construir nuevos espacios territoriales basados en las autonomías históricas de los pueblos, entonces el centro de decisión no será tal, sino tan sólo un referente organizativo del Estado Plurinacional existente en el conjunto del territorio boliviano.