Traducido por Yulaima Favier Horruitiner y revisado por Yasnay Houelly Pérez, del Equipo de Traductores de Cubadebate y Rebelión
WASHINGTON, 27 de junio.- El Comité Judicial del Senado emitió el miércoles citaciones dirigidas a la Casa Blanca, al despacho del vicepresidente Dick Cheney y al Departamento de Justicia. Esto sucedió luego de lo que el presidente de dicho comité llamara «obstrucción de la peor índole» a las acciones encaminadas a investigar la política de la Agencia de Seguridad Nacional (N.S.A. por sus siglas en inglés), que permite la intervención de llamadas telefónicas sin que medien órdenes judiciales.
Esta medida puso a los demócratas del Senado en una situación embarazosa que hasta ahora habían tratado de evitar, pues da lugar a una confrontación con el Gobierno de Bush en torno a uno de los asuntos más polémicos resultantes de la campaña de la Casa Blanca contra el terrorismo.
El senador Patrick J. Leahy, demócrata por Vermont y presidente del Comité, dijo que las citaciones tienen el objetivo de buscar documentos que pudieran arrojar luz sobre la justificación legal del Gobierno para intervenir conversaciones telefónicas, así como sobre las disputas dentro del Gobierno acerca de la legalidad de dicha práctica.
El Comité busca además materiales relativos a otros asuntos conexos, entre ellos la relación del Gobierno de Bush con varias compañías de telecomunicaciones que colaboraron con el programa de espionaje de la N.S.A. y que aún no han sido identificadas.
La medida del Comité es la más enérgica que hasta ahora hayan tomado los legisladores para investigar el programa de escuchas telefónicas, desde que el control del Congreso pasara a manos de los demócratas este año.
El Señor Leahy dijo el miércoles en una conferencia de prensa que el Comité había emitido las citaciones porque el Gobierno había seguido un «patrón sistemático de evasión y mal encauzamiento» ante las acciones tomadas por el Congreso para inspeccionar el programa.
«Es inaceptable. Es obstrucción de la peor índole», declaró el Señor Leahy.
El jueves, la Casa Blanca, el despacho del Vicepresidente y el Departamento de Justicia se negaron a decir qué posición adoptarán ante las citaciones.
«Estamos al corriente de las acciones del Comité y responderemos adecuadamente», dijo Tony Fratto, subsecretario de prensa de la Casa Blanca. «Es lamentable que los congresistas demócratas sigan escogiendo el camino de la confrontación», añadió.
Una portavoz del Señor Cheney dijo que su despacho respondería luego, mientras que un vocero del Departamento de Justicia declaró: «El Departamento continuará trabajando estrechamente con el Congreso en el ejercicio de sus actividades de supervisión, y analizaremos este asunto con el ánimo que ha caracterizado esta larga relación».
En virtud del programa nacional de espionaje, la N.S.A. no solicitó órdenes judiciales antes de intervenir llamadas telefónicas y leer mensajes de correo electrónico de estadounidenses y otras personas que se encuentran en los Estados Unidos, de quienes la Agencia sospecha pueden estar vinculados con Al Qaeda. Según funcionarios del Gobierno, solo se controlaron las comunicaciones internacionales con el país.
El Comité Judicial del Senado adoptó esta medida después de la impactante declaración de James B. Comey, ex vicefiscal general, quien describió una confrontación entre funcionarios del Departamento de Justicia y asesores de la Casa Blanca en cuanto a la legalidad del programa de escuchas telefónicas. El enfrentamiento se produjo en mayo de 2004 en el hospital donde se encontraba ingresado John Ashcroft, el entonces fiscal general.
Antes de la declaración del Señor Comey, la Casa Blanca había logrado eludir durante mucho tiempo la supervisión estricta del programa de escuchas telefónicas de la N.S.A. desde que este se hiciera público en diciembre de 2005.
El año pasado el Congreso, entonces bajo el control de los republicanos, celebró audiencias y hasta analizó proyectos de ley para poner coto a las escuchas telefónicas. Sin embargo, el Señor Cheney presionó repetidas veces a los líderes republicanos del Congreso para que cejaran en este empeño. Cuando los demócratas ganaron las elecciones legislativas en 2006, muchos observadores predijeron que el programa de la N.S.A. -que un juez federal declaró inconstitucional- sería uno de los primeros programas del Gobierno de Bush en ser sometidos a un nuevo y minucioso análisis. No obstante, en enero, el Gobierno anunció que incluiría el programa en el marco de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, posibilidad que antes se había negado a valorar.
Durante sus primeros meses en el poder, los demócratas se han concentrado mayormente en alegar objeciones a la guerra en Iraq, y, por miedo a ser catalogados como condescendientes con el terrorismo, se han mostrado renuentes a tomar medidas enérgicas contra las políticas que apoyan los severos métodos de interrogación, las prisiones secretas de la Agencia Central de Inteligencia y la realización de escuchas telefónicas dentro del país.
Por ejemplo, en una audiencia de confirmación celebrada el 19 de junio para nombrar a John A. Rizzo como asesor jurídico de la CIA, ninguno de los miembros del Comité de Inteligencia del Senado cuestionó directamente las detenciones secretas realizadas por esta agencia ni los severos métodos de interrogación que utiliza.
El Señor Rizzo logró evadir las preguntas más comprometedoras diciendo que prefería responderlas en una sesión a puerta cerrada. El Comité de Inteligencia del Senado ha supervisado a puerta cerrada el programa de escuchas telefónicas, pero no ha sido tan agresivo como el Comité Judicial a la hora de emplazar públicamente al Gobierno en relación con este asunto.
No obstante, la declaración del Señor Comey ha brindado a los demócratas la posibilidad de plantear que se están centrando en los aspectos legales relativos al programa, más que en la conveniencia de intervenir las conversaciones telefónicas de presuntos terroristas. Según el senador Charles E. Schumer, demócrata por Nueva York y miembro del Comité Judicial: «La declaración de Comey hizo que este asunto saliera a la palestra. Se activaron las alarmas. Su declaración dejó claro que se había tratado de burlar la ley».
Luego de la declaración del señor Comey, el Comité Judicial del Senado ha pedido al Gobierno documentos relativos al programa. En cambio, la Casa Blanca no ha respondido a la carta del señor Leahy y el senador Arlen Specter de Pensilvania, el republicano de más alto rango entre los integrantes del Comité. Por consiguiente, el jueves pasado el Comité votó, con un resultado de 13 contra 3, para autorizar al señor Leahy a emitir las citaciones; tres republicanos votaron a favor. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes también ha amenazado con emitir citaciones para la presentación de estos mismos documentos.
El programa de escuchas telefónicas es solo uno de los tantos asuntos legales en cuanto a los cuales las posiciones del Congreso y del Gobierno resultan opuestas. Por ejemplo, la Casa Blanca se encuentra bajo la presión de responder a las citaciones emitidas hace dos semanas por los comités judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado, que solicitan la comparecencia de testigos y la presentación de documentos relacionados con el despido de fiscales federales.
El jueves vence el plazo concedido al Gobierno para presentar los documentos vinculados con los casos de Harriet E. Miers, ex asesora jurídica de la Casa Blanca, y Sara M. Taylor, ex directora política de la sede gubernamental.
Si el Gobierno no presenta estos documentos, la Cámara de Representantes y el Senado pudieran iniciar un proceso con vistas a emitir resoluciones de desacato que obliguen a la casa Blanca a actuar conforme a la ley. Mientras tanto, el señor Cheney también está inmerso en un enfrentamiento con el Congreso y los Archivos Nacionales debido a la negativa de su despacho a cumplir una orden ejecutiva que establece la entrega de documentos clasificados.
El Señor Cheney declaró que su despacho no tenía que acatar la disposición de que todas las oficinas de la rama ejecutiva informen a los archivos sobre la cantidad de documentos que han clasificado. Los funcionarios de su despacho declararon que él no es miembro de la rama ejecutiva, pues es el presidente del Senado.
David Johnston y Scott Shane aportaron información.