Malvinas es una cuestión estratégica para el futuro de todos los argentinos y los sudamericanos, donde están en juego con la proyección a la Antártida más de 5.000.000 de km2, con recursos naturales de todo tipo. Hay mucha expectativa en el gobierno argentino sobre el empuje que al tema le pueda dar el venezolano Alí […]
Malvinas es una cuestión estratégica para el futuro de todos los argentinos y los sudamericanos, donde están en juego con la proyección a la Antártida más de 5.000.000 de km2, con recursos naturales de todo tipo.
Hay mucha expectativa en el gobierno argentino sobre el empuje que al tema le pueda dar el venezolano Alí Rodríguez, quien asume pronto la secretaría general de UNASUR, mientras desde distintos sectores se propone y analiza la posibilidad de declarar una zona de exclusión económica sudamericana en todo el Atlántico Sur. Hoy en día, el gobierno argentino ha logrado amplio consenso político en torno a su reclamo «diplomático» en lo interno (Senado, Diputados, sindicatos, empresarios) y se ve fortalecido en lo externo con posiciones comunes tomadas por varios países sudamericanos cerrando puertos ante navíos provenientes o dirigidos a Malvinas (Brasil, Perú, Brasil, Uruguay, Chile). Es más, ha delimitado el terreno de disputa señalando que no debe ser el militar, como pretenden los ingleses, sino cultural, político, diplomático, económico y también jurídico.
Sin dudas, la «Causa Malvinas» es uno de los factores de mayor peso a la hora de pensar en la unidad nacional argentina. La Presidenta lo tuvo en claro al convocar a fuerzas propias, amigas, aliadas y opositoras a anuncios sobre el tema Malvinas. «Malvinas se ha convertido en un problema regional y global», dijo Cristina Fernández de Kirchner, en un discurso que contiene varias cuestiones o aspectos diferenciados. El interés y proyección estratégica internacional; el desenmascaramiento de pretensiones, denuncias y políticas coloniales. También contiene aspectos polémicos en torno a la recuperación de Malvinas y del posterior «Informe Rattenbach» y anuncios sobre la puesta en marcha de un hospital para la atención psicológica de ex combatientes. «El pueblo argentino no decidió esa guerra», afirmó la Presidenta, absteniéndose de usar el verbo apoyar y diferenciarse claramente de los procederes de la dictadura militar. Sin duda, las expresiones de la Presidenta tuvieron una clara orientación diplomática: hacer saber al mundo que la actual política del Estado argentino critica la ocupación efectuada en 1982 por un «gobierno despótico». Logró que el conjunto de las fuerzas avalen su presentación ante las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad y también la Asamblea General, donde Gran Bretaña no tiene derecho a veto), denunciando la «militarización» impulsada por Inglaterra.
Conceptualmente fue mucho más sólida la explicitación hecha para desenmascarar las políticas coloniales sobre el tema Malvinas y dentro de esta misma solidez se debe mencionar la reivindicación de la solidaridad latinoamericana y la vinculación de los derechos argentinos con otros hechos, entre ellos el recuerdo del «gaucho Rivero», héroe malvinense, que murió combatiendo en la Vuelta de Obligado (contra los ingleses). La Presidenta denunció la presencia de naves de guerra británicas y del príncipe Guillermo para un presunto entrenamiento humanitario, considerándolos como un «montaje colonial», impacten sobre la opinión pública nacional e internacional al confrontarlas con la posición pacifista del Estado argentino.
Ciertamente polémica fue y es la condena a la recuperación efectuada en 1982. Gran parte de los argentinos, sin desconocer el genocidio desatado por aquella dictadura, compartieron y comparten el acto de soberanía sobre las Islas Malvinas desarrollado en aquellos días. En esta misma dirección se ubican las consideraciones sobre la desclasificación del «Informe Rattenbach». La misma es importante para que se conozca esa versión sobre los hechos de Malvinas y las responsabilidades de los altos mandos castrenses. Por último, la atención psiquiátrica para los «veteranos de guerra» en un Hospital de Salud Mental, donde antes funcionaba el Instituto Geográfico Militar, fue el anuncio de tipo reivindicativo en beneficio de los ex combatientes.
El Informe Rattenbach deja en claro que el conflicto de 1982 era inviable en términos geopolíticos, económicos y técnicos y que la decisión tomada por la Junta Militar genocida, entonces presidida por Leopoldo Fortunato Galtieri fue inmoral e irresponsable. Pero el comportamiento del ala civil y económica de la dictadura genocida bordeaba el misterio, pero la desclasificación del Informe Rattenbach permite rastrear ahora algunos episodios vergonzosos en los que funcionarios del Banco Nación y del Ministerio de Economía se mostraron más preocupados por defender a los ahorristas ingleses que a las finanzas argentinas, en medio de una situación bélica, es decir, extrema.
A mano alzada y por unanimidad, el Senado argentino aprobó la Declaración de Ushuaia, que reivindica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y avala como política de Estado el reclamo pacífico en todos los foros internacionales que obligue al Reino Unido a cumplir la resolución 2065 de Naciones Unidas de sentarse a negociar para poner fin al enclave colonial en el Atlántico Sur. Desde todas las bancadas políticas se respaldó el documento rubricado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Tierra del Fuego el 25 de febrero, que entre sus diez puntos también condena la militarización británica en las islas y el saqueo de sus recursos naturales. Sin embargo, la creación de una comisión bicameral sobre Malvinas quedó postergada por falta de acuerdos. Sectores nacionalistas y de la izquierda vernácula tradicional coinciden en que es necesario mostrar firmeza en las negociaciones mediante una efectiva presencia soberana en el mar, junto a una presión legítima en lo económico-financiero, que signifique un alto costo para Gran Bretaña mantener su enclave colonial en las islas. Con esta perspectiva, señalan, un instrumento clave es la ley 26.659, votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso hace un año (pero aún no reglamentada), en la que se establecen una serie de requisitos para la exploración y explotación petrolera en la plataforma continental y fuertes sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo sanciones a las empresas instaladas en territorio argentino que mantengan intereses y/o vínculos económicos o financieros con las corporaciones que están explotando el petróleo en Malvinas.
Cabe recordar que el 30 de noviembre de 2009, el gobierno de Cristina Kirchner reclamó formalmente a los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) por la inclusión de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y del sector antártico argentino en el tratado europeo de Lisboa . Las islas fueron incorporadas con bandera británica al tratado de Lisboa, que reemplaza a la frustrada Constitución europea. El 30 de enero de 2012, la Unión Europea (UE) advirtió que no debatirá sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El embajador de la UE en la Argentina, Alfonso Díez Torres, aseguró que el tema Malvinas «no entra en la agenda de la política exterior» del bloque y señaló que «hoy las Malvinas están bajo jurisdicción del Reino Unido y es un hecho».
Argumentos coloniales
El debate público argentino asistió a la reaparición, algo traspapelada, de argumentos coloniales, anclados, en este caso, en la dinámica tradición de justificación de la desposesión de tierras y recursos naturales por parte del Imperio Británico, aquel donde «nunca se ponía el sol». Se desencadenó entre un grupo de intelectuales y publicistas críticos del gobierno una especie de torneo para ver quién adopta posturas más anglófilas y entreguistas, con argumentos que ofenden la inteligencia de los argentinos y llenan de regocijo al Foreign Office. Uno de los desvaríos más significativos es el que señala, en línea con los pretextos de Londres, que la Argentina debería consultar a los isleños si es que aceptan o no que las islas sean reincorporadas al patrimonio nacional. Se apela, erróneamente, a la doctrina de la «autodeterminación nacional», lo que le permitió al historiador Luis Alberto Romero (en una columna publicada en el diario La Nación) y a un grupo de 17 intelectuales proponentes, según ellos, de una mirada alternativa sobre la cuestión de las Malvinas, renunciar sin más miramientos al legítimo derecho que le asiste a la Argentina y dar por definitivamente perdida una batalla que este país viene librando desde hace 179 años.
Quienes postulan la doctrina de la «autodeterminación nacional» se olvidan de que ésta sólo es aplicable a condición de que se cumpla con un requisito inescapable: que quienes se amparen en ese derecho sean los pobladores autóctonos de un territorio, lo que no ocurre en el caso de las Malvinas. La escasa población argentina que había en las islas fue desalojada por una fuerza expedicionaria británica que se apoderó violentamente del archipiélago y estableció, en su lugar, una pequeña colonia que al cabo de casi dos siglos no supera las dos mil almas. Los habitantes de las Malvinas, los llamados kelpers, son ahora ciudadanos británicos luego de la guerra de 1982. No hay tres partes, hay dos. Ello no fue modificado por la guerra, ni por ninguna otra situación. No puede aplicarse dicho principio a una población cuya composición es ínfimamente nativa o descendiente; a una población que actualmente (de acuerdo a documento oficial británico) proviene de 62 países distintos y que en definitiva ha sido trasplantada deliberadamente en todos los años de usurpación.
Esa modalidad de adquisición territorial se llama, en el derecho internacional, «conquista», y de por sí invalida cualquier pretensión de legitimar la presencia post festum de los intrusos auscultando su voluntad o no de perpetuar los efectos de la conquista gracias a la cual se apoderaron de unas tierras que no eran suyas.
El tipo británico de colonización
El británico es un tipo particular de colonización, ya que no poseía el paraguas de las bulas papales y tampoco podía esgrimir el hecho de haber «descubierto» esas tierras. El argumento central que usaron los británicos -y sobre todo John Locke, el llamado padre del liberalismo- es el de «tierra vacante». Las tierras que ocuparon, sostenían, no estaban bien utilizadas por los pobladores nativos, que por sus incapacidades técnicas, por su nomadismo o por su «incivilidad» no podían maximizar la producción y extracción de recursos, lo cual constituía un desperdicio, un derroche y una afrenta a la concepción cristiana de que Dios dio a todos la tierra en común, pero para la maximización de sus recursos. El modo inglés de colonización, entonces, se basó en el verbo clave de «plantar». Resulta por eso muy ajustado al discurso legitimador inglés, tejido desde hace siglos, que intelectuales argentinos recurran a la autodeterminación de los pueblos. Porque a estos cuatro modos de «plantar» los ideólogos ingleses de la colonización agregaron que la corona británica se debía mostrar como liberadora de los pueblos sojuzgados por las «tiranías». Traducido, eso significaba proponer como estrategia diferenciadora en donde se asentaran, formas de autogobierno y de tolerancia religiosa (mientras sus colonos no atinaran a competir con las manufacturas inglesas ni atentaran contra las Actas de Navegación).
Une un modo de participación política con un modo de apropiación y extracción de recursos naturales, que se justifica en que si éstos no se utilizan implica un derroche, una irracionalidad económica. Gran Bretaña quiere utilizar la «aventura» militar de la dictadura genocida como una beligerancia donde el que ganó la batalla adquiere derechos de vencedor como si se tratara de tierras vacantes o mostrencas, donde no había derechos previos, habitantes argentinos y bienes del Estado. Esta posición merece ser calificada de «aventura» diplomática, pues contradice completamente al derecho internacional. Por eso es central, sí, anclar el reclamo de Malvinas a la defensa de la soberanía y el dominio sobre los recursos naturales (o lo que es igual, afirmar la persistencia de la cuestión del colonialismo -y ningún «post»- en nuestros países).
Pero colonialismo y desarrollismo comparten esta matriz ideológica de la utilización «racional» -productivista y tecnicista- de los recursos. Ir por todo es también no dar por sentada esa lógica político-económica de la extracción. La solidaridad latinoamericana Malvinas trasciende a la dictadura militar y es mucho más que un archipiélago, es la punta del iceberg en la lucha de las grandes potencias por ocupar y controlar los últimos espacios no explotados del planeta, y una oportunidad para que Argentina no sea un Estado menor en el orden jerárquico de un mundo multipolar.
Gracias a las provocaciones de David Cameron, la causa de las Malvinas se latinoamericanizó y Londres acusó el impacto al ver que su pertinaz colonialismo suscitaba creciente repudio a la vez que solidaridad con la Argentina en esta parte del mundo y que Washington admitía, para desasosiego británico, que había un problema de soberanía que debía discutirse bilateralmente. La controversia sobre la soberanía del archipiélago involucra al menos tres aspectos que hacen al interés común de América latina: a) la explotación de recursos naturales de nuestros espacios marítimos, renovables (si no se los depreda), como la pesca, y no renovables, como el petróleo; b) el acceso a la Antártida, fuente segura de enormes riquezas minerales e hidrocarburíferas cuyo tratado, que deja «congelados» los reclamos de soberanía sobre ese territorio, debería ser renovado en fechas próximas; y c) el acceso al paso bioceánico a través del Estrecho de Magallanes, de extraordinaria importancia en la hipótesis de que por diversos motivos fuese inoperable el Canal de Panamá.
Cabe recordar las posiciones solidarias adoptadas por CELAC (América Latina y Caribe) y UNASUR (América del Sur), junto a la decisión de los países del MERCOSUR al negar el uso de sus puertos a embarcaciones con la ilegal bandera kelper. Más allá de los procesos de integración regional y las alianzas estratégicas, según la agencia de inteligencia global Stratfor, Brasil está dispuesto a apoyar a la Argentina en su reclamo por las islas Malvinas porque no quiere a Gran Bretaña cerca de sus yacimientos de petróleo.
Derecha e izquierda
La reivindicación del gobierno argentino coincide o desata, a la vez, un clima de nacionalismo de distintos calibres, de raíz popular o aristocrático, de liberalismos enajenantes u oportunistas, y también de anglofobias y anglofilias. Hasta un grupo de periodistas e intelectuales argentinos, alineados hoy con la derecha proimperial, insisten en la autodeterminación de los isleños. Desde sectores de izquierda dicen que los Kirchner pretenden construir soberanía mientras son entregados al extranjero meramente como mercancías recursos naturales estratégicos del país, como en megaminería e hidrocarburos. Pero no hay que olvidar que simultáneamente con la fuerte militarización de la base británica Mount Pleasant, entra oficialmente en operaciones la primera base paramilitar del Comando Sur de los Estados Unidos en territorio continental argentino. Encubierta como centro de respuestas a emergencias naturales, se trata de un centro de inteligencia militar, monitoreo y adoctrinamiento de la población civil dirigido por el coronel Edwin Passmore, activo de Irak, Afganistán y Kuwait y expulsado de Venezuela por espionaje.
El tema Malvinas, más allá de la solidaridad latinoamericana, también implica la descolonización mental y la necesidad de asumir la etapa de construcción de nuevas sociedades, iniciando -o prosiguiendo- el modelo de sustitución de importación de ideas. Después de 1982, Gran Bretaña hizo de las islas una cuestión de orgullo imperial y militarizó la zona entusiasmada con la posibilidad de extraer petróleo por 200 mil millones de dólares. Una causa coyuntural para la militarización del Atlántico Sur está asociada al manejo por la administración Cameron de la crisis política y la revuelta social interna por la desocupación, pero otra causa de fondo es que desde 2000 la producción de hidrocarburos en el Mar del Norte está decreciendo. El Reino Unido está pasando de exportar a importar gas. Está previsto el paulatino cierre y desmantelamiento de las plataformas petroleras del Mar del Norte hasta el 2035.
También cabe aclarar que la base militar inglesa de Malvinas, la más importante de la OTAN en el hemisferio Sur, fue adquiriendo esa dimensión no luego de la guerra del 82, sino después de firmados y estando vigentes los Acuerdos de Paz con el Reino Unido de 1990. Y que la explotación petrolera comenzó luego que el expresidente Carlos Menem firmara un nefasto convenio, que fuera bien derogado en el 2007 por Néstor Kirchner. Pero que tampoco Argentina hizo nada efectivo cuando la Unión Europea incorporó en su Constitución a las Malvinas y el territorio antártico británico como territorios de ultramar europeo.
En definitiva, hay que hacerse cargo de los errores cometidos antes, durante y después de la guerra de 1982. En democracia, Malvinas debe ser una política de Estado. Una política integral, sin doble discurso y también sin derrotismo.
Petróleo y dudas
A mediados de abril, la cancillería argentina se mostró satisfecha cuando la petrolera British Petroleum, de capitales ingleses, anunció que no participa en actividades de exploración de hidrocarburos en la región del Atlántico Sur «ni tiene planes de hacerlo en el futuro». La aclaración por parte de la empresa británica llegó en respuesta a una nota que el Ministerio de Relaciones Exteriores había enviado a mediados de marzo, advirtiendo que el gobierno argentino avanzaría con «acciones administrativas, civiles y penales» contra las compañías que participaran de la exploración y perforación de la zona aledaña a las islas Malvinas, por considerar que actúan en sentido contrario a lo indicado por las Naciones Unidas en diversas resoluciones. Esa empresa británica tiene intereses en la Argentina: está a cargo, a través de la compañía Panamerican Energy, del mayor yacimiento de petróleo del país, Cerro Dragón, en la provincia de Chubut. La concesión se extiende hasta el año 2043. El alcance de la decisión argentina de avanzar legalmente no incluye sólo a las empresas del rubro petrolero que participen directamente sino también a las que brinden apoyo logístico, asesoramiento o financiamiento. Esto incluye bancos, brokers y analistas de riesgo, entre ellas algunas de peso internacional como Crédit Suisse, Barclays, Merril Lynch y Goldman Sachs.
Mientras, sectores de la izquierda -entre ellos Mario Cafiero y Pino Solanas- denuncian que posiblemente tras las bambalinas se consolida definitivamente el formidable negocio de la explotación del petróleo de Malvinas por parte del Reino Unido, mediante la conjugación de dos medidas dictadas recientemente por el actual gobierno. Una fue la ley 26.552 de fijación de los límites de la Provincia de Tierra del Fuego, por la cual las islas Malvinas y la Antártida Argentina pasaron a ser jurisdicción de esa provincia, que se convirtió así en la más extensa de la Argentina y con la relación habitante por territorio más baja del planeta. Indican que pese que se ha querido mostrar a esta ley como una medida de reafirmación de la soberanía en los territorios usurpados, en los hechos provoca una minimalización del conflicto por Malvinas, que pasará en la práctica a ser un conflicto interno de dicha provincia, y no de la Nación Argentina.
El conflicto geopolítico actualmente más importante, por el dominio de las islas del Atlántico Sur y los extensos territorios marítimos circundantes, cuyos verdaderos antagonistas son el Reino Unido, con sus aliados europeos; y Argentina, con sus potenciales aliados sudamericanos, corre el riesgo de ser minimizado así en una disputa de poca monta entre malvinenses británicos y fueguinos argentinos. La otra medida fue la cesión que hizo el Poder Ejecutivo Nacional del 50% de las regalías de la explotación off shore de petróleo, incluidos los de la zona en disputa, a favor del Fideicomiso Austral creado por dicha provincia. La articulación de esas dos medidas, dictadas en simultáneo al desembarco británico con miras a explotar el petróleo de Malvinas, sumadas a la facultades constitucionales otorgadas a las provincias respecto a dominio originario de los recursos naturales, y de realizar acuerdos internacionales, posibilitan que la gobernadora Fabiana Ríos puede concretar discretos acuerdos de explotación de petróleo con las compañías que están operando o pretenden operar en la zona de disputa. Estas empresas encuentran como obstáculo legal la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a no innovar unilateralmente en la explotación de los recursos del área en disputa. Recibiría así -especulan los denunciantes- la provincia de Tierra del Fuego el pago de una simbólica regalía del orden del 3%, que la contraparte británica o los isleños, como ya lo han deslizado de distintas maneras, no imputarán como pagos de regalías (que puedan esgrimirse como un reconocimiento de soberanía argentina) sino como servicios ambientales prestados desde las costas del continente.
Seguramente por esta razón el Reino Unido astutamente insiste en que la cuestión del petróleo es «un asunto exclusivo de los isleños», porque es la única vía que tiene para legitimar su despojo a los argentinos, cuya explotación, tal como lo pretende hacer por su cuenta Brasil, podría brindar una era de prosperidad a Argentina, como sucedió en su momento con Noruega, Dinamarca, Holanda, y Gran Bretaña con los yacimientos del Mar del Norte. Estos sectores señalan que Argentina debería requerir que se declare una moratoria en la exploración y explotación petrolera del área en disputa, hasta tanto se haya dirimido la cuestión de la soberanía sobre la misma. Sería la manera concreta de obligar al Reino Unido a encarar negociaciones por la soberanía. Y la única manera de asegurar que dicha actividad pueda desarrollarse con los debidos apoyos desde el continente, conforme los referidos principios del Derecho Ambiental, sin convertirse en una aventura que podría deparar resultados catastróficos.
Álvaro Verzi Rangel es Analista del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia.
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