Venciendo la resistencia de los sindicalistas afines al gobierno indígena-campesino, la Central Obrera Boliviana (COB) decretó una huelga general indefinida y movilizaciones desde el próximo 16 de junio para frenar la rebelión de la oligarquía y obligar al presidente Evo Morales a cumplir con sus promesas de acabar con el neoliberalismo, profundizar las reformas y […]
Venciendo la resistencia de los sindicalistas afines al gobierno indígena-campesino, la Central Obrera Boliviana (COB) decretó una huelga general indefinida y movilizaciones desde el próximo 16 de junio para frenar la rebelión de la oligarquía y obligar al presidente Evo Morales a cumplir con sus promesas de acabar con el neoliberalismo, profundizar las reformas y mejorar la calidad de vida de la población.
El ampliado de la COB, celebrado este lunes en La Paz con la participación de los principales sindicatos y organizaciones populares urbanas y rurales del país, convocó a la huelga y al bloqueo de caminos para presionar a Evo para que cumpla con la denominada «agenda de octubre», que postula la expropiación a dominio estatal de las empresas transnacionales del gas, petróleo y minerales, la expropiación de los latifundios y la entrega de tierras para los campesinos, el aumento general de sueldos y salarios, el control de precios de los alimentos y la aprobación de una nueva ley de pensiones.
«Después de un debate de más de tres horas llegamos a conclusiones, que frente a la política del gobierno de Evo Morales que ha hecho a un lado al pliego de la COB y no hubo respuesta alguna, los trabajadores de forma unánime han decretado que a partir del 16 de junio empieza el bloqueo nacional de caminos y la huelga general indefinida», dijo el dirigente de la Central Obrera de Oruro, el minero Jaime Solares.
El dirigente laboral, que dirigió los levantamientos populares en el 2003 y 2005 que derrocaron a dos gobiernos neoliberales, explicó que el ampliado laboral instruyó a los sindicalistas organizar la huelga y los bloqueos desde las bases.
«En todos los departamentos se harán ampliados para organizar la huelga general e informar a las bases, acerca del trabajo que harán para consolidar la medida de presión», agregó. «Necesitamos el apoyo del pueblo para revertir las cosas que existen en el país a todo nivel», dijo al explicar que la lucha laboral se orienta a frenar la conspiración de la oligarquía que avanza con sus referéndums separatistas, para profundizar los cambios políticos y económicos en el país y para defender la economía y salud popular.
Línea revolucionaria
La decisión del ampliado de la COB se sustenta básicamente en la línea política aprobada por la última asamblea de los mineros de Huanuni y las recientes resoluciones del Congreso de la Central Obrera orureña, que han cobrado gran fuerza al interior de la organización unitaria de los trabajadores.
«Nuestra lucha debe ir dirigida a arrebatar la fuente del poder económico de esta minoría oligárquica y latifundista. Eso significa luchar por el cumplimiento de las Agendas de 2003 y 2005, nacionalizando las empresas trasnacionales y recuperando las empresas capitalizadas. Así herimos de muerte a los gamonales, frenamos el saqueo, generamos fuentes de trabajo y superamos, en los hechos, la pobreza ancestral a la que nos ha sometido el capitalismo y neoliberalismo», había señalado la asamblea de los 5 mil mineros de estaño de Huanuni.
Allí, en la mayor mina estatal del país, los sindicalistas conminaron al gobierno de Morales a dejar de lado su política conciliadora con la burguesía, que lo único que logró fue que la derecha y el fascismo alcen cabeza, ganen a las clases medias y tomen el control de casi la mitad de Bolivia, levantando gobiernos paralelos y en desacato al de Morales.
«El Gobierno -dice la asamblea minera– ya no puede eludir irresponsablemente este camino. Basta de concertar con los conspiradores y saboteadores del verdadero proceso de cambio. El cambio no debe ser frase hueca sino cambio estructural para recuperar nuestros recursos naturales y explotarlos a través del Estado bajo control social. Nacionalizar e industrializar nuestras riquezas debe ser el objetivo inmediato. La experiencia ha demostrado que sólo el pueblo a través del Estado puede hacerlo».
Cuestionamientos
La reunión laboral también cuestionó la actitud de los principales dirigentes oficialistas de la COB, como Pedro Montes, que suspendieron inconsultamente las movilizaciones, apoyando la política conciliadora de Morales con la oligarquía y evitando que los trabajadores reclamen por sus reivindicaciones y en contra del visible deterioro en los ingresos reales y su calidad de vida.
«Ha habido un cuestionamiento de todos los sectores y se resolvió que se llevará adelante el Congreso de la COB (para elegir a nuevos dirigentes, NdR), después de las movilizaciones del 16 de junio», explicó Solares.
En la percepción de los sindicatos más radicalizados, como los mineros y los maestros urbanos de La Paz (que este viernes reeligieron a sus radicales dirigentes trotskistas), el fortalecimiento de la derecha y los crecientes abusos contra los trabajadores se explicar por la inacción y debilidad gubernamental.
Lucha de clases
Así, los mineros de Huanuni, tras condenar «la agresión salvaje a los hermanos campesinos por parte de grupos pagados por los oligarcas y latifundistas de Sucre y la media luna», advirtieron «que de continuar este salvajismo fascista los mineros marcharemos en defensa de nuestros hermanos de clase para castigar a los culpables de estos atropellos que se vienen haciendo costumbre en Sucre y los departamentos donde controlan las bandas fascistas de adinerados extranjeros».
«La represión cobarde desatada por los grupos fascistas de Sucre contra compañeros campesinos ( a los que desnudaron, golpearon, arrastraron por las calles y los hicieron arrodillar y pedir perdón en la plaza central, NdR) es una nueva provocación a las mayorías nacionales y a la clase trabajadora que está cansada de estos atropellos y abusos humillantes organizados y financiados por la oligarquía trasnacional y latifundista que conspira abiertamente contra el orden establecido promoviendo el desacato sistemático a las leyes de la República».
«La lucha de clases se polariza cada vez más. Atribuir sólo al racismo estos continuos ataques contra nuestros hermanos originarios y campesinos, del cual somos parte, es un error que debemos superar. Las minorías aplastadas el 2003 y 2005 deben definitivamente ser eliminadas porque son las financiadoras de este estado de anarquía e ilegalidad montado sobre el gran show de las autonomías», agrega la proclama aprobada por la asamblea minera.