La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y otras fuerzas de seguridad internacionales «no luchan contra los narcotraficantes», sino que «intentan manejar el comercio de drogas», dijo a Al Jazeera un portavoz del gobierno del norteño estado mexicano de Chihuahua. Las denuncias por parte de activistas, académicos y exfuncionarios sobre la complicidad oficial […]
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y otras fuerzas de seguridad internacionales «no luchan contra los narcotraficantes», sino que «intentan manejar el comercio de drogas», dijo a Al Jazeera un portavoz del gobierno del norteño estado mexicano de Chihuahua.
Las denuncias por parte de activistas, académicos y exfuncionarios sobre la complicidad oficial en el negocio de la droga no son nuevas. Pero sí lo son cuando parten de un representante oficial de uno de los estados más violentos de México, fronterizo con el estadounidense de Texas.
«Son como las compañías de control de plagas, solo controlan», dijo Guillermo Terrazas Villanueva, portavoz de Chihuahua, en conversación con Al Jazeera el mes pasado en su oficina de Ciudad Juárez. «Si acabas con las pestes, te quedas sin trabajo. Si acaban con el negocio de la droga, se quedan sin empleo».
Un portavoz de la CIA en Washington no quiso comentar directamente estas acusaciones, y en cambio sugirió a Al Jazeera que consultara un sitio web oficial.
Acusaciones son «patrañas»
Terrazas Villanueva no es un funcionario de alto rango, y sus opiniones no representan a los responsables de la política exterior de México. Otros funcionarios del estado, incluyendo al alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, rechazaron las afirmaciones y las calificaron de «patrañas».
«Creo que la CIA y la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) están del mismo lado que nosotros en la lucha contra las bandas de la droga», dijo Murguía Lardizábal en una entrevista realizada en su automóvil todoterreno. «Tenemos una excelente colaboración con Estados Unidos», aseguró.
Bajo la Iniciativa Mérida, el Congreso legislativo estadounidense aprobó más de 1.400 millones de dólares de ayuda a la guerra contra el narcotráfico en México, suministrando helicópteros de ataque, armas y capacitación para policías y jueces.
Más de 55.000 personas han muerto en México por la violencia relacionada con la droga desde diciembre de 2006.
En forma extraoficial, residentes y representantes de todo el espectro político mexicano atribuyen este estado de cosas al cóctel letal que forman la demanda de estupefacientes de Estados Unidos y el flujo de armas de gran poder a través de la frontera.
La «ilusión» de una guerra
«La guerra contra las drogas es una ilusión», dijo Hugo Almada Mireles, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y autor de varios libros. «Es una razón para intervenir en América Latina», dijo a Al Jazeera.
«La CIA quiere controlar a la población. No quiere detener el tráfico de armas a México. Mire (por ejemplo a la operación) Rápido y Furioso«, afirmó, en referencia a la fracasada iniciativa estadounidense por la cual se permitió durante 15 meses el tráfico de armas automáticas con la esperanza de poder rastrearlas y detener a los criminales.
Pero el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos perdió el rastro de 1.700 armas durante la operación, entre ellas un fusil de asalto AK-47 que se empleó en 2011 para asesinar al agente fronterizo Brian Terry.
Echar la culpa a Washington de los problemas mexicanos ha sido algo habitual en esta nación latinoamericana desde la guerra entre los dos países, entre 1846 y 1848, cuando Estados Unidos conquistó lo que hoy son los estados de California, Utah, Nevada, Arizona y Nuevo México.
Pero operaciones como Rápido y Furioso muestran que la realidad puede ser más extraña que la ficción cuando se trata de la guerra antidrogas y las relaciones entre México y Washington.
Si no estuviera demostrado, la idea de que agentes estadounidenses activamente colocaban armas en manos de criminales mexicanos sonaría absurda para muchos.
Teorías conspirativas
«Creo que es fácil ser cínico ante la intervención estadounidense y de otros países en América Latina en relación con la droga», dijo Kevin Sabet, exasesor de la Casa Blanca en políticas de control antidrogas.
«Las declaraciones (que acusan a la CIA de manejar el narcotráfico) deben ser respaldadas con evidencia… Yo no les daría mucho crédito», sostuvo.
Los dichos de Terrazas Villanueva «podrían ser una forma de recibir algo de atención para su región, lo cual es entendible, pero no productivo ni basado en la realidad», dijo Sabet.
En 1996, el periódico Mercury News, de la occidental ciudad estadounidense de San José, publicó «Alianza oscura», una serie de artículos de investigación que vinculaban misiones de la CIA en Nicaragua con el aumento del consumo de crack en Estados Unidos.
Para financiar a los «Contras», milicias ilegales que luchaban contra el gobierno socialista en Nicaragua, la CIA se asoció con carteles colombianos para traficar droga a Los Ángeles, y emplear las ganancias para adquirir armamento y enviarlo a América Central, según esta investigación.
«No hay duda alguna de que personas relacionadas con la CIA o que formaban parte de su personal estuvieron involucradas en el tráfico de drogas», dijo por entonces el senador John Kerry, que había encabezado en 1989 un comité parlamentario de investigación sobre esos hechos.
Otros periódicos, como The Washington Post y Los Angeles Times, criticaron duramente la serie de artículos, y el editor de Mercury News finalmente admitió que se habían exagerado algunos elementos y se habían cometido errores en el trabajo periodístico, pero subrayó que refrendaba muchas de sus conclusiones centrales.
Rumores propagados
«Es verdad, quieren controlarlo», dijo en Ciudad Juárez un funcionario de rango medio de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) de México, refiriéndose a la CIA y a la DEA.
El funcionario, quien habló a condición de mantener el anonimato, dijo que sabía que las denuncias eran correctas, según conversaciones que mantuvo con algunos de sus pares estadounidenses que trabajaban en Ciudad Juárez.
La aceptación de esas denuncias por parte de varios elementos del gobierno y de los servicios de seguridad de México muestra la dificultad de llevar a cabo una efectiva acción internacional contra el tráfico de drogas.
Jesús Vicente Zambada-Niebla, narcotraficante del cartel de Sinaloa que actualmente espera su juicio en Chicago, dijo haber trabajado para la DEA, y que esa agencia le había prometido inmunidad.
«Bajo ese acuerdo, el cartel de Sinaloa, liderado por su padre, Ismael Zambada, y ‘El Chapo’ Guzmán, obtuvo carta blanca para continuar traficando toneladas de drogas ilícitas… a Estados Unidos», escribieron los abogados de Zambada como parte de su defensa.
«Y fueron protegidos por el gobierno estadounidense de ser arrestados y juzgados a cambio de que proveyeran información contra carteles rivales», añadieron. «De hecho, agentes del gobierno de Estados Unidos ayudaron a los líderes del cartel de Sinaloa».
El cartel de Sinaloa es la organización narcotraficante más antigua y poderosa de México, y algunos analistas creen que las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses la han favorecido respecto de los carteles rivales.
Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, billonario líder del cartel y uno de los hombres más buscados del mundo, escapó en 2001 de una prisión mexicana probablemente con ayuda de personal y jefes de seguridad. Eso fortaleció los rumores de que los narcotraficantes tenían colaboradores en las altas esferas del poder.
«Sería fácil para el ejército mexicano detener a El Chapo», dijo Mireles, «pero ese no es el objetivo».
Las autoridades a ambos lados de la frontera quieren tener suelto a El Chapo, cree, ya que su cartel es más fácil de controlar y el dinero de la droga se recicla en la economía.
Otros analistas consideran esta idea parte de una teoría conspirativa, y señalan que El Chapo pudo escapar debido a la ineptitud y la corrupción de algunas autoridades de rango bajo, más que por un plan de las agencias de gobierno.
En la escena política
Después de unas polémicas elecciones, con denuncias de irregularidades, Enrique Peña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumirá como nuevo presidente de México el 1 de diciembre.
Peña quiere abrir un diálogo con Estados Unidos sobre la guerra contra el narcotráfico, pero ha dicho que legalizar algunas drogas no es la solución.
Algunos políticos en Estados Unidos, incluso de línea dura, temen que Peña haga acuerdos con algunos carteles para reducir la violencia en el país.
«Espero que no regrese al PRI del pasado, que era corrupto y cerraba los ojos ante los carteles de la droga», dijo el congresista estadounidense Michael McCaul, del opositor Partido Republicano y representante del meridional estado de Texas.
Más allá de la posición que tome la nueva administración para calmar la violencia y restaurar el orden, es probable que muchos mexicanos, incluyendo funcionarios de gobierno como Terrazas Villanueva, sigan convencidos de que fuerzas en el exterior quieren que continúe el negocio de las drogas.
Las sospechas de los vínculos entre la CIA y el narcotráfico, sean verdaderas o no, hablan a las claras de la mutua desconfianza entre las autoridades, en medio de la mortandad y la destrucción de la vida cívica de México.
«Tenemos buenos soldados y policías», dijo Terrazas Villanueva. «Pero no resolveremos este problema con balas. Necesitamos educación y empleos».