Masiva manifestación contra la ley neoliberal de pensiones, defendida por Evo y la oligarquía, convulsiona a dinamita la sede de gobierno
Los sindicatos de la Central Obrera intentan desde este miércoles convertir a La Paz en el centro de la batalla para tirar abajo el sistema neoliberal de pensiones, defendido a ultranza por la oligarquía y, con ciertos reparos, por el propio presidente indígena Evo Morales.
Los trabajadores de diferentes sectores y regiones ya han comenzado a movilizarse en la sede de gobierno, en una jornada en la que sin embargo la mayor preocupación de la ciudadanía, conducida hábilmente por los grandes medios de comunicación, sigue concentrada en el referéndum revocatorio del 10 de agosto, que se ha convertido en un verdadero melodrama con las fuerzas de la ultraderecha ejerciendo a plenitud su derecho al pataleo para frenar la consulta y/o deslegitimarla. El pleno de la Corte Nacional Electoral ya ha ratificado la realización del referéndum, a pesar de la resistencia de las Cortes regionales que siguen las directrices de los prefectos (gobernadores) derechistas.
En la mañana de este miércoles, nutridas columnas de manifestantes del magisterio urbano, mineros y salubristas marchaban por las calles de La Paz, mientras en las ciudades de Cochabamba, Potosí, Sucre y Riberalta se producían bloqueos de carreteras y marchas de protesta. En Oruro, decenas de cientos de trabajadores y mineros se embarcaban en flotas y buses con rumbo a la sede de gobierno, para intentar doblar el brazo a Morales, que hasta ahora sólo acepta introducir parches al actual sistema neoliberal de pensiones.
MOVILIZACIÓN POPULAR
«Los trabajadores ya están partiendo a La Paz para participar de la gran movilización, ya que en esa ciudad vamos a formar nuestro cuartel general de la clase laboral. Esta movilización será en respuesta a la represión policial que sufrieron nuestros compañeros que realizaban bloqueos de caminos en diversos puntos como Caracollo y la Apacheta», dijo el dirigente de la Central Obrera de Oruro y líder de la rebelión popular del 2003, Jaime Solares.
En horas de la tarde, el estruendo de la dinamita y de los petardos confirmaban que La Paz ya era el centro de las protestas de miles de trabajadores que luchan por implantar un sistema solidario de pensiones en vez del actual esquema privado, que es administrado por las AFPs Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y que sólo brinda posibilidades de jubilación al 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana.
El sistema privatista, implantado en 1996 en el primer gobierno del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (derrocado en su segundo mandato en el 2003 y ahora refugiado en Estados Unidos), se basa en la capitalización individual, donde cada trabajador realiza una contribución con destino a su propia cuenta individual, de la cual se beneficiará con una pensión de vejez cuando se jubile. Bajo este sistema, el trabajador aporta un 10 por ciento de su salario, además de 1,75 por ciento para un seguro de riesgo común que cubre accidentes ocurridos fuera del ámbito laboral y un 0,5 por ciento de comisión de las administradoras privadas.
TRES OPCIONES
Este sistema privado que otorga enormes ganancias a las AFPs Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por administrar más de 3.200 millones de dólares, es defendido a capa y espada por la oligarquía, los partidos de derecha, las asociaciones y gremios empresariales y los grandes medios de comunicación. Todos ellos quieren que este sistema se mantenga tal como está.
La segunda propuesta, ya remitida al Congreso, es la del gobierno del presidente Morales que plantea, en lo esencial, mantener el sistema de capitalización individual, con la principal salvedad de que los 3.200 millones de dólares ya no sean administrados por las AFPs, si no por el Estado.
La COB, en cambio plantea, en lo fundamental: i) reducir la edad de jubilación de 65 años a 55 para los trabajadores varones y de 60 a 50 años para las mujeres, ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores activos aporten en una bolsa común para la jubilación de los viejos, y iii) eliminar la administración privada de los fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Estos recursos serían administrados bajo control directo de las organizaciones de los trabajadores.
La COB también postula que el Estado, las transnacionales y las empresas privadas nacionales aporten a un fondo de jubilación colectivo, lo que no es aceptado ni por Morales ni los privados.
PROTESTA DE MILES
En La Paz, en horas de la tarde de este miércoles, el minero Solares, a la cabeza de varios contingentes de mineros proletarios de Oruro, dirigían la protesta de miles contra Evo Morales y la oligarquía. El eje de la movilización popular es la nueva ley de pensiones y un explosivo pliego de peticiones que va desde la nacionalización efectiva del gas, el petróleo y la minas así como la confiscación de las tierras de los latifundistas que conspiran contra Morales, la expropiación de los agroempresarios que lucran con el hambre del pueblo y el aumento general de salarios.
«Evo cree que es el ombligo del mundo. Evo ahora come bien y no se da cuenta que los trabajadores estamos pasando hambre. Mientras los empresarios siguen engordando y arrinconando al Gobierno, los trabajadores estamos pasando hambre. La movilización callejera es la única arma para derrotar a la derecha y lograr nuestras reivindicaciones», dijo el dirigente del magisterio urbano paceño, el trotskista José Luis Alvarez.
Otro dirigente de los maestros, Gonzalo Soruco, aseguraba que «el objetivo por el que estamos movilizados es lograr una buena ley de pensiones. Las rentas actuales son miserables porque están en función de los ahorros de los trabajadores. Debe haber aporte del Estado y de la parte patronal. No pueden seguir eludiendo su responsabilidad con los trabajadores».
CHANTAJE GUBERNAMENTAL
«Con esta manifestación, los trabajadores de la COB estamos mostrando que no cedemos ni a la represión ni al chantaje del gobierno», dijo, por su parte, Germán Chaparro, dirigente de la mina Bolívar.
«El cuartel general de los trabajadores será en La Paz, porque presionaremos al gobierno para que tome en cuenta el proyecto de Ley de Pensiones que hemos presentado, por eso, los mineros del departamento de Oruro estaremos en las marchas y bloqueos en La Paz».
«El gobierno se está equivocando, porque como en tiempos de los gobiernos neoliberales está enviando a los policías para que repriman a los trabajadores», afirmó.
ALIADOS DE LA OLIGARQUÍA
El dirigente laboral también rechazó las sindicaciones que hizo el presidente Morales a los sectores de la COB de ser «instrumentos del imperialismo» y «aliados de la derecha» por movilizarse y protestar en su contra.
«El principal aliado de la oligarquía es Evo Morales, porque defiende a los latifundistas, a los ricos que explotan a los trabajadores y pagan salarios de hambre (…) Que Evo se defina si va a seguir con los ricos o se va a venir con los pobres», retrucó el minero Solares.
La principal acusación que hacen los sectores más radicales de la COB al gobierno de Morales es de haber desarrollado una política de conciliación con la derecha y la oligarquía, abandonando las banderas de la lucha popular de octubre del 2003 y 2005, entre las que está la abrogación de la ley neoliberal de pensiones, la expulsión de las transnacionales, la expropiación de todos los latifundios y la entrega de tierras a los campesinos e indígenas.
Y es que fruto de esta política conciliadora, en dos años y medio de gestión, el presidente Evo Morales entregó a la oligarquía y al imperialismo, sin lucha ni pudor, más de la mitad del territorio nacional, donde se concentran la mayor parte de los recursos naturales y tierras más fértiles del país.
Hoy, esa oligarquía viola las leyes, conspira contra el gobierno y traba todas sus iniciativas, a vista y paciencia del presidente indígena que sólo parece tener fuerza para rechazar las demandas de los trabajadores. Y eso cuestionan los sectores más radicalizados.
OTRA MOVILIZACIÓN
En cambio, los dirigentes de los sindicatos afines al gobierno de Morales, tienen escasa participación en las movilizaciones de la COB y hacen énfasis, por el contrario, en la campaña oficial para ratificar en su cargo al presidente el próximo 10 de agosto. Este es el caso, por ejemplo, de los campesinos, cocaleros, colonizadores, cooperativistas mineros y Centrales Obreras regionales como la de El Alto.
Los dirigentes de estas organizaciones instruyeron a sus bases votar el 10 de agosto por la continuidad del mandato del presidente Evo Morales, en algunos casos con la advertencia de sanciones para quienes no cumplan con el voto consigna. Paralelamente, ordenaron votar en contra de los seis prefectos de la oposición.
El principal dirigente de la Central de El Alto, el oficialista Edgar Patana, anunció que realizarán «medidas de presión y movilizaciones para protestar por el intento de la oligarquía de frenar el referéndum revocatorio».
CAMPAÑA ELECTORAL
En la tarde de este miércoles, el vicepresidente García Linera aseguró que, pese a los esfuerzos desesperados de la derecha, el referéndum se realizaría el 10 de agosto. También anunció que convocaría a una reunión de emergencia del Congreso Nacional en caso de que alguno de los vocales de la Corte Nacional Electoral renuncie a su cargo y ponga en riesgo los comicios.
«Pareciera que algunas cortes departamentales quieren ahora sustituir la dictadura militar de las décadas de los 60 y 70. El no garantizar una ley nacional (la del referéndum) aprobada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo, es un golpe al pueblo y al Congreso Nacional», había advertido horas atrás el propio Morales.
PERSPECTIVAS
Concluido el referéndum, la proyección de Evo es lograr un gran acuerdo nacional con la oligarquía para preservar la democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del capitalismo andino. También quiere lograr la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas, impulse el desarrollo capitalista de Bolivia y abra paso a su reelección a partir del 2010.
La derecha, en cambio, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de cinco años.
En medio de estas dos grandes tendencias se ha comenzado a abrir una tercera, impulsada por los sectores más radicales de la COB, que postulan destruir el poder económico de la oligarquía y, al mismo tiempo, obligar a Evo Morales a ejecutar la agenda de la insurrección de octubre, que se sintetiza en gas, petróleo y minas para Estado, tierras para los indios y empleo y salarios para los trabajadores. «Ni Evo ni la oligarquía» es su consigna, pergeñada en el documento político de la Central Obrera de Oruro y que hoy motoriza la mayor demostración de fuerza del proletariado contra el gobierno indígena y campesino.