Tres semanas de intensa crisis Bolivia ingresa en una peligrosa pulzeta política y social tras en nuevo fracaso del Parlamento para instalar la sesión de Congreso (asamblea legislativa) e iniciar el tratamiento del referéndum autonómico y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Entre tanto, el presidente Carlos Mesa convocó por «Decreto Supremo» a la Asamblea […]
Bolivia ingresa en una peligrosa pulzeta política y social tras en nuevo fracaso del Parlamento para instalar la sesión de Congreso (asamblea legislativa) e iniciar el tratamiento del referéndum autonómico y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Entre tanto, el presidente Carlos Mesa convocó por «Decreto Supremo» a la Asamblea Constituyente y al referéndum sobre las autonomías de los departamentos (provincias), la cual fue acogida con duras críticas de parte de los diferentes sectores sociales movilizados, que a su vez anuncian una radicalización de las medidas de presión.
El presidente Mesa acusó a las «minorías radicales» de «golpistas», lo que hasta el momento sólo ha conseguido resultados opuestos a los buscados por el mandatario. Las calles de la ciudad de La Paz (centro político del país) se ven cada vez más copadas por miles de manifestantes (que según varios cálculos superan los 50.000 manifestantes) que con vítores a «Octubre no se olvida» y «Mesa cabrón, El Alto no te quiere», desafiaban al cerco policial que resguarda fuertemente la Plaza Murillo (donde se encuentra el Parlamento y el palacio presidencial), protagonizando enfrentamientos de varias horas, batidas entre gases lacrimógenos y dinamitazos.
INTENSAS MOVILIZACIONES.
Tras la pausa decretada en respeto al «corpus cristi» y al «día de las madres», las movilizaciones -con fuerzas renovadas y más numerosas- volvieron a transformar a la ciudad de La Paz en un campo ocupado por los manifestantes de diferentes sectores -juntas vecinales de El Alto, gremialistas, maestros, mineros, campesinos- demandando una Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos, además de un fuerte rechazo a la propuesta de autonomía de los «cruceños» (cívicos del oriente boliviano). Las movilizaciones que confluyeron en la sede de gobierno y que eran esperadas por un fuerte contingente policial parapetado alrededor de la Plaza Murillo, vivieron su mayor intensidad el pasado martes 31, día en el que prácticamente una marea humana ingresaba a la hoyada paceña donde, al igual que las anteriores semanas, se concentraron vecinos alteños, maestros, campesinos y algunos estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Una «ocupación» anunciada por ensordecedoras detonaciones de dinamita. Los enfrentamientos más fuertes se produjeron a pocas cuadras del Parlamento y del palacio presidencial, en un «duelo» de dinamitas por parte de los estudiantes de la UPEA y de gases lacrimógenos por parte de los efectivos policiales en un enfrentamiento que duro por varias horas.
MEDIDAS TARDIAS.
Al igual que sucedió con las anteriores medidas del presidente de la republica ésta ultima llego a destiempo. El Decreto Supremo 28195 -emitido el jueves 2 de Junio a las 11 de la noche-, por el que se convoca a la elección de constituyentes y a la realización del referéndum nacional vínculante sobre las autonomías departamentales para el próximo 16 de octubre, pretendía salvar el empantanamiento provocado dentro del Senado al naufragar un precario acuerdo para sesionar e intentar buscar una salida a la crisis política y social del país. El presidente Mesa, en su mensaje a la nación, valoró la inutilidad de los esfuerzos realizados en el Congreso Nacional para llevar adelante el acuerdo nacional firmado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria la noche del miércoles pero, ante la imposibilidad del Congreso, dijo, de «resolver las distancias políticas», era el momento de que Bolivia asumiera su responsabilidad histórica y que él no veía otra salida que su decreto. Salida que fue acogida con sendas críticas por parte de los sectores movilizados que tomaron la decisión del presidente como una «burla». Por su parte Evo Morales, líder del MAS volvía a señalar a Vaca Díez (presidente del Congreso) como un «maniobrero» y «desestabilizador», mientras la brigada cruceña se atrincheraba en el reclamo de referéndum autonómico y operaba contra la incorporación de la Constituyente a la agenda. «La brigada parlamentaria de Santa Cruz quiere manipular al Congreso en favor de sus demandas regionales», dijo el presidente de la Brigada parlamentaria de La Paz a la prensa. Al mismo tiempo Morales ponderaba la actitud de el presidente como una «acto de buena voluntad» pero que es una medida tardía y peca de ser inconstitucional.
INCERTIDUMBRES Y POSIBILIDADES.
Sobre este ambiente político se pueden establecer algunas pequeñas certezas que dan pie a una continuidad de Mesa en el gobierno: 1) el temor de encarar unas elecciones anticipadas; 2) el rechazo a una sucesión constitucional -que colocaría la figura de H. Vaca Díez actual presidente de Congreso y representante de una derecha mafiosa- que devuelva el poder a la megacoalición (alianza de los partidos tradicionales neoliberales) que sostuvo al fugado Gonzalo Sánchez de Lozada.
Según el analista Álvaro García Linera, «un adelantamiento de las elecciones no representa una solución de fondo, solamente se trataría de una medida superficial». Esto sumado a que los parlamentarios no se encuentran dispuestos al adelantamiento de las elecciones, lo que implicaría para ellos la pérdida de su banca, dado el radical desfase entre la actual composición congresal y la relación de fuerzas políticas. Entretanto, varios son los sectores que demandan un paso al costado del presidente Carlos Mesa. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Roberto Mustafá, considera que el adelantamiento de las elecciones es la única vía para evitar una confrontación más profunda, mientras que el empresariado cruceño apuesta a la sucesión constitucional que entregue el poder a Vaca Díez, oriundo de la región oriental y fuertemente resistido por los movimientos sociales. Evo Morales señaló que «un adelantamiento de las elecciones representaría una frustración a los cambios estructurales que precisa el país y a las demandas sociales, nosotros nos concentraremos en la demanda de la Asamblea Constituyente y en la convocatoria al referéndum autonómico», que significarían una posible transformación del acartonado sistema partidario que imposibilita hoy la toma democrática de decisiones en Bolivia.
Es en éste ambiente de tensión que la lucha indígena y popular va expandiéndose y se encamina -peligrosa y rápidamente- hacia una confrontación directa contra los que identifican como saqueadores de los recursos naturales y de la riqueza pública; contra los que impusieron la explotación de la fuerza de trabajo por la vía de la precariedad; contra el los que causaron el debilitamiento de las instituciones democráticas, convirtiéndolas en simples lugares de reunión elitaria.
LA ULTIMA CARTA.
Atendiendo al llamado que hizo el presidente de la Republica para que la Iglesia Católica pueda comandar un acercamiento entre las partes y promover espacios de diálogo, es que se desarrollaron, éste fin de semana, los primeros acercamientos. El programa de negociaciones de la Iglesia se divide en dos fases que pretenden establecer las diferentes salidas que puedan plantearse. El primer acercamiento se dio con los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para luego entrar en la segunda fase, el diálogo con los sectores sociales (Central Obrera Boliviana; Confederación de Campesinos de Bolivia; Federación de Juntas Vecinales de El Alto; Comités Cívicos) y partidos políticos.
Ayer, domingo 5 de junio, tras haberse desarrollado la primera fase de las negociaciones programadas por la iglesia, la idea que más se maneja es la de dar paso a elecciones anticipadas. Mientras que los movimientos sociales anuncian su desconfianza y la radicalización de sus medidas de presión. «La iglesia tiene que definir si esta o no con los pobres, mientras eso no suceda el movimiento campesino no levantara los bloqueos» aseguraba Román Loayza, dirigente campesino. Y por otra parte, la dirigencia del Comité Cívico de Santa Cruz no declina en su arrogante auto-convocatoria a referéndum autonómico, el cuál según la Corte Nacional Electoral -órgano regulador de todo sufragio- informó que «la auto-convocatoria cruceña solamente puede tener una carácter de encuesta ya que no tendría ninguna repercusión legal».
Día desarrollado, además, en medio de un clima de desinformación de parte de algunos medios de comunicación, principalmente televisivos (UNITEL y RED UNO), quienes se dieron a la tarea de sembrar paranoia en la población, fundamentalmente en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, exacerbando el clima de enfrentamiento de por sí ya peligroso.