Como la mayor parte del territorio mexicano, la Montaña de Guerrero es un hervidero en el que tienen presencia la delincuencia organizada, el ejército, los megaproyectos mineros, las autoridades estatales y las policías locales y, del lado de la resistencia, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Costa y Montaña, con sus […]
Como la mayor parte del territorio mexicano, la Montaña de Guerrero es un hervidero en el que tienen presencia la delincuencia organizada, el ejército, los megaproyectos mineros, las autoridades estatales y las policías locales y, del lado de la resistencia, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Costa y Montaña, con sus particulares procesos internos.
El 15 de octubre la Policía Comunitaria celebró su XVI aniversario en la comunidad de Paraje Montero, en medio de un clima enrarecido por la sorpresiva presencia de integrantes del gabinete estatal, y también porque días antes fueron capturados por la Comunitaria cinco presuntos narcotraficantes. El asunto se mantuvo en total discreción mientras se celebraba el festejo que convocó a representantes indígenas de otras partes del país, además de miles de tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos de los municipios vecinos que avalan su propio sistema de seguridad.
El comunicado de la inusitada captura se hizo unos días después, en el marco de la incursión militar que el 25 de octubre realizaron siete vehículos al territorio comunitario de San Luis Acatlán, pasando por las comunidades de Horcasitas, Potrerillo del Rincón, Potrerillo Coapinole, Tuxtepec, Pueblo Hidalgo y Hondura Tigre, hasta llegar a la comunidad de Buenavista, «donde preguntaron cómo llegar a la comunidad de Pajarito Grande». Horas después, informan, «detuvieron a Agustín Barrera Cosme, consejero de la CRAC, a quien se le dijo que tenía orden de aprehensión por haber cometido un delito ambiental meses atrás».
Este panorama, advierte la CRAC, «ocurre en un contexto de alerta generalizada en las comunidades que integran nuestra institución comunitaria, ya que en los últimos meses, y en particular en los últimos días, se han incrementado de manera visible los actos de delincuencia, sobre todo los relativos al narcotráfico». El problema no es menor: «Sabemos de las posibles implicaciones de este caso grave que está ocurriendo, y sólo pedimos a las autoridades del gobierno que respeten los procedimientos y acuerdos que las instancias del sistema comunitario establezcan para la atención de dicho caso. En el entendido de que nosotros no estamos en guerra contra nadie, y que en todos los casos priorizaremos la seguridad, integridad y tranquilidad de nuestras comunidades, así como las mejores condiciones para la reeducación de los detenidos, respetando debidamente, conforme a nuestras posibilidades, sus derechos como personas».
En los días siguientes fue liberado el integrante de la CRAC, pero la escalada militar continúa, por lo que en los primeros días de noviembre tuvieron que instalarse retenes de la Policía Comunitaria para una mayor seguridad del territorio, pues la mañana del 31 de octubre otro convoy integrado por seis camiones del Ejército, proveniente de Marquelia, ingresó a la comunidad me’phaa Potrerillo del Rincón; ese mismo día otro convoy recorrió la carretera Tlapa-Marquelia hasta la comunidad me’phaa de Paraje Montero, y por la noche regresó a Tlapa.
«Rechazamos desde ahora la presencia de militares y policías federales en territorio comunitario, ya que no contribuye a la seguridad ni a la tranquilidad de nuestros pueblos. Reiteramos nuestra disposición de dialogo y trabajo coordinado con el gobierno, pero con respeto a nuestras instancias y mecanismos para la toma de decisiones. Decimos no a la sumisión ni a la subordinación», indicaron en su comunicado». En declaraciones posteriores, Bruno Placido Valerio, uno de los fundadores de la CRAC, sostuvo que «que la intención de los federales y soldados era liberar a los cinco detenidos».
El doble lenguaje del gobierno en torno a la presencia de la Policía Comunitaria, organización que desde hace 16 años mantiene la seguridad de la región, disminuyendo hasta en un 90 por ciento la delincuencia común, se hizo patente en estas semanas, pues luego de llegar a tomarse la foto en el festejo de aniversario, procedieron las incursiones y la detención del integrante de la CRAC.
El otro marco de militarización, quizás el más importante, es la amenaza de las empresas mineras que pretenden instalarse en la Montaña de Guerrero y que han sido denunciadas por la Comunitaria como un peligro incluso mayor que el de la delincuencia organizada. El despliegue militar, señala la CRAC, trastoca «la tranquilidad y la rutina cotidiana de nuestras comunidades» y son una «provocación frente a la decisión tomada por las comunidades de nuestra organización de hacer valer sus derechos colectivos e individuales, rechazando la implantación de las mineras y ejerciendo la justicia hacia quienes cometen delitos en el territorio».
La Policía Comunitaria tiene presencia en 70 comunidades de 12 municipios de la Montaña y Costa Chica, regiones en las que se mantiene una campaña en defensa del territorio contra la explotación minera, concretamente contra las empresas Hochschild y Camsim. El 14 de octubre, como parte del XVI aniversario, se conformó, entre otras, una mesa de trabajo en la que se habló sobre los impactos de estos megaproyectos en el medio ambiente, la salud, la seguridad y soberanía nacional, la seguridad alimentaria y la identidad de los pueblos, pues «en los últimos 25 años los sucesivos gobiernos de la República han entregado en concesión a empresas mineras, nacionales y extranjeras, alrededor del 30 por ciento del territorio nacional».
En el aniversario de la CRAC también estaba contemplada la reunión del Congreso Nacional Indígena, encuentro que no pudo celebrarse por la «intromisión de funcionarios del gobierno estatal de Guerrero», en la inauguración del evento. El CNI, sin embargo, participó en las mesas de trabajo, saludó «el esfuerzo organizativo de las comunidades y organizaciones que han logrado conformar y fortalecer la Policía Comunitaria y la CRAC y sus 16 años de lucha y resistencia» y anunció la organización de un taller nacional de diálogo y reflexión sobre los impactos de las empresas transnacionales en las regiones indígenas de México, los días 26 y 27 de noviembre, en la comunidad de San Mateo del Mar, Oaxaca.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/11/12/oja-guerrero.html