Un mes entre el genocidio y el encumbramiento de las tramas del poder, lo que deja son más certezas, que en vista de las circunstancias víctima es todo el pueblo mexicano en la represión y asesinato a sus estudiantes pobres, víctima en la negación del Estado sobre sus profundas responsabilidades, víctima porque su proceder va […]
Un mes entre el genocidio y el encumbramiento de las tramas del poder, lo que deja son más certezas, que en vista de las circunstancias víctima es todo el pueblo mexicano en la represión y asesinato a sus estudiantes pobres, víctima en la negación del Estado sobre sus profundas responsabilidades, víctima porque su proceder va contra el interés colectivo. Burgueses y burócratas políticos han decidido ocultar la verdad forzando el retorno a la «normalidad institucional» con la que es viable hacer y deshacer sus arbitrariedades de toda la vida.
El desdén por la verdad frente a las acciones de policías comunitarias, de organizaciones sociales en la búsqueda de los desaparecidos, y del sacerdote Alejandro Solalinde; es el extremo de la arrogancia de estas elites que tampoco se inmutan ni son capaces de responder a las acusaciones de los estudiantes sobre su evidente crimen. Tal parece que tienen por objeto desmoralizar al pueblo frente a su historia, se enorgullecen en golpear a uno de los últimos reductos de la revolución de 1910-17 en materia educativa.
El aparato político trabaja con una agenda al margen de la realidad, profesa una situación virtual con sus propias crónicas marcianas porfiando hasta el absurdo su tesis de la delincuencia narco. Se le suspenden sus agendas. Vaga en un manejo discrecional de la vida nacional a su antojo para beneficiarse de las circunstancias anteponiendo los intereses de un esquema de dominación instaurado entre unas élites omnipotentes. Pero en Chihuahua las estudiantes de la Normal de Saucillo y organizaciones populares les devuelven a la realidad, «¿por qué reprimirnos de esta manera? Sepan que la inconformidad no es nada más de los estudiantes, esta inconformidad es de la sociedad y va más allá de nuestro país, sepan bien que no nos van a callar».
Mes de luchas por la conciencia nacional, por el rescate de jóvenes de las garras asesinas del narco-Estado, por vislumbrar la gran responsabilidad histórica del cambio social, de ir paso por paso hacia una conciencia activa, movilizadora en torno al problema de la violencia represiva, la corrupción, la evasión fiscal, el saqueo público y privado, la democracia, el Estado y el capitalismo. En todo el país resuena unánime «¡vivos los queremos!», el clamor va rasgando hondo problemas sobre problemas acumulados por la opresión y la explotación.
Los políticos acomodan sus estratagemas, ganar tiempo, retardar o ralentizar el proceso, crear coartadas para evitar ser implicados, ser o hacerse el tonto, lanzar amenazas a la población, promocionar cruzadas anticorrupción, prometer justicia, fanfarronear con la aplicación de la ley, u otras triquiñuelas a que están acostumbrados; pues todos coinciden en exorcizar un movimiento popular en puerta, de proporciones sísmicas que altere la correlación de fuerzas.
Mientras tanto Aguirre que alardeó que nadie lo tumbaría, sale por la puerta chica en una renuncia obligada por las circunstancias del ascenso de la movilización popular: Lo mismo que la pareja imperial de Iguala súbitamente fue apresada en un intento del régimen por dar carpetazo a los problemas sociales. Estos actos son subproductos también de chanchullos de las elites políticas entre su naturaleza rapaz, sus supuestos de creerse indispensable para el país y el tormento por la insurgencia popular. Bastaron demostraciones contundentes y un primer ultimátum del pueblo para que estas elites se vieran acicateadas y tomaran estas acciones acomodándose al menor de los daños, donde descuella la actitud reptante del PRD, a todos les urge cerrar y enterrar el asunto en otro tipo de fosa burocrática.
Sin romper los compromisos las elites juegan a recomponer sus relaciones de poder, pese a su ignorancia de la situación «debaten» sobre los poderes en Guerrero, pues como nada son capaces de arreglar tienen la ilusión de que esto coloque en una trampa al pueblo, enfriar el problema y pensar en los tiempos electorales que se avecinan; así se minimizaría el tema de la descomposición del régimen, pese a las corresponsabilidades en la fracasada «modernización» del régimen.
La susodicha desaparición de poderes abierta o flexibilizada generará tal caos administrativo, político y policiaco, que complicará su propia paz neoliberal, con lo que reforzará misteriosamente al crimen organizado en su escalada de los poderes públicos. Al PAN le interesa desgastar a su competencia urdiendo este aventurerismo demagógico; en tanto el PRI titubea frente a tal medida teniendo cola que le pisen, sabiendo que degradaría su dominio global del país en que también puede suscitarse que la población retome una fuerza como fue la APPO 2006; el PRD no apuesta a esto por obvias razones, bastante cuestionado y repudiado, lo que le pone en una situación de nuevas concesiones para reducir los daños que lo comprometen en la masacre, atizando su ruina política como proyecto reformista. Sus divergencias son por el control, estas instancias y los poderes públicos ensayan velozmente los mecanismos de la militarización en Guerrero en la cobertura de lucha contra el narcotráfico, pero con una línea directa de sofocar la resistencia popular a modo de apagar el fuego de donde se irradia la movilización nacional frente a los graves problemas del país.
Con o sin desaparición de poderes, con modalidades de impunidad como la «renuncia», la burguesía reclama ya medidas extremas: hundir a Guerrero en el caos, más violencia por todo el país contra la población, represión a quienes luchen, violación de derechos humanos y desapariciones forzadas. Ejército, policía, gendarmería y el narco con manos libres para delinquir y reprimir hasta hacerse rutina. Estamos ante un proceso sui géneris de derivas fascistas, de agresión y criminalización de los derechos sociales, pero también de posibilidades democrático-revolucionarias que se extienden a todas partes.
Por doquier el mismo estado de cosas en Michoacán, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Coahuila…, son los mismos elementos políticos del caos, la pobreza, el despojo, la prepotencia del poder, una dictadura perfecta en su punto crítico. En tanto unas versiones se obstinan en ver al Estado como atrasado por sus formas represivas detrás de los sucesos, el hecho es que resulta adecuada al capital tal estructura de violencia y tal agonía para la burguesía y el hegemón yanqui tanto más descollante en su totalitarismo porque de esta inestabilidad en particular tienen las consecuencias apetecidas.
Los poderosos y los oportunismos de todos colores cuentan los pollos antes de nacer, se las ingenian para montarse ya sea en la línea del Estado o en la «conducción» del proceso de lucha exaltando sus fuerzas o instrumentos, opacando al resto a menos que se les subordine. Lo seguro es que los proyectos burgueses han fracasado incontrastablemente, el marco hegemónico de los actuales grupos de poder económico y sus partidos políticos enfrentan una crisis seria – se asienta una crisis del Estado más grave que la desgarradora crisis de seguridad a la cual comprende- que replantea la lucha de clases y sus escenarios.
El proceso social y de conciencia marcha con sus respectivos planes de lucha entre huelgas, mítines, tomas y marchas, es su deber dotarse de direccionalidad en su propósito por los cuarenta y tres. Establece herramientas de lucha y organización independientes del estado en las distintas escalas nacional, regional y local. Implanta el principio de emancipación frente a un capitalismo y Estado depredadores de la vida y el trabajo, distanciados del pueblo. Ayotzinapa nos replantea los reclamos sociales, políticos y económicos ante la burguesía y sus aparatos, junto al problema de la democracia popular. Nos alumbra el lugar de la conciencia de clase ante la dominación burguesa e imperialista. La conciencia política se sujeta a los intereses de las clases populares en la necesidad del cambio en las relaciones y naturaleza del poder político-económico, en el tema de la propiedad de los recursos y la riqueza del país ante unas clases y mafias capitalistas envilecidas.
Para alcanzar una fase de desarrollo de la lucha popular sin precedentes las circunstancias nos convocan a instancias consultivas y direccionales en todas las escalas del movimiento en general para que se gesten nuevas organicidades, nuevas unidades y nuevas formas en pro del poder popular y proletario. Hay que quitar los esquemas automáticos lineales donde de un punto se llega a otro y todo supone un ascenso fácil ajustado a teoricismos fuera de la realidad, el proceso es mucho más rico y complejo en su marcha, pero más sostenible en sus bases.
Para el pueblo y sus movimientos se trata de una condición inédita, la oportunidad concreta de elevar las luchas por la transición del país a un nivel de organización que pueda enfrentar al régimen esbozando una línea anticapitalista contundente, en ello debe centrar su atención la. En el mediano plazo se necesitan instancias que aunque diversas, operen en posiciones semejantes afrontando la política burguesa, que además vayan recreando una plataforma común de conducción general del proceso democrático-revolucionario. En cada estado en lucha cabe impulsar los factores unitarios, no ayuda el que se atribuyan o dictaminen «la dirección» sino muchas vertientes que impulsarán en sus condiciones las tareas de acción bajo formas comunales y asamblearias de encabezar la escalada de la lucha. El protagonismo recae en el pueblo mexicano, es la condición indispensable del proceso. A l a Asamblea Nacional Popular entre estas cuestiones cabe plantearse el crear derechos populares efectivos y la construcción de un organismo que aglutine y conduzca las distintas luchas populares, forjar una perspectiva y varias instancias organizativas, o en su caso instancias populares que gestionen los derechos populares que se logren conquistar, instancias que deben tener independencia de los órganos del estado, en la toma de decisiones, apelando argumentos de democracia popular efectiva ante el fracaso de la democracia electorera representativa
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