Después de su innegable derrota en el referendo revocatorio del 10 de agosto, la derecha se lanzó a una ofensiva cruenta que destruyó oficinas públicas, quemó muebles y archivos, robó equipos, persiguió y humilló a las personas y terminó masacrando una cantidad indeterminada de campesinos. Esa fue la reacción brutal de los grupos de poder […]
Después de su innegable derrota en el referendo revocatorio del 10 de agosto, la derecha se lanzó a una ofensiva cruenta que destruyó oficinas públicas, quemó muebles y archivos, robó equipos, persiguió y humilló a las personas y terminó masacrando una cantidad indeterminada de campesinos. Esa fue la reacción brutal de los grupos de poder que se resisten a abandonar sus prebendas.
Durante mucho tiempo, tentaron al gobierno de Evo Morales a dictar el estado de sitio creyendo que, de ese modo, lo mostrarían como autoritario y dictatorial. Los sucesos sangrientos que provocaron cívicos y autoridades locales en Pando, obligaron finalmente a tomar esa medida a la que, tanto tiempo, se resistió el gobierno.
La detención del prefecto Leopoldo Fernández, el confinamiento de algunos sospechosos, el inicio de acciones judiciales por los delitos cometidos en otros distritos y la fuga de otros implicados en los hechos, son hechos que responden a la necesidad de poner orden en varios departamentos en los que se conspiró contra el gobierno y contra la democracia. Sin embargo, la oposición vocifera que, este gobierno, está vulnerando la libertad de las personas.
Estado de Sitio
La despiadada matanza organizada en la prefectura de Pando a principios de septiembre pasado, como ya lo dijimos, obligó a dictar Estado de Sitio. Los organizadores y cómplices de ese sangriento episodio se escondieron, huyeron y hasta pidieron asilo político. No obstante, el principal responsable creyó que era inabordable en su impunidad y desafió la emergencia. Detenido por violar las disposiciones del Estado de Sitio, el gobierno preparó la acusación por los delitos cometidos. El aparato opositor, que aún sigue comandando importantes áreas del Estado, se apresuró en brindarle protección. Esta vez, sin embargo, se enfrentan a la firme decisión oficial, de no permitir más actos de impunidad. Fernández será juzgado y lo será por la vía ordinaria, por la comisión de delitos que no derivan de su condición de autoridad electa.
Pero, por encima de los hechos específicos, el Estado de Sitio, ha establecido claramente de qué lado está la razón y el respeto a la ley. De esa manera, se pudo establecer un clima de concertación que ha permitido la convocatoria a los referendos dirimidor y ratificatorio de la nueva Constitución Política del Estado. Ha permitido, a la vez, pacificar no sólo Pando, sino otros departamentos en los que campeó la violencia propiciada por los comités cívicos locales e incentivada, o al menos tolerada, por los prefectos opositores.
El próximo 23 de noviembre se levantará esta medida, tomando en cuenta la recomendación de la Corte Nacional Electoral. El orden y la seguridad de las personas, serán resguardados por fuerzas de policía y efectivos militares. No habrá más capricho de caciques, que creyeron en la impunidad de sus acciones, hasta el asesinato de campesinos a quienes les negaban el derecho de reunirse y de protestar. Los culpables, por supuesto, deberán rendir cuentas ante los tribunales.
Sitio al gobierno
La oposición, por supuesto, quiere que el gobierno quede inerme. Los atropelladores lo acusan de atropellos. Los culpables pretenden culpar al gobierno. Saben muy bien, ahora, que su alternativa es actuar en democracia. No les gusta. Consideran que, democracia, es la permisión de sus manejos y la garantía de sus prebendas.
Han usado varios métodos para derrocar al gobierno: el rumor, la campaña mediática, la violencia multiplicada, el intento golpista, la matanza. Hasta creyeron que el referendo revocatorio los favorecería. Todos sus planes han quedado frustrados. Ahora cifran sus esperanzas en impedir la elección de autoridades en la Corte Nacional Electoral. Hablan, a través de su vocero más agresivo, de que no habilitarán ninguna solución que permita los referendos dirimidor y ratificatorio para la nueva Constitución Política del Estado. Insisten en que, el gobierno del presidente Evo Morales, tome decisiones extremas.
Están sitiando no sólo al gobierno, sino al mismo Estado. Pero, al final, los sitiados seguirán siendo ellos