Intentando rescatar el carácter progresista de la Asamblea Constituyente, que había sido previamente hipotecada a las fuerzas del neoliberalismo, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrenta a un verdadero dilema: romper con el poder petrolatifundista y avanzar más allá de su tibio reformismo o llegar a nuevos acuerdos con quienes son los dueños de […]
Intentando rescatar el carácter progresista de la Asamblea Constituyente, que había sido previamente hipotecada a las fuerzas del neoliberalismo, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrenta a un verdadero dilema: romper con el poder petrolatifundista y avanzar más allá de su tibio reformismo o llegar a nuevos acuerdos con quienes son los dueños de la tierra, de sus riquezas naturales y de Bolivia.
Hasta ahora, la intención-decisión del presidente Evo Morales y del MAS de anular el poder que tiene la oligarquía petrolatifundista al interior de la Asamblea, derivó en la amenaza de huelgas, movilizaciones y protestas antigubernamentales en cuatro de los nueve departamentos (regiones) de Bolivia, donde pisan fuerte las organizaciones empresariales, las logias de poder y los gremios defensores de las transnacionales y los capitalistas criollos.
Reunida en Santa Cruz, la oligarquía ha movilizado a los Comités cívicos (que aglutinan a casi todas las fuerzas vivas de los departamentos, desde los grupos empresariales, vecinales e incluso sindicales), a muchos parlamentarios y asambleístas neoliberales, a los prefectos y a casi todos los partidos de derecha en contra del gobierno de Morales. Ellos están dispuestos al desacato y a declarar la guerra para impedir que el MAS y Evo Morales dominen por sí solos la Asamblea, definan la nueva Constitución y delimiten lo que será la autonomía regional.
La amenaza de la oligarquía ha obligado, en lo inmediato, a que la Asamblea Constituyente, reunida desde la tarde de este lunes en Sucre, sin la presencia de los opositores, aplace sus deliberaciones por 48 horas, deteniendo la aprobación de un reglamento que deja fuera de juego a la oligarquía y que ha puesto a la Asamblea al borde de la fractura y al país a un paso del conflicto.
«Es una oportunidad para desbloquear la situación y se debe aprovechar este tiempo para recomponer la relación y llegar acuerdos», dijo el asambleísta Jorge Lazarte, de la derechista Unidad Nacional.
Por instrucción directa del presidente Evo Morales este plazo ha sido aceptado, aunque a regañadientes por la mayoritaria fracción indígena y campesina del MAS, que aún cree que es posible arrinconar a la oligarquía. Hay alivio, sin embargo, entre los representantes de las clases medias del MAS, que aún piensan que se puede recrear un acuerdo con los partidos y representantes de la derecha neoliberal.
EL PACTO CON LA OLIGARQUÍA
Desde su concepción hasta su instalación, la Constituyente estaba marcada por un pacto de largo aliento entre el MAS del presidente Evo Morales con las logias de poder y partidos representantes del imperialismo y la oligarquía interna. El acuerdo, refrendado en la Ley de convocatoria a la Asamblea y hecho realidad en las urnas, daba al MAS el control de la mayoría de los asambleístas y la posibilidad de marcar el rumbo de la Constituyente, dejando a la derecha neoliberal el veto para frenar cualquier iniciativa o acción que vaya en contra de sus intereses. El pacto se sintetizaba en los dos tercios, que el MAS no tenía y que eran necesarios para elaborar la nueva Constitución Política del Estado, según lo admitía hasta hace poco el propio vicepresidente, Álvaro García Linera, gestor del pacto.
«Este diseño electoral (de la Asamblea Constituyente) ha impedido la presencia de mayorías abrumadoras. Por el propio diseño, que fue resultado de un acuerdo entre la oposición (petrolatifundista) y el Gobierno, nadie, nadie podía obtener más del 65 por ciento de la votación. Se privilegió, se respetó la presencia de minorías políticas, y encima, en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se colocó un candado: la obligatoriedad de los constituyentes a tener dos tercios del voto para aprobar sus decisiones. Por lo tanto, la obligatoriedad de alianzas, de acuerdos, de consensos, todo eso está en la misma Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, fruto de un acuerdo de oposición y de Gobierno», decía García Linera.
Este pacto se orientaba a minimizar las reformas a la Constitución previstas por el MAS a cambio de moderar al máximo las pretensiones autonomistas y separatistas de la oligarquía asentada en el oriente del país.
CONSPIRACIONES Y FRACCIONES
Este pacto, sin embargo, no ha marchado como estaba programado. La oposición neoliberal, concentrada en la ultraderechista Podemos del ex presidente Jorge Quiroga, la derechista Unidad Nacional del millonario Samuel Doria Medina y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del derrocado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros, han interpretado el pacto como la licencia plena para boicotear todas y cada uno de las iniciativas del MAS, para que la Asamblea languidezca y muera de inocuidad.
En respuesta, el MAS, timoneado por su fracción indigenista, ha lanzado al canasto los dos tercios gestionados por la fracción pequeñoburguesa urbana de García Linera y aprobó el viernes, en la primera de dos etapas, un reglamento que le faculta a imponer su mayoría y a prescindir de la oposición en la redacción de la nueva Constitución. Toda una declaratoria de guerra, que ha sido respondida por la oposición derechista con el abandono de las sesiones y el atrincheramiento en Santa Cruz.
LA TRAMPA DE LOS DOS TERCIOS
Bajo la presión de la fracción indigenista, que es ahora mayoritaria en el MAS, el vicepresidente García Linera archivó, temporalmente, su discurso conciliador y oficializó la intención-decisión del MAS de anular el poder de veto que tiene la oligarquía en la Asamblea Constituyente.
Según explicó el vicepresidente, el reglamento de debates, que aún debe ser aprobado en detalle por la Asamblea en Sucre, para que tenga validez, establece que todas las determinaciones, incluidos los artículos de la nueva Constitución Política del Estado, serán aprobados por mayoría simple de votos, con los que cuenta el MAS.
«Hay cinco puntos en la propuesta del MAS. Uno que reafirma la mayoría absoluta para los artículos (de la Constitución), tres que reafirman los dos tercios para el texto final de la Constitución, para el desafuero (de asambleístas) y para la modificación del Reglamento, y el quinto punto que es una cláusula de salvedad para permitir que no se estanque al final la Asamblea Constituyente», dijo al explicar que «para la aprobación del texto final, si no hay dos tercios, se debe someter la nueva Carta Magna al voto soberano por medio de un referéndum». Con ello, se está dejando sin efecto la obligatoriedad de los dos tercios y, por tanto, el poder de veto que tenía la oligarquía.
La ley de Convocatoria a la Constituyente establecía que el texto de la nueva Constitución debía ser aprobado obligatoriamente por dos tercios de votos y que recién se podía ser llevado a referéndum.
MOVILIZACIÓN POPULAR
En esta pulseta con la oligarquía, el gobernante MAS, atrapado por sus propias contradicciones y devaneos, ha convocado a la movilización popular para lograr reformas controladas en la gestión del Estado.
Por ahora, las distintas fracciones del MAS, aguardan la reacción opositora, concentrada en Santa Cruz, y el impacto de sus medidas. La fracción indigenista, con fuerte arraigo y poder en las organizaciones campesinas e indígenas, donde la Constituyente es sinónimo de refundación del país y mejores condiciones de vida para el pueblo, cree que la movilización popular logrará arrinconar a la oligarquía y hará funcionar la Asamblea.
La fracción pequeñoburguesa, más conservadora y dialoguista, dirigida por García Linera, apuesta, en cambio, a que se establecerán nuevos puntos de acuerdo con la oligarquía petrolatifundista, una vez que las partes en conflicto se muestren los dientes, libren unas cuantas escaramuzas y finalmente se sienten en la mesa del reencuentro. La suspensión de las deliberaciones de la Constituyente por 48 horas juega a favor de la segunda tendencia, mientras que la amenazas y presión de la oligarquía apuntalan la radicalidad de la primera.