En México, a fines de enero, en Ciudad Juárez organizaciones sociales y de derechos humanos impulsaron un ayuno para visualizar y demandar al gobierno acciones más decisivas para frenar la violencia y muertes que se viven allí. La situación es preocupante por la cantidad de asesinatos, especialmente de jóvenes y mujeres, por el clima de […]
En México, a fines de enero, en Ciudad Juárez organizaciones sociales y de derechos humanos impulsaron un ayuno para visualizar y demandar al gobierno acciones más decisivas para frenar la violencia y muertes que se viven allí.
La situación es preocupante por la cantidad de asesinatos, especialmente de jóvenes y mujeres, por el clima de inseguridad que vive la población y por el aumento de la militarización para resolver problemas que tienen que ver más bien con temas estructurales que con el narcotráfico precisamente tal.
Parte de la población excluida ha terminado enrolándose allí y hasta los encargados de hacer cumplir la ley. Por eso, las palabras corrupción, complicidad e impunidad suenan fuerte aquí.
Conversamos con David Barrios Rodríguez, quien forma parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM, sobre estos temas.
– ¿Cuál es la situación de México actualmente en materia de militarismo y derechos humanos?
– El Estado y las Fuerzas Armadas de México tienen una larga historia de represión a los movimientos sociales y de violaciones a los Derechos Humanos en la que en términos generales, ha primado la impunidad más absoluta. Sin embargo, a partir de 2006 hemos entrado en una nueva fase. De acuerdo a la información oficial, desde ese año a la fecha han sido asesinadas en México más de 34.000 personas. Múltiples informes de Derechos Humanos, como el de Human Rights Watch, señalan que en México las Fuerzas Armadas recurren de manera sistemática a las ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y torturas. De manera reciente la ONU expresó su alarma porque en los últimos cuatro años han sido asesinados 1.000 niñas y niños mexicanos en esta guerra. Se estima que anualmente, son secuestrados en México un promedio de 18.000 migrantes. En este lapso de tiempo nuestro país se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos para defensores de Derechos Humanos y periodistas quienes han sido desaparecidos o asesinados por decenas. Al mismo tiempo, comenzamos a observar en México fenómenos como la aparición de grupos paramilitares que parecen realizar masacres enfocadas a la «limpieza social».
– ¿El Plan Mérida ha causado efectos negativos?
– El Estado mexicano y el gobierno norteamericano son cómplices en este baño de sangre. La guerra contra el narco y la Iniciativa Mérida fueron desplegadas en un marco de corrupción a todos los niveles que ha permitido mucha opacidad en la información y que asegura impunidad en relación a las violaciones generalizadas contra las garantías de la población. La conducta del gobierno norteamericano ha sido oscilante, ya que aunque en determinados momentos ha amenazado con detener la inyección de recursos por las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en México, ha sostenido siempre (como ocurrió con Hillary Clinton hace unas semanas en Guanajuato) que respalda la Guerra contra el narcotráfico aunque sus efectos sean «dolorosos».
– ¿Por qué Ciudad Juárez vive tantos crímenes y violencia?
– Se debe a la conjugación de varios factores. Recordemos que a partir del año de 1993 se desarrolla en esa ciudad un fenómeno de violencia hacia las mujeres, (conocido como feminicidio), que hasta la fecha sigue impune. Se trata del asesinato de cientos de mujeres, que en muchos casos fueron de manera previa torturadas, mutiladas y violentadas sexualmente. Más allá de las líneas de investigación que se han ofrecido (asesinos seriales, violencia intrafamiliar), se percibe un clima de violencia generalizada, diríamos capilar, contra las mujeres. Me da la sensación de que en los últimos años esa experiencia se ha ampliado al resto de la población, en el sentido de que se trata de distintas violencias que se articulan y donde por supuesto, el sustento es la violencia estructural del modelo económico y social que genera cada vez mayores niveles de exclusión.
Por otro lado, Juárez tiene una gran importancia estratégica por su condición de frontera y de paso natural hacia los Estados Unidos. En los últimos años, cuando los antiguos cárteles de la droga se fracturaron en varias facciones, la «plaza» de Juárez se volvió un lugar de disputa importantísima y por ello concentra enormes niveles de violencia. Sin embargo, como te mencionaba hace un momento, muchas de las ejecuciones son dirigidas contra centros de rehabilitación de adictos, trabajadores de la construcción y en general gente muy humilde, lo cual conduce a pensar que están actuando grupos de limpieza social. Lo que es verdaderamente preocupante es que todas estas muertes son incluidas en la cifra de muertos por la guerra contra el narco (algo que denunciaba Marisela Escobedo sobre las cifras de feminicidio antes de ser asesinada en diciembre).
– ¿Tú crees que se esta creando o maquinando un clima artificialmente para tener la justificación para militarizar México?
– Lo que creo es que la militarización también se emplea con objetivos de control social, tanto para preservar la desigualdad imperante como para reprimir a los movimientos sociales del país. Estos serían los objetivos velados del incremento de la presencia militar en las calles. Es decir, que este estado de guerra resulta funcional para el saqueo de recursos estratégicos, el ataque a la clase trabajadora y de manera muy importante para intentar legitimar a una clase política parasitaria y corrupta. La construcción de enemigos (como el terrorismo o el narcotráfico) o la sensación de caos, siempre son recursos disponibles para generar sociedades tolerantes o incluso cómplices con el autoritarismo. La represión en Atenco y Oaxaca en 2006 habla también de la intención del Estado mexicano de acallar la disidencia en el país a través de los métodos más violentos.
– ¿La situación de Ciudad Juárez se da también en otros lugares?
– Desafortunadamente la violencia y la militarización se han generalizado a prácticamente todos los estados del país. La situación es especialmente delicada en Nuevo León, Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, pero en todos los estados hay ejecuciones y una creciente presencia militar.
– ¿Cómo resulto el ayuno en Ciudad Juárez? ¿Hubo algún logro?
– Primero es preciso señalar que el ayuno se hizo con el objeto de conmemorar el primer aniversario luctuoso de 15 jóvenes de la ciudad que fueron masacrados el 31 de enero de 2010 en el fraccionamiento Villas de Salvárcar. También tuvo como marco el aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi y la reivindicación de la resistencia no violenta activa. Considero que son loables los esfuerzos en Ciudad Juárez que tengan como horizonte la demanda de paz con justicia, porque también existe un movimiento «blanco» que exige más militarización.
Aun así en este momento es bastante amplia la inconformidad con la presencia de la Policía Federal y el Ejército en la ciudad. Durante el ayuno lo que se reflexionó es que es necesario enfrentarse al miedo que cunde entre la población y comenzar a organizarse para demandar el regreso del ejército y la Policía Federal a los cuarteles. En ese sentido, el ayuno fue un logro, porque acampamos en el centro de la ciudad unas 60 ó 70 personas. Sin embargo, algo que quisiera señalar es que entre el 30 y 31 de enero, es decir, cuando realizábamos el ayuno, fueron asesinadas 7 mujeres en el estado de Chihuahua. Entre ellas una joven de 16 años en Villas de Salvárcar quien recibió 6 impactos de bala por parte de la Policía Federal al salir de una fiesta. Al igual que con la agresión a Darío Álvarez en octubre de 2010, sería ingenuo pensar que se trata de una coincidencia. El Estado mexicano intenta amedrentar a la incipiente organización de la población contra la militarización.
– Algún otro comentario…
– Algo que me parece crucial es difundir lo que está sucediendo en mi país, en ese sentido es muy importante que organismos como SOAW y las distintas redes internacionales contra la militarización y a favor de los Derechos Humanos levanten su voz contra lo que sucede en México. En particular creo que es necesario brindar cobertura a los activistas de Ciudad Juárez y de otros lugares del país. La manera como fueron asesinadas Marisela Escobedo y Susana Chávez da cuenta del cinismo y la impunidad que vivimos en México. La opinión pública internacional tiene una gran responsabilidad porque puede presionar de manera efectiva a los gobiernos de México y de Estados Unidos. En lo que respecta a la sociedad mexicana, cada vez hay más iniciativas para detener la guerra, pero es indispensable articularlas. Todos los esfuerzos por detener esta guerra son necesarios si queremos evitar una catástrofe aun mayor.
Esta entrevista esta en el Boletín electrónico Encuentro entre los Pueblos.
Ver en: http://encuentronortesur.files.wordpress.com/2011/02/boletin5.pdf