I. Los medios de comunicación como ingenieros del consenso y de la conformidad
Este proceso se sistematiza a través del modelo de propaganda, el cual revela cómo los medios filtran la información mediante mecanismos concretos como la selección de fuentes afines al poder político-económico, el enfoque obsesivo en los efectos (daños económicos) y la ocultación de las causas estructurales, y el uso de un lenguaje que deshumaniza a los manifestantes.
La meta no es la manipulación grosera, sino la fabricación de un consentimiento donde la ciudadanía cree elegir libremente dentro de un marco de opinión prefabricado que asocia la ley con el orden y su rechazo con el caos.
Desde la Escuela de Frankfurt, el análisis adquiere una dimensión cultural más profunda. Los medios son vistos como parte de una industria cultural cuya función última es producir sujetos dóciles y despolitizados. En este contexto, la cobertura del conflicto cumple una pedagogía del castigo que enseña que el conflicto social es una desviación patológica, que protestar conlleva un costo penal inevitable y que la autoridad debe imponerse por encima de los derechos. No se busca sólo legitimar una ley, sino educar a toda la sociedad en la aceptación acrítica del orden establecido, anulando cualquier reflexión estructural y reduciendo el debate a consignas binarias de consumo emocional.
Finalmente, la mirada de Luis Espinal Camps incorpora una dimensión ética y popular irrenunciable. Denuncia que cuando los medios se separan del pueblo, dejan de ser instrumentos de verdad para convertirse en armas del poder de turno. Desde esta óptica, una cobertura que habla sobre el pueblo, pero no desde el pueblo, que invisibiliza el sufrimiento que genera la protesta y que justifica la injusticia que la provoca, es profundamente inmoral. Espinal alerta que no puede haber un voto libre en un referéndum sin información honesta. Si la decisión se toma bajo un clima mediático de miedo y estigmatización, el resultado podrá ser legal, pero nunca será justo ni democrático.
II. Entre el proyecto de ley antibloqueos y la propuesta de referéndum en Bolivia
El análisis de la cobertura mediática dominante en Bolivia confirma la vigencia de estas concepciones teóricas, actuando de manera concatenada.
Se observa la operación de fábrica de sentido común a través de un encuadre hegemónico que presenta los bloqueos casi exclusivamente como un problema de “orden público y perjuicio económico”. Esta narrativa, repetida hasta la saturación, despolitiza el conflicto, ocultando su historia y sus causas socioeconómicas, para generar en la audiencia cansancio y una demanda social de mano dura.
Los filtros de propaganda son evidentes. Predomina en las noticias la voz de autoridades gubernamentales, legisladores y representantes empresariales, mientras las voces de las organizaciones sociales, como la Central Obrera Boliviana que impulsó las protestas, son marginalizadas o enmarcadas como un elemento de conflictividad. El enfoque se centra en las pérdidas materiales, silenciando el debate sobre las razones que llevan a amplios sectores a recurrir a esta forma de protesta. Así, se fabrica un consenso aparente en torno a la necesidad de la norma.
Esta cobertura cumple, asimismo, la función de industria cultural identificada por la Escuela de Frankfurt. La repetición del discurso del “caos” y la “necesidad de orden” actúa como una pedagogía que normaliza la criminalización de la disidencia. Busca crear una subjetividad ciudadana que entienda la represión legal no como una opción política controvertible, sino como un acto natural de defensa social, anulando la capacidad de pensar el conflicto en sus términos estructurales.
En este escenario, la propuesta de referéndum impulsada por el diputado Carlos Alarcón de la alianza Unidad emerge como un punto crítico. Los marcos mediáticos ya establecidos predisponen el terreno para que esta consulta se desarrolle bajo una profunda asimetría informativa, traicionando la ética comunicacional defendida por Luis Espinal.
Los medios, lejos de generar un debate plural que escuche al pueblo, estarían orientando la opinión pública hacia una opción punitiva, presentada como sinónimo de racionalidad y paz. El “sí” se asociaría emocionalmente al orden, mientras el “no” quedará estigmatizado como una opción radical y disruptiva.
Conclusión
La articulación de estas perspectivas revela que los medios hegemónicos están ejecutando un rol coherente y multifacético en el debate de la ley antibloqueos: despolitizan el conflicto, criminalizan la protesta, legitiman el castigo y educan en la obediencia. La propuesta de referéndum, en lugar de ser un ejercicio de democracia radical, corre el riesgo de convertirse, bajo este ecosistema mediático, en la coronación de este proceso. Sería el momento donde un no electo, mediante la fabricación de consentimiento y la pedagogía del castigo, obtendría una legitimación popular para una ley que, al silenciar la protesta sin atender sus causas, traicionaría la función social de la comunicación y sepultará la justicia bajo un manto de legalidad. La batalla decisiva, por tanto, no es sólo jurídica o parlamentaria, sino cultural y comunicacional.
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