Quien en su sano juicio de la mayoría de la población no quiere o desea que se castigue y se haga verdadera justicia contra los últimos cinco expresidentes de México: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique peña Nieto.
Seguramente la mayoría de la población nacional lo anhela. Es decir, se trata de castigar a quienes aplicaron férrea y autoritariamente durante 30 años el neoliberalismo que ha llevado al país al abismo de la destrucción nacional. Son tres décadas perdidas de un crecimiento económico cuyo desarrollo social ha sido totalmente desastroso.
“¿Por qué juzgar a Salinas?”, se preguntó Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “Entregó todos los bienes de la nación y el pueblo de México a sus allegados”. A Ernesto Zedillo, por otro lado, lo señaló por “convertir la deuda privada de unos cuantos, en deuda pública”, mientras que ha Fox lo calificó como “un traidor a la democracia” al “imponer a Felipe Calderón”, a quién el tabasqueño criticó por haber dado inicio a la Guerra contra el Narco que le quitó la vida a miles de mexicanos. Finalmente, dijo que el juicio contra Peña Nieto se llevaría a cabo por los “evidentes actos de corrupción” en los que incurrió. Estamos de acuerdo, en esta ocasión.
El periodo neoliberal, que continua de forma más sutil bajo un ropaje populista, fue una época de absoluta corrupción política de los mandos supremos. Trajo consecuencias terribles para la mayoría de los mexicanos del campo y las ciudades. Los cinco expresidentes son responsables de la caótica y terrible situación en que se encuentra el país, especialmente en lo que se refiere a la hiperviolencia social, de la cual también es responsable AMLO, manteniendo a la inútil Guardia Nacional.
AMLO y su gobierno promueven una Consulta Popular en la que la población se pronuncie por un Si o No para llevar a juicio a la quinteta de ladrones y corruptos políticos quienes representan conspicuamente a la Mafia del Poder que dice combatir López Obrador; aunque esta “lucha” contra la poderosa mafia política hasta el momento no ha tenido ningún resultado favorable porque no ha caído ningún pez gordo. Los tiburones siguen nadando a sus anchas y los pejelagartos de Tabasco solamente mirándolos pasivamente.
Esta consulta está en un mar de contradicciones, empezando porque el propio AMLO dice que no participará en la consulta porque considera una venganza el castigo a los expresidentes. Esto es una aberración política total y una incongruencia manifiesta. Una cobardía que da mal ejemplo sus seguidores. “Sí pero no” parece ser la consigna preferida del presidente. De hecho, con tal postura inconsecuente está perdonando a la Mafia del Poder.
Se supone que la aplicación de la ley debe apegarse al Estado de Derecho y por tanto castigar a los delincuentes y criminales siempre y cuando se comprueben sus fechorías. De tal manera que sale sobrando la Consulta Popular. Si realmente los expresidentes son delincuentes, corruptos y hasta traidores a la Patria, que lo son, el actual gobierno federal ya debería tener toda una carpeta gruesa de pruebas en su contra, pero hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna investigación al respecto ni sus resultados, si es los que hay. La impunidad, a la fecha, de los poderosos políticos y expresidentes es vigente, y algunos criminales genocidas vivos, como el expresidente Luis Echevarría, nunca tendrán ningún castigo.
En un principio la pregunta de la Consulta Popular era: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen, y en su caso sancionen, la pregunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. Sin embargo, la Suprema Corte la modificó y quedó así: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?” Esta segunda pregunta entonces desvanece la intención de castigo y todo queda en la búsqueda solamente de un esclarecimiento de las decisiones políticas. Los actores políticos quedarán impunes en esta comedia farsesca. Desde luego que los actos y los actores de la corrupción pasada y actual deben de investigarse a fondo para llevarlos a juicio.
Hasta Vicente Fox se pitorrea de tal consulta con todo el cinismo que le caracteriza desde que fue presidente. Y los otros cuatro expresidentes caminan muy campantes sin ningún temor porque saben que esta consulta no tendrá ninguna consecuencia carcelaria. En este sentido, es una verdadera farsa la tal consulta, pero eso no implica que el pueblo no vote simbólicamente por el SÍ, pues representa políticamente la sed de justicia y la verdadera necesidad de un ejemplo trascendental de combate a la corrupción. Es probable que al no alcanzarse el 40 por ciento del sufragio necesario para emprender el juicio todo quede en una justificación del gobierno federal de los nulos resultados contra la profunda corrupción del pasado del presente.
Desde luego que esta Consulta Popular de la dizque 4T a realizarse este próximo domingo 1 de agosto ha levantado muchas voces defensoras de los feroces “cinco lobitos” políticos. La derecha y la ultraderecha la ven con malos ojos y la cuestionan totalmente. Los medios conservadores y sus más conspicuos periodistas se oponen a un castigo ejemplar a esta quinteta de políticos cretinos delincuentes. Aquí se incluyen ideólogos de la mafia del poder, como el “historiador” Enrique Krauze.
El gobierno federal encabezado por AMLO, que sigue protegiendo la acumulación de capital y que aparenta ser un gobierno para los pobres pero que favorece al gran capital, pretende legitimarse políticamente aparentando la búsqueda de la justicia con esta consulta, pero el juicio político contra el neoliberalismo gansteril, violento y depredador está muy lejos de alcanzarse con este plebiscito que significa un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. El apoyo masivo está por verse y la participación popular en las decisiones políticas trascendentes va más allá de un simple plebiscito. Ciertamente esta consulta se convierte en un distractor de los grandes problemas nacionales que no encara la 4T.
La instauración efectiva de una democracia popular radical en los hechos no pasa por las elecciones sino por acciones clasistas muy combativas de las masas populares organizadas políticamente derrumbando el actual estado de cosas. Los plebiscitos son indicadores políticos, en tanto participación popular, como termómetros de la conciencia proletaria. Por eso es apremiante la formación de un frente único de trabajadores del campo y las ciudades, de sectores populares anticapitalistas para luchar por un gobierno obrero, campesino, indígena y popular. Este gobierno democrático si sería efectivo para una verdadera transformación nacional.