Una movilización callejera que dejó que desear y movimientos en el congreso que todavía no arribaron a definiciones han marcado el pulso político de estos días. Están en curso combates decisivos de cuya definición dependen aspectos importantes del desenvolvimiento de la sociedad argentina.
El jueves 18 de diciembre la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó a cabo una marcha en dirección a Plaza de Mayo. Hacía tiempo que no ocurría una convocatoria de este tipo. Sólo el tratamiento, que parecía inminente, de la ley de contrarreforma laboral pudo disipar en parte la modorra burocrática.
La dirigencia sindical mayoritaria es día a día más reacia a cualquier movilización o medida de fuerza. Prolongó lo más que pudo la actitud sólo negociadora. Lo que abarcó la participación hasta último momento en el Consejo de Mayo. Fue a través de la representación de Gerardo Martínez, el eterno dirigente de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
Todo indica que la preocupación principal de la dirigencia cegetista no es la preservación de los intereses de los trabajadores. Al contrario, protegen sobre todo sus facilidades para el cobro de cuotas sindicales, el manejo de obras sociales y demás fuentes de recursos para sus organizaciones.
Ocurre que el proyecto de ley, sin ir con todo contra ellos, les dificulta la percepción de sus ingresos acostumbrados, lo que incidió en que al final se pongan en movimiento, aunque con reticencias.
La movilización no fue todo lo masiva que podía esperarse. Pudieron verse extensos claros en el interior de la plaza. Cabe la disquisición acerca de cuánto hubo de voluntad de un llamado sólo a “media máquina”.
Un indicio en ese sentido es que no se instó a un paro general, lo que hubiera incrementado la convocatoria. Sindicatos importantes sólo llevaron pequeños contingentes, tal vez conformándose con movilizar a sus aparatos y dejar en la casa a las trabajadoras y trabajadores de base.
Tampoco debe descartarse que la capacidad de la CGT para reunir multitudes haya disminuido. Lo cierto es que una gran proporción de los afiliados ya no confía en los dirigentes. Ya escépticos ante el sindicalismo en general, el deseo de ganar la calle puede brillar por su ausencia.
En los discursos sobre el escenario que se montó, los recientes triunviros de la principal central obrera tampoco destacaron por su combatividad. Hicieron la crítica más o menos obvia al proyecto de ley.
Agregaron la vaga anticipación de un paro, que declararían “si no se los escucha”. Como si no estuviera demostrado hace tiempo que el actual gobierno tiene escaso interés en dialogar con los gremios, salvo que el intercambio arroje como resultado un sometimiento aún mayor.
La contrarreforma postergada y los avatares presupuestarios
Casi al unísono con el final de la manifestación, la flamante senadora Patricia Bullrich anunció que el proyecto no será tratado antes de fin de año, como se preveía, sino recién en febrero. Un revés para la presidenta de bloque de La Libertad Avanza (LLA) y el gobierno en general.
Puede haber una relación de causa a efecto con el traspié oficialista en la cámara de diputados. Cuando hasta algunas de las bancadas más cercanas se negaron a dar el voto para la derogación por la vía del presupuesto de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. La actual administración ya exhibe un comportamiento obsesivo contra esas leyes que con tanta insistencia fueron tratadas en el congreso.
Ocurre que el gobierno se guía por una consigna casi explícita: “Para capitalistas y ricos todo, para trabajadores y pobres nada”. En el mismo proyecto se incluyen exenciones y disminución de alícuotas que podrían financiar con creces las erogaciones necesarias para la enseñanza universitaria y los discapacitados. Claro que del presidente Javier Milei para abajo sólo tienen ojos para los grandes inversores.
Esta vez chocaron con la resistencia de legisladores de la oposición “amigable” que no sustentaron el voto en sentido contrario a reiterados pronunciamientos suyos a lo largo del año pasado. Son temas sensibles, es difícil que haya legisladores que no cuenten en su círculo cercano con personas del ámbito universitario; afectadas por discapacidad, o ambas cosas.
Además cabe el reparo de la dudosa legalidad de que queden sin efecto disposiciones de efectos permanentes en el articulado de una ley como la de presupuesto, de vigencia anual y que tiene otros objetivos.
El rechazo acarreó las iras de los partidarios del gobierno. Llegaron a la amenaza con un veto a la ley, motivado en que de mantenerse las leyes que se pretende derogar producirían un desequilibrio fiscal. Se escamotea así que pueden reasignarse otros recursos para financiarlas sin mayores dificultades. Lo que le interesa al oficialismo es amputar la llamada “mano izquierda” del Estado para el fomento de sus políticas concentradoras y excluyentes.
Trascendió que ante la posibilidad de veto hubo legisladores que ya no estarían dispuestos al tratamiento de los cambios en la legislación laboral. Por lo menos hasta que se compruebe que no ocurrirá el amenazado veto y la norma presupuestaria quede promulgada.
Mientras tanto, durante la madrugada se escenificó otro toma y daca. Esta vez por cargos en la Auditoría General de la Nación. Fueron tres puestos que quedaron repartidos entre LLA, Unión por la Patria e Innovación Federal. El PRO quedó afuera e hizo escuchar su ira. El peronismo exhibió así una vez más que los espacios de poder y de manejo de fondos le interesan igual o más que la defensa de posiciones programáticas. Complicidades vergonzantes.
El proyecto de presupuesto irá al senado para ser tratado el 30 de diciembre. Se supone que la bancada de La Libertad Avanza, con Bullrich a la cabeza, buscará entonces sumar voluntades para tirar abajo las dos leyes sospechosas de “socialismo”.
En cuanto a la contrarreforma laboral sólo se generó un dictamen que habilita modificaciones antes de que llegue al recinto parlamentario. Más margen para la negociación, que seguro comprenderá una nueva ronda de conversaciones con los gremialistas.
El camino de la movilización desde abajo
Si volvemos al tema de la menguada marcha cegetista cabe señalar que el destino de la ley laboral regresiva no se dirimirá en los despachos sino en la calle y en los lugares de trabajo. Las iniciativas con dobles mensajes que inducen a la pasividad sirven para poco y nada. Un paro general activo, discutido desde abajo puede señalar el comienzo de un camino diverso al seguido hasta ahora.
La izquierda estuvo presente sin poder todavía torcer el rumbo. Tiene capacidad para la incidencia desde los lugares de trabajo. Cuenta en su contra con cierta apatía que, sin quererlo, entronca con las actitudes contemporizadoras de la CGT. Hasta existe un no desdeñable número de trabajadores que han votado por los candidatos de Milei en los comicios del pasado octubre.
El modo de enfrentamiento con esa situación demanda imaginación y tenacidad. Con ellas se requiere la llegada a amplios sectores obreros que hasta ahora se mantienen al margen de la lucha. La expansión del entendimiento de lo que significa la ley es fundamental a ese efecto.
La demostración práctica de que la acción colectiva y la combatividad pueden llevar a la victoria es otro sendero insoslayable que debe recorrerse. El triunfo electoral no habilita al gobierno a hacer cualquier cosa.
Para ponerlo en claro se necesita el acercamiento con todos quienes estén dispuestos a dar la batalla. Desde la comprensión de que el gobierno no se detendrá por sí solo. Si se lo deja desplegar sus propósitos llevará hasta el final su lógica antiobrera y arrasará con salarios, condiciones de vida y de trabajo y con el conjunto del derecho laboral. Se necesita derrotarlo y dar así fin a su impulso triunfalista.