Desde los ministerios de la Presidencia y del Gobierno, en Bolivia, pilares del gabinete político, se conformó una peligrosa red de corrupción, extorsión y estafa -«una mafia»- que está haciendo tambalear las estructuras fundamentales del denominado «proceso de cambio». El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que «una mafia penetró entre fiscales y jueces»; aún […]
Desde los ministerios de la Presidencia y del Gobierno, en Bolivia, pilares del gabinete político, se conformó una peligrosa red de corrupción, extorsión y estafa -«una mafia»- que está haciendo tambalear las estructuras fundamentales del denominado «proceso de cambio».
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que «una mafia penetró entre fiscales y jueces»; aún no se conoce la palabra oficial del Presidente ni del Vicepresidente del Estado Plurinacional.
A raíz del arresto irregular del ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher, en junio del año pasado en la cárcel de alta seguridad de Palmasola, en las últimas horas se desató una ola de aprehensiones de influyentes funcionarios del gobierno quienes están acusados de extorsión.
Los detenidos fueron identificados como José Manuel Antezana Pinaya, asesor jurídico del Ministerio de la Presidencia; Fernando Rivera Tardío asesor jurídico del Ministerio de Gobierno; Hugo Franklin Pedraza Suárez, ex inspector de DIRCABI Santa Cruz; Eduard Stephane Bellido, ex funcionario de DIRCABI Santa Cruz; Zenón Rodríguez que fungía como juez; Efraín Dennis Rodas Limachi, ex asesor legal del Ministerio de Gobierno y Ramiro Ordoñez López y Gustavo Wagner Céspedes Rosales ambos, ex administrativos del Ministerio de Gobierno.
Fueron calificados como prófugos de la justicia boliviana: Miguel Alberto Gutiérrez Solíz, Jorge Henry Chávez Medina y Jorge Vaca Justiniano (identidad ficticia), y en la lista de personas por detener figuran Mario Soleto Bañon, Efraín Roda Limachi, César Pardo Revollo como gerente del ingenio Renacer y Wilma Justina Sanabria que es propietaria del ingenio azucarero El Naranjal, entre otros.
Las personas detenidas, junto a sus cómplices, trabajaban en «el gobierno del cambio» desde el inicio de la gestión del presidente Evo Morales Ayma y, desde hace un tiempo, conformaron la red de extorsionadores.
José Manuel Antezana Pinaya, asesor jurídico del Ministerio de la Presidencia, trabajaba en el mismísimo Palacio de Gobierno junto al ministro Juan Ramón Quintana sobre quien además, pesan una serie de acusaciones, por ejemplo un caso millonario de contrabando que se encuentra en la impunidad; Fernando Rivera Tardío y otros trabajaban en el Ministerio de Gobierno desde el inicio de gestión y Hugo Franklin Pedraza junto a otros eran funcionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Inmuebles (DIRCABI).
LA OSCURA HISTORIA
Atraído por las bondades de inversión que ofrecía Bolivia: «queremos socios y no patrones», Jacob Ostreicher un empresario estadounidense de 53 años de edad, llegó al oriente del país el año 2008 para realizar una millonaria inversión en proyectos agrícolas y ganaderos. Se habla de una inversión de cerca a 27 millones de dólares, pero en junio de 2011 fue detenido e imputado de la presunta comisión de legitimación de ganancias ilícitas, lavado de dinero y acusado de tener vínculos con el narcotráfico. A pesar que le incautaron 20 mil toneladas de arroz, maquinaria agrícola, varios millones y ganado vacuno de alta calidad, el norteamericano siempre clamó por su inocencia y se consideró una víctima de la justicia.
Las investigaciones primarias señalan que un miembro del clan de extorsionadores contactó a Ostreicher con una súbdita colombiana, ligada a actividades ilícitas.
Los funcionarios de gobierno y del clan de extorsionadores -con el poder conferido desde instancias gubernamentales- interfirieron en más de una oportunidad para evitar la libertad condicional del detenido.
Por ejemplo, en 2011, el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, concedió un poder notarial a un grupo de abogados, entre los que figura Fernando Rivera, el presunto cabecilla de la red de extorsionadores.
Desde el Viceministerio de Régimen Interior si informó que aproximadamente 20 millones de dólares de los bienes incautados al ciudadano norteamericano fueron repartidos entre los miembros del clan y otra parte se utilizó para ampliar la red delictiva en la que participaron jueces, fiscales y policías.
Mientras el ciudadano norteamericano permanecía detenido en una cárcel de máxima seguridad extorsionado por la red gubernamental, senadores del país del norte e incluso el actor y ganador de dos Oscar, Sean Penn, llegaron al país para interceder por su compatriota.
A finales de octubre, Sean Penn tuvo una entrevista con el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, donde analizaron el delicado tema y además se le nombró al actor como «embajador de las causas nobles de Bolivia ante el mundo». Se le recomendó que abogue por la reivindicación marítima, la despenalización de la hoja de coca y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Se conoce que en la investigación que está haciendo tambalear la estructura del actual proceso participaron agentes del FBI norteamericano para esclarecer el caso, porque según reconoció el propio ministro de Gobierno, las investigaciones realizadas por su despacho se cayeron en más de una oportunidad por la infiltración de sus mismos funcionarios.
MAS CASOS DE CORRUPCIÓN
A pesar de que en el «gobierno del cambio» se prometió «cero corrupción», ésta actividad junto al narcotráfico, se ha convertido en uno de los peores flagelos donde están envueltos los mismos funcionarios de gobierno.
Mencionaremos sólo algunos ejemplos para darnos cuenta de la dimensión que alcanzó la corrupción en las esferas del gobierno boliviano.
En enero de 2009, la muerte violenta del empresario Jorge O’ Connor destapó el mayor escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el atraco y robo de 450 mil dólares fue sinónimo de una red de corrupción en la que estaba implicado directamente el ex presidente del Senado y alto dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Santos Ramírez quien guarda detención.
En julio de 2008, un convoy de 33 camiones con contrabando evadió el puesto de control fronterizo en Pando, los propietarios argumentaron que tenían permiso directo del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. El caso se encuentra en la impunidad.
En agosto de 2006, la Cancillería denunció la falsificación de documentos para visados chinos, se implicó en el caso a los entonces senadores del MAS, Santos Ramírez, José Bailaba y Guido Guardia.
En julio de 2010, el alemán Dirk Schmidt, fue acusado de extorsionar a menonitas ofreciéndoles radicatoria en el país a cambio de miles de dólares. Por este caso fue destituido el viceministro Gustavo Torrico cuando los implicados eran funcionarios del Ministerio de Gobierno y policías.
En septiembre de 2010 se destapó un escándalo de corrupción en Vías Bolivia, tras descubrirse que se habían vendido boletas de peaje sin numeración, provocando un daño económico considerable al Estado. Este caso provocó el alejamiento del cargo del director de la institución, Juan Enrique Jurado, hijo de un senador del MAS.
En junio de 2012, Gerson Rojas el ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos fue destituido de su cargo tras destaparse presuntas irregularidades en los procesos de licitación de la planta de Río Grande, en el caso además se implicó a otro de los miembros de la comisión calificadora de YPFB, Agustín Javier Ugarte, se calculan daños cercanos al medio millón de dólares, el caso sigue siendo investigado.
CAIGA QUIEN CAIGA
La investigación sobre la red de extorsionadores debe continuar bajo el eslogan de «caiga quien caiga». Ojalá que las autoridades del «proceso de cambio» no protejan ni ordenen que se suspendan los casos como ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del contrabando de los 33 camiones o la extorsión a los menonitas donde los involucrados fueron más bien premiados.
La detención de los funcionarios de los Ministerios de la Presidencia y del Gobierno apenas es la punta del ovillo de casos escandalosos de corrupción, extorsión y narcotráfico porque los personajes de la red de extorsionadores no sólo están involucrados en el caso Ostreicher, sino que en las últimas horas, diversos ciudadanos que fueron víctimas de la justicia boliviana empezaron con una serie de denuncias.
Al contar con un poder notarial desde el Ministerio de Gobierno y como hombres de absoluta confianza de altas autoridades gubernamentales, la mafia de funcionarios estatales, interfirieron también en otros casos. Por ejemplo en 2011, los asesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, presentaron la denuncia contra los dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por el supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca.
El 24 de septiembre de 2011, la ex ministra de Justicia Nilda Copa y el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; además del viceministro de Justicia, Nelson Cox, y dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, presentaron una demanda penal contra los dirigentes del TIPNIS y pidieron a la Fiscalía emitir un requerimiento para intervenir la marcha indígena el 25 de septiembre, por el supuesto secuestro y agresión al canciller Choquehuanca, según revela un memorial hecho por el Ejecutivo.
En el memorial no aparece la firma de los ministros, pero sí de los dos abogados de los despachos ahora implicados en la red de extorsión. Los citados funcionarios de la mafia gubernamental, entre otros casos, también conformaron la parte querellante en el caso «terrorismo» más conocido como caso Rozsa, donde actualmente existen más de 10 detenidos; la extorsión al ciudadano alemán Dirk Schmidt quien se encuentra detenido; la acusación contra los dirigentes indígenas del TIPNIS y muchos otros.
La corrupción es un flagelo que se lo debe extirpar, se lo debe aniquilar y no se lo debe proteger y menos premiar. En el proceso de cambio que se vive en el país ubicado en el corazón del continente latinoamericano varios casos están afectando el proceso que prometió ser diferente a los anteriores regímenes, pero se hace poco o casi nada contra la corrupción o el narcotráfico…A parte de la red de extorsionadores y la mafia de corruptos que se destapa, ya son un interminables los casos de narco alcaldes, narco generales o narco dirigentes… Es hora de recuperar los principios fundamentales del proceso de cambio y no de ser cómplices de la impunidad…
Alex Contreras Baspineiro. Periodista y escritor boliviano
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