El problema de fondo en esta coyuntura crucial no es la necesidad de fiscalizar a los prefectos. El problema son las autonomías departamentales que han dado lugar a la «media luna» reaccionaria, tras un referéndum autonómico cuya Ley de Convocatoria obliga a hacer vinculante esa autonomía separatista en la nueva Constitución Política del Estado que […]
El problema de fondo en esta coyuntura crucial no es la necesidad de fiscalizar a los prefectos. El problema son las autonomías departamentales que han dado lugar a la «media luna» reaccionaria, tras un referéndum autonómico cuya Ley de Convocatoria obliga a hacer vinculante esa autonomía separatista en la nueva Constitución Política del Estado que deberá emerger de la Asamblea Constituyente. El gobierno del presidente Evo Morales aún no ha mostrado una estrategia clara para romper la hegemonía polarizadora de la «media luna», pese a que Cochabamba formuló una propuesta al respecto.
……………………….
Bolivia está atravesando por una crisis del consenso y la posibilidad de que el Gobierno del presidente Evo Morales impulse los cambios revolucionarios que se propone, radicalizando la democracia, puede alejarse a partir de un deterioro de la gobernabilidad latente en una estructura política que comenzó a montarse en el país durante la administración del ex presidente Carlos Mesa.
En efecto, el escenario que ocupan las fuerzas reaccionarias que operan desde el oriente de Bolivia comenzó a adquirir forma orgánica a partir de que el gobierno de Carlos Mesa cedió a las presiones de la llamada «Nación Camba» para llevar adelante un proceso de autonomías departamentales que no garantizó formas para profundizar esa autonomía en escalas municipales y comunitarias indígenas, lo cual se agravó con la decisión a medias de elegir a los prefectos de los nueve departamentos en las urnas, sin incluir en esa modalidad de elección a los consejeros prefecturales (equivalentes al poder legislativo en escala regional) que siguen siendo designados por delegación de los concejos municipales.
En ese marco la pretensión del gobierno de Evo Morales de ejercer control sobre aquellos prefectos que reclaman autonomía debido a su origen electoral, impulsando un proyecto de Ley que confiere a los consejeros departamentales competencias para revocar el mandato de los prefectos, podría tener consecuencias irreparables para la gobernabilidad democrática del país.
De hecho, seis de los nueve prefectos que no pertenecen al partido gobernante -los de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (pertenecientes a la «media luna» separatista), más los de La Paz y Cochabamba que se constituyen en aliados coyunturales de este bloque reaccionario- han declarado su ruptura con el presidente Evo Morales debido a que se pretende aprobar un Ley que no les fue consultada. El Presidente quedaría sólo con el respaldo de los prefectos de Oruro, Potosí y Chuquisaca.
La iniciativa de Yaksic
El proyecto de Ley elaborado por el viceministro de Descentralización Fabián Yaksic, surgió como una necesidad de llenar un evidente vacío legal que deja a los prefectos con las manos libres para disponer los recursos del progresista Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) -aprobado por el gobierno de Mesa, también es justo recordar- sin ningún tipo de fiscalización efectiva ni control social. La iniciativa de Yaksic surgió a causa de que unos artículos fiscalizadores dentro la Ley de Descentralización fueron abrogados por el Tribunal Constitucional tras una demanda surgida en los entornos del prefecto de La Paz José Luis Paredes, un ex dirigente del MIR que protagonizó escándalos de corrupción cuando fue Director de Migración durante el régimen de Paz Zamora.
Sin embargo, el proyecto de Ley elaborado por Yaksic podría tener un efecto contraproducente para el proceso que lidera el presidente Evo Morales, ya que brinda argumentos a más de cuatro prefectos para alinearse cerradamente en torno a la «media luna» reaccionaria, fortaleciendo la tendencia conspiradora y separatista que alientan los capitales chilenos desde Santa Cruz y la embajada norteamericana desde La Paz.
Las atribuciones que el proyecto de Ley elaborado por el Viceministro de Descentralización pretende conferir a los consejeros departamentales para ejercer autoridad fiscalizadora sobre los prefectos, es resistida abiertamente por éstos últimos, quienes alegan que fueron elegidos por sufragio universal, en las urnas, y en cambio los consejeros departamentales son designados «a dedo» desde las alcaldías urbanas y rurales. Para que los consejeros tengan el peso que quiere darles Yaksic, previamente tendrían que ser elegidos en las urnas, como se eligió a los prefectos.
El problema de la «media luna»
Pero el problema de fondo en esta coyuntura crucial no es la necesidad de fiscalizar a los prefectos. El problema son las autonomías departamentales que han dado lugar a la «media luna» separatista (conformado por Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) tras un referéndum autonómico cuya Ley de Convocatoria obliga a hacer vinculante esa autonomía en la nueva Constitución Política del Estado que deberá emerger de la Asamblea Constituyente instalada en Sucre.
El problema de las autonomías, ligado al de los prefectos desmarcados del gobierno central, es un asunto estructural que no se puede resolver con una Ley como la del viceministro Yaksic, sino a través de una estrategia que sea capaz de reorientar el proceso autonómico para restituir el sentido integrador, democrático y comunitario a las autonomías. En esa estrategia el Departamento de Cochabamba, que se encuentra entre el oriente separatista y el occidente inmovilizado, puede y debe jugar un rol decisivo para romper el bloque de prefectos alineados con la «media luna».
La fórmula cochabambina que se está gestando en esta región consiste en superar la crisis del sistema departamentalizado, sobre el cual se asienta actualmente la «media luna», articulando más bien cuatro bloques megaregionales o unidades administrativas superiores que se fundan en criterios de complementariedad geográfica, socioeconómica, interétnica e incluso histórica. Dichas megaregiones autonómicas, que además se constituirían en auténticos polos de desarrollo, serían las siguientes:
Megaregión Andino Amazónica: Pando y La Paz.
Megaregión Inter Oceánica: Beni, Cochabamba y Oruro.
Megaregión Cruceña: Santa Cruz con su extenso territorio.
Megaregión del Sur Autonómico: Potosí, Chuquisaca y Tarija.
Esta reconfiguración del mapa político de Bolivia, que es una base para la reforma de los poderes del Estado, cambiaría radicalmente el escenario de polarización que surgió en Bolivia tras el referéndum autonómico del 2 de julio de este año, cuando se conformó una Asamblea Constituyente que hoy no sabe qué hacer con la «media luna» que partió al país en dos polos cada vez más irreconciliables.
La virtud de esta propuesta radica en que dentro el marco megaregional será perfectamente posible desarrollar autonomías locales, regionales y subregionales, profundizando el fortalecimiento de las mancomunidades municipales e indígenas, tal cual ha sido planteado por el propio Viceministro de Descentralización.
Estas posibilidades de auténtico cambio revolucionario en Bolivia, que pasa por la necesidad de reconfigurar el proceso autonómico y constituyente rompiendo el monolítico bloque de la «media luna», se harán inviables en la medida en que el gobierno de Evo Morales reduzca sus márgenes de consenso y promueva la conformación de bloques opositores tan peligrosos como los que forman hoy los seis prefectos de los departamentos más importantes del país.