La Barredora es, dice la periodista Adela Micha, el brazo ejecutor del Cártel Jalisco Nueva Generación, que resulta dañina para el gobierno lópez-obradorista de la presidente Claudia Sheinbaum. Esto porque la Barredora fue creada a justo título como el cártel del gobierno populista y porque abre la pregunta acerca de los vínculos entre el gobierno y el crimen organizado.
La Barredora no es un cártel cualquiera, señala Adela y añade: Es un grupo criminal extremadamente violento. Es el brazo armado del CJNG, organizado por los gobiernos del estado de Tabasco, del que es originario el ex presidente Andrés López Obrador y el gobierno de ese estado que el cártel domina.
Su capacidad operativa tiene el sello del Mencho, máximo dirigente del cártel, consistente en decapitaciones, torturas e intimidaciones terroristas. Es un grupo criminal muy incómodo para la presidente Sheinbaum porque habiendo nacido en Tabasco Adán Augusto López, del que salió hacia la Ciudad de México a ser secretario de Gobernación (Interior) del presidente López Obrador, dejó a sus amigos haciendo y deshaciendo en su estado natal. Al ex presidente, hoy 24 de julio de 2025 se le atribuye haber estado casado por primera vez con una hermana de los hermanos Beltrán Leyva, jefes de un cártel.
El CJNG y la Barredora se dedican a robar combustible de la refinería de Dos Bocas, situada en Tabasco, delito que no sólo ensucia el proyecto de controlar los hidrocarburos veracruzanos a cargo del gobierno de Veracruz.
Así, pues, el Cártel del gobierno de los tabasqueños en Villahermosa y en la Ciudad de México se dedicó al tráfico de carburantes llamados huachicol. Pero no sólo Eso. Una reciente investigación de la organización modélica Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, también se dedicó a suministrar petróleo para la construcción del Tren Maya, el único en el mundo que viaja casi vacío, según la comunicaciones interceptadas por el ejército de tierra. Por último, se localizó evidencia de que la Barredora protegía el narcomenudeo y el secuestro y tráfico de personas.
El columnista Raymundo Riva Palacio ha expresado en uno de sus últimos editoriales: En los niveles más altos del gobierno se comenta que quien ha expresado una mayor preocupación de que se encuentren miembros de la familia López Obrador en las listas negras de Washington es Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente. julio 17, 2025
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, estuvo de visita esta semana en Tijuana, donde se reunió con el personal del consulado y con líderes de Baja California para hablar, informó en sus redes sociales, sobre la cooperación en materia de seguridad.
El viaje hubiera sido visto en otro momento como uno de los recorridos imprescindibles para un nuevo embajador en su reconocimiento del país donde va a trabajar por los próximos años, pero el contexto lo hizo diferente. No es sólo por la percepción de su gobierno sobre los esfuerzos insuficientes de México en materia de combate a los cárteles, al tráfico ilegal de fentanilo y al huachicol, sino porque volvió a colocar al elefante en la sala.
Johnson no se reunió con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, que en estos momentos es persona non grata para su gobierno. El Departamento de Estado le canceló la visa, la primera de una decena de políticos, sin especificación de si son de Morena o de otros partidos o funcionarios públicos, cuya situación se encuentra en la última fase de revisión del famoso expediente sobre cuya base se elaborará la lista de políticos mexicanos delincuentes.
La benemérita periodista de investigación Anabel Hernández se enteró e informó a sus lectores de que Adán está mencionado en una lista de políticos mexicanos que por sus lazos con el crimen organizado serán extraditados y puestos a disposición de la justicia en Estados Unidos.
La incertidumbre sobre las medidas que va a tomar el gobierno de Estados Unidos contra políticos del régimen ha generado temores en la clase política de Morena y precauciones, por las dudas, y por si acaso. Ricardo Monreal, coordinador del partido en el poder en la Cámara de Diputados, cuya familia ha estado señalada durante años por presuntos vínculos con el crimen organizado en Zacatecas, dijo esta semana que ya no buscaría ningún cargo público y que su carrera política se encontraba en “proceso de salida”.
Tres meses después de la intervención de Riva Palacio, Manuel Tejeda Reyes escribió un minucioso comentario titulado «Yasmín Esquivel: el falso discurso de la transformación judicial» 07.04.25
Yasmín Esquivel Mossa. Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ministra de la SCJN, esposa de José María Riobóo, aliada del poder político y económico, plagiaria, protagonista de escándalos judiciales, ¿quién es realmente Yasmín Esquivel y qué dice su trayectoria sobre la justicia en México?
En la antesala del inicio de las campañas para las primeras elecciones populares que renovarán casi por completo al Poder Judicial de la Federación, la ministra Yasmín Esquivel Mossa ha expresado en todos los espacios públicos a los que ha tenido acceso, y no han sido pocos, su determinación de no sólo ser reelecta como ministra, sino también de convertirse en la candidata más votada para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para alcanzar estas aspiraciones, la ministra ha acudido, como una parte de su estrategia, a entrevistas en medios masivos de comunicación en los que sabe que sus interlocutores únicamente le formularán cuestionamientos a modo y nadie le preguntará por los escándalos mediáticos que en su momento la pusieron en el ojo de la crítica pública; por ejemplo, cuando el académico Guillermo Sheridan, en una publicación de Latinus, así como en el periódico El País, que en un amplio reportaje, fue señalada por haber plagiado sus tesis, con las que obtuvo su título profesional de licenciada en Derecho y la que presentó para obtener un doctorado en la Universidad Anáhuac.
La exhibición pública de Yasmín Esquivel Mossa como una persona tramposa no ha inhibido sus pretensiones políticas. Ya antes, en 2023, aspiró a la presidencia de la SCJN, y ahora, frente a la reforma que permitirá la elección de juzgadores y con el total respaldo de la autoproclamada Cuarta Transformación, está más que apuntada para, ahora sí, llegar a esa posición mediante el voto popular.
Más allá del plagio de ambas tesis, que como quedó claramente establecido por quienes investigaron los casos, sí ocurrió (independientemente de los juicios que la ministra promovió para silenciar a la UNAM e impedirle que procediera en su contra), lo cierto es que a lo largo de su historial público, Yasmín Esquivel Mossa ha dado pruebas suficientes que la muestran como una persona con escasa integridad.
El hecho de que ahora, de nueva cuenta, aspire a ocupar un espacio en el máximo tribunal del país y que sus pretensiones sean respaldadas por el grupo político en el poder, dejan evidencia suficiente de que la proclamada transformación del Poder Judicial, en los hechos no tendrá lugar, y en el peor y más probable de los casos, de que la transformación puede suceder, pero para que las cosas se pongan peor.
Cuando Esquivel Mossa fue propuesta por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador para convertirse en ministra de la SCJN, ella argumentó que ese hecho no obedecía a su matrimonio con el empresario José María Riobóo un relevante contratista de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, quien además asesoró al ex presidente para determinar la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Si bien no puede ignorarse que es esposa de un personaje muy cercano al expresidente que la propuso para integrar la SCJN (un factor determinante, si no es que el único, para ser considerada en la terna de candidatos), también es cierto que no debe cargar con la responsabilidad de la conducta de otros, incluso si se trata de su pareja. Pero también es cierto que ni la prensa de investigación ni la oposición política hicieron su trabajo cuando Esquivel Mossa aspiró por primera vez a la SCJN.
Veamos sólo uno de los muchos escándalos que ese personaje turbio ha generado. En noviembre de 2009, Yasmín Esquivel fue nombrada magistrada de la Sala Superior del entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cuando su amigo Marcelo Ebrard se desempeñaba como Jefe del gobierno capitalino.
Entre el 1 de enero de 2012 y el 12 de marzo de 2019, Esquivel Mossa fue presidente del citado Tribunal y durante ese tiempo ejerció el cargo asumiendo que el mismo era de su propiedad.
Para ella, la ley y sus límites no le obligaban. El mediático caso de la ‘Supervía’ fue prueba de ello. Este juicio, uno de los más relevantes durante el gobierno de Ebrard, reveló el verdadero talante de la entonces magistrada Yasmín Esquivel Mossa en su trámite y resolución en segunda instancia, donde participó.
La empresa ‘Controladora Vía Rápida Poetas’ se creó exclusivamente para construir la ‘Supervía’, una autopista urbana concesionada y planeada por el gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Greenpeace y un grupo de ciudadanos demandaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal las ilegalidades que, a su juicio, se cometieron en la construcción de la ‘Supervía’, actuando en contra de los intereses del gobierno y, especialmente, del interés económico de los empresarios constructores.
Debido al turno, el juicio fue conocido por la Ponencia tres de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal, presidida en esos años por el magistrado Jorge Abraham Fernández Souza. Tras su trámite, en diciembre de 2011 quedó listo para dictar sentencia. Finalmente, la Primera Sala del Tribunal resolvió, por unanimidad de los tres magistrados que la integraban, que la declaratoria de impacto ambiental que sustentaba la obra era ilegal, ya que no se había realizado una consulta pública con los vecinos afectados.
En consecuencia, la construcción de la ‘Supervía’ se llevaba a cabo en violación del ordenamiento jurídico en materia ambiental.
En enero de 2012, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la empresa ‘Controladora Vía Rápida Poetas’ apelaron la sentencia ante la Sala Superior del Tribunal. Un dato revelador sobre el manejo del caso fue lo declarado por Yasmín Esquivel Mossa, entonces presidenta del Tribunal, en una entrevista con el reportero Raúl Llanos, publicada en La Jornada el 29 de agosto de 2012, bajo el título: “Titular del TCA analiza excusarse del caso Supervía”.
En esa entrevista, Esquivel Mossa precisó que:
…Grupo Riobóo, del cual es presidente su esposo, José María Riobóo Martín, sí participa con la empresa Controladora Vía Rápida Poetas (OHL-Copri) en la construcción de un tramo de la Supervía Poniente, por lo que analiza excusarse de conocer de la apelación presentada por el gobierno de la ciudad en contra de la anulación de la manifestación de impacto ambiental que aprobó la Secretaría de Medio Ambiente local para dicha obra.
El caso relatado es solo un ejemplo de la realidad que imperará en el supuestamente «transformado» Poder Judicial de México. Esquivel llegó a la SCJN como resultado de una canonjía otorgada a su marido. Nadie se preocupó por analizar su historial como juzgadora. Fue electa con los votos del oficialismo de Morena y sus aliados, y también con el respaldo del PRI y el PAN. Ya en la Suprema Corte de Justicia, hizo lo que mejor sabe: proteger intereses personales y de grupo.
En cualquier país medianamente civilizado, alguien con su trayectoria no podría aspirar ni siquiera a la titularidad de un juzgado cívil.
Lamentablemente, no serán los únicos: toda persona que busque justicia habrá de enfrentarse a una jueza constitucional simuladora, cínica e impostora.
El constitucionalista mexicano, Diego Valadés, afirma:
El núcleo duro del poder, depositado en la concentración de atribuciones presidenciales, ya muy relevantes cuando en 1917 se optó por un “presidencialismo fuerte”, se vio robustecido por una serie de reformas incrementales de las facultades del presidente de la República, que sólo tuvieron dos discretos matices, en 1988, al establecerse los principios en materia internacional a los que debía ceñirse el presidente, y luego, otras que sujetan algunos nombramientos del gabinete a la ratificación congresual, así como la integración de agencias especializadas substraídas a la dependencia presidencial.
Estas últimas han mostrado su fragilidad, en tanto que el propio presidente ha obstaculizado el nombramiento de sus miembros y acosado a los organismos reduciendo su presupuesto y desprestigiando a sus integrantes.
Debe distinguirse entre contrapoder y control del poder. Los controles se encuentran previstos por el ordenamiento y consisten en que los órganos del poder participen, en concurrencia con otro u otros órganos, en decisiones conjuntas que les competan; constaten que los demás órganos también actúan conforme a sus facultades, y apliquen las medidas correctivas previstas en el caso de que no ocurra así.
El contrapoder es un fenómeno de hecho que se traduce en resistencia u oposición por parte de fuerzas dentro de la estructura del poder, que contrarrestan los impulsos democráticos.
Los contra – poderes auspician el statu quo, promueven acciones regresivas o antagonizan los avances democráticos. El caso más ostensible en México es la resistencia sistemática ofrecida por los presidentes de la República ante cambios que modifiquen la concentración extrema de poder que detentan. Los cambios introducidos en favor de la democratización del país generan un efecto paradójico pues propician un conflicto entre los órganos y procedimientos reformados y el absolutismo presidencial, que se ha acentuado para frenar una dinámica democrática que resulta adversa a sus intereses.
En suma, el caso de Hernán Bermúdez Requena está resultando todo una caja de contradicciones para la 4T, las cuales cada vez son más difíciles de justificar. Desde el ángulo que se vea, el caso Bermúdez pone en duda toda la narración sobre la «ética» de la 4T y su imposible capacidad para gobernar.
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