En agradecimiento a AMLO por no haber reconocido a Biden, el aún presidente Trump negoció para que un juez de Nueva York desestimara los cargos en contra del ex Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien fuera detenido en la ciudad de los Ángeles hace poco más de un mes acusado de cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero en EEUU.
A decir del general brigadier Francisco Gallardo la liberación de Cienfuegos no hace sino confirmar el pacto de impunidad entre el expresidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La apología de este último al general detenido en su conferencia mañanera no da lugar a interpretaciones. Aunque al principio el presidente afirmó que por tratarse de un asunto de seguridad nacional sería él mismo el encargado de informar sobre el caso, sorpresivamente dejó la explicación en manos del canciller Marcelo Ebrard quien explicó: “es como si en México se hubiera detenido al director de la DEA, ¡qué hubiera pasado!” (para la 4T la subordinación a nuestro vecino del norte es tal, que resulta inconcebible).
En los hechos tanto el canciller como el presidente se convirtieron en los mejores defensores de oficio que pudiera haber imaginado o pagado Cienfuegos en la Unión Americana excepto por un insignificante detalle, las justificaciones, esgrimidas para la liberación del general al frente de las fuerzas armadas en el sexenio de Peña Nieto, no resisten siquiera un análisis del discurso, por no decir político o histórico.
Ebrard afirmó que la entrega de Cienfuegos a nuestro país es “para que sea investigado y en su caso procesado de acuerdo a las leyes mexicanas en reconocimiento a la sólida asociación institucional” (entre ambos países); de ser cierto el criterio tendrían que enviarnos a Joaquín Guzmán Loera o a Genaro García Luna, para ser juzgados aquí.
Por su parte el presidente dijo que “se actuó a través de principios y se intervino en materia de política diplomática para expresar inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en EEUU sin conocimiento del gobierno mexicano”. ¿Por qué el presidente debería abogar por algún miembro de una administración a la que se ha referido como la mafia del poder y a la que culpa de todos los males del país?
“La Fiscalía de la República decidirá en calidad de qué viene Cienfuegos, si viene detenido o en libertad pero no se van a fabricar delitos, tiene que haber sustento y pruebas, nadie puede ser víctima de una injusticia”. Si alguien duda de la culpabilidad del ex Secretario de la SEDENA, es el propio presidente. AMLO pretende ignorar que la Fiscalía no tenía ninguna investigación en contra del jefe de las fuerzas armadas y la investigación se hará exclusivamente con las pruebas enviadas desde EEUU, con lo que implícitamente reconoce la incapacidad o por lo menos la omisión de la Fiscalía del país de lo contrario el general hubiera llegado en calidad de extraditado y no en libertad.
“No hay nada a cambio, nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios, es algo que teníamos que hacer. Yo quiero agradecer al gobierno de EEUU, que supo en este caso escuchar nuestro planteamiento”. Sin embargo, el propio Trump agradeció a su homólogo por desplegar 27 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera. AMLO viajó en plena campaña electoral del vecino país del norte para darle un espaldarazo a Trump y al Partido Republicano. Su silencio frente a la construcción del muro y del racismo de Trump hacia los mexicanos, desmienten sus afirmaciones.
“Está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano como la SEDENA y las Fuerzas Armadas, no es cualquier cosa, además no se puede permitir que sin elementos se socaven las instituciones fundamentales (…) no por la conducta de un militar se debe afectar a toda una institución”. Luego entonces es más importante el prestigio que la justicia. Instalados en esa lógica las razones de Estado pueden también justificar la desaparición forzada como en Ayotzinapa; las múltiples masacres cometidas por las fuerzas armadas como en Tlatlaya (o en todos aquellos lugares en los que las víctimas se convierten en daños colaterales menores, si se consideran en función del bien supremo que es la Guerra contra el Narco encabezada por el Ejército y la Marina, en nombre de la Patria).
Cada vez queda más claro el temor de AMLO a un golpe de Estado. Por ello la adjudicación directa a los militares para convertirlos en empresarios constructores del Aeropuerto de Santa Lucía o los tramos 6 y 7 del Tren Maya. Los generales nombrados por Cienfuegos ahora ocupan posiciones clave en la 4T. Andrés Manuel se encamina a repetir los errores de Madero en el siglo pasado y quizás los de otros nombres no tan lejanos como Allende, Lula, Correa o Evo.