Lula y Evo Morales se abrazaron en la húmeda y amazónica población de Villa Tunari para sellar la construcción de la carretera Villa Tunari a San Ignacio de Moxos. Para el presidente brasilero, que costeará el 80% de los 415 millones de dólares del proyecto, esta vía de 306 km acercará a su país a […]
Lula y Evo Morales se abrazaron en la húmeda y amazónica población de Villa Tunari para sellar la construcción de la carretera Villa Tunari a San Ignacio de Moxos. Para el presidente brasilero, que costeará el 80% de los 415 millones de dólares del proyecto, esta vía de 306 km acercará a su país a los mercados del Pacífico para hacer más competivas sus exportaciones de agrocombustibles y soja. Para el gobierno boliviano, se conectará el céntrico departamento de Cochabamba con la región del Beni sin tener que pasar por Santa Cruz, fortaleciendo el control estatal en una región considerada «tierra de republiquetas», según palabras de Álvaro García Linera.
Para los pueblos indígenas yurakarés, moxeños y chimanes, el proyecto amenaza la supervivencia territorial por la que tanto han luchado. Su posición rotundamente contraria no se ha hecho esperar.
La carretera atravesaría el corazón intacto del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), uno de los puntos más biodiversos y a la vez más desconocidos de la Amazonia andina. Sus múltiples ríos y lagunas entre alturas de 3.000 a 189 metros sobre el nivel del mar, han cobijado un refugio del Pleisotoceno, como lo es en Ecuador el Parque Nacional Yasuní.
El TIPNIS es una de las más antiguas áreas protegidas del país, declarada parque nacional ya en el 1965 y reconocida como territorio indígena tras la primera gran marcha de los pueblos indígenas en 1990. Por primera vez, pueblos amazónicos se movilizaron hasta la capital y arrancaron del gobierno la titulación de un territorio tan extenso como dos Cataluñas para los pueblos yurakarés, moxeños y chimanes. Tras 20 años de luchas y demoras, estos pueblos lograron la legalización como Territorio Comunitario de Orígen en junio de 2009. Apenas un año después, el gobierno pretende ahora pavimentar el destino de las 64 comunidades que lo habitan.
«Es una amenaza para el territorio y hay riesgo de que las comunidades puedan desaparecer. Nuestro interés es mantener nuestro territorio íntegro» denunció el representante de la Subcentral del territorio originario, Adolfo Moye, advirtiendo que ni siquiera permitirán que la vía bordee el parque. En un encuentro extraodinario de corregidores de los tres pueblos indígenas, el pasado 18 de mayo en la comunidad de San Miguelito de Isiboro, las comunidades acordaron un rechazo rotundo al proyecto, recordándole al presidente la incompatibilidad de defender a la madre tierra con retroexcavadoras.
Entre tanto, la constructora brasileña OAS, que se adjudicó el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, ya inició los estudios de diseño en el lugar y estableció un precio referencial de 1,5 millones de dólares para construir un kilómetro de la carretera sin que previamente el Senado haya aprobado el crédito para financiar dicha obra.
La prisa del presidente Evo Morales por ejecutar la obra, aún sin consultar a las comunidades, ha generado dudas sobre la soberanía de Bolívia respecto a la óptica desarrollista que está imprimiendo su país vecino en la Amazonia. Con el imparable megaproyecto de represas del río Madeira como telón de fondo, que inundará también territorio boliviano, este proyecto carretero se inscribe en un capítulo más para ampliar los canales de exportación interoceánica previstos en la Iniciativa Integración Regional de América del Sur (IIRSA).
Abriendo la frontera amazónica
El proyecto vial, además, facilitará enormemente el trabajo de las compañías petroleras en esta región, cuyo único paso son los sinuosos ríos. Repsol YPF, concesionaria del Bloque Secure, de 771.000 hectáreas, que superpone su extensión en gran parte del área del TIPNIS, ya inició la apertura de 1.000 km de líneas sísmicas en 1995 y perforó tres pozos petrolíferos en el año 2000 generando conflictos tanto con las comunidades como con las autoridades ambientales por vertidos en el río Apere y deforestación de uno de los márgenes del río Isiboro para construir un campamento.
Por otro lado, la empresa mixta creada por el gobierno boliviano Petroandina tambíén estaría dispuesta a iniciar operaciones, como las que le han valido la oposición del pueblo Leco y Mosetén, en el vecino departamento de La Paz, al norte del TIPNIS.
Organizaciones ambientalistas como el Fobomade o Lidema alertan también de las nefastas consecuencias para los pocos bosques primarios que sobreviven a la expansión de la frontera agroexportadora en el oriente. Como antecedente próximo, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, construida en los años ochenta, desplazó y arrinconó a los pueblos yurakarés y los casi extintos yukis del Cahapare además de fomentar, con créditos del Banco Mundial manejados por la oligarquía, la transformación de la Amazonia cruceña en un gigante monocultivo de oleoginosas regadas con hectómetros de agroquímicos.
Tensiones en el TIPNIS
Algunos analistas sugieren también las presiones que recibe Evo Morales de sus bases campesinas en la región del Chapare y que verían con buenos ojos la apertura caminera para facilitar la colonización del parque, autocontenida por los campesinos después de un acuerdo histórico en 1990. En aquel momento, tras finalizar la Marcha por la Tierra y la Vida, los pueblos indígenas yurakarés y moxeños acordaron con las comunidades cocaleras que colonizaban el sur del TIPNIS delimitar una «línea roja» y detener se avance selva adentro. Incluso ambos sectores protagonizaron en 1998 movilizaciones como un bloqueo de 15 jornadas a la empresa Repsol que había ingresado sin consultarles a sus comunidades.
Recientemente, como denuncian los indígenas en su comunicado, la convivencia entre campesinos e indígenas se degradó con la colonización y posterior desalojo de avanzadillas campesinas al norte de la línea roja, en septiembre de 2009. La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos proporcionaría argumentos para que los sindicatos campesinos dejen de proteger una área natural de un país cuyo gobierno decidió fragmentar con una carretera.
Desarrollismo primero
La carretera Villa Tunari-San Ignacio pone en evidencia las dos orillas por donde navega el presidente indígena boliviano. Por un lado, de cara al exterior Evo ha proyectado una aura de compromiso con los pueblos indígenas impulsando la aplaudida la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas o convocando la reciente Conferencia Mundial de Pueblos sobre Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra. En la otra orilla y dentro del país, la incompleta nacionalización de los hidrocarburos que acabó renovando los contratos petroleros con todas las empresas o la construcción del mencionado proyecto vial, generan serias contradicciones para los pueblos indígenas que perciben que, cuando de plata se trata, la pachamama y los derechos de los pueblos pueden esperar.
Marc Gavaldà es autor de Las Manchas del Petróleo Boliviano, tras los pasos de Repsol en el TIPNIS, OLCA, Cochabamba, 1999
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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