El texto aprobado por la Asamblea Constituyente en Oruro el 9 de diciembre de 2007 es un triunfo importante para los movimientos indígenas, que excede el plano puramente discursivo y de «papel mojado» al que quedan generalmente reducidas las constituciones en América Latina. Por un lado, lo que plantea el texto del proyecto de Constitución […]
El texto aprobado por la Asamblea Constituyente en Oruro el 9 de diciembre de 2007 es un triunfo importante para los movimientos indígenas, que excede el plano puramente discursivo y de «papel mojado» al que quedan generalmente reducidas las constituciones en América Latina.
Por un lado, lo que plantea el texto del proyecto de Constitución tiene importancia. Pone en cuestión el sistema liberal de control estatal sobre los pueblos oprimidos. Coloca nuevamente en el tablero, no sólo nacional sino mundial, el tema del reconocimiento de los derechos colectivos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos, y pone en discusión el sistema opresivo y homogeneizante del Estado-nación. Además de esto, establece de la forma más taxativa posible un conjunto de derechos individuales que parece colocar a Bolivia -al menos en el plano de la teoría- en el puesto más avanzado de la civilización humana actual.
Por otro lado, la circunstancia de este triunfo, independientemente del valor mismo del texto, ha vuelto a colocar a la llamada «derecha» en la defensiva. En este artículo, además de introducir algunos elementos para apreciar los avances del texto constitucional y también establecer lo que esto significó en términos de expresión y a la vez refuerzo a las luchas indígenas campesinas y obreras, intentaremos dar un breve vistazo a las relaciones de fuerza entre las clases (y los sistemas sociales) en términos de larga duración.
¿Es un triunfo de los movimientos sociales? Afirmativo, es una derrota política de una burguesía que se declara en retirada. ¿Es una transformación del Estado? Negativo, no lo es. ¡Es un programa para la acción! Y es, a la vez, una proclama civilizacional.
El texto constitucional aprobado en la Asamblea es un texto que desde el punto de vista leguleyo podría considerarse contradictorio, incluso inaplicable. Bajo un mismo Estado existirán dos doctrinas jurídicas diferentes que quedarían territorializadas; una que continúa la tradición constitucional liberal vigente y cuyo principio fundamental es el respeto irrestricto a la propiedad privada, la otra -de inspiración indígena- que no desconoce la existencia de esta última pero no permite el ejercicio irrestricto de los derechos de propiedad privada. Depende de qué territorio se trate, se aplicaría una u otra doctrina.
Este es un planteamiento de reconocimiento pleno del pluralismo jurídico, lo que implica esa posibilidad. Las dos realidades jurídicas han existido desde siempre en Bolivia, existen en la práctica dos jurisdicciones superpuestas, la estatal-liberal y la indígena-campesina, que se ejercitan a través de dos sistemas de autoridad paralelas. El cambio es que hoy el texto constitucional plantea el reconocimiento abierto de la autoridad indígena y ya no estarán superpuestas, porque los territorios estarán delimitados en función del principio de autodeterminación de cada pueblo. Cada pueblo tiene el derecho a autodefinirse como población indígena, originaria campesina o como población intercultural. Esto por supuesto es una oportunidad y a la vez, implica un gran peligro.
¿Qué significa el pluralismo jurídico? Que cada pueblo indígena tiene derecho a gobernarse en su territorio en el marco de sus propias normas y elegir sus gobernantes de la forma que ellas lo establezcan. En los hechos significa el desconocimiento del principio liberal que establece «un individuo-un voto» y el «derecho» al voto secreto. Desconoce el principio democrático burgués de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que hay una sola ley para todo ciudadano. Establece la igualdad del derecho colectivo frente al derecho individual.
En la generalidad de los pueblos indígenas, al igual que en las asambleas obreras, se toman las decisiones -en ejercicio de la democracia popular- en asamblea pública, levantando la mano. Muchas veces se realiza de forma nominal: allí donde están reunidas muchas comunidades, por ejemplo en un congreso provincial de sindicatos agrarios o en un cabildo o asamblea de ayllus, cada comunidad delibera aparte y emite su voto a través de su representante en público. En otros casos las votaciones por mayoría no son determinantes sino que se subordinan al derecho a la participación equitativa, rigiendo el turno de rotación: aunque se elije públicamente la autoridad, en realidad rige un acuerdo de larga duración por el que la autoridad sale necesariamente de un determinado sector según le toca el turno ejercer la autoridad (lo mismo hace la Unión Europea con su presidencia). Todas estas normas tienen la finalidad de establecer el derecho de la mayoría a hacer respetar sus decisiones dentro de un equilibrio general.
La autoridad indígena originaria campesina ejerce la atribución de aplicar las normas comunales en su jurisdicción de una manera amplia. Una norma fundamental de la jurisdicción campesina originaria indígena es la que marca los límites al ejercicio de la propiedad privada. El derecho a la posesión de la tierra por parte de una familia que tiene derechos de herencia sobre ella no implica -desde la normativa consuetudinaria indígena- el derecho a disponer libremente de ella, no se la puede vender libremente, no se la puede cultivar o usar de cualquier forma, sino solamente en función de decisiones comunales específicas y que pueden modificarse de año en año. Para las empresas capitalistas, lo mismo que para quienes se manejan con una lógica de acumulación privada, estas normas significan un problema. No es que se impida la acumulación, como tampoco se excluye al capital, solamente se lo restringe de una manera que dificulta el proceso de diferenciación social y la acumulación en pocas manos del poder.
La autoridad indígena, a diferencia de la autoridad del Estado-nación, resume en sí la capacidad de juzgar así como la capacidad de gobernar. Esto supone que distintas autoridades, en territorios contiguos, podrían tener criterios diferentes para juzgar un mismo hecho. La justicia ordinaria, según el texto aprobado, no puede revisar los fallos de la autoridad indígena. El tribunal constitucional deberá considerar la jurisdicción indígena en igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria. El tribunal constitucional mismo deberá estar conformado por igual número de miembros que representan ambas jurisdicciones. Por supuesto que se plantean preguntas ¿Es esto viable en un país sometido a la esfera de influencia global del capitalismo, un país donde el capital financiero y el capital petrolero siguen siendo los que tienen las de ganar en el momento de poner las reglas de juego?
Esta es una somera explicación de ciertas partes del texto constitucional aprobado en la Asamblea Constituyente. Se trata de un triunfo retórico aún, es un texto aún sin valor legal alguno. Hay muchas piedras en el camino: por un lado el gobierno (al momento de escribir este texto) está negociando con los gobiernos departamentales en poder de la derecha un posible cambio (que sería completamente ilegal). El texto aprobado por la Asamblea debe ponerse a consideración del pueblo en un referéndum (por voto universal y secreto, o sea muy influenciable por los medios de comunicación dominados por la burguesía).
Aún así, se trata de un triunfo político pues el texto constitucional se constituye en un programa de acción para los movimientos indígenas originarios. Y no sólo para los movimientos indígenas campesinos. El movimiento indígena debe mucho de este triunfo a la posición adoptada por sectores avanzados del movimiento obrero, en particular a los mineros de Huanuni, que tuvieron una actuación decisiva en diciembre. Más adelante veremos la intervención minera en este proceso. Sin embargo es importante notar que el movimiento obrero no consiguió avances en el texto respecto al texto vigente, a más de los consabidos derechos retóricos al trabajo. Por el contrario, el cooperativismo minero, que es una amenaza no sólo sobre la única mina nacionalizada subsistente que es Huanuni, sino también sobre las mismas comunidades indígenas, ha obtenido dentro del texto garantías de intocabilidad sobre sus concesiones de explotación de recursos mineros tal como exigía. Esta es una de las contradicciones que afligen dentro del texto porque contradicen abiertamente el derecho ya establecido desde 1990 cuando Bolivia adhiere al Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho a la consulta previa para el caso de explotación de recursos naturales en territorios indígenas.
La situación es incierta aún
La situación al momento que la Asamblea Constituyente aprueba el texto era muy fluida. El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), conformado por los prefectos de la llamada Media Luna del oriente boliviano, más los de Cochabamba y Sucre y cívicos de cinco departamentos, se había reunido en Sucre en diciembre de 2007 poco después de los disturbios que ocasionaron que los constituyentes debieran abandonar la ciudad en noviembre. Allí, el Conade definió declarar la aplicación inmediata de las autonomías departamentales a partir del 14 de diciembre, lanzamiento de los «estatutos autonómicos» y el desacato a la Constitución oficialista. Esa fecha era precisamente el día que la propia Asamblea Constituyente debía celebrar su última sesión en la que ratificaba el proyecto de Constitución, después que una comisión redactora «corrigiera» los posibles defectos del mismo. Además, la desobediencia civil apuntaba a desconocer el decreto que redujo la participación de los departamentos petroleros en la distribución del impuesto especial a los hidrocarburos. Los Comités cívicos cuentan con el respaldo político y económico de las empresas privadas de todo el país y no solo de Santa Cruz, en particular de la Asociación de Bancos (Asoban), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Exportadores y la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, todos estos organismos activos dentro del Comité Cívico.
El Conade, con el soporte de estos sectores, pretendió entonces constituirse en un gobierno paralelo al de Evo Morales, que comande cinco de los nueve departamento del país.
Sin embargo, esos prefectos, unidos al mayor partido de la oposición, «Podemos», encabezado por el ex presidente Tuto Quiroga, cometieron un grave error de cálculo al momento en que el período de sesiones de la Asamblea Constituyente estaba a punto de finalizar y la Asamblea aún no había podido avanzar en el proceso de aprobación del texto final. Después que el Congreso Nacional aprobara la prórroga del período de sesiones de la Constituyente hasta el 14 de diciembre (según la convocatoria, el período de vigencia de la Constituyente finalizaba el 6 de agosto de 2007), el gobierno decidió convocar a una comisión suprapartidaria, conformada por los partidos con representación en la Constituyente a fin de llegar a un acuerdo sobre el texto a aprobar. En esa comisión, dirigida por el vicepresidente García Linera, se llegó a ciertos acuerdos que, en realidad, permitían a la derecha y a los comités cívicos conseguir prácticamente todos sus objetivos. Esto significaba que el gobierno de Evo Morales, a título de garantizarse la gobernabilidad de su administración, apostaba a un texto que beneficiaba a la burguesía retrocediendo en ciertos aspectos, incluso con relación a la actual constitución liberal todavía en vigencia.
La «estrategia» fundamental que el gobierno -a través de la figura de García Linera- ha ensayado desde el principio de la administración de Evo Morales es decirles a las empresas y a sus voceros, los cívicos, «déjennos gobernar y hacemos lo que ustedes requieran». Ya Evo lo había dicho incluso pocos días antes de asumir el gobierno, mientras realizaba su gira mundial donde puso de moda la famosa «chompa de alpaca»: «He comprendido que para ser un buen presidente tengo que lograr buenos negocios para los empresarios». Se refería a los soyeros, agroexportadores y otras empresas beneficiarias del latifundismo. Pero la miopía de esa burguesía «esmirriada» no le ayuda: en parte lo explica su racismo. A tal punto no puede tolerar estar siendo gobernada por quien califican como «indio», que no advierte que es el gobierno de Evo Morales el que le está garantizando sus intereses estratégicos, su propia viabilidad como clase propietaria, y que sólo en la medida que facilite la gobernabilidad de la administración de Evo hará posible una salida favorable a los intereses capitalistas a mediano plazo.
Bueno, ese ha sido su error: ese grupo de necios representantes de los comités cívicos y de Podemos siguió presionando al gobierno y negándose a firmar el acuerdo que les proponía García Linera, pese a que les estaba ofreciendo el oro y el moro. Al final, no le dejó salida al MAS. Los propios constituyentes se vieron acorralados entre esta derecha torpe y los movimientos sociales -en ese momento encabezados por los mineros de Huanuni y la Central Obrera de Oruro- que empezaban a impacientarse con la cobardía política del vicepresidente, de manera que el gobierno no tuvo más alternativa que dejarle la vía libre a su propia bancada para que apruebe «su» texto. Este texto, el único que había sido propuesto de forma coherente en el curso de la Asamblea, era el que había diseñado el Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, de colonizadores y afrobolivianos, junto a un pequeño y eficiente equipo de asesores técnicos y ongs aliadas que vienen trabajando desde principios de 2005. Así es como entonces se aprobó, inesperadamente para todos, un texto que avanza de manera audaz en el campo de los derechos humanos tanto colectivos como individuales y que es probablemente el texto constitucional más avanzado desde el punto de vista democrático en el planeta. Lo interesante del caso es que frente a la redacción de esta Constitución, la clase media, que había sido aterrorizada por la prensa y por rumores de que este texto aseguraría la perpetuación del gobierno de Evo, además de la confiscación de sus casitas y sus terrenitos, quedó encantada ante un texto que en lo fundamental está bien elaborado y tiene consistencia.
Ahora bien, pese a que esa votación ponía a la derecha ante un hecho consumado y ahora ya no le quedaba más salida que enfrentarlo en el terreno del referéndum a realizarse en los próximos meses, no contaba con la ayuda inesperada, otra vez, del propio gobierno. El gobierno, en vez de sacar partido del hecho de que la población urbana se había rendido a la evidencia de que este texto era un avance de los derechos en todo sentido, se esfuerza por dar marcha atrás en la situación. A principios de enero Evo Morales convoca al diálogo a los prefectos bajo una agenda que no termina de definirse. Mientras que al principio la agenda parecía no contemplar el tema de la constitución, tema ya cerrado, el mismo día que se realiza la reunión aparece esta cuestión nuevamente. ¿Es falta de visión estratégica y de política de este gobierno? ¿Se puede hablar de cobardía política? La derecha no termina de precipitarse en la derrota por sus propios errores, cuando viene el gobierno a rescatarla. No parece ser cobardía. Parecería que el gobierno, instintivamente, entiende que su viabilidad está unida a la existencia de una derecha con capacidad de presión. De lo contrario el gobierno quedaría preso de su propia base social, los movimientos sociales.
Este es un gobierno-árbitro que lo que más teme no es que la derecha esté en condiciones de imponerle sus términos. Por el contrario, parecería que su instinto (pues no hay evidencia que hubiera una clara estrategia en el gobierno en su conjunto) lo empuja a favorecer que la derecha crezca lo suficiente como para colocar en vereda a los movimientos sociales y no puedan crecer en sus demandas.
De esta manera el gobierno no quedaría preso del programa radical con el que los movimientos sociales lo llevaron al poder: la llamada «Agenda de Octubre» (el momento de la insurrección que derribó al gobierno de Sánchez de Lozada). Por el contrario podría intentar resolver la crisis de Estado, la crisis del capitalismo «esmirriado» boliviano, tal como lo calificara Zavaleta, reforzando el actual Estado (neocolonial).
Quien parecería empujar con más firmeza esta estrategia del gobierno de convertirse en la expresión de la burguesía es su vicepresidente García Linera: su planteo desde un principio ha sido reforzar el Estado-nación, hacerlo nuevamente viable, intentado ganar como base de sustentación a una burguesía que vea en esta administración al garante de sus mejores negocios en muchas décadas[1].
La situación real está definida, por un lado, por la determinación de esta burguesía inviable y racista de, ya que no puede sacar al «indio» del Palacio Quemado porque se lo impide el apoyo que el gobierno recibe tanto de la OEA e implícitamente del gobierno de Estados Unidos como de Brasil y Chile, por lo menos convertirlo en su rehén. Pero por la otra, la situación también está signada por la esperanza y seguridad de parte de la gran mayoría de los movimientos sociales de que este gobierno es «suyo» y, por lo tanto, se le puede exigir que cumpla con la «Agenda de Octubre».
Hasta aquí hemos visto, a través del triunfo que logran los movimientos indígenas y populares en la Asamblea Constituyente, que la relación de fuerzas establecida por el movimiento semiinsurreccional de octubre parecería no haberse modificado sustancialmente. Sin embargo, estamos en un momento de inflexión.
En primer lugar examinemos las relaciones de fuerza estructurales.
Está claro que el Estado boliviano no ha modificado su naturaleza colonial. La actual administración, aunque esté dirigida por un movimiento político surgido de un proceso de levantamiento de las masas indígenas, no tiene la capacidad y tampoco la intención de modificar ese carácter colonial. Por el contrario, existen fuertes sectores no solo dentro del Estado (las fuerzas armadas, la policía, la iglesia, el poder judicial, una amplia mayoría del poder legislativo, toda la burocracia de la administración del poder ejecutivo, los ministerios, ni que hablar de las prefecturas y los municipios) que resisten cualquier intento de mínima modificación de la actual estructura del Estado. De hecho, una mayoría del aparato político que conforma el MAS está constituido por alcaldes, concejales, diputados, senadores, ministros, viceministros, y cientos de pequeños burócratas, muchos de ellos provenientes de los partidos de la burguesía como el MNR, ADN, UCS, MBL, etcétera y que se han pasado al carro del MAS. Con el actual gobierno se agregan los cuadros del MAS que pasan a formar parte del aparato administrativo del Estado. Parte de ese fenómeno es la incorporación de buena cantidad de dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas que se han asimilado a la vieja y esclerosada estructura burocrática del Estado y adoptan cotidianamente el antiguo ceremonial y protocolo de comportamiento burocrático. Al incorporarse, asumen una actitud de defensa no solo de sus nuevos pequeños intereses como burócratas que reciben un sueldo del Estado, sino de la misma estructura jerárquica y burocrática a la cual se han asimilado y que les permite gozar de esas pequeñas, a veces pequeñísimas, prebendas. También se puede encontrar ahora dentro de los ministerios y organismos administrativos de Estado a una pequeña nube de profesionales pseudoizquierdistas del PC y otros grupos, incluso ex militantes del POR que no tuvieron empacho en servir de consultores a los gobiernos neoliberales y ahora no saben hacer otra cosa que dar continuidad a las mismas propuestas y políticas que habían desarrollado en gobiernos anteriores. La reconstrucción de este aparato burocrático actúa como una pesada losa que parece inmovilizar a los movimientos sociales y es un proceso que ocurre a diario, pero a la vez es un proceso totalmente caótico, cada subsecretario toma sus propias iniciativas y a veces en una misma reunión se escuchan posiciones completamente diferentes, pero dentro de un caos armonioso. Las consignas burocráticas, las mismas realidades de un Estado colonial y anticampesino, ahora se las reviste de una ideología pseudoandina, bajo un manto de supuesta reciprocidad y redistribución, que sirve de nuevo manto ideológico a la paz burocrática neo-burguesa vestida de ropaje indígena.
Esta situación se verifica en el caso de la problemática de la tierra. La aprobación de las últimas modificaciones a la ley INRA[2] como resultado de movilizaciones campesinas e indígenas, que debería permitir ahora la reversión de los latifundios improductivos que no cumplen función económico-social, no ha servido para recuperar hasta ahora ni un metro cuadrado de tierra ilegalmente apropiada por los latifundistas. Primero con la excusa de inundaciones a principios de 2007, y ahora sin necesidad de ninguna excusa, la «revolución agraria» se limita por el momento a prometer la mecanización de la agricultura campesina, una política totalmente inadecuada para los suelos andinos, y que sólo promete agravar la depredación de suelos y la caída de la productividad. En noviembre de 2007 se aprueba el Decreto 29215 que determina la expropiación con pago a precios de mercado de 180.000 hectáreas en el Chaco chuquisaqueño para entregar a las comunidades cautivas guaraníes[3].
La política del MAS, como explica Mayorga[4], un analista muy apreciado por los medios de comunicación, «está caracterizada por incertidumbre estratégica y flexibilidad táctica por ausencia de un proyecto político elaborado de manera programática, lo que explicaría la postura cambiante respecto al referéndum sobre las autonomías departamentales, así como los vaivenes respecto a la reforma educativa. Su capacidad de acción se traduce en una enorme flexibilidad táctica que se asienta en esa elasticidad programática. El manejo de una retórica radical (por parte del gobierno) neutraliza la izquierda y las moderadas decisiones de gobierno desbaratan los cuestionamientos desde la derecha, lo que le permite ocupar una amplia franja del centro político». Mayorga se felicita de esta característica del MAS, porque permitiría recuperar la gobernabilidad del Estado que se perdió en el período de 2000 a 2005 como efecto de la movilización incontrolable de los movimientos sociales. Efectivamente, mientras se mantiene una retórica de nacionalización, tanto de los yacimientos de gas como de los recursos naturales en general, por el otro lado, el gobierno se enorgullece en publicitar las inversiones extranjeras en proyectos gigantes en minería, como el caso San Cristóbal o el Mutún, y en haber dado las garantías suficientes a las empresas petroleras como para que reanuden este año las inversiones en la exploración de hidrocarburos. La re-nacionalización del sistema de pensiones parece haber quedado sepultada y en cambio los fondos privados de pensiones se harán cargo del pago del nuevo bono Dignidad destinado a todos los ancianos, proveniente de la redistribución del ingreso impositivo de la producción de gas. Mientras tanto, de parte de las comunidades campesinas ni siquiera es posible reclamar contra la total contaminación e inutilización de sus tierras agrícolas por parte de las multinacionales mineras y, peor aún, de las cooperativas mineras.
La COD de Oruro[5], en cambio, considera que no existe espacio para esa política de conciliación: «El gobierno de Evo Morales surgido como consecuencia de las luchas sangrientas del pueblo contra la oligarquía, tiene como base de su política la concertación y la convivencia con el enemigo de clase, compuesto por los pocos ricos de este país, culpables de la pobreza, atraso y desempleo en nuestro país… En ese sentido, su política de pactos con la derecha que terminaron en acuerdos de claro retroceso para el pueblo, como se puede advertir en la Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y los acuerdos de la suprapartidaria, entre otras, nunca conformarán a la clase capitalista, detentadora del poder y de los gobiernos durante la casi totalidad del período republicano, así como también no serán solución definitiva a los problemas de nuestro pueblo empobrecido aunque mayoritario».
La emergencia de la COD de Oruro y de una fuerte dirección clasista en Huanuni, que se han puesto claramente del lado de las organizaciones y pueblos indígenas campesinos, de alguna manera ha disminuido el margen de maniobra del gobierno y le ha obligado a inclinarse un poco más hacia la izquierda, de manera de evitar que la dirección obrera en emergencia le gane las espaldas. Eso explica que estos últimos días[6] el gobierno cada vez hable de forma más pesimista sobre la posibilidad de un acuerdo con los prefectos derechistas. La estrategia del gobierno de establecer un acuerdo político con los empresarios que de alguna manera convierta al MAS en su propia expresión política no es hueca. La bonanza de los altos precios de las materias primas, que ha permitido cuadruplicar los ingresos por exportaciones, lo permitiría. Lo demuestran también las cifras de las entidades financieras. Las reservas internacionales del Banco Central se han duplicado en un año. Los depósitos en moneda nacional en la banca se han incrementado de la misma manera y la cartera de préstamos también ha crecido en 60%[7]. ¿Por qué, en tal situación de bonanza, aún es difícil un acuerdo y cuál parecería ser el proyecto estratégico del empresariado boliviano y la derecha que lo representa?
La lucha por la hegemonía y el traslado del eje geopolítico boliviano
Desde octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada y su gabinete, poco antes de huir del país, especularon con la posibilidad de trasladar su gobierno -y por lo tanto la sede de gobierno- a Santa Cruz, se dio nuevo impulso a lo que se dio en llamar las luchas regionales. Desde que se impone la «Agenda de Octubre», cuando Carlos Mesa, inesperadamente para todos, acepta como parte de su programa de gobierno la convocatoria a una Asamblea Constituyente, empieza en serio el intento de trasladar la capital fuera de La Paz.
Es un hecho que el cerco de los movimientos sociales indígenas a La Paz, establecido en octubre de 2003 y que luego se repite en mayo-junio de 2005, no fue hasta ahora derrotado. Es más, está pendiente aún sobre las cabezas del sistema político como una espada de Damocles. Tanto en octubre de 2003 como en mayo-junio de 2005, con el antecedente de la crisis de febrero de 2003 que llevó al enfrentamiento armado entre policías y militares, el Estado está en una crisis que se debe, en buena medida, al cerco que han establecido los movimientos sociales sobre el gobierno y sobre su sede geográfica. El levantamiento social paralizó entonces al gobierno y al aparato estatal en su conjunto. La subida al gobierno de Evo Morales -un logro que es el resultado directo de las luchas populares pero en gran medida hay que atribuirlo a la estrategia de la Iglesia para neutralizar esas luchas- parece haber logrado un cuarto intermedio en las luchas sociales. La gente tiene cierta esperanza de que este gobierno «arregle» las cosas, aunque mantiene su vigilancia.
Dado que los sectores claves del aparato productivo nacional (la energía, la minería, las telecomunicaciones, la tierra, los bosques, los bancos, la prensa y la televisión) están en manos de multinacionales o de sus socios los sectores empresariales, latifundistas y/o lumpen burguesía boliviana, es poco lo que se presume que el gobierno pueda hacer, a más de sanear las finanzas del Estado elevando la recaudación impositiva. Esto último se lograría a través de la llamada «nacionalización de los recursos naturales» que modifica los contratos petroleros existentes -que nunca fueron anulados- de manera que el Estado perciba mayores ingresos por la explotación del gas. Se suponía que la Asamblea Constituyente era el escenario para cambiar radicalmente la situación generada por la privatización de las empresas y recursos del país, pero el propio gobierno se encargó de trabar al máximo esa posibilidad acordando con la derecha una ley de convocatoria que transformaba lo que debía ser un espacio de poder político fundacional y soberano en un ente ineficaz para hacer las transformaciones necesarias, subordinado al aparato político, judicial y administrativo establecido del Estado.
Peor aún, el gobierno ha permitido que la derecha ponga como condición para la realización de la Asamblea Constituyente, la previa realización de un referéndum autonómico vinculante. Este referéndum determinó que cualquier departamento donde haya sido aprobada la pregunta sobre autonomía departamental con una mayoría simple, se transforma en autónomo, una vez que se promulgue la nueva Constitución. Los constituyentes, tanto por la ley de Convocatoria a la Asamblea, como por el texto de la ley de referéndum, están obligados a avalar el resultado positivo de esa votación en un departamento, aunque la opinión nacional mayoritaria se demuestre en contra.
¿A qué apunta ese proyecto autonomista? ¿Acaso apunta a la disgregación nacional? Lo mismo se decía cuando se estaba librando la Guerra Federal que tuvo lugar en Bolivia en 1899. Sin embargo, el triunfo de los federalistas no derivó en el establecimiento de un sistema federal, sino en el traslado de la sede de gobierno a La Paz y el establecimiento de un sistema de gobierno centralista.
El interés actual del empresariado que respalda esta propuesta autonomista se expresaría en dos posibles salidas:
A. La salida política mínima a que aspiran consiste en que efectivamente no logran derrotar a los movimientos sociales durante todo o parte del gobierno de Evo Morales y se ven entonces en la necesidad de atrincherarse temporalmente en la sede de Santa Cruz, pero con prerrogativas y competencias que les permitan manejar la parte más jugosa del presupuesto nacional y aspirando también a manejar de la forma más directa posible -según las relaciones de fuerza que logren para la Asamblea Constituyente- los recursos naturales que ya sabemos: la tierra, el agua, los bosques, los recursos del subsuelo.
B. La máxima, consiste en lograr derrotar o confundir lo suficiente a los movimientos sociales para comenzar a trasladar, de hecho o de derecho, la sede de gobierno a Santa Cruz. Ese proceso puede comenzar bajo una apariencia de descentralización, o de traslado de organismos autárquicos o semiautárquicos, como por ejemplo YPFB, u otras entidades de gran peso económico a Santa Cruz. Aunque lograran solamente la autonomía, ya se estaría empezando a aplicar de hecho el traslado paulatino de la sede del gobierno nacional a Santa Cruz. Pero si la derecha lograra dividir y desmoralizar lo suficiente a los movimientos sociales, es posible un cambio rápido de escenario geopolítico. Esto puede efectivizarse si acorralan y reducen a la impotencia al gobierno de Evo Morales y le obligan a servir simplemente de administrador eficiente de un modelo neoliberal maquillado de populismo, sin ninguna transformación de fondo. Por ejemplo, sin que se logre la reversión de una porción significativa de los 50 millones de hectáreas de tierras ilegalmente distribuidas desde la Reforma Agraria de 1953 entre la nueva oligarquía. En la medida que el gobierno -para sostenerse en el sillón- deba acudir a la desmovilización y a la división de las organizaciones que lo apuntalaron para que gane las elecciones de 2005 y 2006, el mismo gobierno serviría como instrumento para lograr ese fin. La deslegitimación del gobierno lo volvería cada vez más débil y cada vez más vulnerable a las presiones de las camarillas empresariales y mafiosas, hasta que lo obliguen a rendirse y aceptar, él mismo, cambiarse de sede. Ese sería el proyecto estratégico del empresariado latifundiario y sus aliados mafiosos y petroleros.
Por supuesto, no apuntamos a que la «burguesía esmirriada»[8] y sus mafiosos se salgan con la suya y logren establecer este escenario político que describimos arriba; por el contrario estamos seguros de que los movimientos sociales sabrán derrotarlos a tiempo. Pero nuestro análisis pretende alertar contra sus verdaderas intenciones, que no se quedan en la autonomía departamental. Hay una forma para que los movimientos sociales, acompañados por aquellos que desde el gobierno están de su lado, puedan neutralizar esa estrategia y ganarles la batalla actual. Esa forma es, dicho de manera llana, revertir los latifundios.
Las implicancias civilizacionales del proceso actual
La crisis de Estado que se presenta en Bolivia nos obliga a utilizar un término un poco desgastado: aquello de «el eslabón más débil». Efectivamente Bolivia es, quizás, uno de los eslabones débiles del sistema hegemónico establecido por la civilización occidental capitalista en todo el planeta. Un sistema que ha establecido como pivote de su dominación política a los Estados-nación. No hay duda de que estamos ante un período de declinación hegemónica, pero ¿de qué tipo es esa declinación hegemónica?
Nadie, ni siquiera al interior del gigante imperialista[9], se atreve a dudar de que los Estados Unidos hoy atraviesan una crisis de hegemonía, pero hay poco acuerdo sobre el significado de esa crisis. Otros gigantes imperiales han caído antes. Recordemos cómo el imperio inglés se ha desmoronado en la Segunda Guerra Mundial, pero ya hoy las características de la declinación hegemónica han cambiado fundamentalmente. En ningún momento, durante el proceso de relocalización del eje geo-hegemónico mundial que se traslada desde Inglaterra hacia los Estados Unidos, se había puesto en duda el sistema civilizatorio occidental mismo. Por el contrario, la reconstrucción de Europa, pero sobre todo el movimiento anticolonial y nacionalista de la post guerra, comenzando por la independencia de India y siguiendo por la descolonización de África se realizó siguiendo el modelo de «modernización». En estos últimos casos, conducidos por las burguesías nacionales del Tercer Mundo, proponían un desarrollo capitalista basado en la «sustitución de importaciones»; hasta ahí nomás llegaban. También fue en ese período de transición interimperialista que se generó un vacío temporario de poder o, más bien, un período en el que las burocracias estatales mantuvieron su lealtad a los antiguos jefes imperiales, y así surgieron los movimientos nacionalistas en Latinoamérica, con fuerte arraigo en las burocracias militares y a los cuales se adhirió un sector importante de la clase obrera. Recordemos el peronismo, el APRA en Perú, Vargas en Brasil, MNR en Bolivia, etcétera, todos del mismo período de finales de la Segunda Guerra Mundial teñidos de discurso antiamericano pero, al menos en algunos casos, muy sospechosos de conducta pro inglesa, y que finalmente debieron ceder sin pena ni gloria ante el avance de los capitales americanos. Los años cincuenta se caracterizan porque entonces llega a su mayor auge el ciclo de expansión civilizatoria de la modernidad capitalista occidental: todos los países quedan integrados en la red de los Estados-nación que forman el mercado mundial capitalista. Es probable que incluso los países de la llamada esfera socialista, después de la Segunda Guerra, hayan quedado también semiintegrados en esa red, a consecuencia del propio proceso de regresión burocrática en que estaban sumidos. La lucha nacionalista revolucionaria entonces se entendía, paradójicamente, como la construcción de «verdaderos» Estados-nación, es decir, se acudía a la utopía de naciones «independientes» y «desarrolladas» según el mismo modelo que planteaba el imperialismo.
El actual período se caracteriza no solo por una creciente competencia interimperialista, existiendo de hecho ya tres grandes bloques que se disputan esferas de influencia económica, sino por una declinación civilizacional. El capitalismo a escala mundial ha sufrido una regresión que la clase obrera vive en carne propia: se ha vuelto al capitalismo salvaje, primitivo, al capitalismo basado en el trabajo a domicilio y otras formas que ahora ya no es el pequeño capitalista emergente el que las usa, sino el gran capital transnacional consolidado a escala global. Como consecuencia de esa regresión histórica la clase obrera se ve en disgregación física y políticamente y no se avizora el camino para su recuperación. Si bien hay grandes huelgas en los últimos tiempos, las realizan básicamente los obreros estatales, como es el caso de los sindicatos del transporte en Francia, Alemania y Hungría, porque la industria misma se ha vuelto trashumante. Pero en el nudo de la declinación se encuentra el problema de la crisis de legitimidad del Estado-nación. Desde el mismo momento que la civilización capitalista global basada en la red de estados nación se extendió por todo el planeta y dominó todo el mundo, comenzó su declinación. El Estado-nación, por otra parte, dejó de ser garante del nivel de vida de la población y se convirtió en el garante de la expansión del capital, exclusivamente. Y entonces sucede algo aparentemente contradictorio. La gran amenaza que desafía al Occidente pareciera que ya no es el fantasma del comunismo, y ahora es retratada como el fantasma del «fundamentalismo» y el «terrorismo» islámico. El desafío que plantea el islamismo propone un tipo de civilización que ataca las bases del individualismo burgués que domina nuestra cultura. Aquí me incluyo, como incluyo a la mayoría (¿la totalidad?) de los marxistas occidentales que hasta ahora no han sabido dar una mínima respuesta a este nuevo proceso global, por más que ya lleva cerca de treinta años en expansión, desde la revolución iraniana.
Lo paradójico es que a la crisis del capitalismo como civilización también le sucede la crisis del «comunismo real», de los socialismos en un solo país, construidos sobre el modelo de la industrialización forzada. Entonces, al desafío islamista contra esa civilización liberal individualista que nos ha penetrado hasta los huesos, se suma la emergencia indígena que recorre Latinoamérica. Hasta ahora esa emergencia ha dado pasos tibios y a tropezones, sin encontrar un camino independiente. Cuando se ha encontrado en posición dominante, como ha sido octubre de 2003, la corriente que supuestamente representaba los intereses de campesinos indígenas ha rehuido ese propio camino, ha vuelto a asumir la ruta de los derrotados, en este caso de los neoliberales que estaban en plena huída. Para peor, se disfrazan de nacionalistas y llegan al extremo de reivindicar el Estado-nación colonial y su soberanía, es decir, los supuestos representantes del movimiento indígena terminan negándose a sí mismos. Hasta ahora no ha surgido una corriente indígena latinoamericana con el suficiente coraje como para plantarse y asumirse como alternativa civilizatoria y reclamar la devolución total de la soberanía al pueblo, a los pueblos. Sin embargo, cuando los pueblos indígenas se sientan a deliberar surgen espléndidas ideas como las que dieron contenido a la propuesta de Constitución que elaboró el Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas originarias campesinas de Bolivia. Esa experiencia nos demuestra que es posible una respuesta a la crisis civilizatoria. Es la hora ya de crear un frente indígena y obrero que recupere esa extraordinaria experiencia y se plantee desterrar de una vez la corrupta cultura liberal capitalista, incluida su versión seudo-nacionalista.
Pablo Regalsky: Antropólogo, CENDA, Cochabamba, Bolivia. Autor de Etnicidad y clase. El Estado boliviano y las estrategias andinas de manejo de su espacio La Paz, CEIDIS/CESU-UMSS/CENDA y Plural editores, 2003. En Herramienta Nº31 publicó América Latina: Bolivia indígena y campesina. Una larga marcha para liberar sus territorios y un contexto para el gobierno de Evo Morales. Correo electrónico: [email protected]
Notas
[1] En varias publicaciones está clara esa posición, particularmente en Tinkazos, 20 de junio de 2006, donde dialoga con Juan Carlos Urenda, el ideólogo del autonomismo cruceño, y también en Fuentes, F. «The struggle for Bolivia’s future» en Monthly Review 59 (4), septiembre de 2004, donde se refleja claramente la política de Evo y García L. de lograr un acuerdo con las Fuerzas Armadas en base a la recreación de un «Pacto militar campesino» y al reforzamiento económico de las mismas y a ganar el apoyo de «las clases medias» con una política moderada.
[2] Instituto Nacional de Reforma Agraria, ley dictada en 1996 bajo el gobierno de Sánchez de Lozada y reformada últimamente en 2006 bajo Evo Morales.
[3] http://www.la-razon.com/versiones/20071129_006105/nota_250_513106.htm
[2] Instituto Nacional de Reforma Agraria, ley dictada en 1996 bajo el gobierno de Sánchez de Lozada y reformada últimamente en 2006 bajo Evo Morales.
[3] http://www.la-razon.com/versiones/20071129_006105/nota_250_513106.htm
[4] Mayorga, Fernando. 2007. Encrucijadas: ensayos sobre democracia y reforma estatal en Bolivia. CESU-UMSS Edition. Cochabamba: Gente Comun.
[5] Declaración de la Central Obrera de Oruro, diciembre 2007.
[6] Este artículo se terminó de redactar el 8 de febrero de 2008.
[7] UDAPE. 2006. «Economía y Política Económica 2006.» La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
[8] Es la denominación que le dio Zavaleta M, Rene. 1987. El Poder Dual. Cochabamba: Los amigos del libro.
[9] Ver New York Times, Khanna, Parag 2008 Waving Goodbye to Hegemony, en http://www.nytimes.com/2008/01/27/magazine/27world-t.html?ei=5087&em=&en=626eef41b0e68c4e&ex=1201496400&pagewanted=all
[5] Declaración de la Central Obrera de Oruro, diciembre 2007.
[6] Este artículo se terminó de redactar el 8 de febrero de 2008.
[7] UDAPE. 2006. «Economía y Política Económica 2006.» La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
[8] Es la denominación que le dio Zavaleta M, Rene. 1987. El Poder Dual. Cochabamba: Los amigos del libro.
[9] Ver New York Times, Khanna, Parag 2008 Waving Goodbye to Hegemony, en http://www.nytimes.com/2008/01/27/magazine/27world-t.html?ei=5087&em=&en=626eef41b0e68c4e&ex=1201496400&pagewanted=all
Bibliografía
Mayorga, Fernando, 2007, Encrucijadas: ensayos sobre democracia y reforma estatal en Bolivia, CESU-UMSS Edition, Cochabamba, Gente Común.
UDAPE, 2006, Economía y Política Económica 2006.» La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
Zavaleta M, Rene, 1987, El Poder Dual, Cochabamba, Los amigos del libro.