Cristina Fernández acaba de decir que en Argentina «afortunadamente» hoy «nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando, diciendo lo que pensamos». Lo dijo en La Plata, la ciudad en la que en 2006 desaparecieron a Julio López, un sobreviviente del genocidio que se había animado a decir lo que […]
Cristina Fernández acaba de decir que en Argentina «afortunadamente» hoy «nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando, diciendo lo que pensamos». Lo dijo en La Plata, la ciudad en la que en 2006 desaparecieron a Julio López, un sobreviviente del genocidio que se había animado a decir lo que sabía, pensaba y sentía. ¿CFK habló sin pensar o apeló, una vez más, a su cinismo habitual?
El gobierno propagandiza una supuesta «década ganada» tomando a los derechos humanos como uno de sus ejes. Pero para consumar la impostura necesita aferrarse al engaño y el silencio. CFK podrá estar vivita y coleando y darse el lujo de ocultar al compañero López, pero la realidad supera su «relato» y su simbología. La desaparición de personas, la tortura en cárceles y comisarías, el gatillo fácil, la represión a quien pelea por tierra, vivienda o trabajo, la esclavitud laboral y la criminalización de la protesta no son hechos del pasado. Son una vivencia cotidiana en las barriadas pobres, en las grandes ciudades y en los pueblos del interior. Una realidad cada vez más difícil de ocultar con discursos y puestas en escena.
La herencia de Videla
El máximo ejecutor militar de miles de desapariciones y asesinatos, del robo de bebés, el saqueo, la tortura y la represión al pueblo trabajador pasó gran parte de la «democracia» en libertad o en «celdas» militares rodeado de sus camaradas. De toda la «década k» estuvo sólo un año en cárcel común, desde mediados de 2012. Algunos funcionarios destacaron que Videla haya muerto en prisión. Cínicos. No fue el Estado quien logró que eso suceda, sino la lucha de sobrevivientes y organismos de derechos humanos independientes. «Cuánto tuvimos que luchar para que Videla muera en una cárcel común», reflexiona Myriam Bregman, abogada del CeProDH que intervino en varios juicios contra genocidas. Tras la condena por el plan sistemático de robo de bebés Videla pasó de Campo de Mayo al penal de Marcos Paz, una medida exigida por la querella de María Victoria Moyano, nieta restituida. «Cuando me enteré que murió -cuenta Victoria- me acordé de mis viejos y de todo lo que pasó en estos años. Que Videla haya muerto no significa que vayamos a descansar. Llevamos años denunciando que siempre se juzga a los mismos viejos altos mandos pero no a los empresarios y otros responsables».
Es que la política de derechos humanos fue un subproducto de la debilidad de origen del kirchnerismo, que en 2003 llegó al gobierno con un 22% de los votos. Para fortalecerse apeló a la pasivización de importantes organismos de derechos humanos y movimientos sociales, asimilando parte de sus demandas históricas pero escindiéndolos de todo contenido disruptivo en el presente. La operación quedó expresada en el acuerdo alcanzado entonces por todos los bloques del Congreso, incluido el PRO, para la anulación de las leyes de impunidad, consagrando los juicios a cuentagotas. El relato oficial nació, paradójicamente, con un fuerte apoyo de la derecha y la Justicia «corporativa». Así, un puñado de represores fueron presos mientras miles siguen libres y «trabajando» al servicio del aparato represivo del Estado. Para Bregman, «mucho de la herencia de Videla sigue vigente. Muchos siguen en funciones, como el agente Balbuena que estuvo once años infiltrado en la Agencia Walsh; o Gerardo Martínez, de la UOCRA, que fue buchón del Batallón 601 y hoy se reúne con la presidenta». Alejandrina Barry, hija de asesinados en el marco del Plan Cóndor, lo confirma: «hay unos pocos cientos de condenados. La continuidad del aparato represivo es clara, con sus organismos de inteligencia operando como en el Proyecto X.»
«Cuando desapareció Julio López -recuerda Bregman- salimos a denunciar la cantidad de privilegios que los genocidas tenían en sus lugares de detención. Pero nadie nos escuchó y los ataques a testigos continuaron».
Que abran los archivos
Las clases dominantes que pergeñaron el golpe siguen manejando el país. Dice Bregman que «a veces se puede ver a la dictadura como algo que ya pasó, pero no. Hay leyes profundamente antiobreras dictadas por ellos que siguen afectando la vida de los trabajadores». «Por eso -agrega Barry- la pelea continúa, porque son los mismos que mantienen el poder económico y deciden los destinos del país, ganando millones con todos los gobiernos, incluido éste».
El kirchnerismo discursea sobre los horrores del pasado, pero se niega a abrir los archivos que pueblan las oficinas estatales. Como dice Victoria Moyano, «si entregaran los archivos de todos los que revistaron entre 1976 y 1983 en las fuerzas represivas podríamos investigar, imputar y encarcelar. Pero ningún gobierno, incluido el actual, dio las nóminas para que podamos saber quiénes son». La política oficial es la responsable de que aún hoy 400 hijos de desaparecidos no conozcan su verdadera identidad.
Un hecho reciente volvió a mostrar la falacia del discurso oficial. La Barrick Gold, minera multinacional mimada por CFK, desde 2006 tuvo de jefe de seguridad al represor del ejército Rubén Bufano. Al ex miembro del Batallón 601 acaban de detenerlo por la desaparición de Haroldo Conti y por la «Masacre de Fátima» (Pilar) en 1976.
De haberse abierto los archivos de la dictadura, como exigen hace años sobrevivientes y organismos desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; ni Bufano, ni Balbuena, ni Martínez ni tantos otros hubieran llegado libres y «en funciones» hasta hoy.
La impunidad de la mayoría de los genocidas (militares y civiles), el mantenimiento del aparato represivo, el espionaje, la persecución y la criminalización de las luchas populares son parte de una misma política de Estado sostenida, más allá de símbolos y discursos, por todos los gobiernos posteriores a la dictadura. El kirchnerismo puede tener su década «ganada», pero no contra la impunidad y la represión.
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