Oruro fue la ciudad que albergó la última y decisiva sesión de la Asamblea Constituyente. Tras deliberar durante casi 17 horas aprobó la nueva Constitución Política del Estado que será votada en referéndum por todo el pueblo boliviano. Esta vez no hubo violencia como en Sucre, ni tampoco presencia militar. Miles de campesinos, mineros de […]
Oruro fue la ciudad que albergó la última y decisiva sesión de la Asamblea Constituyente. Tras deliberar durante casi 17 horas aprobó la nueva Constitución Política del Estado que será votada en referéndum por todo el pueblo boliviano. Esta vez no hubo violencia como en Sucre, ni tampoco presencia militar. Miles de campesinos, mineros de Huanuni, vecinos de Oruro, indígenas y pobladores que llegaron de El Alto, acamparon en el exterior del Centro de Convenciones.
Improvisaron fogatas para aguantar la larga vigilia a la intemperie que se inició al caer la tarde del sábado y se prolongó durante la noche y la madrugada con una temperatura entre 2 y 3 grados sobre cero. Casi al mediodía del domingo se escucharon los gritos de júbilo y la emocionada entonación del himno boliviano, que cerraron la histórica sesión.
El proyecto de reforma fue aprobado en la reunión plenaria de la que participaron 164 de los 225 constituyentes. En su primer artículo, establece que «Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural. Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.» Contiene los conceptos claves del compromiso asumido por el presidente Evo Morales de «refundar la nación» y dar paso a un estado inclusivo, que termine con la ancestral marginación de millones de ciudadanos.
La dirigente indígena Silvia Lazarte, presidenta de la Constituyente clausuró el plenario agradeciendo el esfuerzo realizado por los asambleístas que cumplieron el compromiso de aprobar la nueva norma antes del plazo del 14 de diciembre. Atrás quedaba más de un año de estériles esfuerzos por conseguir que los sectores de la oposición conformados por los políticos desplazados por la victoria electoral del MAS y de otros partidos menores participaran de forma constructiva en los debates y posibles acuerdos. Tanto PODEMOS, el partido dirigido por el ex presidente Jorge Quiroga como la Unidad Nacional y otras fuerzas menores boicotearon desde el primer dia la posibilidad de que la Constituyente pudiera sesionar y cumplir el mandato del voto popular de reformar la Constitución. El empresario Samuel Doria, derrotado candidato presidencial de uno de los partidos derechistas, había expresado en setiembre del año pasado que la Asamblea Constituyente «estaba herida de muerte». De allí en más todo fue esquivar la posibilidad de negociaciones. La táctica fue entorpecer cada vez que se producía una convocatoria. Se utilizaron los más diversos argumentos, pero manteniendo siempre la denuncia sobre la intención «totalitaria» de Evo Morales mezclada con alusiones a una presunta «revancha» del indigenismo, y el eficaz anzuelo de mencionar que se pretendía marginar a las regiones más prósperas y productivas de Bolivia, en una clara alusión a Santa Cruz.
Allí, las clases dirigentes ( empresarios, latifundistas ) ya venían «calentando» el ambiente para que ese sentimiento prendiera en la población, y lograr respaldo para impulsar una amenaza secesionista. Para ello cuentan con recursos económicos y con los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista . El anuncio gubernamental de redistribuír los beneficios de las riquezas y recursos de determinadas regiones, les facilitó conformar «la media luna» autonomista con el apoyo de los Prefectos y los Comités Cívicos de Tarija, Beni y Pando. En Sucre, que fue sede de la Constituyente, atizaron el tema de la capitalidad, una antigua reivindicación desde fines del siglo 19 en la que la ciudad perdió la condición de residencia del Poder Ejecutivo, derivando en incidentes violentos, agresiones y saqueos que pusieron en riesgo la continuidad de las deliberaciones, y dejaron un saldo de 3 muertos, decenas de heridos e importantes daños materiales. ( ver SERPAL 360 «Bolivia: los cambios en peligro» en www.serpal.info ). La suma de esa serie de tácticas hostiles y bloqueadoras tenía un objetivo estratégico: el fracaso absoluto de la Constituyente.
«Necesitamos que nos apruebe el pueblo»
La cerrada intransigencia de la oposición a tratar cualquier reforma importante de la Constitución, se correspondió con una progresiva dificultad del gobierno por revalidar el mandato popular obtenido en las urnas : «refundar la nación». También abandonó el intento de alianzas con los sectores mas permeables a la prédica contra los cambios, para neutralizar así la polarización. En ese contexto, la presión de la mayoría de los medios de comunicación fue revirtiendo el objetivo primordial del voto mayoritario de los bolivianos. Esos medios «olvidaron» que el mandato de la Constituyente era reparar siglos de discriminación, de injusticia. Y la constante pasó a ser «evitar el totalitarismo». No hay que negar la habilidad desplegada por aquellos grupos que tras manejar arbitrariamente el poder, incluso incrustados en sangrientas dictaduras militares, ahora incorporan a su vocabulario «la defensa de la democracia» y rechazan la posibilidad de quedar marginados. En estos meses han trabajado arduamente para que se borrara la historia, en especial la de los últimos decenios. Con este «todo vale» de argumentos tramposos y denuncias victimistas, pretenden tender un manto de olvido sobre las causas profundas que llevaron a que una amplia mayoría de los bolivianos votara por Evo Morales, por el MAS, por el cambio. Con tanta sencillez como con razón, la indígena Silvia Lazarte afirmó al cerrar la sesión final: «seguramente algunas agrupaciones y partidos no van a estar de acuerdo, pero los que estamos aquí no necesitamos que nos acepten, sino que nos apruebe el pueblo». Y añadía: «no hemos hecho este trabajo para la gente que intentó llevar al fracaso a la Constituyente. Lo hemos hecho por nuestro país. No estamos acabando hoy nuestro trabajo para irnos a nuestras casas a descansar». Consideró que es necesario «seguir trabajando si queremos que se apruebe en el referéndum. Es nuestra responsabilidad garantizar que el esfuerzo que hicimos, termine bien».
Pero ahora el objetivo de la oposición es desacreditar el texto aprobado. Fracasado su propósito de que la Asamblea no aprobara la reforma antes del plazo previsto, ahora intentan que no llegue al referéndum. Por eso llaman «la mal nacida» a la nueva Constitución, y convocan movilizaciones y desobediencia civil. No debatieron su contenido en 15 meses en la Constituyente, pero tampoco ahora hacen referencia al texto. Y sin embargo, ese contenido es el que intentan frenar por todos los medios. Ese texto contiene las modificaciones fundamentales que reclamaba gran parte de la sociedad boliviana, por eso es de lo que menos hablan.
El texto aprobado
La nueva Constitución aprobada por una mayoría de los Constituyentes tiene 411 artículos, divididos en cinco partes con 50 capítulos. Además de la definición del Estado Boliviano que consta en su primer artículo, el texto establece que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce en forma directa. Define a Bolivia como un estado pacifista y que rechaza la guerra como método de solución para los diferendos o conflictos entre estados. También señala su respeto por la soberanía de los estados y prohibe explícitamente la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional.
El documento aprobado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. Establece la independencia del Estado con la religión. ( En el texto anterior se reconocía a la religión católica, apostólica y romana y establecía con ella especiales relaciones y acuerdos.)
Sobre el control social, tema no mencionado en la constitución actual, el nuevo texto en el artículo 242 indica que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en la toma de decisiones de las políticas públicas. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y en empresas públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales o presten servicios públicos. La sociedad civil establecerá sus propias normas para cumplir con sus funciones. Tendrá la facultad de denunciar e instruir a las instituciones correspondientes para investigar y procesar en los casos que sea necesario.
Los recursos son del pueblo
En el artículo 306 afirma que «el modelo económico boliviano es plural (…) está constituído por las siguientes formas de organización económica: la comunitaria, la estatal y la privada». En otro artículo, indica específicamente que «garantiza la propiedad privada, siempre que el uso que se haga no sea perjudicial al interés colectivo». En el 307 añade que «todas las formas de organización económica establecidas por la Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley». Y en el 308 establece que «toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica.» También se constitucionaliza el hecho de que el Estado «podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y todos los bolivianos». Éste régimen prohíbe el monopolio y oligopolio privado y establece prioridad a la inversión nacional por sobre la extranjera.
En otros artículos que hacen referencia a la estructura económica, afirma que «el Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.» También expresa que «la industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos y naciones indígena -originario-, campesino y sus territorios. » En el artículo 318, precisa que «la inversión boliviana será priorizada frente a la inversión extranjera». En otros apartados afirma que «la administración económica y finaciera del Estado se rige por su presupuesto. Las asignaciones atenderán especialmente la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo.» Indica que «no prescribirán las deudas y los daños económicos causados al Estado; y que éste «protegerá y fomentará las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos. Con respecto al turismo, afirma que será considerado » como una actividad económica estratégica, que deberá desarrollarse de manera sustentable, y tomando en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto del medio ambiente.» También se ratifica el principio de que la tierra es de quien la trabaja bajo la forma de cumplimiento de Función Económica Social (FES) y se prohíbe y caracteriza el latifundio, como un predio que incumple la FES y practica la servidumbre y esclavitud, en cuyo caso será expropiado sin indemnización.
Por su parte, el artículo 398 referido a la extensión de la tierra para ser considerada latifundio irá a un referéndum dirimidor, al no conseguir los 2/3 de voto del total de los presentes. Ese referéndum debe ser convocado dentro de los próximos cuatro meses. Las propuestas a votar son las que fijan en más de 5.000 o en más de 10.000 hectáreas la extensión que debe ser considerada latifundio. Lo resuelto pasará a formar parte del cuerpo total del nuevo texto, que ya entonces será sometido completo al voto de los ciudadanos bolivianos.
En lo que hace al tema de los hidrocarburos, 160 asambleístas aprobaron con su voto el artículo 359 que le otorga al pueblo la propiedad de los hidrocarburos. El artículo aprobado señala que los hidrocarburos, en cualquier estado que se encuentren, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. También fue aprobado el artículo 360 que determina que será el Estado el que promoverá el desarrollo integral en el campo energético. Se dará prioridad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a suscribir contratos bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas, públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras. El nuevo texto indica que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es una empresa autárquica, de derecho público, con autonomía de gestión. En caso de aprobarse en el referéndum el proyecto de la Constitución Política del Estado (CPE), todos los departamentos del país y el Tesoro General de la Nación (TGN) tendrán regalías por la explotación de los recursos hidrocarburíferos. De acuerdo con la normativa actual, sólo los departamentos productores (Santa Cruz, Tarija y Cochabamba), además de los no productores Beni y Pando, reciben regalías. En cambio con el proyecto de la nueva CPE, son tomados en cuenta todos los departamentos del país, aunque aún no se fija el porcentaje para las regiones no productoras.
El artículo 368 del proyecto señala: «Los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una regalía del once por ciento de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no productores de hidrocarburos, y el TGN, obtendrán una participación en los porcentajes, que serán fijados mediante una ley especial».
No habrá reelección indefinida
Uno de los temas que fue «bandera de enganche» de la oposición para reforzar sus argumentos sobre la intención «totalitaria» de Evo Morales era el de fijar la reelección indefinida en la nueva Constitución. El nuevo texto descarta esa posibilidad y establece la reelección de manera continua por una sola vez y esto es válido para presidente, vicepresidente, diputados, representantes departamentales, alcaldes y prefectos. . El nuevo texto constitucional también contempla la posibilidad de revocatoria de mandato para las mismas autoridades nacionales y locales. Para la elección de presidente y vice, se aprueba la segunda vuelta electoral en el caso de que ningún candidato obtenga el 50 % más uno de los votos.
La nueva Constitución termina con la inmunidad que disfrutaban hasta ahora los senadores y diputados. El texto aprobado en detalle en el plenario de Oruro establece que los asambleístas no gozarán de inmunidad. Termina también con la reelección indefinida que establece la norma actual. La nueva fija un mandato de cinco años y limita la posibilidad de reelección a dos periodos continuos.
La cuestión de la capitalidad estuvo a punto de provocar nuevamente diferencias insalvables en la sesión final. Los asambleístas de Chuiquisaca, fuertemente presionados por los sucesos de la semana anterior en Sucre, no quisieron aparecer como renunciando a esta reivindicación. Que la cuestión provoque riesgos de ruptura entre los representantes del MAS o de sus aliados, pone en evidencia la vulnerabilidad a las maniobras de la oposición. Para algunos asambleístas no está claro que la capitalidad es un debate secundario que en ningún caso puede poner en riesgo la aprobación de un cuerpo de reformas que suponen grandes avances sociales y de control democrático de los recursos y las riquezas del país. Finalmente, las diferencias se saldaron con una resolución ambigua que indica que «Sucre es la capital de Bolivia», pero sin indicar que poderes alberga. La actual no la menciona como capital, pero afirma que es la sede del Poder Judicial. ( El ejecutivo y el legislativo están en La Paz ).
La salida al mar
El tema marítimo, una antigua reivindicación del pueblo boliviano que perdió su salida al mar en la guerra del Pacífico librada con Chile (1879-1884), no figura en el actual texto constitucional. El nuevo, aprobado en Oruro afirma que «el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos, y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.
En materia educacional, el texto vigente dice que el derecho de una persona es adquirir instrucción por lo menos primaria. El nuevo, fija que la educación es obligatoria hasta el bachillerato, gratuita. El artículo 97 garantiza la inamovilidad del personal docente, conforme a la ley.
Sobre los medios de comunicación, la reforma aprobada por los constituyentes menciona en el artículo 107 menciona que el Estado garantiza el derecho a la libertad de expresión, opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Además, reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. El artículo siguiente dice que los medios de comunicación no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios. Otro punto explica que el Estado apoyará en la creación de medios de comunicación comunitarios.
La ofensiva antipopular
Los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba decidieron desconocer el proceso de la Asamblea Constituyente, y afirmaron que el próximo sábado aprobarán sus respectivos estatutos autonómicos. La decisión los coloca en una posición de ruptura con el gobierno elegido hace dos años por todos los bolivianos precisamente para que llevara adelante los postergados cambios sociales, políticos y económicos. Ese bloque agrupa a las regiones más prósperas del país y con el texto constitucional actual son las únicas que reciben regalías por los recursos de hidrocarburos que tienen bajo su territorio.
El gobernador de la rica Santa Cruz Rubén Costas, dijo que «los bolivianos no aceptarán la nueva constitución porque se trata de una imposición que atenta contra la unidad nacional y la libertad de los bolivianos.» Costas, como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz viene promoviendo la autonomía de la región desde antes que Evo Morales asumiera la presidencia. El 23 de enero del 2005 fué proclamado como «gobernador de facto» y llegó a anunciar la creación de un gobierno autónomo regional. En esa oportunidad, los grupos de choque ultraderechistas ocuparon violentamente varios edificios públicos. Ahora Costas se dirigió al país a través de un canal de televisión con un Cristo crucificado de fondo argumentando la defensa de «la unidad nacional». El presidente de la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz y diputado por Podemos, Pablo Klinsky, alertó que la Constitución del MAS es «absolutamente ilegal» y no será reconocida por los departamentos de la «media luna». Klinsky está vinculado a los grupos violentos que han agredido reiteradamente a partidarios de Evo Morales o a manifestantes indígenas y campesinos y no suele ocultar su discurso racista y excluyente con el que sustenta su apoyo a la autonomía regional.
Otro de los personajes claves de la estrategia de la oposición es Branco Marinkovic, un empresario aceitero de origen croata poseedor de 30.000 hectáreas, que acompaña el discurso de Costas y que preside el Comité Cívico de Santa Cruz. Recientemente en una nota publicada en Bolpress, Alejandro Saravia afirmaba que «lo que Marinkovic defiende son, ante todo, los intereses económicos de una oligarquía local que se ha apoderado, gracias a su apoyo a las pasadas dictaduras militares, de recursos y tierras del Estado. Esa minoría tiene actualmente el monopolio del discurso mediático y ha articulado un discurso de la identidad cruceña que es, en muchos aspectos, excluyente y racista.» Y añadía una caracterización que resulta clave para comprender la afinidad entre las «rebeldías» encabezadas por esa oligarquía local y los partidos derechistas ligados con las pasadas dictaduras militares o con los gobiernos neoliberales recientes: «este grupo, en el que se confunden y codean los intereses del presidente del Comité pro Santa Cruz, los Sánchez de Losada y los Quiroga, hará lo posible y lo imposible para mantener a Bolivia en su condición de colonia neoliberal». Y eso es precisamente lo que está sucediendo.
El alcance y profundidad de esta verdadera conspiración contra la voluntad popular expresada en las urnas hace dos años, puede medirse en la radicalización del discurso de Rubén Costas. La nueva constitución que deberá ser aprobada en referéndum es desconocida y considerada «ilegal». Mientras el ex presidente Jorge Quiroga, del derechista PODEMOS hablaba de sabotear el referéndum cuando sea convocado, Costas parece dispuesto a quemar etapas y tomar atajos para voltear al presidente Evo Morales. Mientras por un lado se asume como defensor del «estado de derecho» supuestamente vulnerado por el presidente, lanzó un ataque público contra los más altos jefes militares de Bolivia. Llamó «cobarde» al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Wilfredo Vargas, quien ha manifestado públicamente su apoyo a las reformas sociales impulsadas por Evo Morales. Su ofensiva se completó con la calificación de «servil» para el comandante en jefe del Ejército, Freddy Bersatti a quien acusa de «plegarse» al «imperialismo chavista». Por si su intención no quedaba clara, insinuó que «no todos» los oficiales compartirían la posición de esos mandos. O sea que Costas, adalid del «estado de derecho», intenta quebrar el compromiso y la fidelidad constitucional de los mandos militares al presidente elegido por el pueblo. Demasiada similitud con el discurso de los partidos derechistas chilenos en el 73, que acusaron de «amigo de Salvador Allende» al Gral. Prats, provocando su renuncia y la designación para la Comandancia del Gral. Augusto Pinochet, quien pocos dias más tarde encabezaría el cruento golpe militar y la instauración de su dictadura fascista. Como en aquel entonces, la conjura tiene también respaldos internos y externos, unos visibles y otros ocultos. Estos últimos, como en una jugada de ruleta apuestan sus fichas a la posibilidad de volver al «orden» anterior. Pero no es un juego. Lo que pretenden es regresar a los gobiernos dóciles, a la legislación entreguista, a los derechos recortados o inexistentes, sin importarles el coste que ello pueda suponer para el pueblo boliviano, que suele ser quien pone los muertos, los huérfanos, los represaliados.
La dramática encrucijada se completa con el papel que cumplen los medios de comunicación, que casi sin exclusiones dan sustento a los pasos que van dando los sectores de la oposición y responsabilizan al gobierno de todo lo malo que sucede en el país.
Un ejemplo: tras la aprobación en general de la nueva Constitución por la mayoría de los asambleístas, el diario «Los Tiempos» de Cochabamba afirmaba en un editorial: » Está claro que la pretendida «refundación» del país se hará por la vía del enfrentamiento y el conflicto, tal como ha elegido el gobierno actual.»
Una investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación UNIR-Bolivia reveló días pasados que 16 medios escritos del país sesgaron la información sobre la Asamblea Constituyente. Representantes del PNUD, UNIR, la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación y el Observatorio Nacional de Medios (Onadem) informaron que el resultado se desprende la publicación de notas informativas y editoriales de 5.220 ejemplares publicados en los nueve departamentos del país desde el 7 de agosto de 2006 y el 9 de agosto de 2007. De acuerdo a una encuesta realizada por el PNUD, después de un año de instalado el foro constituyente, la población nacional se siente poco informada e insatisfecha pese a la gran cantidad de informaciones. El estudio indica que además de la falta de contenido en la presentación de los hechos que se sucedieron en el cónclave, las informaciones fueron elaboradas con «un claro sesgo negativo en la información sobre la Asamblea, toda vez que vez que las informaciones generadas a lo largo de los 12 meses sobre la Constituyente giraron en torno al conflicto y medidas de presión, relegando los debates sobre las propuestas. Y añade: «fue visible la ausencia de profundidad, la tendencia al tratamiento sensacionalista y la falta de pluralismo en la consulta de fuentes». Pero este lenguaje técnico es demasiado amable con la realidad. Cualquiera de nosotros puede hacer su propia valoración, accediendo a los titulares de portada o a los editoriales de «La Prensa», «Opinión», «Los Tiempos», «El Deber» u otros medios de tirada nacional.
Hace más de dos años, cuando el pueblo boliviano dió su apoyo a Evo Morales y a sus propuestas de cambio, afirmamos que era un trance histórico. Nunca ese pueblo hermano se había aproximado tanto a la posibilidad de «dar vuelta la historia», esa que escribían siempre los mismos o sus herederos. Y era previsible que ese anhelo de transformación social y de justicia encontraría una cerrada resistencia de los nichos de privilegio acostumbrados al poder.
Tras una maquillada y supuesta aceptación de los resultados electorales, ahora aparece el verdadero rostro de esa derecha, parte de la cual fueron cuadros de las administraciones dictatoriales que soportó el país. Se siente nuevamente fuerte y por eso ahora «patea el tablero». Cree llegado el momento para recuperar eso que consideran «el orden natural de las cosas». Serán los bolivianos quienes tendrán la última palabra.
Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa.