La derecha boliviana, apoyada por EE.UU. y las grandes petroleras maniobran para obstaculizar la elecciones de diciembre. La Habana.- Evo Morales ya dio la voz de alerta hace pocos días, desde París. La derecha, los sectores mas recalcitrantes de santa Cruz de la Sierra, las petroleras y Estados Unidos están obstaculizando el proceso electoral y […]
La derecha boliviana, apoyada por EE.UU. y las grandes petroleras maniobran para obstaculizar la elecciones de diciembre.
La Habana.- Evo Morales ya dio la voz de alerta hace pocos días, desde París. La derecha, los sectores mas recalcitrantes de santa Cruz de la Sierra, las petroleras y Estados Unidos están obstaculizando el proceso electoral y están dispuestos incluso a propiciar un golpe de Estado.
En ese marco se inscribe la reciente decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la suspensión del comicio hasta que no se proceda a la redistribución demográfica del país, tendiente a modificar el criterio de adjudicación de escaños. ese tribunal fue elegido por y responde al ex presidente Sánchez de Lozada.
Las elecciones generales programadas en Bolivia del 4 de diciembre próximo están en vilo a partir de maniobras jurídicas que sectores en contienda presidencial han definido como una maniobra para posponer definitivamente esos comicios, convocados en medio de una grave turbulencia social en el país.
La prensa en La Paz dijo que dirigentes regionales, empresariales, parlamentarios, candidatos y representantes de diferentes sectores sociales han reclamado que ese ejercicio sea realizado en fecha programada, o sea el 4 de diciembre.
El diario La Hora subrayó en su edición del viernes pasado que ha sido un fallo del Tribunal Constitucional sobre la redistribución de escaños parlamentarios el que ha causado la incertidumbre actual, la cual, de acuerdo con analistas, podría generar manifestaciones y conflictos.
Todos los análisis en Bolivia coinciden en afirmar que dicha redistribución limitaría las posibilidades de ganar los comicios a Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), un líder muy popular que encabeza los sondeos y que, a la vez, es repudiado por Estados Unidos y el sector político «tradicional» boliviano.
Morales denunció públicamente que con ese fallo «se estaría gestando un golpe de Estado para evitar que la gente acuda a las urnas».
Tanto el presidente del país, Eduardo Rodríguez, como la Cámara de Diputados llamaron a realizar las elecciones en la fecha indicada y subrayaron que deben buscarse «mecanismos» que la garanticen. Rodríguez es actualmente un mandatario de transición elegido después de la renuncia de Carlos Mesa en medio de vigorosas protestas nacionales.
Aunque parece haber un consenso de todos los sectores bolivianos de que las elecciones deben llevarse a cabo en el momento previsto, la sentencia del Tribunal Constitucional tiene fuerza de ley. Ello quiere decir que el punto focal del conflicto es en realidad la redistribución de escaños que tendrá que hacerse.
El presidente de la Corte Nacional Electoral, Óscar Hassenteuffel, dijo, no obstante, que técnicamente, aún se puede llegar a las elecciones generales del 4 de diciembre».
En medio de la gran confusión reinante y bajo acusaciones de que «la política tradicional» está detrás del fallo, el parlamento nacional dijo que no puede garantizar que los comicios sean el día 4 del último mes del año. La jerarquía del legislativo explicó que se tardará «el tiempo que sea necesario para buscar consensos sobre la nueva redistribución de escaños ordenada por el Tribunal Constitucional».
El presidente del Congreso, Sandro Giordano, dijo que «no nos podemos poner fechas como plazos, porque tenemos que asumir con responsabilidad el mandato del fallo de reponer el artículo 88 del Código Electoral declarado inconstitucional». El mencionado artículo se refiere a la distribución de escaños en la Cámara de Diputados.
En el órgano legislativo, el jueves, los representantes de la región de Potosí, abogaron directamente por la anulación de las elecciones si se llegan a redistribuir los escaños, acción que reduciría considerablemente las oportunidades de voto de esa parte del país en beneficio de la separatista Santa Cruz, donde están enclavados grandes intereses económicos.
La esperanza de que los comicios se efectúen descansa actualmente en que el parlamento busque una fórmula para redistribuir los escaños parlamentarios sin provocar enfrentamientos regionales, lo cual parece imposible a los analistas.
(*) Ariel Florit pertenece a la redacción de World Data Service, medio con el cual APM mantiene un convenio de cooperación.