Bajo la batuta de la Embajada de Estados Unidos, la oligarquía boliviana comenzó a utilizar todas sus armas para conseguir el 10 de agosto el voto ciudadano que le permita consolidar no sólo el poder que ha logrado conquistar en los valles y el oriente, sino también erosionar seriamente el peso político y electoral del […]
Bajo la batuta de la Embajada de Estados Unidos, la oligarquía boliviana comenzó a utilizar todas sus armas para conseguir el 10 de agosto el voto ciudadano que le permita consolidar no sólo el poder que ha logrado conquistar en los valles y el oriente, sino también erosionar seriamente el peso político y electoral del presidente indígena Evo Morales con miras a su posterior caída.
Una dura guerra sucia contra Evo, difundida con extrema generosidad por los principales canales de televisión, junto a un cohecho electoral que se expresa en la apresurada entrega de obras y dinero en las regiones, además de acusaciones de fraude y amenazas de juicio en los tribunales, boicot en el Parlamento, impugnaciones a la Corte Electoral y a la ley de convocatoria al referendo y movilizaciones de protesta en las calles y caminos, marcan esta imponente como millonaria campaña contra el Gobierno, que aún tiene gran apoyo en las ciudades del altiplano, pisa fuerte en el campo, pero hace aguas en las ciudades del oriente y los valles. El bombardeo diario de noticias e imágenes muestran a Evo y a los suyos como marionetas de presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como instigadores y actores de un terrorismo de Estado que dinamita estaciones de televisión, como destructores de la economía y de la democracia, como causantes del alza del costo de vida, como promotores de la división de la patria y como impulsores del racismo y del odio entre regiones y pueblos. La intención de esta campaña negra es lograr que las clases medias urbanas abandonen al dirigente cocalero que ganó las elecciones de fines del 2005 con el 53 por ciento de apoyo electoral.
VALE TODO
Para ello, parlamentarios, dirigentes cívicos, periodistas, empresarios, intelectuales y librepensadores a sueldo, economistas y hasta miembros de la curia usan y abusan de los espacios en los grandes medios para atacar día y noche al Gobierno.
En esta batalla, todo vale para reconquistar el voto popular que, en Bolivia, casi siempre ha ido a consolidar el dominio político de la oligarquía y la derecha. Las urnas han favorecido pocas veces en la historia a los candidatos ajenos a la oligarquía o a los radicales de izquierda y cuando ocurrió aquello esa adhesión ha sido muy efímera1.
Por ello, siguiendo la instrucción del embajador norteamericano Philip Goldberg, la oligarquía avanza en sus intentos por deslegitimar la gestión de Morales, acentuando el descontento popular que crece por el alza del costo de vida y tratando de que más segmentos de la clase media urbana se alejen del «indio presidente».
EN CAMPAÑA. DE MALA GANA
En las últimas horas, las organizaciones cívicas y empresariales del oriente y los valles, especialmente de Chuquisaca, Cochabamba, Beni y Pando, también se han sumado a esta campaña y han dejado de lado su negativa a ir al referéndum, que mantenían hasta la víspera, por considerar que esta consulta sólo favorece a Evo y pone en riesgo la continuidad de dos o tres de sus prefectos.
El único que resiste la decisión de la Embajada es el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa que, consciente de que no saldrá airoso de las urnas, sigue denunciando la defección del resto de sus colegas, que habían mantenido la decisión de no someterse al referéndum revocatorio, hasta que llegó el embajador Goldberg y la contraorden de Washington.
Y es que, en rigor, la oligarquía, los prefectos (gobernadores) derechistas y los 100 poderosos clanes, que controlan la tierra y los grandes negocios, han aceptado a regañadientes la instrucción de Washington para medirse en las urnas con Evo Morales el próximo 10 de agosto.
En esa fecha, Morales, su vicepresidente, Alvaro García Linera, y ocho prefectos se someterán al veredicto popular que definirá si se interrumpe ahora sus mandatos o si permanecen en sus cargos durante los próximos dos años y medio.
CABEZA DE LA OPOSICIÓN
Según la acusación del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, la cabeza de la oposición y el organizador de la conjura oligárquica es el embajador de Bush.
«Yo espero que Goldberg no esté volviendo (a Bolivia) para unificar a la oposición de cara al revocatorio, sabemos que la oposición está divida en torno al revocatorio, yo espero que no venga a unificar, a hacer de articulador político de la oposición», dijo Rada, quien denunció que, el mismo día del retorno, a principios de julio, el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, y otros líderes políticos de la derecha se reunieron con los norteamericanos.
Un día después de esta reunión, Suárez, junto al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció oficialmente la decisión de los opositores para ir al revocatorio del 10 de agosto, algo a lo que se habían opuesto tenazmente hasta antes de que retornara Golberg desde Washington, donde fue convocado para evaluar las relaciones con Bolivia y ajustar la política estadounidense con relación a Morales.
Después de estas reuniones y decisiones, Goldberg se reunió en La Paz con Morales para tratar de mejorar, por lo menos en lo formal, las relaciones diplomáticas entre ambos países. Luego de ello, Evo dijo que las declaraciones de Rada eran de «orden personal» y no comprometían la opinión del conjunto del gobierno boliviano, según aseguró a la prensa el canciller David Choquehuanca.
EL PODER DE LOS GRINGOS
Un día antes de que Evo y Goldberg se reunieran en Palacio, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que la Embajada de Estados Unidos gobernó Bolivia durante los regímenes democráticos neoliberales.
«En estos 30 últimos años, la Embajada de Estados Unidos expandió su poder sobre todo el sistema de partidos políticos. Lo que quiere decir que desde la Embajada se gobernaba el Parlamento, el Poder Judicial y el Ejecutivo», aseguró a la agencia gubernamental ABI2.
VOTOS Y BALAS
Durante todo el siglo XX, Bolivia fue una virtual semicolonia de los Estados Unidos, que utilizaba indistintamente el voto popular y las urnas como el golpe militar y el terrorismo de Estado para mantener su poder y dominio. Democracia y dictadura servían a un mismo fin y desde antaño eran utilizadas para preservar sus intereses y acrecentar sus millonarias ganancias derivadas del saqueo de las materias primas y los recursos naturales. Así, según las circunstancias y la magnitud de la resistencia y movilización del pueblo, se servían de la papeleta electoral o de la metralla militar para detener la lucha popular antiimperialista.
En octubre del 2003, agotada la salida militar, tras fracasar una sangrienta represión que no pudo impedir el derrocamiento del gobierno neoliberal, elegido democráticamente en las urnas, la insurrección popular que amenazaba con barrer a las transnacionales y avanzaba hacia una revolución fue orientada desde arriba hacia las urnas a fines del 2005.
El pueblo alzado, dueño de las calles, dio su voto por Evo Morales y lo convirtió en Presidente para que gobierne a favor de los pobres, para que eche a las transnacionales y ponga a raya a la arrinconada y temerosa oligarquía.
Pero, al cabo de dos años y medio de gobierno, la realidad era otra: la oligarquía controla medio país, las transnacionales ganan a manos llenas con el gas, los minerales y la soya, mientras los pobres siguen igual o peor que antes.
VIRAJE DE LAS CLASES MEDIAS
Por ello, la Embajada está segura que gran parte de la clase media urbana, que había apostado al «cambio» al decepcionarse del neoliberalismo y del saqueo del país, ya estaba de vuelta y lista para darle la espalda al «indio presidente». Los referéndums realizados los últimos tres meses en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, donde hubo una fuerte votación a favor de las autonomías propiciadas por la oligarquía, confirman, por lo menos parcialmente, este viraje en contra de Evo. En las ciudades del Altiplano, especialmente en La Paz, las clases medias urbanas también están insatisfechas y sobre ellas recae el grueso de la guerra sucia desatada por la derecha.
En esta guerra, Evo y los suyos también hacen su parte, y usan todo lo que pueden para enlodar a sus adversarios, entregar obras y cheques en un claro cohecho electoral, usando y abusando de los funcionarios públicos y de los bienes del Estado en su favor.
SIGUE EL EMPATE
Según las reglas definidas para el referéndum revocatorio, que aún son cuestionadas por los prefectos y la oligarquía para deslegitimar la gestión de Evo, se precisa por lo menos 54 por ciento de los votos válidos para revocar el mandato de Morales o más de un millón y medio de votos en su contra, una cifra que muy pocos creen que se pueda alcanzar.
Las proyecciones más creíbles, por lo menos hasta ahora, señalan que Evo, su vice y sus principales opositores serán ratificados en sus cargos, lo que consolidaría el doble poder que se da en Bolivia, con los dos primeros gobernando en el altiplano y los derechistas con el control del oriente y los valles.
Concluido el referéndum, la proyección de Evo es lograr un gran acuerdo nacional con la oligarquía para preservar la democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del capitalismo andino. También quiere lograr la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas y abra paso a su reelección a partir del 2010.
La derecha, en cambio, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de cinco años.
ORGANIZACIONES POPULARES
En las organizaciones campesinas, sociales, sindicales y populares urbanas, leales al Presidente, la consigna es votar a favor de Evo y en contra de los prefectos derechistas. Hasta ahora, la Central Obrera y los sindicatos más radicales, que han comenzado a recuperar su independencia de clase frente al gobierno campesino, no se han pronunciado sobre ello, aunque han advertido que el voto no derrotará a la derecha ni frenará la conjura oligárquica.
Según el combativo sindicato de mineros de Huanuni, que tiene gran peso en la orientación de la Federación de Mineros y de la propia Central Obrera, la única posibilidad para impedir la victoria de la derecha es profundizar la lucha contra la oligarquía y las transnacionales, expropiando los yacimientos petrolíferos, las minas y las tierras de los latifundistas.
«Nuestra lucha debe ir dirigida a arrebatar la fuente de su poder económico de esta minoría oligárquica y latifundista. Eso significa luchar por el cumplimiento de las Agendas de 2003 y 2005, nacionalizando las empresas trasnacionales y recuperando las empresas capitalizadas. Así herimos de muerte a los gamonales, frenamos el saqueo, generamos fuentes de trabajo y superamos, en los hechos, la pobreza ancestral a la que nos ha sometido el capitalismo y neoliberalismo», dice uno de sus pronunciamientos que cuestiona la permanente política conciliadora de Evo con la burguesía.
«El gobierno ya no puede eludir irresponsablemente este camino. Basta de concertar con los conspiradores y saboteadores del verdadero proceso de cambio. El cambio no debe ser frase hueca sino cambio estructural para recuperar nuestros recursos naturales y explotarlos a través del Estado bajo control social. Nacionalizar e industrializar nuestras riquezas debe ser el objetivo inmediato», agrega.
NOTAS
1 La última experiencia, anterior a la de Evo, en la que la empobrecida población boliviana votó masivamente por la izquierda fue a fines de los años 70 a favor de la Unidad Democrática y Popular (UDP), conformada por nacionalistas y comunistas estalinistas. La UDP llegó al poder en 1982, tras superar una serie de golpes militares, pero sólo gobernó en contra de los pobres, defraudando a sus votantes que viraron hacia la derecha y al neoliberalismo desde 1985. La UDP frenó la rebelión popular contra las dictaduras y se desgastó en su intento por administrar la crisis económica sin afectar a la burguesía y a los grupos de poder, y sin alterar la injusta distribución de riqueza ni mejorar la suerte de los más pobres, a los que castigó con más inflación y menos pan.
2Quintana explicó que en los gobiernos neoliberales, unguidos con el voto popular y presididos por los derechistas Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer y Jorge Tuto Quiroga, entre otros, en la Embajada de Estados Unidos se definía todas las políticas entreguistas de nuestros recursos naturales. «Todos esos presidentes eran marionetas» que lo único que hacían «era obedecer las decisiones políticas que salían desde la Embajada (…) la cooperación, entre comillas, de Estados Unidos estuvo dirigido al saqueo y la entrega de nuestros recursos naturales y nuestras empresas».