La derrota de Vaca Diez es un duro revés a los planes de la embajada yanqui, de la oligarquía cruceña y de la derecha política que pretendía recomponer la megacoalición del MNR-MIR-NFR y recuperar el poder a plenitud. El plan de este golpe llamado de «guante blanco» y que pretendía apoyarse en la letra muerta […]
La derrota de Vaca Diez es un duro revés a los planes de la embajada yanqui, de la oligarquía cruceña y de la derecha política que pretendía recomponer la megacoalición del MNR-MIR-NFR y recuperar el poder a plenitud. El plan de este golpe llamado de «guante blanco» y que pretendía apoyarse en la letra muerta de la Constitución Política, fue elaborado por siniestros operadores del MIR, el MNR, del comiteísmo cruceño e impuesto por la embajada, a cierta jerarquía castrense, que alistó los operativos militares para aplicarlos sin contemplaciones. La combativa movilización popular y el desplazamiento de mineros y campesinos hacia Sucre impidieron la consumación «constitucional» del plan superándose la crisis, momentáneamente, con la designación de Eduardo Rodríguez. Hay que subrayar el carácter absolutamente transitorio de su designación; sus antecedentes no garantizan nada. Producto del cuoteo en la Corte Suprema; mirista encubierto, ideológicamente un chicago-boy, varios años consultor y abogado de reparticiones de la embajada americana, debe estar bajo vigilancia de las masas que no pueden desmovilizarse y sí exigir medidas concretas para las demandas populares. Que el nuevo presidente entienda lo que jamás quiso entender Mesa: las movilizaciones, de todo el pueblo boliviano, exigen reparar los terribles daños del neoliberalismo y no son una mera gimnasia de marchistas.
La consigna de la Nacionalización de los Hidrocarburos, motivo fundamental de la movilización de las masas, continúa vigente. Debe conseguirse el pleno rescate del derecho propietario de los hidrocarburos, la reposición de YPFB con todas sus facultades; la fijación de una regalía de 50% sobre la producción; planificar la industrialización del gas y la suscripción de nuevos contratos de acuerdo a una ley que debe ser modificada y revisada satisfaciendo la demanda popular.
Es necesario recomponer radicalmente el cuadro político nacional. No sólo hace falta un nuevo ejecutivo, sino que el actual parlamento debe cesar y ser totalmente renovado por no representar más a la correlación de fuerzas sociales y políticas. En un plazo no mayor a 150 días debe convocarse a elecciones generales con una ley electoral no excluyente que impida la reproducción de la «partidocracia» oligárquica y abra con plenitud el escenario político a las fuerzas verazmente populares, nacionales, patrióticas y revolucionarias. Entretanto deben postergarse, esperando este nuevo escenario político, reivindicaciones populares como la Asamblea Constituyente o la descentralización administrativa del país y las autonomías departamentales, evitando que la derecha juegue con estas consignas para encubrir sus propósitos reales: mantener su dominio sobre los recursos naturales y las tierras y permitir que siga el saqueo de las transnacionales.Por último, debe continuar el proceso de organización de las fuerzas populares, sociales y sindicales en el orden de constituir los Comandos Políticos a todo nivel (nacional, departamental, provincial, de barrio y de empresa). Estos pueden ser un germen del Poder Popular, siempre y cuando sean producto de un proceso orgánico y representativo. Hay que denunciar y aislar a los elementos anárquicos, ultraizquierdistas e inmaduros que plantean objetivos utópicos y desacreditan banderas legítimas. Sin suspender las medidas de presión hay que aliviar de inmediato el desabastecimiento que afecta a los niños, a los ancianos y a los enfermos. Se debe denunciar y castigar a los infiltrados que cometen actos de vandalismo, como dañar ambulancias. Se debe tomar en cuenta la experiencia de la Asamblea Popular de 1971, su preparación, conformación y desarrollo, evitando la falta de representatividad, la espontaneidad y el surgimiento de centros de meros torneos de palabrería insulsa.
El período que medie entre la convocatoria a elecciones generales y su verificativo debe ser aprovechado para la unificación de las fuerzas patrióticas, de izquierda, populares, antioligárquicas y antiimperialistas; en la elaboración de plataformas de lucha y programas sobre firmes bases ideológicas y científicas. Sólo con una amplia unidad, por encima de sectarismos y caudillismos nocivos, se pondrá enfrentar a la derecha. El programa debe atraer a la inmensa mayoría de los bolivianos por encima de distinciones nacional- étnicas, religiosas o culturales. Debe atraer a las capas medias y no alejarlas con actitudes discriminatorias o excluyentes. Sólo la gran burguesía, la oligarquía y los agentes del imperialismo están excluidos del proyecto nacional, popular y de dignidad y soberanía. Los recientes episodios de la lucha popular demuestran que la movilización no se reduce a la ciudad de El Alto, a La Paz y sus provincias. Es una lucha nacional y con una admirable capacidad de movilización, como lo demostró, en Sucre, la veloz presencia de mineros y campesinos de otros departamentos. Por esta misma razón se debe tender lazos de solidaridad con los pueblos del oriente y del sur, subyugados, controlados e intimidados por los operativos fascistas del comiteísmo cruceño.
POR EL RESCATE DE LA PATRIA LA LUCHA CONTINÚA.
UNIDAD ANTIOLIGARQUICA Y ANTIIMPERIALISTA
POR LA INTEGRIDAD NACIONAL Y LA SOBERANIA PATRIA.
La Paz, 10 de junio del 2005-06-10
Marcos Domich
Primer Secretario del CC del PCB