El camino del «desendeudamiento» se torna difícil de explicar cuando los propios datos oficiales no lo demuestran. Y cuando además hay deuda que no está reflejada en esos datos. Deuda que son compromisos contraídos tanto con acreedores privados, externos o no, y también con los jubilados. Que casi la mitad de la deuda pública del […]
El camino del «desendeudamiento» se torna difícil de explicar cuando los propios datos oficiales no lo demuestran. Y cuando además hay deuda que no está reflejada en esos datos. Deuda que son compromisos contraídos tanto con acreedores privados, externos o no, y también con los jubilados.
Que casi la mitad de la deuda pública del Estado nacional ahora sea con nosotros mismos (deuda intra-estado), podría ser visto con buenos ojos sino se conjugaran cuatro factores. El primero es que esa deuda deviene de deuda odiosa, ilegítima, de corruptos que han hecho negociados para beneficio propio y de sus amigotes, de golpistas y asesinos. El segundo es que los responsables, delincuentes de guante blanco, están en libertad a pesar de haber cometido delitos económicos. Que parte de la misma ha sido declarada ilegitima por la justicia y que hay causas abiertas por otras y que sin embargo esto no fue traba para que se siga pagando y/o renegociando. Y que a pesar de esto último, la gestión kirchnerista es la que más ha pagado deuda y quien ha dado los pasos necesarios para lavar la cara ilegítima de la misma para ponerle la máscara de legal.
Estas consideraciones políticas pueden, por otra parte, ser acompañadas por datos precisos que dan cuenta por qué el gobierno falta a la verdad cuando dice que nos estamos desendeudando.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía de la Nación (31/12/2010) respecto a la Deuda Pública del Estado Argentino dan cuenta de obligaciones que se acercan a los 176.000 millones de dólares.
Si no sumamos la deuda no presentada en los canjes (y acá repetimos lo que decíamos en nota anterior: esto no significa que NO se vaya a pagar) esta cifra baja a 164.000 millones de dólares. La deuda creció así en un trimestre (el informe anterior era de 30/9/10) casi 3.500 millones de dólares.
Según los datos del Ministerio, la composición de la deuda pública prácticamente no varió en esos tres meses. Para no marear al lector con cifras diremos entonces que el gobierno informa a través de Economía que la deuda del Estado consigo mismo (deuda intra-estado) representa casi el 47% del total. El resto se reparte entre el sector privado (38 %) y organismos de créditos internacionales (11%), y se completa con deudas atrasadas que se están renegociando con el Club de Paris (4%).
Queremos en esta nota reflexionar sobre el supuesto camino del «desendeudamiento» que el gobierno nacional sostiene enfáticamente como transitado desde que Néstor Kirchner canceló en diciembre de 2005 la deuda con el FMI.
En primer lugar, los propios números del Ministerio de Economía (Mecon) arriba mencionados muestran que la deuda creció. Esta tendencia se dio durante todo el 2010. Solo basta con mirar esos informes oficiales (147.000 millones de dólares a fines de 2009, 157.000 millones al 30/6/2010; 160.000 millones al 30/9/2010 y 164.000 a fines del año pasado).
Pero además no toda la deuda esta computada dentro de estas cifras. Hay una gran parte de endeudamiento público que se oculta. Es lo que Héctor Giuliano, un estudioso del tema que ha escrito varios trabajos y libros, llama la deuda no registrada.
Giuliano explica cuáles son los componentes de esta deuda oculta. Por un lado están los intereses que no se llegan a pagar. El presupuesto 2011 prevé cerca de 9.000 millones de dólares de intereses pero el gobierno no informa cuánto de eso no se llega a pagar y por lo tanto se suma al capital adeudado generando así una deuda mayor y mayores intereses. El mecanismo de cobrar intereses sobre intereses es, lisa y llanamente, una usura (anatocismo).
Tampoco se computa como deuda el ajuste de la expresada en pesos que se hace con el CER (coeficiente que registra la variación del índice de precios al consumidor, o sea según la inflación). Además no se informan los pagos adicionales que se hacen a los nuevos tenedores de bonos en función del crecimiento del PBI (así se acordó en el canje 2005 que hizo Néstor Kirchner).
Esta Deuda no registrada ni informada, es parte de la Deuda Pública. Como lo son también las letras (LEBAC) y los bonos (NOBAC) que el Banco Central emite para que retornen los pesos que larga al mercado cuando compra dólares. El objetivo de esta compra de divisas es, por un lado, sostener la cotización del billete para que los sectores exportadores tengan un precio competitivo y por el otro obtener divisas con la que se paga deuda (o sea, se genera deuda para pagar deuda).
Por último, Giuliano incorpora a sus cálculos las deudas que los estados provinciales (incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) e incluso municipales tienen contraída de la cual el Estado resulta ser también garante. Lo mismo sucede con la deuda pública de organismos oficiales, empresas del Estado, Fideicomisos Públicos y Fondos Fiduciarios.
Así, la cifra inicial, la que publica el Mecon como la «Deuda Pública Nacional Bruta» de alrededor de 176.000 millones de dólares, se coloca en 293.000 millones de dólares (en miles de millones de dólares se componen así: a los 176.000 según el Mecon se agregan 5.000 de intereses capitalizados + 20.000 por ajuste CER + 32.000 de pagos por crecimiento PBI + 25.000 emitida por BCRA + 15.000 de las Provincias + 20.000 de Municipios y entes nacionales).
En segundo lugar, un argumento que el ministro de Economía, Amado Boudou, suele repetir cada vez que habla del «desendeudamiento» es la relación entre la Deuda Pública y el PBI. Dos consideraciones al respecto. La primera es que el PBI son «bienes y servicios» que el país produce y no dinero disponible para cancelar deuda. Por lo tanto, decir que estamos mejor utilizando ese argumento es como pensar que tendríamos hoy que vender la mitad de lo que se tiene para cancelar la deuda pública. La segunda es que esa relación, que con los datos oficiales sería de 45,8%, tomando toda la deuda no declarada por el gobierno, se coloca en alrededor del 80 %.
Por último, una reflexión acerca de la conveniencia de que la composición de la deuda haya cambiado de manos, pasando de ser casi toda «deuda externa» a ser ahora deuda del Estado con otros organismos del mismo Estado. Ya hemos dicho que en el caso del Banco Central, esa deuda se contrae no para dar líneas de créditos que desarrollen sectores de la economía que potencien la producción nacional, el empleo registrado y los buenos salarios, o para planes de viviendas populares. Se usa para pagar otra deuda. En el caso de la Anses es peor aún porque sus fondos no son parte de los recursos presupuestarios, como son los impuestos u otras rentas. Esos fondos son plata de los jubilados que ellos mismos deberían administrar y decidir sobre su destino.
Cuál es entonces el camino. En primer lugar ser conscientes que el discurso de desendeudamiento cubre en realidad la necesidad de seguir tomando deuda y esa necesidad permitiría suponer que entonces el presupuesto nacional aparece sin déficit cuando en realidad es la deuda que se contrae la que lo cubre.
Sacar de agenda/debate el tema de la deuda es no ver que esto forma parte del modelo al que este gobierno nos convoca a profundizar y defender. El modelo que también admite la expansión del territorio sojero con agrotóxicos incluidos, que levanta a la explotación minera contaminante exenta de todo impuesto, donde la industria automotriz viene siendo la de mayor expansión en estos años (producto suntuario destinado a las clases media-alta) y la actividad financiera una de las de mayores rentabilidades. Un modelo en el cual el impuesto al consumo (paga mas el que menos tiene) es el de mayor recaudación, donde el límite para no ser pobres es que cuatro personas de una familia tipo puedan vivir con 11 pesos por día, donde la brecha entre ricos y pobres pone a un 10 % de los más ricos apropiándose de casi el 29 por ciento del ingreso mientras el que 10 % más pobre solo recibe el 1,8. Un modelo que se sostiene en alianzas con los sectores concentrados y extranjerizados de la economía dentro de los cuales solo 500 grandes empresas reúnen un 22% de lo que el país produce e imponen los precios, un modelo que apaña la burocracia sindical y que tiene alianzas políticas con quienes asesinan a integrantes de pueblos originarios o apalean a trabajadores que reclaman por sus salarios.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.