La encuesta nacional de ocupación y empleo elaborada por INEGI, con cifras actualizadas a julio de 2020, muestra una mejoría ocurrida en los últimos dos meses. Sin embargo, la situación laboral, comparada con los datos existentes antes de la pandemia, sigue presentando graves problemas.
De los 12 millones que salieron del mercado de trabajo (es decir, de la población económicamente activa) ya regresaron 7.2; no lo han hecho por lo tanto los otros 4.8 millones (que necesitan un empleo pero no lo buscan). Además, otra porción muy importante de la fuerza de trabajo pasó a formar parte de las personas caracterizadas como “ausentes con vínculo laboral” es decir aquellos trabajadores que no asistieron a sus centros de trabajo, pero no fueron despedidos. No se sabe si a todos ellos se les han pagado sus salarios y prestaciones íntegramente y, sobre todo, si esos millones de ausentes algún día volverán a laborar o serán despedidos definitivamente.
El INEGI registró una población ocupada de casi 50 millones de personas (49.8); debe destacarse, no obstante, que el aumento entre junio y julio correspondió al género masculino, con un incremento de 2.2 millones de personas al mismo tiempo que hubo una reducción de 750 mil mujeres.
A lo largo de estos meses, uno de los sectores más golpeados ha sido el de los trabajadores por cuenta propia: se quedaron inactivos un 20% en abril; 16% en mayo; 10% en junio y ya apenas un 2% en julio. Los empleados no remunerados (que sólo reciben propinas o pagos en especie) también fueron muy afectados: se quedaron sin ocupación el 21% en abril, aunque en julio estaban casi todos laborando.
Si medimos el fenómeno tomando en cuenta los informales (que laboran por cuenta propia o al servicio de un patrón), las cifras son más dramáticas: en abril dejaron de laborar 10 millones, en mayo 8, en junio 5, en julio todavía 3 millones. Si acumulamos todas estas cifras nos da un total de 26 millones, lo que daría una idea de los días/trabajador perdidos en estos últimos meses y los ingresos que no fueron percibidos. Algunos perdieron sólo un mes, otros dos o tres, y todavía en julio muchos no recibían ningún recurso. La parálisis ha afectado sobre todo al género femenino, pero la suma de damnificados es impresionante.
Por su parte, la tasa de desocupación abierta fue de 5.4% en julio, la mismo que el mes pasado, lo que arroja una cifra de 2.8 millones de personas. Aquí, otra vez, la tasa es más alta en mujeres que en hombres (6.3% vs 4.8%). Por edad, los más afectados han sido las personas que tienen entre 24 y 44 años las cuales representan más del 50% del total. Hay que subrayar que esta tasa ha aumentado, no disminuido, pues representaba el 4.7% en abril.
Más grave aún, la tasa de subocupación, aunque se redujo en julio respecto al mes anterior, es todavía de 18.4%. Ello representa un aumento de 3.21 veces en abril; 3.78 en mayo; 2.75 en junio y 2.45 en julio respecto al promedio histórico previo a la pandemia. Lo anterior quiere decir que las nuevas ocupaciones se han vuelto más precarias, inseguras, peor pagadas y seguramente muy mal protegidas.
En síntesis, tenemos varios problemas. El daño causado por la parálisis económica y la pandemia: 1) afectó severamente a los asalariados formales que fueron despedidos y no han encontrado otro empleo (se encuentran en desocupación abierta), o no han asistido todavía a su centro de trabajo y viven en la incertidumbre, o se han refugiado en la subocupación (perdiendo ingresos y prestaciones). Y 2) a los trabajadores por cuenta propia, a los informales y a los que laboran sin remuneración, los cuales sufrieron una pérdida considerable de sus jornales durante estos meses.
Todo este perjuicio ya fue causado y nada está previsto hasta ahora para reponerlo. Se trata de una deuda social de grandes dimensiones. La reparación de este boquete inmenso en la economía de las familias mexicanas no se soluciona con los programas sociales que ya estaban previstos. No es posible que la pensión para adultos mayores o los apoyos para personas con discapacidad sirvan para sostener a toda una familia; o que las becas para estudiantes se destinen a reponer las retribuciones perdidas por la falta de trabajo.
Por ejemplo, el programa para la pensión de adultos mayores, el cual tiene los recursos presupuestales más cuantiosos y abarca a un mayor número de personas. La cantidad de dinero entregada no sólo resulta hoy insuficiente (12 401 pesos por adulto mayor entre enero y junio de 2020, alrededor de 2 mil pesos mensuales según el II Informe presidencial). Además, esta ayuda que debería servir para dignificar al beneficiario y darle una mejor calidad de vida, se convirtió, en ocasiones, en un recurso que se le sustrajo para sostener al resto de la familia.
Sin duda, el daño causado, los ingresos que no han sido repuestos, llevará a un aumento de la pobreza (entre marzo y mayo aumentó el número de pobres de 36 al 55% según CONEVAL). La desigualdad también habrá aumentado pues la masa salarial, según algunos estudios, sufrió una caída de entre 6.6 y 13.8% en el segundo trimestre del año calculado anualmente. Ello se ha traducido, naturalmente, en una disminución del consumo privado de alrededor del 20% comparativo anual (aún con el repunte de junio y julio).
Un país con una mayor pobreza y más desigualdad no puede ser un resultado deseable para un Gobierno que se propuso exactamente lo contrario. Sobre todo, porque frente a estos fenómenos, el Gobierno no se ha propuesto ninguna acción especial.
Por otro lado, la disminución de los haberes que han sufrido las familias apunta a una recuperación económica más lenta debido a la caída del poder de compra. El aumento de los salarios mínimos y contractuales no han podido remediar estas pérdidas y seguramente no lo harán en lo que resta del año debido a la magnitud del frenazo económico.
El presupuesto 2021 representa una oportunidad para resarcir algo de lo que las familias mexicanas han perdido; para prevenir que sigan empobreciéndose y para estimular una recuperación económica más rápida. Se ha argumentado que un crecimiento de los pasivos del Gobierno puede resultar perjudicial para un mañana indeterminado. Sin embargo, no se quiere reconocer que el estado mexicano ya contrajo una deuda con millones de familias que han perdido sus ingresos desde marzo de este año, muchas de las cuales siguen sin recibir alguna remuneración por su trabajo. Encontrar una fórmula para pagar esta deuda social y al mismo tiempo evitar una crisis financiera en el futuro no es imposible, ni es una disyuntiva sin salida.
A su vez, la posibilidad de una reforma fiscal progresiva que sirva para pagar esa deuda social y para una reactivación económica más vigorosa, tampoco pude descartarse por razones políticas (las elecciones de 2021 o el temor a una reacción negativa de un sector privilegiado). Lo más sorprendente es que hay una iniciativa de ley para reformar el sistema de pensiones que justamente propone un aumento de las contribuciones patronales y requerirá un mayor gasto público. Ello equivale a un aumento de impuestos y un incremento de la deuda del Gobierno federal. ¿Cómo entonces se niega cobrar un mayor tributo a los más ricos y prósperos, y se propone un esquema para favorecer a las AFORES, empresas que se han beneficiado de los ahorros de los trabajadores?
Una mayor reducción del gasto y la inversión pública (lo que ahora llaman austeridad) sólo puede tener como resultado que, una vez más, el costo de la crisis la tendrá que pagar la gran mayoría de la población. Sus consecuencias serían igualmente negativas para la producción, el consumo y la prosperidad del país.
El Gobierno y sus propósitos de transformación, la 4t, tiene que enfrentar la cuestión más importante de todas: darles a los mexicanos la oportunidad de superar esta crisis con las menores pérdidas posibles. Si no lo logra, toda su arquitectura quedará prendida de alfileres. Y puede convertirse en un mero ejercicio retórico.
Saúl Escobar Toledo. Profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).
Blog del autor: http://saulescobar.blogspot.com
**Este artículo fue publicado en el Boletín “Integración regional. Una mirada crítica”, Nº 10, agosto – septiembre 2020. Grupo de Trabajo Integración regional y unidad latinoamericana de CLACSO.