El Decreto 436/2025 como pedagogía de la omisión: cuando el Estado transforma derechos en estorbos contables.
El presidente Javier Milei no ha ocultado su objetivo: “destruir al Estado desde adentro”. Lo ha dicho con orgullo, comparándose con un topo infiltrado o incluso con un Terminator llegado del futuro para evitar el apocalipsis. Pero ese apocalipsis, para muchos, ya comenzó. El Decreto 436/2025, que elimina la jornada “Educar en Igualdad” y desactiva políticas de educación vial, es apenas una pieza más en un engranaje mayor: el desguace sistemático de las instituciones públicas que garantizan derechos.
El decreto justifica sus medidas afirmando que “la coexistencia de un Observatorio de la Educación Vial y del Consejo Federal de Seguridad Vial genera una superposición de funciones que resulta contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria”. Pero esa supuesta duplicidad no se resuelve con articulación o fortalecimiento institucional, sino con eliminación lisa y llana.
Más grave aún, el decreto sostiene que “la educación constituye una competencia provincial, cuyo tratamiento debe observar y respetar las autonomías jurisdiccionales consagradas”. Bajo ese argumento, se deroga el artículo que establecía la jornada nacional “Educar en Igualdad”, desentendiéndose de una política pública que visibilizaba la violencia de género en las escuelas. El Estado nacional borra derechos educativos, de los que jamás se habla, porque el derecho a la educación se fija desde las macropolíticas, pero el ejercicio de ese derecho aparece en las prácticas concretas, y para que esas prácticas puedan activarse se necesita de la información para abonar el conocimiento y esas operaciones solo se dan en las escuelas y recorren un circuito: enseñanza-aprendizaje.
Desde el inicio de su gestión, Milei ha avanzado con una lógica de ajuste que no distingue entre eficiencia y desprotección. El desfinanciamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la parálisis y desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la asfixia presupuestaria a las universidades públicas no son hechos aislados, responden a una visión ideológica que desprecia la producción pública del conocimiento. La educación sexual integral, por su parte, ha sido blanco de ataques discursivos y recortes concretos, bajo la falaz acusación de “adoctrinamiento”.
Pero quizás el signo más brutal de esta política sea el vaciamiento del Hospital Garrahan, el mayor centro pediátrico del país y casi con seguridad en Latinoamérica. En pleno invierno, sectores del hospital funcionan sin calefacción, mientras sus trabajadores denuncian la falta de insumos, salarios de una precariedad obscena, el deterioro edilicio y la ausencia total de diálogo con las autoridades nacionales. El ajuste, en este caso, se vuelve visible en su forma más cruel: se mide en grados de frío, en camas sin mantas, en niñeces vulnerables expuestas a la lógica del recorte. La “eficiencia”, que no es un principio administrativo, se convierte en un acto de crueldad institucional, en la máscara de la motosierra gubernamental que entra al hospital pediátrico.
Este artículo traza el mapa de ese desmantelamiento no solo en términos administrativos, sino como una disputa cultural.
Educar en igualdad, borrar con decreto
Uno de los gestos más significativos del Decreto 436/2025 es la derogación del artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada nacional obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles del sistema educativo. El decreto justifica esta decisión afirmando que “la educación constituye una competencia provincial, cuyo tratamiento debe observar y respetar las autonomías jurisdiccionales consagradas”.
Pero esta apelación al federalismo no es una garantía de derechos, sino una estrategia de repliegue. La jornada “Educar en Igualdad” no era una imposición, sino una política federal que aseguraba un piso común de formación en derechos humanos, prevención de violencias y construcción de ciudadanía. Su eliminación no solo borra una fecha del calendario escolar, borra un mensaje del Estado, al mismo tiempo que inscribe otro en la borratina.
El decreto no propone una alternativa ni sugiere mecanismos de articulación con las provincias. Simplemente deroga. Y en esa omisión, el Estado enseña: enseña que la violencia de género ya no es una prioridad institucional. La “ausencia” es performativa.
Esta medida se inscribe en una narrativa más amplia que deslegitima la perspectiva de género como parte de la educación pública. No es casual que el decreto omita toda mención a la Ley de Educación Sexual Integral (26.150), blanco frecuente de ataques por parte del oficialismo. La pedagogía que se impone es instrumental: lo que no se mide en términos de gasto, se descarta.
Las políticas públicas, especialmente en el campo educativo – como dijimos – son performativas: producen sentido incluso cuando se eliminan. La jornada “Educar en Igualdad” decía: “el Estado reconoce la violencia de género como un problema estructural y se compromete a prevenirla desde las aulas”. Su supresión también dice algo: que ese compromiso ya no está.
La coartada de la eficiencia
El Decreto 436/2025 se presenta como un instrumento de “racionalización administrativa” orientado a la “eficiencia en el uso de los recursos públicos”. En sus considerandos, alude a una supuesta superposición de funciones entre el Observatorio de la Educación Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial, como argumento para justificar su eliminación. Pero ese razonamiento no se traduce en una propuesta de articulación ni en un fortalecimiento institucional: la respuesta es la supresión.
Este patrón se repite a lo largo del decreto: no hay diagnóstico pedagógico, evaluación de impacto ni plan de mejora. La ausencia de políticas activas se gestiona con más ausencia. Lo que no funciona, no se corrige; se elimina. En esa lógica, la eficiencia deja de ser un principio de optimización para convertirse en un instrumento de desposesión.
Este tipo de razonamiento descarta toda dimensión performativa de lo público. La eficiencia, así entendida, se vacía de contenido social y se convierte en un significante contable, útil para justificar cualquier decisión que implique desarme institucional. Lo pedagógico muere ante lo administrativo. Lo formativo, ante lo presupuestario.
El discurso técnico desplaza la responsabilidad política: las decisiones ya no se presentan como elecciones ideológicas, sino como necesidades de gestión. Pero esa neutralidad es ficticia. La eficiencia es el significante de la desposesión.
Federalismo selectivo: la retirada como doctrina
Uno de los argumentos centrales del Decreto 436/2025 es que “la educación constituye una competencia provincial, cuyo tratamiento debe observar y respetar las autonomías jurisdiccionales consagradas”. Bajo esa premisa, el Ejecutivo nacional deroga el artículo 3° de la Ley 27.234 —que establecía la jornada “Educar en Igualdad”— y traslada la responsabilidad a las provincias.
Pero esta apelación al federalismo no es una garantía de derechos, sino una estrategia de repliegue. Si bien la educación es una competencia compartida, como (todavía) lo manifiesta la Ley de Educación Nacional (26.206) —que el decreto omite— establece que el Estado nacional debe garantizar contenidos comunes y políticas integradoras en todo el país. Y la jornada derogada era precisamente eso: una política federal que fijaba un piso mínimo de formación en derechos.
Como ocurre en otras medidas del decreto, no se ofrecen criterios de continuidad ni herramientas de articulación interjurisdiccional. Simplemente se elimina la política, dejando en manos de cada provincia —con sus disparidades presupuestarias, ideológicas y logísticas— la posibilidad o no de sostenerla. El derecho, entonces, deja de ser universal para volverse contingente.
La motosierra gubernamental también pone en evidencia un doble estándar. El mismo gobierno que invoca la autonomía provincial para retirarse de la educación en igualdad, no duda en imponer desde el centro techos salariales, reformas estructurales o recortes presupuestarios. El federalismo, en este marco, no es un principio rector, sino una coartada, un argumento que se activa según convenga al ajuste.
El resultado es previsible: la igualdad —como contenido y como horizonte— deja de estar garantizada por el Estado nacional y se vuelve una geografía de desigualdades. Lo que se pierde no es solo una jornada escolar, sino una noción de país que no reconoce lo común como condición de justicia.
El Estado que enseña por omisión también educa
El Decreto 436/2025 no es una anomalía: es una pieza coherente dentro de un proyecto de desmantelamiento que se presenta como modernización. Bajo la retórica de la eficiencia y el respeto al federalismo, el Estado nacional desactiva políticas públicas y convierte derechos en gastos prescindibles. Pero por aquello de su propia performatividad, educa y enseña que hay temas que ya no merecen ser nombrados, ni protegidos, ni transmitidos.
La eliminación de la jornada “Educar en Igualdad” no es solo una omisión: es una decisión política que borra del calendario escolar una conversación urgente. La supresión del Observatorio de la Educación Vial, en un país donde casi 6.000 personas murieron en siniestros viales en 2024, no es eficiencia: es negligencia institucional. Y la apelación al federalismo como excusa para desentenderse de contenidos comunes no es respeto por las autonomías: es abandono encubierto.
Este patrón no es exclusivo del ámbito educativo. El vaciamiento del CONICET, del INTI, del INTA, de las universidades públicas, y el ataque al Hospital Garrahan —donde niños internados pasan frío por falta de calefacción— revelan que la eficiencia, tal como la enuncia el gobierno, no es una herramienta de gestión, sino la ideología de la desposesión. Una ideología que mide el valor de lo público según su rentabilidad inmediata, y que considera al conocimiento, al cuidado y a la igualdad como lujos innecesarios.
El Estado, incluso cuando calla, produce sentido. Y lo que enseña hoy —con sus decretos de mutilación, su desprecio por lo público— es que hay derechos que ya no considera dignos de ser defendidos. La pedagogía de la desposesióny la crueldad no es neutra: forma subjetividades, modela expectativas, define lo posible. Y en ese sentido, educa. Pero educa para la desigualdad, la fragmentación, la desmemoria, el individualismo exacerbado y la idiotez celebrada por un “hombre sin atributos”.
Frente a esa pedagogía la potencia colectiva de la docencia se activa contra las máscaras de las motosierras de la desposesión. Porque lo que se borra, se puede volver a escribir. Y lo que se calla, se puede volver a decir.
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