Están en marcha, como todos los ciudadanos saben, o deberían saberlo, las campañas de los candidatos que aspiran a ocupar un puesto como ministros de la Suprema Corte, magistrados en algún tribunal o jueces. Una elección sin duda polémica que ha sido cuestionada desde el 5 de febrero de 2024, cuando el entonces presidente López Obrador anunció su iniciativa de reforma constitucional para que los juzgadores sean electos en urnas mediante voto popular. La iniciativa no pasó en el Congreso con la composición que tenía en la legislatura pasada, pero sí una vez que el oficialismo se hizo de una artificial mayoría calificada que no brotó de los sufragios ciudadanos sino de las marrullerías políticas en las mayorías del Consejo General del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Pero hela aquí. Previa reforma constitucional y adecuación de diversas leyes, está iniciada la renovación del Poder Judicial de la Federación y los de 19 entidades federativas, que será, sin duda, un retroceso histórico en la administración de la justicia y, junto con la militarización de la vida social, quizás el peor de los legados de los gobiernos autodenominados cuatroteístas.
El proceso no se ha desarrollado sin conflictos y contratiempos. Todo lo contrario. Protestas en las calles de los trabajadores del Poder Judicial; presentación de amparos contra los procedimientos legislativos de los cuales derivó; suspensiones provisionales dictadas por al menos dos jueces de distrito; una resolución del TEPJF en contra, sin tener esta instancia atribuciones en materia de amparo; la suspensión de las actividades y luego la renuncia de los integrantes del comité de selección de candidaturas por el Poder Judicial y su remplazo en el Senado, atribuyéndose a sí mismo facultades para suplantar las que corresponden a otro poder —en flagrante violación, además, al artículo 105 constitucional, que en la letra impide hacer cambios a los procedimientos una vez iniciado el proceso— por una tómbola de la que se caían las bolitas que sólo veían los que la estaban manejando; el retraso en la publicación por el Poder Legislativo de la lista de personas que cumplían requisitos para participar en la elección; el registro, fuera de los tiempos establecidos, de tres ministras adictas al Ejecutivo y a su partido que buscan permanecer y hasta presidir la Corte; fuertes críticas de organismos empresariales como la Coparmex, de académicos y organizaciones civiles que ven en la elección diseñada por el oficialismo una ruptura de la división de poderes y la pérdida de independencia del Poder Judicial; arranque adelantado de campañas, particularmente de las tres ministras referidas, a cuya disposición se pusieron los medios del Estado; descontrol del gasto en esas precampañas en redes sociales, difundidas por medio de fantasmales cuentas; presupuesto insuficiente en el organismo electoral nacional y en los estatales para organizar elecciones de estas dimensiones. En fin, una retahíla de irregularidades con las que se está inaugurando este proceso que la narrativa oficial insiste en presentar como “histórico” pero que se realiza haciendo astillas el estado de Derecho y la división de poderes.
La crítica más radical ha sido hasta ahora la de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), que declaró a través de su directora nacional Juana Fuentes Velázquez que “participar en el proceso de elecciones judiciales significa convalidar el autoritarismo. Votar en esta elección, es avalar un golpe de Estado contra el Poder Judicial». Ese mismo organismo ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el riesgo que representa el que el crimen organizado, en apogeo en nuestro país, pueda penetrar el poder judicial por medio de las elecciones.
Pero el proceso electivo también ha sido descalificado por la propia ONU a través de su relatora especial sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, quien ha considerado que se trata de un tema politizado por la injerencia de los otros poderes, el desplazamiento de los juzgadores y del Consejo de la Judicatura Federal y la sobreposición de la política por encima de los méritos y capacidades personales. En respaldo de esa evaluación bastaría con decir que todas las candidaturas que estarán en la boleta pasaron por el filtro de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Se tratará, además, de un proceso no solamente extraordinario sino francamente anómalo con respecto de la experiencia electoral mexicana de los últimos treinta años. Esta vez no serán los ciudadanos designados como funcionarios de casilla los que hagan el conteo de los votos; sólo los separarán —ya que todas las boletas, de nueve a 13 según la entidad, serán depositadas en una sola urna— para que las autoridades del INE en distritos electorales, que no tienen las mismas demarcaciones que los judiciales, hagan el cómputo. No habrá programa de resultados inmediatos provisionales (PREP) ni observadores de los partidos políticos. En pocas palabras, todo estará en manos de los funcionarios profesionales del INE designados, según una reciente reforma reglamentaria, directamente desde la presidencia de este organismo.
Por todo ello, considero no dejar de señalar, como lo han hecho ya diversas agrupaciones independientes (entre ellos, barras y colegios de abogados, las propias asociaciones de jueces y organismos de derechos humanos) y observadores académicos y periodísticos, siete razones por las que las elecciones del próximo 1 de junio no representarán ninguna mejoría en la administración de justicia.
1. La reforma aprobada en septiembre de 2024 no modifica en absoluto los primeros eslabones de la cadena de la aplicación del Derecho: ministerios públicos, fiscalías y cuerpos policiacos, carentes éstos de suficientes recursos materiales y humanos y que con demasiada frecuencia adolecen de ineptitud y corrupción. Recientemente, con motivo de la votación por el denegado desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados, la presidenta Sheinbaum, sin presentar pruebas, señaló por primera vez la responsabilidad de la fiscalía Siempre se ha señalado a los jueces como responsables de la impunidad de los delitos no castigados.
2. Se eliminó el procedimiento idóneo para la formación de juzgadores, la carrera judicial, para sustituirlo por uno electivo, necesariamente impregnado, como queda dicho, de intereses políticos y partidarios.
3. En todo proceso de elección existe el riesgo de involucramiento de intereses económicos ilegítimos con los que los electos adquirirán compromisos: partidos, empresarios capitalistas, iglesias y grupos religiosos, delincuencia organizada, etc. A pocos días de iniciadas las campañas, que durarán dos meses, ya se ha percibido la insuficiencia de los medios de fiscalización de los gastos de los candidatos
4. La función de un juez no es como la de un legislador o dirigente político, la de representar a los ciudadanos. Su único papel debe ser aplicar las leyes con sentido de justicia y equidad. El método electoral pervierte esa función por los compromisos que los electos pueden adquirir con grupos particulares, partidarios o no, para llegar a su cargo, tal como ocurre con todos los demás políticos que recorren la senda de las urnas.
5. La elección de juzgadores es un procedimiento inusual, inexistente en las democracias avanzadas, a pesar de la narrativa propagandística y falaz de que hará a México una democracia ejemplar. En Bolivia, donde se ha aplicado, ya fracasó, tanto en 2011 como en 2017, donde entre el 40 y 50% de los votos fueron nulos.
6. La propaganda oficial ha establecido que los jueces penales son los responsables de la injusticia porque liberan presos y desestiman pruebas., Por ello son y ameritan ser impopulares. Además, ahora se ha establecido un mayor número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En lo sucesivo, para ganar popularidad, los juzgadores tendrán que dictar más casos de prisión preventiva o de penas elevadas, con alto riesgo de injusticia a inocentes.
7. La reforma judicial y las elecciones convocadas no partieron de un diagnóstico detallado y objetivo, sino del propósito de capturar al Poder Judicial para alinearlo con el gobierno y el partido oficial. Los intereses partidarios están a la vista en las candidaturas que ahora se exponen ante los ciudadanos con las campañas.
Todo apunta a que los comicios extraordinarios de 2025, aun con la baja participación previsible, configurarán, a la mexicana, la paradoja que desde hace varias décadas ha preocupado a los politólogos y observadores de la política internacional: que la democracia es cada vez más frecuentemente usada y abusada para conducirla no hacia el bien común y la representación de los intereses legítimos de las clases y grupos de la sociedad, sino hacia fines particulares de carácter económico, religioso y político, legitimados por mayorías que llegan a votar incluso contra sus propios intereses. Así, hemos visto cómo se encumbran por medio de la democracia procedimental grupos de ultraderecha y neonazis, enemigos de toda forma de democracia sustantiva y partidarios del racismo, la exclusión, la desintegración social y hasta de la limpieza étnica (Netanyahu en Israel).
También dirigentes populistas, providenciales o semicarismáticos que se colocan por encima del estado de Derecho y se vuelven contra el propio orden legal con el que han escalado. Tal como el salvadoreño Bukele, que es reelegido a pesar y en contra del impedimento constitucional; o Donald Trump, electo pese a ser responsable judicialmente de 34 delitos y que ahora busca una segunda reelección, también inconstitucional, porque él se considera “elegido de Dios”. Por vías similares, y con independencia de sus perfiles ideológicos, Putin, Recep Erdogan, Xi, y otros políticos del panorama mundial se han constituido en líderes insustituibles para sus pueblos.
En nuestro caso, la democracia electoral, que es meramente un procedimiento aplicable a ciertos cargos, ha extendido al ámbito judicial en lo que es una aventura de la demagogia, eliminando o estragando aspectos distintivos de la democracia occidental moderna: la división de poderes, la independencia de los juzgadores, los sistemas de contrapesos y distribución del poder, el derecho a la información, la rendición de cuentas y otros.
En resumen, la democracia vive en el planeta momentos difíciles y decisivos en los que se revierte contra sí misma, abriendo paso a gobiernos y regímenes más y más autoritarios, dominados por el Ejecutivo, frecuentemente en conjunción con las fuerzas armadas. No sería falso señalar que, bajo el populismo y corporatismo de antaño, y el de ahora, son tales las coordenadas que han marcado históricamente y amenazan con reafirmar en la etapa actual un esquema autoritario de dominación en el Estado mexicano.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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