La privatización de las reservas de hierro del Mutún fue postergada por el ex presidente Eduardo Rodríguez hasta el 21 de febrero de este año obligado por las múltiples críticas a la licitación del yacimiento formuladas por organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes. El gobierno actual decidió modificar el pliego de condiciones y […]
La privatización de las reservas de hierro del Mutún fue postergada por el ex presidente Eduardo Rodríguez hasta el 21 de febrero de este año obligado por las múltiples críticas a la licitación del yacimiento formuladas por organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes. El gobierno actual decidió modificar el pliego de condiciones y obligar a la empresa a industrializar el yacimiento utilizando exclusivamente gas y no carbón vegetal. Entre otras deficiencias, la anterior normativa de la concesión permitía al inversionista deforestar El Pantanal; se amparaba en el pro empresarial Código Minero Sánchez de Lozada y, sobretodo, no garantizaba la industrialización de los yacimientos de hierro.
El proyecto del Mutún tiene que asegurar el establecimiento de una siderúrgica para no exportar materia primera sino buscar la industria de la acería; el gobierno ha tomado la decisión de no ser parte del deterioro y depredación del medioambiente de Santa Cruz y por ello exige que el inversionista utilice exclusivamente el gas como energía y deseche el carbón, declaró el ministro de Planificación Carlos Villegas.
El 22 de septiembre de 2005 el Ministerio de Desarrollo Económico convocó a licitación pública nacional e internacional (MDE/ARPC/LIC 01/2005) para la participación privada en la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de recursos minerales de las áreas Mutún I, Mutún II, San Miguel y San Tadeo, este último yacimiento de caliza ubicado al oeste de Mutún II.
En los 60 kilómetros de área mineralizada ubicada en la fronteriza provincia Germán Busch al este del departamento de Santa Cruz, existen reservas calculadas de 10 mil millones de toneladas de manganeso y 40 mil millones de toneladas de hierro de una ley de 51-52%, inferior al 61% del macizo de Urucúm, yacimiento gemelo en Brasil. El valor bruto de producción asciende a 100 millones de dólares por año, calcula el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal).
Compiten por adjudicarse el Proyecto Siderúrgico del Mutún -que implica la industrialización del hierro y del gas y la construcción de infraestructura de energía y transporte- la británico-holandesa Mittal Steel Group, la brasileña EBX Siderúrgica Bolivia, el consorcio argentino Techint-Siderar, la chilena Luneng Shandong y la india Jindall Still and Power. Empresas de China y Corea también están interesadas.
Las observaciones
El Codepanal y el Foro Boliviano de Medio Ambiente (Fobomade) encontraron graves irregularidades e ilegalidades en la licitación que implican pérdidas para el Estado. Para empezar, la concesión vulneraba la Constitución Política del Estado al entregar a extranjeros recursos estratégicos ubicados en la frontera del país.
Se propone explotar los yacimientos del Mutún de la misma manera en la que se explota el gas o el petróleo, es decir a través de contratos de riesgo compartido con una empresa privada. Comibol no es la ejecutora directa del proyecto, sino la novísima Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) que necesariamente debe asociarse a un privado para explotar el yacimiento. [1] En la empresa mixta a conformarse, el inversionista tendría participación mayoritaria en el Directorio, (tres de cinco directores) mientras que la ESM tendría dos representantes.
Por otro lado, la licitación se reglamenta con el actual Código Minero diseñado por el ex presidente y magnate minero Gonzalo Sánchez de Lozada, que concede amplios privilegios a las empresas privadas. El diputado electo del MAS Isaac Avalos, después de evaluar las concesiones de oro Don Mario y Puquio (ambas a Comsur de Sánchez de Lozada) confirmó que los porcentajes de las regalías para el Estado serían de 1.5%, muy por debajo del 35% que pagaba el sector minero hasta 1997, año en el que el ex presidente modificó el Código Minero. «Si nosotros licitamos con estas normas regalaríamos nuestros recursos, para nosotros no quedará nada…». El legislador propone revisar el Código Minero antes de ejecutar la licitación y subir las regalías al menos hasta el 40%. [2] El Codepanal opina que en la licitación de El Mutún se comete el mismo error que con el gas y el petróleo, ya que los beneficios para el Estado serían de apenas 3% de todo el millonario de negocio del hierro.
El Fobomade observa además que la licitación casi regala los yacimientos de manganeso asociados al hierro en el Mutún, elemento imprescindible en la fabricación de aceros especiales, cuyo valor triplica al del mineral de hierro, repitiendo la entrega de reservas sin contabilizar, como ocurrió en la capitalización de YPFB.
Lo peor de todo es que las bases de la licitación carecen de una estrategia técnica definida para el proceso productivo, es decir que no garantizan la industrialización de los yacimientos. Al ingeniero cruceño Sergio Justiniano experto en siderurgia le llama la atención que, según las condiciones de la licitación, el Estado boliviano sea socio de la empresa solo en la fase minera del proceso (trituración, concentración y secado del mineral); y no en la industrialización, es decir en la producción de acero.
¿Plantitas de arrabio o polos siderúrgicos?
En el modelo de Contrato de Riego Compartido propuesto se obliga a la concesionaria a construir a partir del segundo año una Planta Reductora de Hierro con una producción mínima de 1.5 millones de toneladas métricas por año, utilizando materia prima de los depósitos de mineral de hierro del Mutún. La empresa debe iniciar la producción, máximo, a partir del quinto año y producir al menos 1,5 millones de toneladas a partir del sexto año.
Las empresas habrían comentado que el proyecto no sería «factible» si se les exige instalar una planta siderúrgica y la construcción de infraestructura caminera hasta Puerto Busch para exportar el mineral industrializado. A las compañías les interesa exportar sólo arrabio o hierro esponja, especialmente a la favorita para ganar la licitación, que tiene pensado invertir 3.200 millones de dólares en un polo siderúrgico en Corumbá aprovechando las reservas del Urucum. [3]
EBX, del multimillonario brasilero Eike Batista y parte del Grupo MPX, ya está construyendo su industria al otro lado de la frontera con ayuda de la multinacional Río Tinto Zinc y del Banco Mundial. Cuenta ya con vías de exportación y comercio hacia siderúrgicas en Argentina. Si esto es así, ¿por qué su interés en El Mutún? El polo siderúrgico en Corumbá, al frente de Puerto Suárez, utilizaría mineral de hierro del yacimiento brasileño y aprovecharía «la cercanía del gas natural boliviano». Sin embargo, para que el proyecto sea viable, necesita que Bolivia le rebaje el precio de gas de 2,13 dólares el millar de BTU a 1,50 o un dólar. [4]
Una de las estrategias de EBX para concretar sus planes es ganar la licitación del Mutún, proveerse del gas barato para actividades básicas del proceso en Bolivia, mientras que el proceso verdaderamente incorporador de valor agregado lo realiza en Corumbá. EBX ha conformado el consorcio TermoPantanal en asociación con la Empresa inglesa Río Tinto, la Compañía estatal Vale do Rio Doce y la Belga Minera para la construcción de plantas termoeléctricas en Corumbá y Puerto Suárez que cubran la demanda energética de la frontera y del planeado Polo Minero Siderúrgico de Corumbá. Ha invitado a la Cooperativa Rural de Electricidad (CRE) para ganar apoyo boliviano. [5]
La CRE se ha convertido en una de las principales impulsoras de la licitación del Mutún. Se informó que el Ministro de Desarrollo Económico del gobierno de Carlos Mesa, Walter Kreidler, era parte del directorio de la CRE, así como el ministro actual, lo que devela un grave conflicto de intereses, comenta el Fobomade.
La TermoPantanal planifica funcionar con gas boliviano proveniente de la Estación del Mutun. Petrobrás ya ha construido un ducto desde la Estación Mutún hasta Corumbá y espera concretar las negociaciones del precio con el gobierno boliviano desde hace uño. Con ello queda claro el interés fundamental de la empresa Río Tinto y sus socios es obtener gas boliviano a precio reducido, no del ducto principal, sino de la Estación de Mutún, para lo cuál se han asegurado una presión adecuada para un acuerdo con el gobierno a través del Banco Mundial.
En conclusión, el yacimiento boliviano, en lugar de ser competidor del Brasil, se convertiría en su subsidiaria; el arrabio producido en Bolivia sería un insumo para las acerías brasileras de la serranía de El Urucum.
El plan arrancó, y sin permiso
Informes de prensa dan cuenta de que la empresa de Construcciones Petroleras Bolinter está instalando una planta de arrabio para la sociedad EBX-Grupo Tumpar en Puerto Suárez. Esta planta funcionará en base a carbón vegetal, lo que implica la deforestación del Pantanal boliviano, sin haber obtenido licencia ambiental.
El grupo «Tumbar», de la familia Monasterios de Santa Cruz, vinculado al multimillonario Batista, ya había logrado un permiso para avanzar en la explotación. Tenía comprometido el respaldo de cuatro de los siete integrantes del comité de adjudicación del proyecto. El Grupo Tumpar es propietario de Zoframaq.
En conclusión, la Licitación del Mutun y la adjudicación que lograse alguna de las empresas o consorcios, probablemente tenga como fin único la adjudicación de reservas importantes de mineral, pero por sobretodo, servir de puente para acceder a un Acuerdo de Provisión de Gas barato de Bolivia, subvencionando el proyecto del Polo Minero Siderúrgico de Corumbá.
El proceso de Licitación iniciado en el gobierno de Carlos Mesa está marcado por graves conflictos de intereses, contradicciones legales y contravenciones a la Constitución, respondiendo más a las particularidades de las empresas que participan de la Licitación que a intereses nacionales.
Según el Fobocamde, la Licitación del Mutún debería continuar solo cuando el país cuente con una Política de Minería y una Estrategia Geopolítica para la Explotación de Recursos de Frontera. El gobierno de Evo Morales todavía no ha cumplido con estos requisitos, pero de inicio ha modificado las condiciones de la licitación.
Los comités cívicos de Santa Cruz y Puerto Suárez, al parecer, han cambiado de posición. En un principio exigían sospechosamente continuar con la licitación sin modificar una coma, pero ahora reconocen que el proyecto no es del todo favorable para Bolivia y aceptan los cambios propuestos por el Ejecutivo.