La dificultad para cerrar la crisis política en el Congreso se debe a que el gobierno intenta poner fin al conflicto con el campo apelando a la mayoría parlamentaria que el oficialismo logró en octubre de 2007, es decir, en otro país. Hace 100 días, las clases medias rurales y de cientos de pueblos del […]
La dificultad para cerrar la crisis política en el Congreso se debe a que el gobierno intenta poner fin al conflicto con el campo apelando a la mayoría parlamentaria que el oficialismo logró en octubre de 2007, es decir, en otro país. Hace 100 días, las clases medias rurales y de cientos de pueblos del interior con las que ganó Cristina se han pasado a la oposición y, junto a importantes sectores medios de las principales capitales, se encolumnaron detrás de la burguesía agraria que mantiene una histórica pulseada por la renta con métodos de lockout patronal, bloqueo de rutas y el desabastecimiento. En este marco, la «solución parlamentaria» a la crisis con el campo, sólo puede ser provisional.
Con el proyecto de ley enviado por Cristina Kirchner al Congreso, el gobierno busca sacar la disputa del terreno de la acción directa y utilizar a su favor el reclamo de «diálogo» y «funcionamiento de las instituciones», tomando las banderas «republicanas» de la oposición y las que crecían al interior del propio PJ. Una maniobra de contragolpe para ratificar la resolución del 11 de marzo, después del repudio de los cacerolazos del fin de semana y que en la ruta de Gualeguaychú se volviera a demostrar la debilidad estatal para imponer una solución de fuerzas apelando a la Gendarmería.
La Mesa de Enlace de las patronales del campo respondió que «valoran el gesto democrático», pero proponen que la ley finalmente aprobada sea el producto del «consenso» con «los 4 señores». Mientras mantienen la no comercialización de granos para la exportación y la permanencia en las rutas hasta el viernes 20 de junio, se disponen a hacer lobby con los legisladores y buscar obtener más concesiones en el terreno de la negociación parlamentaria. En el mismo sentido, la legislatura de Córdoba «mandató» a sus diputados y senadores a que «en el seno del Congreso de la Nación, propicien bajar las retenciones consensuándolas con las entidades representativas del sector agropecuari»?. La encrucijada del campo es que esta postura podría tomarla una minoría de 15 a 20 diputados y senadores disidentes del PJ que se alinean con Reutemann, Busti, Rodríguez Saa o los Duhalde, y algunos radicales K que se pasen junto a la oposición. A sabiendas que, con esta abrumadora mayoría en las cámaras alineada con los Kirchner, no van a obtener allí lo que no lograron imponer con la acción directa en más de 3 meses, el vice de la Sociedad Rural Hugo Biolcatti se prepara para eventualmente reanudar el conflicto: «si en lugar de un decreto, la resolución del 11 de marzo hubiera sido una ley del Congreso, igual hubiéramos hecho la protesta».
«Si hay ley del Congreso que ratifica la resolución de Lousteau, cumplirá la Sociedad Rural con la amenaza». Si fuera así, la crisis política pasaría a un estadio superior ya que no sólo afectaría al Poder Ejecutivo sino al Legislativo.
Amagan con la izquierda y pegan con la derecha
No hay que subestimar el logro del gobierno que movilizó 60 mil personas a la Plaza de Mayo, mostrando un crecimiento en la adhesión comparado con el anterior acto del 1 de abril. Fue ayudado por algunas patronales, como el caso de la multinacional Telecom que dio asueto a los telefónicos para sumar a la marcha a quienes no convencía la convocatoria de la dirección de FOETRA. Pero fundamentalmente, utilizó y fomentó una fuerte polarización en los últimos días para convencer sobre la amenaza de «desestabilización» que le acercó adherentes «en defensa de la democracia», no porque nadie crea en un golpe sino por reacción al gorilismo desembozado de las clases medias acomodadas.
La paradoja es que sin haber concedido en el plan de retenciones móviles ante la patronal agraria, sin embargo, el discurso de Cristina Kirchner adoptó varias de las principales máximas políticas de la oposición «republicana» del estilo Carrió. Como solía decir la Juventud Peronista sobre el propio Perón, amagan con la izquierda y pegan con la derecha. Días atrás mandaron a D’Elía a citar el artículo 21 de la Constitución y el «derecho a armarse» contra «el complot golpista», y en Plaza de Mayo Cristina terminó recitando el artículo 22 según el cual «el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes», un principio profundamente conservador y antidemocrático, que niega la acción de masas y la democracia directa de los trabajadores y el pueblo. Los que se llegaron a presentar como herederos de la rebelión del 2001, quieren restaurar ahora el principio según el cual no había que reclamar en las calles, que se vayan De la Rúa y Cavallo, y sólo se podía esperar a las próximas elecciones para reemplazarlos. Al fin y al cabo, hasta el «piquetero» D’Elía coincidió con Carrió y De la Rúa en que aquello se trató de «una conspiración».
La presidenta apeló a la retórica «nacional y popular» de la «distribución del ingreso», para hacer pasar, en realidad, un programa reaccionario. Con el lema de «Queremos volver a recuperar la normalidad institucional», utilizó el antipopular lockout empresario y el desabastecimiento, para impugnar todo método de lucha extraparlamentaria, ya sea que tengan objetivos reaccionarios como los actuales o sean de los trabajadores y sectores populares por sus legítimas demandas: «nada se arregla con cortes de ruta» es el nuevo discurso oficial. En la misma línea, reivindicó su «papel institucional» como senadora durante el debate de la Ley Banelco de flexibilización laboral. Pero aquello fue justamente la demostración que lo efectivo era desarrollar una huelga general para impedir la votación de la ley Banelco en el Congreso, antes que esperar mirando por televisión como las intervenciones de la senadora Kirchner y otras tantas naufragaban en la impotencia que después pagaron los trabajadores con peores condiciones de explotación.
El discurso de Plaza de Mayo muestra, una vez más, que si el gobierno sale fortalecido de esta crisis con el campo, lo usará contra los trabajadores que se levanten por sus derechos, como mostraron en Jujuy ante los reclamos de las familias desocupadas y lo anticipan las persecuciones y ataques contra los delegados de base y nuevos activistas sindicales. Es sintomático el «olvido» de la presidenta de nombrar en su discurso «contra los golpistas» a Jorge Julio López, justo el día, 18 de junio, en que se cumplieron 21 meses de su desaparición a manos de bandas fascistas amparadas por la impune policía bonaerense. Es que no se puede «desestabilizar» a otra de las grandes «instituciones» de esta democracia, la «mejor policía del mundo».